Un estudio determinará la situación de las viviendas pendientes de demolición. Mijas (SUR)

El alcalde apunta al nuevo PGOU como principal vía de regularización de las casas, aunque se barajan otras opciones por si se retrasa su aprobación Los vecinos afectados se reunirán mañana en el Auditorio Municipal
El Ayuntamiento de Mijas elaborará un estudio de detalle de todas y cada una de las viviendas del municipio que incumplen algún punto de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con el objetivo de conocer con exactitud cuántas podrán ser regularizadas. El Departamento de Infracciones Urbanísticas tiene en su haber unos 3.000 expedientes sancionadores, abiertos por cualquiera de las tres vías posibles: de oficio, a instancias de la Junta de Andalucía o a través del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). De ellos, hay unos 300 decretos firmes de demolición que están pendientes de ejecución. Sobre este punto, el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, explicó que «no hay ninguna presión especial por parte de la Junta para que se ejecuten estos expedientes, pero sí unos cauces administrativos que hay que cumplir».El primer edil quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias afectadas al asegurar a este periódico que «la voluntad del equipo de gobierno es salvar todas las viviendas posibles, siempre que la ley lo permita».Para ello, el regidor municipal apostó por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como principal vía de regularización. «Sería muy duro que se tuvieran que demoler casas que en un futuro podrían ser legalizadas». Sin embargo, la aprobación del PGOU podría retrasarse hasta un año, tal y como reconoció el propio Sánchez, de modo que se están barajando otras fórmulas «intermedias». Según ha podido saber SUR, una posible opción sería aplicar el concepto de Urbanización Rural a aquellas viviendas irregulares que formen núcleos de población.En este sentido, cabe recordar que la mayor parte de estas casas se encuentran en diseminados como Valtocado, La Alberquilla, La Alquería o Entrerríos.No obstante, el alcalde sí avanzó que habrá casos en los que no sea posible la regularización y haya que restablecer la situación urbanística, como donde haya viviendas que invadan el dominio público o que estén edificadas sobre espacios protegidos. Además, también quiso dejar claro que la vuelta a la legalidad de estas construcciones no eximiría a sus propietarias de hacer frente a las pertinentes sanciones económicas.Los vecinos afectados tienen previsto reunirse mañana a partir de las 12.00 horas en el Auditorio Municipal.