Colectivos ciudadanos critican la decisión de aplazar las demoliciones. Marbella (SUR)

Ecologistas, comunidades de propietarios y asociaciones vecinales censuran la «indecisión» de parte del poder judicial frente a las causas urbanísticas Anuncian que seguirán reclamando que se ejecuten todas las sentencias

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de aplazar en varios autos la ejecución de sentencias de derribo de viviendas ilegales no ha sido recibida con parabienes desde todos los frentes. La Plataforma 29 de Marzo, que aglutina a varias comunidades de propietarios y asociaciones vecinales de la ciudad, a Ecologistas en Acción, a la Asociación en Defensa del Guadalpín, a la Federación de Residentes Extranjeros de Andalucía y a los comités de empresa del Don Miguel y del Don Pepe, ha criticado duramente que se aplacen las demoliciones a la espera de que haya un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que regularizará buena parte de los inmuebles construidos con permisos que vulneraban el planeamiento durante el gilismo.Su portavoz, Rafael Ávila Bayón, no se anduvo por las ramas: «Los autos suponen una vez más la indecisión de gran parte del poder judicial, elevada a autos, en sus responsabilidades contra la corrupción judicial que ha castigado con extrema violencia a nuestra ciudad». Considera que esta decisión «quebranta» la Constitución Española y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, al tiempo que lo tilda de «afrenta» contra los derechos de los vecinos afectados por las viviendas ilegales.

Zona verde

Cita como ejemplo que las construcciones que protagonizan los autos -la nave de La Juanita, el conjunto residencial Moansa o el edificio de la avenida del Trapiche- ocupan suelo público, zonas verdes y terrenos para equipamientos. «Las fuerzas políticas han vuelto a hacer alarde de su desprecio por los derechos de estos ciudadanos», se lamentó Ávila, que se empleó con especial dureza contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «que lejos de mantenerse neutral, como alcaldesa de todos, se ha puesto claramente del lado de una sola de las partes afectadas en el conflicto». A su juicio, ha quedado claro que la regidora busca una «amnistía» en el nuevo PGOU al manifestarse en contra del sistema de compensaciones. Mientras, anuncia que desde la plataforma seguirán reclamando la ejecución de las sentencias «en todos los incidentes de ejecución que se inicien». «Los autos no son definitorios, no sientan jurisprudencia ni suponen la no ejecución de las sentencias dictadas, sólo la condicionan al PGOU», concluyó.