Dispuestos a recurrir a los juzgados para organizar una manifestación por las calles de Mijas. Así es como están los miembros de la Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas, cuyo presidente Juan Antonio Blanco, denunció ayer un trato «diferente» para poder organizar una marcha por las calles del municipio ante la negativa reiterada por parte de la Subdelegación del Gobierno. «Acudiremos a instancias judiciales para ejercer nuestro derecho», apuntó.
Los afectados, que en principio querían paralizar unas horas el centro urbano, han buscado otras rutas alternativas para que se les conceda este derecho como medio de protesta por su situación. «Pedimos más sensibilidad en la atención de estos temas, que no son sólo procedimientos administrativos, sino también expedientes humanos en los que se está jugando con los sentimientos y la estabilidad de muchas familias», declaró el portavoz.
Además, el representante aseguró que el Ayuntamiento de Mijas sigue enviando multas coercitivas a viviendas que ya tienen una sentencia de suspensión cautelar sobre sus expedientes de demolición, lo que conlleva la paralización de estas sanciones económicas, difíciles de asumir por los vecinos.
«No podemos hacer frente a estos pagos. Pedimos que se actúe en consecuencia con la justicia y se revisen estas cuestiones cuanto antes para poder vivir tranquilos», reiteró Blanco.
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