La Asociación por la Regularización de las Viviendas (ARV) ya anunció hace meses que se habían detectado irregularidades en el trámite de Audiencia que tenían que hacer cumplir el Ayuntamiento antes de expedientar una vivienda ilegal. Tal y como se aclaró desde la junta directiva del colectivo, «En estos momentos hay unos 40 recursos interpuestos ante el Consistorio por indefensión al no haber sido informados de la audiencia previa».
Según informó el abogado de ARV, Ricardo Santandreu Montero, «un juez ha suspendido cautelarmente, por segunda vez, una orden de demolición». La pretensión con estas denuncias es que la administración local tenga que paralizar y anular el expediente interpuesto. Esta propuesta se hizo llegar al alcalde, Antonio Sánchez, quien argumentó en una sesión plenaria que «esa tarea sólo se puede realizar a instancias del poder judicial».
Suspensión
Desde la directiva, se mostró la sorpresa ante la reacción de los jueces «que mostrando una sensibilidad total ante el problema, deciden suspender las multas mientras la sentencia sea firme para evitar que los afectados sigan pagando». «Esta actitud no la ha tenido ni el propio Ayuntamiento», criticó la asociación.
Según informó el abogado de ARV, Ricardo Santandreu Montero, «un juez ha suspendido cautelarmente, por segunda vez, una orden de demolición». La pretensión con estas denuncias es que la administración local tenga que paralizar y anular el expediente interpuesto. Esta propuesta se hizo llegar al alcalde, Antonio Sánchez, quien argumentó en una sesión plenaria que «esa tarea sólo se puede realizar a instancias del poder judicial».
Suspensión
Desde la directiva, se mostró la sorpresa ante la reacción de los jueces «que mostrando una sensibilidad total ante el problema, deciden suspender las multas mientras la sentencia sea firme para evitar que los afectados sigan pagando». «Esta actitud no la ha tenido ni el propio Ayuntamiento», criticó la asociación.
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