miércoles, 4 de marzo de 2009

La Diputación investigará e informará acerca de la implicación del arquitecto. Alcaucín (La Opinión)

PSOE, IU y PP muestran su respaldo al resto de trabajadores del servicio. Los populares aseveran que el imputado firmaba con el sello de la institución

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA El equipo de gobierno de la Diputación de Málaga, integrado por el PSOE e IU, se comprometió en el pleno de ayer a investigar e informar acerca de la presunta vinculación de uno de sus funcionarios en la operación contra la corrupción urbanística de Alcaucín, que ha supuesto la detención de un total de trece personas.
El presidente de la institución, Salvador Pendón, insistió en que ya se ha puesto en marcha una comisión para tratar de esclarecer lo ocurrido, si bien recordó que la labor de investigación recae en la actualidad en la justicia, lo que restringe la iniciativa de las administraciones.
Pendón incidió en la necesidad de conocer los detalles de la implicación del funcionario para desvincular las presuntas irregularidades de la institución, que, en su opinión, no tiene relación con el caso, ya el trabajador, miembro del servicio de arquitectura, actuó a título personal.
De esta forma, intentó contrarrestar las acusaciones del portavoz del PP, José Francisco Salado, que, en el apartado de ruegos y preguntas, reprochó al equipo de gobierno la falta de control en las tareas de sus trabajadores. "Los documentos que envió a Alcaucín contaban con el membrete de la Diputación y habían pasado el registro", señaló.
Una opinión que Pendón trató de rebatir con el argumento de que los documentos rubricados por el imputado no corresponden a las tareas del servicio de la Diputación, que se limitan a la redacción de proyectos y a la dirección de obras de determinadas localidades. "Si asume otras funciones a título particular, no tenemos forma de saberlo, máxime si actúa, como es el caso, con nocturnidad y alevosía", reseña.
El presidente de la institución añadió que todas las cartas que se envían a las administraciones locales cuentan con su firma "y no con la de un técnico", como es el caso de las que, supuestamente, elaboró el imputado.
El debate sobre este extremo, desarrollado cinco horas después del inicio del pleno, dejó clara la opinión al respecto de todos los grupos políticos, que parecen coincidir en destacar la ausencia de responsabilidad del resto de trabajadores de la institución.
Los tres portavoces, sin ir más lejos, subrayaron la "honestidad" y "valía" de los integrantes del servicio de arquitectura de la Diputación, que asumen una gran carga de trabajo de manera ejemplar, resaltaron. "Si un funcionario está implicado en un caso de corrupción por su actividad privada, esto no incluye a la administración a la que pertenece", apuntó Encarnación Páez, representante de IU.
El respaldo a los trabajadores y al conjunto de los funcionarios de la Diputación sirvió para atemperar los ánimos del debate, que, durante las declaraciones previas a la sesión, se postulaba inconciliable. El líder de los populares, en su comparecencia con los medios, había amenazado con solicitar un pleno extraordinario en el caso de que se rechazara la posibilidad de impulsar una comisión de investigación, mientras que Pendón, tampoco parecía muy dispuesto a las medias tintas: "Si se empeñan en vincular a la institución con el caso, trasladaremos el asunto a los servicios jurídicos".
No obstante, ninguna de las dos medidas asomó por el pleno. La promesa de Salvador Pendón de investigar lo ocurrido contentó a la oposición, que, sin embargo, mantuvo sus reticencias respecto al control de los documentos que se expiden en la institución provincial. "Si no existe esa supervisión, habrá que ponerla en marcha", concretó Salado.

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