La Junta ya ha comenzado a estudiar el expediente y espera aprobarlo en febrero de 2010
10.12.2009 -
El consejero de Vivienda con la alcaldesa, en la reunión que mantuvieron hace un año acompañados de la delegada provincial del ramo y de la ex edil de Urbanismo. :: J-LANZA
A primera hora de la tarde, vía correo electrónico y con remite de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, llegaba la esperada confirmación: «A partir de hoy comenzará a contar el plazo legal con el que cuenta la consejería para tramitar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y emitir el informe para su aprobación definitiva, el último paso que completará la tramitación del documento». Ya no hay vuelta atrás, a no ser que haya algún documento de última hora traspapelado que vuelva a echar el calendario por tierra. En un primer vistazo la Junta de Andalucía no ha advertido ninguna laguna. Su trabajo ha costado. Cuatro meses para recopilar los informes sectoriales que debían emitir tanto el Gobierno andaluz como el central y sin los que la burocracia del Plan General ha estado en dique seco. Ayer el reloj iniciaba finalmente su cuenta atrás.
Con el Plan General sobre la mesa de la Dirección General de Urbanismo, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, reiteró su compromiso de acelerar «al máximo» los plazos para la aprobación definitiva del planeamiento que pondrá orden al caos de ladrillo y a la falta de equipamientos que dejó el gilismo. Sobre el calendario, esto supondrá que el visto bueno al PGOU se adelantará de principios de mayo a finales de febrero e incluso a mediados de ese mes. «El fin es que los cinco meses estipulados legalmente se conviertan en dos meses y medio», señalaron desde el Gobierno andaluz. No quisieron fijar una fecha exacta. Se refirieron al primer trimestre de 2010. Quizá para no pillarse los dedos.
«La aprobación del Plan General de Marbella es una prioridad para la Junta pero sobre todo para la ciudad, ya que el documento posibilitará restaurar la normalidad y la seguridad jurídica en el municipio», abundó Espadas. Un compromiso que se escenifica en que desde ya los técnicos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio están estudiando el expediente para comprobar que la documentación remitida está completa, esto es, que cuenta con los informes sectoriales «pertinentes». No se esperan sorpresas. El equipo de gobierno recibió el pasado jueves la declaración de impacto ambiental, emitida por la Delegación Provincial de Medio Ambiente, que bendecía con peros el documento. El dictamen, favorable condicionado, aludía a la necesidad de clarificar algunos extremos, como los montes públicos, las vías pecuarias, los márgenes fluviales o los riesgos vinculados a planes de prevención de incendios forestales.
Silencio administrativo
Tal cual llegó a manos del Ayuntamiento, 24 horas después salía de Marbella vía Sevilla, aunque en el registro de entrada de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no le dieron curso hasta este lunes. Atrás quedan semanas de dimes y diretes sobre si los plazos deberían haber empezado a correr a principios de octubre, fecha en que caducó el margen establecido para que las administraciones competentes emitieran los informes sectoriales. Llegaron los de Cultura y Medio Ambiente, de la Junta. Los otros, al parecer, se entenderán presentados por silencio administrativo. Las reuniones técnicas bilaterales, con técnicos municipales y del Gobierno andaluz, tabmién han agilizado parte del trabajo. Sólo queda lo más importante: El visto bueno final.
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