La plataforma vecinal M-29 considera que el PGOU de la ciudad es una amnistía que legaliza viviendas irregulares
Ya lo advirtió. La plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de Marbella que poseen viviendas legales y se consideran auténticos ´compradores de buena fe´ afectados por las irregularidades urbanísticas, denunció ayer ante la Fiscalía Superior de Andalucía la "amnistía anunciada" que plantea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente y el órgano judicial ha abierto diligencias para estudiar el caso.
La abogada de la plataforma, Inmaculada Gálvez, cree que esta amnistía beneficiaría a los infractores urbanísticos, al considerar que el nuevo PGOU servirá para evitar que se ejecuten unas 50 sentencias firmes.
Varios miembros de la plataforma se reunieron ayer en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, para argumentar sus sospechas y manifestarles su preocupación por la "quiebra del Estado de Derecho" que suponen.
Los representantes del colectivo le dieron a Sena documentación sobre las sentencias firmes no ejecutadas por el Ayuntamiento de Marbella, la dilación indebida de los procedimientos y el proceso de restauración de la normalidad urbanística "acordado por los distintos partidos" para que "no se continúen investigando los delitos urbanísticos".
El fiscal aclaró que su departamento investigará los asuntos que le competan, ya que el estudio de la mayoría corresponden, desde su punto de vista, a la Fiscalía provincial. No obstante, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía se comprometió a reunirse con la plataforma en enero para acceder a mayor información, especialmente sobre el archivo de delitos urbanísticos por prescripción.
Los vecinos de la 29-M transmitieron a Méndez de Lugo la necesidad de reforzar los juzgados ante las impugnaciones que pueda recibir el documento urbanístico, con el fin de que el proceso no se prolongue durante años. "Los políticos están cogiendo el hábito de dejar pasar el tiempo y aprovecharse de una justicia lenta para que todo se tape y se calle", advirtió Gálvez, quien rechazó la postura del Consistorio marbellí que pretende "legalizar" la situación urbanística bajo la coartada de no tener que hacer frente a las posibles responsabilidades patrimoniales que puedan demandar los promotores en los tribunales por haber sido la propia Administración local la que otorgó licencias en la mayoría de los casos para permitir las obras.
Pero no es así. La abogada de la asociación asegura que los promotores no pueden exigir esa responsabilidad "al haber indicios de que han incurrido en dolo junto a los que les concedieron las licencias", lo que significa que conocían en muchos casos la situación de riesgo que suponía construir a pesar de contar con permiso.
"El Ayuntamiento sabe que un PGOU no puede legalizar una situación que tiene ya un título judicial que inhabilita esas licencias", argumentó Gálvez quien cree que tras este acuerdo entre partidos se puede esconder la posible financiación ilegal de los mismos.
Banderas. Por otra parte, el juzgado número 3 de Marbella ha archivado la causa por la concesión de la licencia de la casa propiedad del actor malagueño Antonio Banderas, al considerar que los delitos están prescritos
Ya lo advirtió. La plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de Marbella que poseen viviendas legales y se consideran auténticos ´compradores de buena fe´ afectados por las irregularidades urbanísticas, denunció ayer ante la Fiscalía Superior de Andalucía la "amnistía anunciada" que plantea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente y el órgano judicial ha abierto diligencias para estudiar el caso.
La abogada de la plataforma, Inmaculada Gálvez, cree que esta amnistía beneficiaría a los infractores urbanísticos, al considerar que el nuevo PGOU servirá para evitar que se ejecuten unas 50 sentencias firmes.
Varios miembros de la plataforma se reunieron ayer en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, para argumentar sus sospechas y manifestarles su preocupación por la "quiebra del Estado de Derecho" que suponen.
Los representantes del colectivo le dieron a Sena documentación sobre las sentencias firmes no ejecutadas por el Ayuntamiento de Marbella, la dilación indebida de los procedimientos y el proceso de restauración de la normalidad urbanística "acordado por los distintos partidos" para que "no se continúen investigando los delitos urbanísticos".
El fiscal aclaró que su departamento investigará los asuntos que le competan, ya que el estudio de la mayoría corresponden, desde su punto de vista, a la Fiscalía provincial. No obstante, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía se comprometió a reunirse con la plataforma en enero para acceder a mayor información, especialmente sobre el archivo de delitos urbanísticos por prescripción.
Los vecinos de la 29-M transmitieron a Méndez de Lugo la necesidad de reforzar los juzgados ante las impugnaciones que pueda recibir el documento urbanístico, con el fin de que el proceso no se prolongue durante años. "Los políticos están cogiendo el hábito de dejar pasar el tiempo y aprovecharse de una justicia lenta para que todo se tape y se calle", advirtió Gálvez, quien rechazó la postura del Consistorio marbellí que pretende "legalizar" la situación urbanística bajo la coartada de no tener que hacer frente a las posibles responsabilidades patrimoniales que puedan demandar los promotores en los tribunales por haber sido la propia Administración local la que otorgó licencias en la mayoría de los casos para permitir las obras.
Pero no es así. La abogada de la asociación asegura que los promotores no pueden exigir esa responsabilidad "al haber indicios de que han incurrido en dolo junto a los que les concedieron las licencias", lo que significa que conocían en muchos casos la situación de riesgo que suponía construir a pesar de contar con permiso.
"El Ayuntamiento sabe que un PGOU no puede legalizar una situación que tiene ya un título judicial que inhabilita esas licencias", argumentó Gálvez quien cree que tras este acuerdo entre partidos se puede esconder la posible financiación ilegal de los mismos.
Banderas. Por otra parte, el juzgado número 3 de Marbella ha archivado la causa por la concesión de la licencia de la casa propiedad del actor malagueño Antonio Banderas, al considerar que los delitos están prescritos
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