sábado, 19 de enero de 2008

Interpretación dispar de los jueces en los fallos por delito urbanístico. Marbella (Málaga Hoy)

La Fiscalía solicita penas de prisión en todos los juicios por delito urbanístico en Marbella

Julián Muñoz y un grupo de ex concejales del GIL están pendientes en estos momentos de dos sentencias por un delito urbanístico juzgados hace unas semanas. Una corresponde al Juzgado de lo Penal número 7 y otra al número 8, que también han dictado los dos últimos fallos por atentar contra la ordenación del territorio durante la era GIL. En este caso, ambos se decantaron por una multa, una de las opciones de pena del tipo de delito, recogido en el artículo 320 del Código Penal. Otra es la prisión, de seis meses a dos años, además de la absolución. Hasta ahora, con media docena de vistas orales por delitos urbanísticos celebradas, los jueces han sentenciado de forma distinta por hechos muy similares.El primer juicio por delito urbanístico en Marbella, el del caso Banana Beach, recayó en el Juzgado de lo Penal número 5, que en marzo de 2005 condenó a Muñoz y a otros seis ex ediles del GIL a seis meses de prisión por dar una licencia para levantar casi 300 viviendas en un suelo no urbanizable. La pena fue ratificada por la Sección Segunda y está pendiente de una petición de indulto.El segundo juicio, el del caso Proinsa, también estuvo a cargo del mismo juzgado, que dictó otra sentencia condenatoria de un año de cárcel. El fallo fue confirmado después por la misma Sala.El tercer procedimiento tuvo un recorrido diferente, aunque el desenlace fue el mismo. El Juzgado de lo Penal número 2 absolvió a los ex concejales de un delito contra la ordenación del territorio por autorizar el proyecto básico y el de ejecución de seis viviendas. Tras el recurso presentado en la Audiencia, la Sección Segunda revocó el fallo y condenó a todos los procesados a un año de cárcel. Es el conocido como caso Moansa, que es, junto al anterior, el que mantiene en prisión al ex alcalde Julián Muñoz, que dejó de ser preso preventivo por el caso Malaya contra la corrupción hace unos meses.El resto de sentencias son más recientes. A principios de diciembre pasado, el Juzgado de lo Penal número 7 sentenció al pago de una multa a Muñoz y otros ex ediles. El ex regidor se conformó en esta ocasión, aunque dos ex concejales -Rafael González y Manuel Calle- optaron por ser juzgados y el resultado fue el mismo.La última condena ha sido la del Juzgado de lo Penal número 8, que impuso a Muñoz y a otros cinco ex ediles el pago de una multa de 3.600 euros y siete años de inhabilitación para cargo público por autorizar la ejecución de una vivienda en la zona de Artola de Marbella. La Fiscalía había pedido en sus conclusiones finales un año y medio de cárcel para cada uno de los procesados por un delito continuado contra la ordenación del territorio, ya que la construcción se autorizó en dos comisiones de gobierno diferentes celebradas en 1998.Hay que destacar que el Ministerio Público siempre reclama penas de prisión en los juicios por delito urbanístico en Marbella, aunque los jueces han optado por la multa las dos últimas ocasiones. Tanto la pena de cárcel como la multa van acompañadas de inhabilitación en el Código Penal.De hecho, la Fiscalía considera "innegociable" en las conversaciones iniciadas con los abogados de los ex concejales imponer una pena de prisión a los imputados, cuya cuantía es lo que hay que negociar para poder cerrar el pacto. El máximo será de seis años por el límite establecido por Ley para los delitos conexos, aunque puede ser inferior, no tiene por qué llegar a ese tope.En este sentido, el cambio de criterio que hubo el jueves en la última vista celebrada -en el Juzgado de lo Penal número 5- en cuanto a la sustitución de la pena de cárcel por una multa fue algo "excepcional", según fuentes del Ministerio Público de Málaga. Se hizo de esa manera para "no obstruir el proceso de negociación" entre las partes.

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