Urbanismo detecta medio centenar de inmuebles que han incumplido la ordenanza y que están en muy mal estado · Las multas oscilan entre 600 y 60.000 euros
El temor a las sanciones anunciadas por la Gerencia de Urbanismo a lo largo del pasado año ha hecho que cientos de propietarios de edificios de cien o más años y protegidos hayan apurado casi hasta el último momento para tramitar la inspección técnica a la que están obligados estos inmuebles. El responsable del servicio de Arquitectura de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente, confirmó que a fecha 31 de diciembre, fecha límite para la presentación de este informe, habrá cumplido con la normativa unas 1.300 construcciones de las más de 2.200 existentes en la capital, a las que hay que sumar otras 300 que han certificado que han sido objeto de rehabilitación integral en los últimos años.
Según los datos del departamento municipal, aportados ayer durante el Consejo de Urbanismo, el 70% de las edificaciones que estaban obligadas a ello han realizado el trámite, un dato que se sitúa muy por encima de las previsiones iniciales de los responsables de Urbanismo y del ofrecido en otras ciudades donde se han puesto en marcha iniciativas semejantes. Es el caso de Sevilla, donde de los más de 4.000 bloques que tenían que realizar esta inspección, sólo lo hicieron 24.
A partir de ahora, los técnicos municipales tendrán que trabajar en la redacción de los expedientes sancionados a los que se enfrentarán los alrededor de 600 propietarios o comunidades de propietarios que han eludido el examen de las instalaciones y elementos de las construcciones. En este sentido, Pérez de la Fuente confirmó que las multas a las que se exponen todos ellos oscilan entre un mínimo de 600 euros y un máximo de 60.000, aunque apuntó que "en muy pocos casos se aplicará lo mínimo".
La intención del equipo de gobierno pasa por aplicar las multas de acuerdo con un proceso escalonado, de acuerdo con el estado en el que se encuentran las diferentes edificaciones. Así, la primera franja de interés se corresponde con medio centenar de inmuebles en situación ruinosa, a la que seguirían los edificios protegidos y, finalmente, el resto. En el tiempo en que se tramiten las sanciones, los dueños de las edificaciones podrán elaborar las citadas ITEs, según apuntó el jefe de Arquitectura.
El técnico municipal señaló, además, que de las 1.300 construcciones que han sido objeto de inspección por profesionales espacializados, un 70% cuentan con informe positivo, con lo que se corrobora las buenas condiciones en las que se encuentran, mientras un 30% (390) tienen informe negativo, con lo que habrán de ser sometidas a obras de restauración y mejora. Pérez de la Fuente precisó que en estos últimos casos, la mayoría de desperfectos detectados están relacionados con problemas de estanqueidad y de instalaciones eléctricas o fontanería, contabilizándose pocas situaciones de debilidad en las estructuras.
Los datos fueron aportados por la Gerencia de Urbanismo ayer tras ser solicitados por el concejal del PSOE Sergio Brenes. El edil socialista pidió además datos sobre el funcionamiento de la línea de subvención abierta por el Ayuntamiento para aliviar el costo de elaboración de las inspecciones técnicas. De los 90.000 euros puestos a disposición de los ciudadanos, se han empleado apenas 35.000 euros, empleados en un total de 70 solicitudes. La baja repercusión de estas subvenciones fue justificada por el jefe de Arquitectura en el escaso tiempo del que han dispuesto los propietarios para tramitar sus peticiones.
El temor a las sanciones anunciadas por la Gerencia de Urbanismo a lo largo del pasado año ha hecho que cientos de propietarios de edificios de cien o más años y protegidos hayan apurado casi hasta el último momento para tramitar la inspección técnica a la que están obligados estos inmuebles. El responsable del servicio de Arquitectura de Urbanismo, Javier Pérez de la Fuente, confirmó que a fecha 31 de diciembre, fecha límite para la presentación de este informe, habrá cumplido con la normativa unas 1.300 construcciones de las más de 2.200 existentes en la capital, a las que hay que sumar otras 300 que han certificado que han sido objeto de rehabilitación integral en los últimos años.
Según los datos del departamento municipal, aportados ayer durante el Consejo de Urbanismo, el 70% de las edificaciones que estaban obligadas a ello han realizado el trámite, un dato que se sitúa muy por encima de las previsiones iniciales de los responsables de Urbanismo y del ofrecido en otras ciudades donde se han puesto en marcha iniciativas semejantes. Es el caso de Sevilla, donde de los más de 4.000 bloques que tenían que realizar esta inspección, sólo lo hicieron 24.
A partir de ahora, los técnicos municipales tendrán que trabajar en la redacción de los expedientes sancionados a los que se enfrentarán los alrededor de 600 propietarios o comunidades de propietarios que han eludido el examen de las instalaciones y elementos de las construcciones. En este sentido, Pérez de la Fuente confirmó que las multas a las que se exponen todos ellos oscilan entre un mínimo de 600 euros y un máximo de 60.000, aunque apuntó que "en muy pocos casos se aplicará lo mínimo".
La intención del equipo de gobierno pasa por aplicar las multas de acuerdo con un proceso escalonado, de acuerdo con el estado en el que se encuentran las diferentes edificaciones. Así, la primera franja de interés se corresponde con medio centenar de inmuebles en situación ruinosa, a la que seguirían los edificios protegidos y, finalmente, el resto. En el tiempo en que se tramiten las sanciones, los dueños de las edificaciones podrán elaborar las citadas ITEs, según apuntó el jefe de Arquitectura.
El técnico municipal señaló, además, que de las 1.300 construcciones que han sido objeto de inspección por profesionales espacializados, un 70% cuentan con informe positivo, con lo que se corrobora las buenas condiciones en las que se encuentran, mientras un 30% (390) tienen informe negativo, con lo que habrán de ser sometidas a obras de restauración y mejora. Pérez de la Fuente precisó que en estos últimos casos, la mayoría de desperfectos detectados están relacionados con problemas de estanqueidad y de instalaciones eléctricas o fontanería, contabilizándose pocas situaciones de debilidad en las estructuras.
Los datos fueron aportados por la Gerencia de Urbanismo ayer tras ser solicitados por el concejal del PSOE Sergio Brenes. El edil socialista pidió además datos sobre el funcionamiento de la línea de subvención abierta por el Ayuntamiento para aliviar el costo de elaboración de las inspecciones técnicas. De los 90.000 euros puestos a disposición de los ciudadanos, se han empleado apenas 35.000 euros, empleados en un total de 70 solicitudes. La baja repercusión de estas subvenciones fue justificada por el jefe de Arquitectura en el escaso tiempo del que han dispuesto los propietarios para tramitar sus peticiones.
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