Una intervención telefónica permitió detectar la venta de una parcela a una hija del regidor por parte de un constructor. En ningún momento se ha hablado de "trama organizada"
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Todo el mundo sabía que la Axarquía estaba en el punto de mira de la Fiscalía. En la comarca no hay grandes promociones inmobiliarias, pero sí muchas viviendas particulares levantadas en suelo rústico. Sólo era cuestión de elegir por dónde empezar. Y la investigación se inició por la cúspide, por el propio alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE). La sección de Medio Ambiente investigaba una licencia ilegal concedida por la corporación, pero al detectar pagos bajo cuerda lo pasó a Anticorrupción.
Para aquilatar las sospechas, los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomaron dos decisiones: intervenir el teléfono del regidor y de los empresarios que más relación tenían con él y, cuando de las grabaciones se desprendieron indicios sólidos, se le realizó un seguimiento a José Manuel Martín.
Así pues, el seguimiento personalizado del político y las grabaciones telefónicas son las dos claves básicas para sustentar todas las imputaciones. El último se efectuó durante varios meses antes de la detención. En total, las pesquisas tienen más de un año y parten de un asunto que ya se investigaba en un juzgado de instrucción: el de la licencia ilegal.
"Todo o casi todo está basado en las escuchas practicadas", explican fuentes cercanas al caso. En una de esas grabaciones se puede escuchar a un empresario con intereses inmobiliarios en el municipio y al alcalde cerrando la venta de una parcela que irá a parar finalmente a una de las hijas del regidor. La escucha dura un minuto y medio.
En la conversación, los interlocutores acuerdan dejar la compraventa para el año siguiente ya que así la operación sería menos gravosa a efectos impositivos.
En cualquier caso, las fuentes consultadas insisten en que en ningún caso se ha hablado de "trama organizada", como ocurre en las causas de corrupción de Marbella y Estepona.
Asimismo, las pesquisas afectan a pequeñas promociones y casas aisladas en suelos rústicos o no urbanizables.
La novedad, como ya se conoció recientemente, es que las casas eran vendidas a personas residentes en el extranjero. Las construcciones por supuesto se levantaban, según la nota de la Guardia Civil, en suelo no urbanizable.
Los cargos públicos, al mismo tiempo, hacían la vista gorda o encubrían los tejemanejes administrativos, por lo que recibían pagos dinerarios o en especie, según el caso.
Simultáneamente, como explica el Instituto Armado, los arquitectos arrestados emitían certificaciones falsas o manipulaban los informes al objeto de dar apariencia de legalidad a las anotaciones catastrales.
Para extremar el sigilo con el que se ha desarrollado la operación los agentes de la Guardia Civil provenían del Grupo de Delitos Urbanísticos de la UCO, ubicado en Madrid, y las pruebas recabadas sobre el terreno han sido esenciales para cerrar el círculo en torno a la trama de corrupción.
Ayer se escucharon quejas por el trato recibido por los detenidos. Fueron arrestados el viernes y la juez no comenzó a tomarles declaración hasta el lunes, y también se alzó la voz, una vez más, contra el secreto del sumario decretado por la instructora, que estaría provocando la indefensión de las partes.
Los abogados también se han quejado amargamente de las filtraciones a la prensa, aun cuando sus defendidos todavía no conocen en profundidad de qué hechos concretos se les acusa. Las precauciones en este sentido se han extremado en los últimos tiempos, llegando algunos jueces a abrir investigaciones penales.
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Todo el mundo sabía que la Axarquía estaba en el punto de mira de la Fiscalía. En la comarca no hay grandes promociones inmobiliarias, pero sí muchas viviendas particulares levantadas en suelo rústico. Sólo era cuestión de elegir por dónde empezar. Y la investigación se inició por la cúspide, por el propio alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE). La sección de Medio Ambiente investigaba una licencia ilegal concedida por la corporación, pero al detectar pagos bajo cuerda lo pasó a Anticorrupción.
Para aquilatar las sospechas, los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomaron dos decisiones: intervenir el teléfono del regidor y de los empresarios que más relación tenían con él y, cuando de las grabaciones se desprendieron indicios sólidos, se le realizó un seguimiento a José Manuel Martín.
Así pues, el seguimiento personalizado del político y las grabaciones telefónicas son las dos claves básicas para sustentar todas las imputaciones. El último se efectuó durante varios meses antes de la detención. En total, las pesquisas tienen más de un año y parten de un asunto que ya se investigaba en un juzgado de instrucción: el de la licencia ilegal.
"Todo o casi todo está basado en las escuchas practicadas", explican fuentes cercanas al caso. En una de esas grabaciones se puede escuchar a un empresario con intereses inmobiliarios en el municipio y al alcalde cerrando la venta de una parcela que irá a parar finalmente a una de las hijas del regidor. La escucha dura un minuto y medio.
En la conversación, los interlocutores acuerdan dejar la compraventa para el año siguiente ya que así la operación sería menos gravosa a efectos impositivos.
En cualquier caso, las fuentes consultadas insisten en que en ningún caso se ha hablado de "trama organizada", como ocurre en las causas de corrupción de Marbella y Estepona.
Asimismo, las pesquisas afectan a pequeñas promociones y casas aisladas en suelos rústicos o no urbanizables.
La novedad, como ya se conoció recientemente, es que las casas eran vendidas a personas residentes en el extranjero. Las construcciones por supuesto se levantaban, según la nota de la Guardia Civil, en suelo no urbanizable.
Los cargos públicos, al mismo tiempo, hacían la vista gorda o encubrían los tejemanejes administrativos, por lo que recibían pagos dinerarios o en especie, según el caso.
Simultáneamente, como explica el Instituto Armado, los arquitectos arrestados emitían certificaciones falsas o manipulaban los informes al objeto de dar apariencia de legalidad a las anotaciones catastrales.
Para extremar el sigilo con el que se ha desarrollado la operación los agentes de la Guardia Civil provenían del Grupo de Delitos Urbanísticos de la UCO, ubicado en Madrid, y las pruebas recabadas sobre el terreno han sido esenciales para cerrar el círculo en torno a la trama de corrupción.
Ayer se escucharon quejas por el trato recibido por los detenidos. Fueron arrestados el viernes y la juez no comenzó a tomarles declaración hasta el lunes, y también se alzó la voz, una vez más, contra el secreto del sumario decretado por la instructora, que estaría provocando la indefensión de las partes.
Los abogados también se han quejado amargamente de las filtraciones a la prensa, aun cuando sus defendidos todavía no conocen en profundidad de qué hechos concretos se les acusa. Las precauciones en este sentido se han extremado en los últimos tiempos, llegando algunos jueces a abrir investigaciones penales.
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