viernes, 31 de julio de 2009

El alcalde plantea que Costas cambie la linde para salvar las casas de El Palo (SUR)

El PP presenta una moción para exigir a la Junta y al Ministerio querespeten la ordenación municipal
El alcalde plantea que Costas cambie la linde para salvar las casas de El Palo
Manuel Díaz y Rafael Fuentes, en un momento del pleno de ayer. / ANTONIO SALAS
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, planteó en el pleno de ayer que la Demarcación de Costas modifique su linde para que las casas mata de Pedregalejo, Las Acacias, El Palo, Playa Virginia y La Araña queden fuera del domininio marítimo-terrestre. De la Torre justificó esa petición en que antiguamente estas casas de pescadores estaban en la misma playa, pero que con el paso del tiempo se construyó el paseo marítimo y posteriormente se amplió la playa, dotándola de espigones protectores. De ahí que sugiriera que la linde se retranqueara más al sur y de esta forma salvar las viviendas. Es decir, desafectarlas de la actual situación.
El regidor presentó una moción en la que se expresa «la firme oposición» a cualquier decisión del Ministerio de Medio Ambiente o de la Junta de Andalucía que no incluya «la consolidación de la zona urbana» de esa franja del litoral. Al mismo tiempo pide que las dos administraciones acepten la ordenación municipal aprobada en el PGOU de 1983 y 1997. El alcalde tuvo que corregir su propia moción ante una observación que le formuló el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, quien le hizo ver la ilegalidad del texto del acuerdo.
El portavoz socialista, Rafael Fuentes, reprochó a De la Torre que llevara la intranquilidad a los vecinos «cuando habla de derribo», y con un plano en la mano demostró que en el avance del PGOU de 2005 el PP quiso eliminar esas casas y construir en su lugar torres. Al final, la moción del alcalde se aprobó con 17 votos a favor -los del PP-, 12 abstenciones -el PSOE- y un voto en contra -IU-.
Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y Rafael Fuentes protagonizaron un acalorado debate sobre el Plan General rechazado por la Junta. Las críticas les llovió al PP con la propuesta de crear una mesa interinstitucional que agilice los trámites estatales y autonómicos necesarios para la aprobación del PGOU.
También hubo bronca política con la moción del PP para que la Junta abandone la idea de hacer un puerto seco en Campanillas. Manuel Díez fue tachado de «oportunista» por la oposición, y éste acusó al edil socialista Sergio Brenes de defender los intereses de la Junta en vez de los derechos de las 450 familias que se pueden ver afectadas, algunas de las cuales siguieron el debate en directo.

La nueva terminal del aeropuerto entrará en servicio la próxima Semana Santa (SUR)

El edificio se unirá al actual, aumentará sus dimensiones y podrá asistir a unos nueve mil pasajeros a la hora, con lo que se duplicará su actual capacidad
Dispondrá de un moderno y funcional intercambiado de transportes

La nueva terminal del aeropuerto entrará en servicio la próxima Semana Santa
Concepción Gutiérrez y Luciano Alonso atienden las explicaciones durante el recorrido por las instalaciones. /SALVADOR SALAS
Amplia, luminosa, moderna, respetuosa con el medio ambiente y funcional. Así es la nueva terminal del aeropuerto de Málaga, que entrará en funcionamiento en la Semana Santa de 2010, que empieza a finales de marzo. Los trabajos de construcción de esta infraestructura estarán finalizados a finales del presente año y durante los dos primeros meses del próximo se hará un ensayo general con figurantes para hacer rodaje y que el día de la inauguración todo funcione a «la perfección».
Así lo anunció ayer la secretaria de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento, Concepción Gutiérrez, durante una visita a las instalaciones en la que estuvo acompañada por el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, y el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Juan Ignacio Lema. Gutiérrez calificó de «espectacular» la terminal, un equipamiento al que se unirá a finales de 2010 la futura segunda pista. Dos infraestructuras vitales para el aeropuerto y que le llevaron a destacar las potencialidades del aeródromo malagueño.
«Con esta ampliación, el aeropuerto casi triplica su capacidad y lo pone a nivel de competitividad de primera línea en relación con otros aeropuertos europeos y con capacidad para los próximos cincuenta años», afirmó a los periodistas la secretaria de Estado, quien aseguró que el de Málaga es un aeropuerto «prioritario» para el Estado, el tercero de la Península tras Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Lema, por su parte, subrayó que el aeródromo malagueño se situará el próximo año en una «condición inmejorable» para que las compañías aéreas lo utilicen como centro de conexiones. En este sentido, Luciano Alonso apuntó que están estudiando la apertura de nuevas rutas aéreas para potenciar el turismo en Andalucía y que tendrían su entrada a través de la capital malagueña. Asimismo, el consejero valoró la nueva terminal porque responde «a las demandas del turista del siglo XXI».
Inversión
Esta terminal se conectará con la actual generando un área total de 385.000 metros cuadrados (frente a los 135.000 metros cuadrados actuales) con capacidad para atender a 9.000 pasajeros a la hora -el doble que ahora- a través de los 179 mostradores de facturación y las 48 puertas de embarque (26 de ellas serán pasarelas telescópicas) y donde se podrán gestionar 7.500 equipajes a la hora. Ello hará que el aeropuerto malagueño pueda atender a 30 millones de viajeros al año.
El nuevo edificio terminal, al que se han destinado 320 de los 1.400 millones de euros que Fomento está invirtiendo en el Plan Málaga para la remodelación y ampliación del recinto, contará con un moderno intercambiador de transportes para que los viajeros puedan acceder a los autobuses (hay un 'parking' cubierto con medio centenar de plazas), taxis, vehículos particulares y de alquiler y a la nueva estación de la línea del ferrocarril de Cercanías Málaga-Fuengirola, cuyas vías, de doble sentido, llegarán soterradas. Además, estará preparado para que en el futuro la alta velocidad AVE pueda llegar al aeródromo.
A estas actuaciones se unirán dos nuevos accesos por carretera: el sur, a través de la autopista A-7 y el norte, a través de la futura hiperronda, que se unirán al actual de la carretera nacional MA-21. Asimismo, habrá en funcionamiento dos aparcamientos para vehículos con capacidad para 3.700 plazas.

jueves, 30 de julio de 2009

El PP defenderá en el Pleno mantener las casas de las playas del Distrito Este (Málaga Hoy)

La Demarcación de Costas asegura que "estar fuera de la ordenación no conlleva que las edificaciones vayan a ser derribadas" · IU no aceptará "ninguna amnistía"


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El equipo de gobierno del Partido Popular teme que si las viviendas de primera línea de playa del Distrito Este no quedan reguladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la Demarcación de Costas terminará por derruirlas antes o después. Una vez que la Junta de Andalucía rechazara el PGOU el pasado viernes y al comprobar que en el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) las casas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias y Playa Virginia han quedado fuera de ordenación según la Ley de Costas, en la Casona del Parque se han encendido nuevamente las alarmas. Por ello, el PP llevará hoy al Pleno una moción urgente para reivindicar una solución definitiva. La portavoz popular, Carolina España, aseveró ayer que ésta sólo pasa por no derruir ninguna de las citadas viviendas.

España señaló que en el PGOU de 1997 se dio una solución a estas casas, calificándolas como colonia tradicional popular, por lo que "existen antecedentes de que este escollo se ha solucionado". Ante esta situación, pidió a la Junta de Andalucía, "que es la que quiere ahora crear problemas para estas casas", y a la Dirección General de Costas que mantengan la ordenación de estas edificaciones tal y como está en la actualidad.

La Demarcación de Costas en Málaga, por su parte, emitió ayer un comunicado a través de la Subdelegación del Gobierno para subrayar que "el estar fuera de ordenación no conlleva que las edificaciones vayan a ser derribadas", y desmentir así la versión del Ayuntamiento. Igualmente, este organismo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, asegura que "tiene en estudio una solución legal".

A falta de conocerse el texto definitivo de la moción del PP, el portavoz del grupo municipal de IU manifestó ayer que no aceptará "ninguna amnistía" porque "hay que buscar una solución pero las playas son playas y no se puede ser demagógico". Pedro Moreno Brenes considera que "en el medio o largo plazo hay que buscar un proceso consensuado y sensato que garantice los derechos de las personas", pero la playa debe ganar el terreno que un día perdió. El PSOE, por su parte, sólo expresó su voluntad política de que no se produzca ningún derribo pero no dudó en atacar a De la Torre, al que acusa de ser "el único que ha hablado de tirar casas".

En el Pleno de hoy de tendrán especial protagonismo los temas urbanísticos. Sobre el puerto seco, el PP exigirá a la Junta que modifique el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) para que no se establezcan para uso productivo, dotacional y logístico 200 hectáreas en Santa Rosalía, en el Distrito de Campanillas.

La Junta pagaría a Vallehermoso 30 millones por sus terrenos en Arraijanal (Málaga Hoy)

La promotora adquirió el 60% del sector, cuya superficie global es de 522.000 metros, en 2001 por esta cantidad · El resto de la finca fue comprado por cinco o seis dueños minoritarios en 2003 por un valor mayor


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Vista de los suelos de Arraijanal y del cartel de Vallehermoso, propietaria mayoritaria de los mismos.



"Al menos lo que les costó". Estas son las palabras que en las últimas semanas viene poniendo sobre la mesa el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, cuando habla del desembolso económico que podría suponerle a la Junta de Andalucía la adquisición de los 522.000 metros cuadrados de Arraijanal para poder desarrollar el parque al que aspira. La cifra de partida, según pudo saber este periódico, ronda los 30 millones de euros en el caso del propietario mayoritario, Vallehermoso, que es justamente lo que tuvo que abonar esta promotora allá por el año 2001 para hacerse con el 60% del sector, es decir, con unos 313.000 metros cuadrados. La cuantía, sin embargo, se eleva en el caso del 40% restante, adquirido un par de años después a un precio más elevado sobre la base de las expectativas generadas por un proyecto que incluía la construcción de 1.300 viviendas (cifra reducida a 660 en el nuevo plan) y una marina deportiva (que ha sido suprimida).

El escenario al que se enfrenta la Administración autonómica, tras la negativa del equipo de gobierno del PP a colaborar en la iniciativa y compensar con suelo a los propietarios, es doble: de un lado, un dueño mayoritario con el que los puntos de acercamiento son numerosos, hasta el punto de que todo indica que su disposición al acuerdo es máxima; y de otro, la de cinco o seis propietarios minoritarios que, por el momento, parecen dispuestos a tensar su posición y demandar una cuantía muy por encima de la previsión de la Junta.

En el primero de los supuestos, que alude a Vallehermoso, fuentes consultadas por este periódico fueron claras al señalar que en el marco de la negociación tiene gran peso las numerosas actuaciones que en estos momentos desarrolla la empresa, Sacyr, con la Junta de Andalucía y el Gobierno central, no sólo en la provincia de Málaga sino en el resto de la región y el país. Entre ellas cabe recordar la construcción de la autopista de peaje de Las Pedrizas, en estos momentos paralizada por los problemas económicos de la compañía; la conversión del Palacio de la Aduana en Museo de Bellas Artes o la rehabilitación del mercado de Atarazanas.

Esta firme relación puede obligar a Vallehermoso a flexibilizar la posición de fuerza que había mantenido hasta hace unos meses, cuando rechazaba cualquier opción que no pasase por una importante compensación económica. Así, incluso, se llegó a comentar que el valor de los terrenos de Arraijanal, en su totalidad, podía ser de unos 300 millones de euros. Esta cuantificación era el resultado de aplicar el precio que una promotora vasca abonó al Ministerio del Interior en 2005 por un antiguo cuartel ubicado en la zona, de una media de 330 euros por metro cuadrado, más el lucro cesante de no haber podido desarrollar la actuación residencial prevista.

A diferencia de lo que ahora mantiene Vallehermoso, dispuesta a rebajar sensiblemente sus aspiraciones, la parte minoritaria estaría en disposición de tensar la cuerda y reclamar una cifra semejante a la que se pagó a Interior. Este supuesto no es en absoluto contemplado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que, si bien confía en un acuerdo con los dueños para que no se enquiste el proyecto del parque en la vía judicial, no descartaría expropiar estos terrenos si no hay consenso.

Esta alternativa, conforme a lo que ha indicado Espadas y mantienen algunos expertos urbanísticos, supondría hacerse con los terrenos sobre la base de que son suelos no urbanizables, de acuerdo con lo que marca la Ley Estatal de Suelo, con lo que se abonaría a una media de entre 10 y 15 euros el metro cuadrado. Frente a este argumento, otros expertos en la materia insisten en que los privados tendrían todas las de ganar si acudiesen a los tribunales, debido a que son varias las ocasiones en las que se han realizado trámites para construir en los mismos.

Torrox aplaza la adjudicación de otra promoción de VPO (La Opinión)

El PSOE denuncia que el gobierno no ha sido capaz de impulsar más de 200 viviendas anunciadas. Urbanismo replica que ya las negocia con Emprovima


Zona. La nueva promoción se edificará en el Barranco del Puerto, frente al casco histórico. F. E.

FRAN EXTREMERA. TORROX El pleno del Ayuntamiento de Torrox dejará sin efecto hoy el concurso para la enajenación de suelo destinado a la edificación de un total de 152 viviendas de VPO en el pago del Barranco del Puerto, frente al casco histórico torroxeño. El edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), no obstante, indicó ayer que el proceso se volverá a iniciar porque el motivo de su suspensión parte de que las tres ofertas presentadas por otras tantas empresas eran "defectuosas".
El PSOE ha pedido la dimisión de este edil, en base a que en lo que va de mandato aún no se han iniciado las más de 200 viviendas protegidas anunciadas. Pérez Moreno ha replicado que el gobierno torroxeño está empeñado en hacer realidad esos inmuebles, "cuando en ocho años de gobierno socialista no se puso ni un ladrillo de protección oficial por mucho que ahora quieran olvidarlo", hasta el punto de que negocia con la empresa pública Emprovima las 39 viviendas que el pasado año no pudieron impulsarse por encontrarse la parcela con una carga a raíz de la existencia de una piscina comunitaria en el sector.
Desde las filas socialistas recuerdan que ese otro procedimiento fue interrumpido "tras tratar el primer teniente de alcalde, José Pérez, de hacerse con ella a través de una de sus empresas por la ridícula cantidad de 1.000 euros". El responsable municipal de Urbanismo ha argumentado que su compañero de gobierno ya no estaba vinculado a dicha entidad y, sin embargo, "sí que están imputados por delitos urbanísticos cinco de los seis concejales socialistas de la corporación, incluida la nueva parlamentaria regional, María Estrella Tomé".
La formación socialista insiste en que los actuales responsables del Consistorio torroxeño "han sido incapaces en más de dos años de poner en marcha otra promoción de 28 viviendas de VPO frente al Hotel Ferrara, que se encontraron prácticamente ultimada por el gobierno socialista".
La crisis. Pérez Moreno explicó asimismo, que dicha promoción también se halla con dificultades ajenas al Ayuntamiento. "La empresa adjudicataria de las obras de urbanización, debido a la crisis, no ha desarrollado el sector urbanístico y el suelo para construir esas viviendas aún no tiene la catalogación de parcela", concluye.
La concejala socialista María Estrella Tomé arremete contra la alcaldesa, Toñi Claros (IU), y el propio edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno, "porque han demostrado en estos dos años que son incapaces de dar respuesta a la demanda que existe de viviendas de VPO en nuestro municipio y una vez tras otra inician procedimientos que después son incapaces de concluir".
Los dirigentes municipales le piden al PSOE "coherencia" porque exigen ahora "lo que durante dos mandatos fueron incapaces de ofrecer a la ciudadanía".

Antonio Vargas Yáñez: ´Se debe llegar a un consenso institucional para afrontar el PGOU' (La Opinión)

El recién elegido decano del Colegio de Arquitectos de Málaga repasa los principales asuntos urbanísticos de la ciudad, entre ellos el Plan General de Ordenación Urbana


Decano. Antonio Vargas, en las instalaciones del Colegio. G. Torres

SERGIO SÁNCHEZ. MÁLAGA Antonio Vargas lleva dos días trabajando como máximo mandatario del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y ya tiene claro cuáles van a ser los puntos fuertes durante sus próximos dos años de mandato. Hacemos junto a él un repaso por los principales asuntos que afectan de lleno a su colectivo.

–Ha sido escogido como decano en un momento de gran actividad urbanística en Málaga, ¿qué opina de la situación del Plan de Ordenación Urbana?
–Parece fundamental que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad lleguen a un acuerdo después de tanto tiempo. No podemos permitirnos, ni la sociedad ni el Colegio de Arquitectos, que el plan urbanístico lleve seis años y se siga con discusiones de fondo. Hay que hacer un llamamiento a ambas administraciones para que se obtenga el consenso.
–Dentro del plan propuesto por el Consistorio hay una serie de proyectos que la Junta ha rechazado, ¿cómo ve este hecho?
–Con respecto a la construcción al norte de la Ronda Este, el Colegio en su día dijo que no se oponía, pero debía estar justificado y organizado. Por tanto, la postura actual es ver cómo se plantea esta actuación, ver las instalaciones y equipamientos que se incluyen en la zona, así como el coste tanto medioambiental como económico que se generaría con ello. De hecho, en Limonar Alto técnicamente no es imposible construir. Pero no sólo en la Ronda Este, sino también en cualquier desarrollo urbanístico en áreas como Arraijanal debe observarse ese impacto ambiental y económico.
–La provincia de Málaga está a la cola en adaptaciones de planes urbanos a la ley andaluza LOUA, ¿qué supone esto?
–Es cierto. Debe hacerse un esfuerzo entre todas las administraciones: Gobierno andaluz, los ayuntamientos e, incluso, la Diputación, ya que el ente supramunicipal se encarga de la redacción de proyectos urbanísticos de las localidades con menos de 20.000 habitantes. El propósito de la Junta de conseguir en cuatro años la redacción y adaptación de los planes es muy ambicioso; sin embargo, hay que hacer un gran esfuerzo debido a la crisis económica para también fomentar el papel del sector de la construcción. En la medida en que el Colegio pueda colaborar, ofreceremos esa colaboración.
–¿Se ve reconocida la labor de los arquitectos en grandes proyectos como el metro de la ciudad o el macrohospital que propone la Junta?
–Los arquitectos tenemos mucho que decir sobre estos asuntos, pero estamos un poco fuera del debate, por eso nos gustaría meternos de lleno porque también formamos parte. El mandato en el Colegio es para dos años, pero hay que reivindicar el papel del mismo en la ciudad, se trata de una oportunidad única. Repito que se hace necesario el entendimiento entre administraciones para que Málaga sea una ciudad de futuro, del siglo XXI. O las instituciones se constituyen como bandera de Málaga o se convertirá en una provincia cualquier otra del sur de Europa.
–Cambiando de tema, en los últimos años han aumentado el número de casos por corrupción urbanística, ¿la arquitectura se ha visto perjudicada?
–Pues creo que sí. Es normal, porque cuando hay casos de corrupción político–urbanística siempre golpea al mundo de la arquitectura. La Justicia tiene que ser inflexible en estos temas, pero no sólo en el urbanismo, sino con cada uno de los pilares que conforman la corrupción. Por el contrario, existen decenas de arquitectos que ejercen su profesión en ámbitos municipales y que sienten la presión día a día, cobrando salarios bajos o no acordes a su trabajo y en condiciones que no son nada óptimas a las que en un primer momento se les habían planteado. Es un hecho que en algunos sectores no se reconoce la profesionalidad del arquitecto.

M Capital: veinte aniversario de inversión y actividad empresarial (La Opinión)

La firma malagueña está presente en 19 empresas de diversos sectores que dan empleo a cientos de personas. Su activo es de 14 millones de euros


Reunión. El alcalde de Málaga, en el centro, con Luis de la Maza y el resto de miembros del consejo de administración de M Capital. l. o.

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA Hace ya 20 años. Dos décadas desde que M Capital comenzara su andadura. Una sociedad con sede en Málaga compuesta por importantes accionistas de la talla de Construcciones Vera, Grupo Empresas Cajasur, FCC Medio Ambiente, Unicaja, CajaMar, Famadesa, Acciona y Vallehermoso y que actualmente está presidida por Luis de la Maza que es además co-presidente de CajaMar.
Precisamente ayer, con motivo de este aniversario, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, recibió al consejo de administración de M Capital. Según destacan desde la propia sociedad, se trata de una entidad "rentable" y con una evolución en esta trayectoria positiva y en continuo crecimiento, incluso a pesar de la crisis económica.
En la actualidad, al cierre del ejercicio económico de 2008 mantiene diversas inversiones "relevantes" a través de empresas participadas que componen la cartera de M Capital como Inveosa Desarrollos Inmobiliarios, proyecto agroalimentario Los Llanos de Antequera, el hotel Antequera Golf, Andalucía Económica o Multiservicios Sirio, entre otras muchas, concretamente hasta 19 firmas de muy diversos sectores que dan empleo directo a cientos de personas y en las que M Capital mantiene participación.
Cuenta con un capital social de casi 3,6 millones de euros y su patrimonio neto asciende a los 7,2 millones, mientras que su activo es de 14 millones. El beneficio después de impuestos en el ejercicio anterior fue de más de 550.000 euros, según marcan los datos facilitados por esta sociedad. Además, el consejo de administración decidió en 1999 crear un programa de mecenazgo bajo la denominación ´Los encuentros de M Capital con Málaga´ financiado a través de los beneficios generados, "devolviendo así a la sociedad parte de lo que de ella recibe".
Este programa se centra en actuaciones de tipo cultural, formativo y de asistencia social. Desde su constitución en 1989, cuenta con una sede social emblemática en Málaga, al ubicarse en el Palacio de la familia Ugarte-Barrientos, construido en el siglo XVIII.

El PP reclamará que las casas de El Palo y de Pedregalejo mantengan su estado actual (La Opinión)

El Ministerio de Medio Ambiente aclara que el que las viviendas queden fuera de ordenación no implica que se tiren pues hay un trámite para legalizarlas


Peligro. Vista aérea de una parte de las casas de Pedregalejo y El Palo. J. Albiñana

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga quiere hacerle hoy un guiño de tranquilidad a los inquilinos de las 500 viviendas de la playa de Pedregalejo y El Palo, para lo que llevará al pleno una moción que insta a la Junta de Andalucía a que dichas casas no queden fuera de ordenación urbanística "y evitar así que se cree constantemente inseguridad jurídica entre los vecinos", según señaló la portavoz, Carolina España.
La moción tiene su origen en la exigencia de la Junta de que las casas junto a la playa de Pedregalejo y El Palo queden fuera de ordenación.
El principal perjuicio que ello conllevaría es que el Ayuntamiento no podría conceder licencia para realización de obras en estas viviendas.
España recordó que en el PGOU de 1997 se dio una solución a estas viviendas, calificándolas como colonia tradicional popular, por lo que "existen antecedentes de que este escollo se ha solucionado" ya que "el Partido Popular no va a permitir en ningún momento que se derribe ni una de estas casas", concluyó la portavoz.
La respuesta vino de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que negó ayer que "exista un expediente de derribo de las edificaciones de las barriadas malagueñas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias y Playa Virginia", y aseveró, por contra "que está en estudio una solución legal para estas zonas de Málaga".
Costas explicó que el estar fuera de la ordenación, no conlleva que las edificaciones vayan a ser derribadas.

Puerto seco. Una segunda moción del PP hace referencia al denominado ´puerto seco´ y en ella se exigirá a la Junta que modifique el Potaum para que no se establezcan para uso productivo, dotacional y logístico las 200 hectáreas de Santa Rosalía previstas para este proyecto. Al respecto, Carolina España aludió a la oposición de los vecinos a este proyecto y al compromiso de la consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, que "dijo que en esa zona no iría ese puerto seco".
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, se pronunció también sobre esta cuestión y consideró que "no es conveniente ni necesaria ni oportuna" la ubicación en esta zona de este puerto seco, puesto que con el proyectado en Antequera es suficiente para dar respuesta a las necesidades logísticas del recinto portuario.
Díaz defenderá, por tanto, en el pleno que la Junta de Andalucía elimine cualquier referencia en el Potaum al puerto seco y que deje, como se plantea en el PGOU, que sea la iniciativa privada la que desarrolle estos suelos para usos productivos y empresariales.

La Junta impide o cuestiona la construcción de unas 13.000 casas (La Opinión)

El informe de la COTUA veta también la construcción de 1.660 viviendas en San Cayetano, en Puerto de la Torre. Otras 6.330 están cuestionadas por no tener un proyecto hidráulico


Prohibición. Terrenos de la zona de San Cayetano. Arciniega

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Las determinaciones de la Junta de Andalucía y la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) ponen en cuestión o impiden la ejecución de más de una cuarta parte de las viviendas programadas en la revisión del Plan de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU): en torno a 13.000.
El dictamen de la COTUA hace suyos los informes sectoriales de la Junta, especialmente la Declaración de Impacto Ambiental, que prohibía la construcción de más de 8.000 viviendas, especialmente las programadas en cinco sectores de Campanillas, (Maqueda, Colmenarejo, Campanillas Noroeste, Campanillas Noreste y El Cuartón), además de las proyectadas en Churriana, Limonar Alto y Arraijanal.
Ahora además el informe aprobado por la COTUA hace suyo el informe del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que rechaza una de las mayores operaciones urbanísticas previstas en el PGOU como es la construcción de 1.600 casas en la zona de San Cayetano, en el Puerto de la Torre. La COTUA considera que este proyecto "no está acorde" con el modelo de ciudad previsto ya que "crean ciudad en ámbitos desvinculados de la estructura urbana, que generan segregación social y aumentan los desplazamientos y un consumo de los recursos naturales".
Ello supone en concreto que las 1.660 viviendas previstas en San Cayetano se quedan fuera. Como también se quedan fuera las 35 previstas junto al colegio de Las Esclavas, en Pedregalejo, ya que su construcción se haría a costa de eliminar equipamiento escolar.

Más edificabilidad. Pero es que además, el informe de la COTUA que ha servido para suspender la aprobación del PGOU pone en cuestión el desarrollo urbanístico de algo más de 6.300 viviendas, si bien algunas de ellas corresponden a las sectores ya vetados de Campanillas.
En concreto la COTUA pone en cuestión a 74 sectores, sobre los que el PGOU proyecta 6.330 viviendas, y afirma que "no pueden aprobarse porque no se recogen en sus fichas ninguna referencia a arroyos". Quiere decir que cada uno de estos 74 sectores están afectados por el cruce de un arroyo y que para poder aprobarse y definirse, la COTUA exige que se cuente "con una delimitación del dominio público hidráulico a partir del cual podrán ordenarse y delimitarse las servidumbres".
El informe señala igualmente a otros 20 sectores que superan el índice máximo de edificabilidad previsto en la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) y algunos de ellos también la densidad máxima prevista de vivienda por hectárea.
Entre esos sectores que superarían la edificabilidad permitida estarían Doctor Marañón, con 106 viviendas; Marqués de Paniega, con 104, Héroe de Sostoa, con 83 viviendas; Monte Dorado, con 182; Casillas de la Bodega, con 78, y Pilar del Prado, con 71.
Al respecto, el informe de la COTUA afirma que estos sectores "deberán ajustar sus determinaciones a lo establecido en la LOUA".
No todo es negativo, el propio informe abre la puerta a poder autorizar la construcción de cerca de 5.000 viviendas, todas ellas en Campanillas. En concreto la COTUA deja en suspenso los sectores de desarrollos de estas viviendas, pero indica que quedarán suspendidos "hasta la ejecución de las medidas correctoras contra el riesgo de inundación de los terrenos en cuestión con el encauzamiento del río Campanillas".
Se trata de los sectores de Vega de Los Martínez, Vega de San Ginés y Colmenarejo sur, este y oeste, que proyectan su desarrollo urbanístico en zonas que la Junta considera de alto riesgo de inundaciones, por su proximidad al río Campanillas, de ahí al exigencia de encauzamiento previo del río para poder permitir su posterior desarrollo.

Entre PGOU y PGOU Los desmanes que acabaron en escándalo. Marbella (La Opinión)

El plan de 1986 no fue válido hasta que no se publicó en el BOP en el año 2000, la excusa perfecta para Gil, que aprobó en solitario otro documento rechazado por la Junta y el TSJA


Jesús Gil.

I. A. CASTILLO. MARBELLA Jesús Gil llevaba adelante una política urbanística de hechos consumados que se volvieron en su contra y acabaron en escándalos que aún colean en los tribunales de justicia. Entre PGOU y PGOU han pasado 23 años de incertidumbre e inseguridad, presididos por la corrupción y el ladrillo por doquier. Gil supo rentabilizar como nadie la gran laguna legal existente en la ordenación del territorio marbellí, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 no fue válido frente a terceros hasta que no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el año 2000.
Para el Ayuntamiento, el único eficaz era el de 1968, es decir, cuando Marbella no era más que un pequeño pueblo. Marbella fue creciendo a golpe de convenios, licencias y comisiones. Por su cuenta, con nocturnidad, alevosía, en verano y con el rechazo de la oposición y de la Junta (aceptó sólo 28 de las 2.001 alegaciones presentadas), aprobó en 1998 un PGOU que fue devuelto de nuevo por el Gobierno andaluz, que le instó en innumerables ocasiones a elaborar otro texto refundido con las condiciones que le marcaba.
De forma paralela, se registraban las primeras manifestaciones de vecinos que protestaban por la invasión de zonas verdes y protegidas, como en Banana Beach; o en defensa del estadio municipal de fútbol.
En mayo de 2000, una vez subsanados los errores, el gobierno local volvió a enviar el PGOU a la Junta, tras su aprobación sólo con los votos del GIL. Se seguía sembrando de bloques las pocas zonas verdes que quedaban. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba la aprobación del texto refundido al vulnerar los derechos fundamentales de los ediles de la oposición, que no pudieron participar en su redacción.
Al mismo tiempo, la Junta iba retirando competencias urbanísticas al Ayuntamiento... mientras que el equipo municipal se empecinaba, y no le quedaba otra para tapar agujeros, en validar la vigencia de este PGOU de 1998 del que sólo se aprobó un tercio.
Hasta que se abrió la caja de Pandora y se confirmaron todas las sospechas. Jesús Gil, que fue inhabilitado, y sus sucesores, Julián Muñoz, Marisol Yagüe y la mayor parte de sus concejales y asesores, con José Antonio Roca, de Urbanismo, a la cabeza, se sentaron en el banquillo e ingresaron en prisión como resultado de las investigaciones realizadas en el marco de la ´Operación Malaya´.
Gestora. Hasta las víctimas se convirtieron en verdugos, como Isabel García Marcos, el azote del GIL que terminó aliándose en la moción de censura que derrocó a Muñoz en 2003, junto con Yagüe y el ahora fugitivo Carlos Fernández (PA), que siguieron la misma línea, hasta que en 2006 la Junta retiró todas las competencias al Ayuntamiento y se nombró una comisión gestora, presidida por Diego Martín Reyes, que se encargó de reconducir la situación hasta las elecciones de hace dos años, en las que se impuso el PP de Ángeles Muñoz, que siempre apostó por regularizar todas las viviendas y proteger así a los compradores.
La aprobación del PGOU de ayer cierra un paréntesis y devuelve la normalidad a la ciudad, aunque aún quedan preguntas: ¿qué va a pasar con los inmuebles que se han quedado fuera del planeamiento?

Marbella pone fin a 23 años de caos urbanístico y legado ´gilista´. (La Opinión)

El Pleno del Ayuntamiento aprueba por segunda vez el PGOU provisional que sustituye al anterior de 1986 con los votos de los concejales del PP y del PSOE, menos uno, que rompe la disciplina de partido y vota en contra, como IU. La Junta podría acotar los trámites y ratificar el plan en octubre


Alcaldesa. El pleno del Ayuntamiento, en el momento de la votación presidida por Muñoz. La Opinión

IGNACIO A. CASTILLO. MARBELLA La ciudad sin ley confirmó ayer su propósito de enmienda y compromiso por pasar página a una de las etapas más tristes de su historia. Marbella sacó ayer adelante su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por segunda vez y de forma provisional, para que sea ratificado por la Junta de Andalucía lo antes posible. Es el documento que pone fin a 23 años de caos urbanístico y de legado ´gilista´. Lo aprobó el pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria, con los sufragios favorables de los concejales del PP y del PSOE, menos uno, que rompiendo la disciplina de partido, se unió a IU para votar en contra.
El texto del PGOU regulariza 18.000 viviendas que en su día se construyeron al margen de la legalidad, pero deja fuera otro medio millar de inmuebles habitados, algunos tan célebres como Banana Beach (con más de 300 apartamentos), las viviendas que se asientan sobre un yacimiento arqueológico en Río Real y una treintena de casas en La Víbora. Tampoco se incluyen otras mil que están vacías. Serán los promotores de estas edificaciones a regularizar y no los propietarios quienes compensen a la ciudad por la pérdida de suelo para equipamientos.
Finalmente el equipo de gobierno dio marcha atrás y retiró estos inmuebles del PGOU después de que la Junta anunciara que no iba a legalizarlos. A partir de ahora, el Gobierno andaluz tiene cinco meses para aprobar el texto, aunque existe el compromiso de acortar los trámites y ratificar el planeamiento en octubre.
Los vecinos afectados todavía tienen la opción de recurrir judicialmente para evitar el derribo de sus viviendas y mantener esta pugna que, de momento, han perdido por la vía administrativa. Es más, la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, les ha animado a no tirar la toalla y ayer, de nuevo, mostró su compromiso a trabajar "de manera conjunta con el resto de administraciones para buscar una solución".
"Día histórico". Durante la sesión plenaria, la alcaldesa defendió la importancia de aprobar el documento y calificó la jornada como "histórica para el municipio". Destacó que el PGOU cuenta con todos los informes favorables que corresponde tanto de servicio jurídicos, unidad técnica de planeamiento, el secretario municipal y el interventor, y agregó que su aprobación instalará la seguridad jurídica y urbanística en el municipio y poner fin al caos existente. "El plan dará tranquilidad a muchos vecinos además de generar riqueza y empleo en la ciudad", apostilló.
El nuevo PGOU establece 27,67 metros cuadrados de espacios libres por habitante, cinco veces más de lo exigido por la ley, seguramente, para equilibrar la balanza tras la etapa anterior a la gestora, presidida por el ladrillo. Además, se establecen las lides de Benahavís conforme al planeamiento, que data de 1986, siguiendo las pautas establecidas por el Consejo Consultivo de Andalucía.
La portavoz municipal del PSOE, Susana Radío, expresó que es una obligación moral aprobar el PGOU además de una responsabilidad política máxima, aunque admitió que le hubiese gustado que hubiera mayor participación ciudadana en su elaboración. Radío resaltó durante el pleno la contribución de la Junta de Andalucía, a través de la fijación de unos criterios básicos en la elaboración del documento, que se mantienen en el mismo y que sentaron el punto de partida para la normalización del urbanismo en Marbella. "Los socialistas, la Junta y la Comisión Gestora han contribuido de manera fundamental a que el documento que hoy se ha llevado a Pleno sentara las bases de la legalidad", manifestó.
Por último, el portavoz y único edil de IU, Enrique Monterroso, quien votó en contra, expresó que no se puede normalizar lo construido ilegalmente en el PGOU porque de esta manera el documento nace "viciado". Monterroso manifestó que además el plan no contiene un modelo de ciudad porque mira para el pasado normalizando irregularidades y no planifica el futuro. Del mismo modo, considera que el sistema de compensaciones es injusto.

Errores técnicos llevan al Ayuntamiento a anular la venta de una parcela para 152 VPO. Torrox (SUR)

El Ayuntamiento de Torrox se ha visto obligado a suspender el procedimiento para la venta de una parcela en la zona de Barranco del Puerto, en la que se iban a hacer 152 VPO, por unos errores técnicos e incumplimientos por parte de las tres empresas que han presentado ofertas al pliego. El PSOE pidió ayer la dimisión del edil de Urbanismo, José Pérez (IU), por su «incapacidad», a lo que éste respondió que los socialistas «no hicieron ni una VPO en ocho años, y están imputados por delitos urbanísticos».

Marbella aprueba el PGOU que pone orden tras la 'era Gil'

El documento dota de garantías jurídicas a cerca de 17.000 viviendashasta ahora en situación irregular
Entrará en vigor en otoño tras el refrendo de la Junta de Andalucía

Marbella aprueba el PGOU que pone orden tras la 'era Gil'
Momento en que se produce la aprobación del nuevo Plan. /JOSELE-LANZA
El Ayuntamiento de Marbella avanzó ayer un paso más para contar con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) después de 23 años, desde que en 1986 entrara en vigor el documento por el que todavía se rige el planeamiento del municipio. La Corporación municipal acordó la segunda aprobación provisional del texto que pondrá fin al caos urbanístico heredado de la 'época GIL' y que será remitido a la Junta de Andalucía para su visto bueno definitivo. El documento fue avalado por el PP y el PSOE de forma mayoritaria durante la celebración de un pleno calificado de histórico por el equipo de Gobierno. No hubo unanimidad, dado que el concejal de IU votó en contra, rechazo al que también se sumó finalmente el edil socialista Juan Luis Mena, que rompió así con la disciplina de su partido.
Tanto la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que abrió con su intervención el pleno extraordinario, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Susana Radío, coincidieron a la hora de destacar las bondades de un Plan que ofrece un marco jurídico para la regularización de cerca de 17.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones que deberán asumir los promotores. El documento establece una superficie de casi 4,8 millones de metros cuadrados para espacios libres y prevé más de dos millones de metros cuadrados de equipamientos públicos.
La regidora destacó que el texto modificado por el equipo de Gobierno ha incrementado la ratio de estas dotaciones urbanísticas, situándolas muy por encima de los patrones fijados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Resaltó además que 9.500 de los 16.000 inmuebles programados en el futuro desarrollo de la ciudad se corresponderán con viviendas de protección oficial y subrayó que el documento, a lo largo de su tramitación, ha incorporado 13.000 de las 17.000 alegaciones presentadas por los vecinos, lo que constituye un 76 por ciento.
Durante su intervención, la alcaldesa repasó los últimos 20 años de despropósitos urbanísticos. Un «pasado caótico» en materia de planeamiento que, alimentado por los anteriores gobiernos municipales, trajo consigo cientos de procesos judiciales, recursos y órdenes de paralización o derribo y que desembocó en la retirada de competencias al Ayuntamiento por parte del Gobierno andaluz y en una situación de inseguridad jurídica para miles de familias y cientos de comercios.
Fuera de ordenación
En este sentido, Muñoz lamentó que el nuevo PGOU deja fuera de ordenación a cerca de 500 de viviendas ilegales habitadas, así como otro millar de inmuebles no ocupados, repartidas entre el edificio Banana Beach y dos promociones en La Víbora y Río Real. El PP renunció a incluir estas edificaciones en el proceso de regularización ante la advertencia de la Administración autonómica de que el Plan sería rechazado. La regidora anunció que hoy mantendrá una reunión con los vecinos afectados y aseguró que el Consistorio seguirá trabajando para buscar una fórmula jurídica que solvente esta situación antes de la aprobación definitiva del documento.
El PSOE coincidió con el Ejecutivo local al valorar las líneas maestras del nuevo texto urbanístico para argumentar su respaldo al mismo. Radío afirmó que el PGOU sentará las bases de la legalidad y permitirá la normalización del urbanismo en Marbella, además de garantizar la reserva de suelo educativo y sanitario. Otros elementos positivos que contempla el documento son una importante previsión de zonas verdes, la ejecución de grandes infraestructuras o la construcción de viviendas a precios asequibles, según señaló la portavoz socialista, que destacó que el Plan posibilitará además recuperar la confianza de los inversores y poner fin a la incertidumbre de unas 17.000 familias que habitan viviendas irregulares.
No todo fueron argumentos similares ni elogios a un plan urbanístico que, como han observado en los últimos días partidos y colectivos, no convence de forma global a nadie. Radío censuró la falta de participación ciudadana en la tramitación del documento, las lindes que se establecen respecto a los municipios limítrofes y la reducción de compensaciones a los promotores acometida por el equipo de Gobierno. «Nuestro voto favorable no es un cheque en blanco», apuntó la portavoz socialista, que aseguró que su formación estará vigilante para que se cumplan las cesiones de suelo por parte de los empresarios.
Rechazo de IU
El concejal de IU, Enrique Monterroso, fue más crítico con un PGOU que, a su juicio, «legaliza la corrupción», no plantea un verdadero modelo de ciudad y no garantiza la recuperación del patrimonio de suelo expoliado a los vecinos de Marbella durante más de una década. Según el edil de la coalición de izquierdas, el nuevo documento es «legal, pero inmoral»", puesto que nace viciado de origen al contemplar como principal objetivo la normalización de lo construido ilegalmente. Aseguró que el texto urbanístico se ha gestionado sin contar con la participación de los vecinos, presenta un sistema de compensaciones injusto y su ejecución es insostenible. Por este motivo, solicitó que la aprobación del documento se quedara sobre la mesa y se aplazara hasta el próximo mes de septiembre, una vez recabada la opinión de los vecinos.
La moción fue rechazada con los votos en contra de los dos partidos mayoritarios, a excepción del socialista Juan Luis Mena, que apoyó a la coalición de izquierdas en esta propuesta y en la votación sobre la segunda aprobación provisional del PGOU, que fue respaldada por 24 de los 26 concejales presentes. E
El Salón de Plenos completó su aforo con la presencia de medios de comunicación, vecinos y representantes de colectivos sociales y económicos. Entre ellos, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), Miguel Gómez y Molina, que mostró su satisfacción por la aprobación de un documento que constituye «una herramienta para que Marbella se consolide como ciudad turística de primer nivel mundial».

Inversión en obras y nuevos templos (SUR)

Un total de 6,8 millones de euros invertirá este año la diócesis de Málaga para rehabilitar y construir nuevos templos. De ellos, tres millones de euros se destinarán a doce obras de rehabilitación en la capital; tres millones y medio para 27 nuevas obras y restauraciones en la provincia y 310.000 euros para reformas menores

Condenado por estafar 3.600 euros con el traspaso de una vivienda que no estaba en venta (SUR)

Un vecino de Fuengirola, empresario de profesión, ha sido condenado a dieciocho meses de prisión por estafar a un hombre al que intentó vender una vivienda que no estaba a la venta y al que llegó a cobrar 3.606 euros en concepto de señal. La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga le impone también el pago de una multa de 1.080 euros y una indemnización al estafado con 2.606 euros, de los que ya ha abonado mil euros.
El acusado aseguró que tenía encomendada por parte de su propietario la venta de una vivienda ubicada en Torremolinos e hizo firmar al perjudicado un documento en el que se comprometía a su venta mediante escritura pública.
Tras entregar una señal de 3.606 euros, la víctima comprobó que dicha vivienda no estaba en venta. Para que resultara creíble la viabilidad de la operación, el procesado llegó a entregar al comprador un documento en el que un supuesto bufete de abogados le autorizaba a intervenir y mediar con los clientes en las ventas de los inmuebles.

Fomento saca a concurso la reforma de la estación de Cercanías junto al edificio de Correos (SUR)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento, ha sacado a concurso las obras de remodelación de la estación de Cercanías Málaga-Centro-Alameda, situada junto al edificio de Correos. La actuación, que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, supone una inversión de unos cinco millones de euros. Fomento tiene previsto adjudicar los trabajos a finales del mes de septiembre, por lo que se iniciarán en este otoño.
El arquitecto José Seguí concibió este proyecto como dos cajas taladradas por ranuras de iluminación que se convierten en grandes antorchas a ambos lados del río, que miran al Centro de Arte Contemporáneo y que sirven como puerta a la Costa del Sol. Se trata los dos accesos que existían ya junto al edificio de Correos y la calle Alemania que se remodelarán completamente con mármol negro preparado para repeler los graffitis y cristales anti-rotura, además del interior de la estación. Estos dos accesos se suman a un tercero construido hace unos meses en la calle Cuarteles. El proyecto también contempla la remodelación de los espacios urbanos colindantes.
La actuación incluye también la reforma de los andenes -que serán más anchos que ahora-, el sistema de iluminación y ventilación de las estaciones y la adecuación a la normativa para el acceso para personas con discapacidad física en la entrada de la calle Cuarteles, con un montacargas y taquillas adaptadas. El apeadero del andén se ampliará también unos metros.

El Gobierno andaluz pagará las expropiaciones para las tecnocasas en seis meses (SUR)

El Gobierno andaluz, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), abonará las expropiaciones de los suelos para construir las llamadas tecnocasas en el Centro en un plazo de seis meses a partir de la notificación del expediente por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así fue comunicado ayer por la delegada de Vivienda, Josefa López, a los propietarios de las 67 fincas que se encuentran afectadas por el plan para realizar estas viviendas públicas para jóvenes con un espacio vinculado al teletrabajo. Así, algunos de los dueños de las 37 parcelas ya resueltas -valoradas en unos ocho millones de euros- podrían empezar a cobrar en los próximos meses.
Además, López se comprometió a estudiar los casos de una decena de privados que no quieren ser expropiados y construir sus propias viviendas, para lo que tendrán que pedir licencia en el plazo de seis meses desde que sean desafectados. Además, hasta el 31 de agosto próximo pueden pedir no ser expropiados otros que así lo deseen.
Promotores mostraron su agradecimiento al concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, por haber contribuido a desbloquear este asunto.