martes, 18 de noviembre de 2008

La Junta anuncia mano dura en el urbanismo de la Axarquía. Vélez-Málaga (La Opinión)

El consejero de Ordenación del Territorio asegura que aplicará una política de tolerancia cero a partir de ahora y no descarta que se produzcan demoliciones

IZASKUN GUERRERO. VÉLEZ MÁLAGA El consejero de Vivienda, Juan Espadas, ha advertido que la Junta tendrá tolerancia cero a partir de ahora "con cualquier circunstancia de descontrol" y ha señalado que se tendrá que resolver las situaciones del pasado "que han puesto en peligro suelo de especial protección o equipamiento".
Espadas no adelantó el número de posibles viviendas ilegales en la Axarquía al apreciar que cada municipio "tendrá su propio inventario" aunque sí reconoció que se debe contar con futuras demoliciones como consecuencia de la actuación de la Junta "sobre cierto tipo de infraestructuras que no reúnan los requisitos de ordenación mínimos".
Durante el primer semestre de 2008, los jueces han solicitado a la Fiscalía más de 200 informes urbanísticos.
Inspección. La Junta de Andalucía ha aprobado en las últimas semanas el Plan de Inspección 2009-2011 por el que el Gobierno autonómico se ha marcado las prioridades de control de la legalidad urbanística en base a la protección de suelo no urbanizable de especial protección y en base a suelo destinado a equipamiento.
Ayer el consejero de Vivienda y de Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se reunió con los 31 alcaldes de la Axarquía para presentarles el modelo de control del urbanismo que se pretende poner en marcha en la zona.
Juan Espadas informó ayer en la III Mesa de Alcaldes por el Desarrollo Urbanístico Ordenado de la Axarquía de que el modelo de inspección persigue la cooperación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos frente a la fiscalía y otros servicios como el Seprona. En la Axarquía han sido los pueblos de Alcaucín, Canillas de Aceituno, La Viñuela, Sayalonga, Cómpeta, Salares y Comares los que han empezado a colaborar en la intención de la Junta de conocer "una foto del urbanismo actual".
Para ello, han seguido las tres pautas requeridas en este proyecto. Los ayuntamientos deben aprobar en pleno la intención de colaboración con la Administración autonómica. Además, los inspectores urbanísticos regionales y los técnicos municipales elaborarán un inventario sobre la edificación ilegal que permita ver la situación de partida del municipio. En tercer lugar, el propio Ayuntamiento realizará su propio plan de inspección coordinado por la Policía Local y el Seprona, a través del cual se informará a la Fiscalía.
En estos momentos, el Gobierno regional contrasta los datos aportados por los Consistorios con fotos aéreas y datos recopilados por el equipo del plan de inspección, de carácter autonómico.

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