miércoles, 28 de octubre de 2009
«¿Por qué no se pensó en el suelo antes de acordar proyecto alguno?» (SUR)
martes, 27 de octubre de 2009
A Vivienda se le queda la caja vacía (Málaga Hoy)
Los responsables del organismo admiten que contaban para este año con unos 30 millones que aún no se han ingresado
Adif insiste en que la obtención del suelo para el bulevar debe ser compensada (Málaga Hoy)
La reunión mantenida ayer con el Ayuntamiento no permite desbloquear la situación
Los edificios públicos, sometidos a una auditoría energética (La Opinión)
El Instituto Andaluz de Tecnología, situado en el PTA, realizará los informes en toda Andalucía
El precio de la vivienda cae hasta un 20 por ciento (La Opinión)
El descenso se acentúa en la segunda mano, que se ha rebajado un 30 por ciento desde 2007
Adjudican el embovedado del arroyo de la Villa en Alhaurín el Grande. (La Opinión)
El arroyo de la Villa es uno de los más importantes del municipio y su encauzamiento, desde el recinto ferial hasta la Cuesta del Señorito, permitirá la mejora del colector de fecales que conectará con el futuro colector.
Con el embovedado, el Consistorio dispondrá en esta zona de equipamientos escolares, zonas verdes y aparcamientos. Dentro de estas actuaciones, la administración ya esta elaborando el proyecto de un parque de 12.000 metros cuadrados y la ampliación del recinto ferial.
Comienzan las obras de un nuevo polideportivo en el extrarradio. Estepona (La Opinión)
El PSOE denuncia que cuatro empresas tienen el 80% de los contratos (La Opinión).
El Ayuntamiento defiende la legalidad de los procesos de contratación seguidos en Campanillas y Churriana
El IMV deja de recaudar 30 millones por la crisis (La Opinión)
El ente reclama a la Junta que abone los 8,64 millones de euros que adeuda para la promoción de VPO de alquiler
Maldonado, que presentará una moción en el pleno para exigir el pago de esta deuda, señaló que si se abona el dinero pendiente "podremos cancelar el crédito de 6,2 millones de euros que hemos pedido para pagar a los proveedores y que nos supondría unos intereses de 25.000 euros al mes".
Este dinero proviene del Gobierno, aunque lo gestiona la Junta, a quien el edil critica su retraso en abonarlo, provocando un descalabro económico en el IMV.
El precio de la vivienda puede haber culminado ya su ajuste (La Opinión)
Expertos inmobiliarios advierten de que hay ´chollos´ con rebajas de hasta el 40% en la Costa del Sol y opinan que los precios de la vivienda "han tocado fondo"

Mollina tramita un cambio de suelo para sacar adelante el parque logístico de Prologis (SUR)
El número de viviendas nuevas desciende en un 80 por ciento respecto a 2008. Rincón de la Victoria (SUR)
El PP acusa a Francisco Cuevas de un presunto delito urbanístico. Mijas (SUR)
El gobierno volverá a llevar a pleno un cambio en el PGOU para crear 800 VPO. Estepona (SUR)
e anulará el convenio con la empresa Chamartín, que renuncia a exigir indemnización económica al Consistorio
lunes, 26 de octubre de 2009
Piden nueve años de inhabilitación y uno de cárcel para el alcalde de Sayalonga (Málaga Hoy)
Piden un año de cárcel y nueve de inhabilitación para alcalde de Sayalonga (La Opinión)
Preparan la impugnación del Plan General de Marbella (La Opinión)
La letrada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 afectados, ya ha recibido instrucciones de recurrirlo una vez se apruebe definitivamente
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella no terminará con su aprobación definitiva. Tras ésta, prevista para antes de finales de año, se iniciará un nuevo proceso, el judicial. "Es muy previsible que el plan sea impugnado por los afectados que estén disconformes con sus directrices".
El abogado especialista en derecho administrativo y urbanismo Francisco Cobos explicó a este diario en qué consiste esta reclamación que puede plantear cualquier ciudadano ante los tribunales y por qué es tan previsible que se solicite. "Impugnarlo consiste en recurrirlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa", señaló.
Alegaciones. El PGOU marbellí es un documento "bastante especial". La historia reciente de la ciudad ha estado caracterizada por el permanente escándalo urbanístico. Un caos que está llamado a resolver este plan que, de entrada, ha generado más de 8.500 alegaciones en su contra en las dos exposiciones públicas a las que ha sido expuesto.
"Yo tengo instrucciones de mis clientes de impugnarlo si se aprueba definitivamente en los términos en los que se ha acordado provisionalmente", adelantó a La Opinión de Málaga la abogada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 propietarios de viviendas legales en la ciudad y perjudicados por las irregularidades urbanísticas cometidas en los últimos años.
La normalización de alrededor de 18.000 inmuebles irregulares y el sistema de compensación estipulado para ello son uno de los aspectos más criticados y polémicos del nuevo planeamiento. Pero no son los únicos.
Gálvez ya denunció en su momento las "graves" intenciones del nuevo PGOU y la "amnistía" que supone su aprobación. "El Plan quiere ningunear 40 sentencias firmes en su ejecución". No en vano, la justicia le ha dado la razón recientemente en el caso de una de los inmuebles ilegales más famosos de Marbella, la casa del actor Antonio Banderas.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue claro en su auto. No aceptó la petición municipal de posponer la demolición parcial de la vivienda del popular intérprete, construida en un suelo destinado para zona de equipamiento público en la urbanización de Los Monteros.
"Un Plan General no legaliza las construcciones que ya tienen la licencia anulada por sentencia", dijo Gálvez, que recordó los argumentos en los que basó su decisión del Alto Tribunal.
No por ello, el gobierno del PP, al mando del Ayuntamiento, no se rinde y se mantiene en su tesis. "Es absurdo demoler una construcción que va a resultar legalizada con el nuevo PGOU", sostienen. Esta justificación, para la letrada, no es más que "un grave fraude contra el sistema
Servida queda la "más que probable" impugnación del PGOU, una medida que podría llevar aparejada la suspensión de su ejecución y nuevos años de espera. "Es muy difícil que ocurra por su componente de interés público", en opinión de Cobos. Eso no quita, según Gálvez, que se suspenda la parte impugnada, ya que el Plan no se tiene por qué impugnar en su totalidad.



