El ministro de Fomento, José Blanco, volverá a convocar en breve a los principales grupos de construcción e infraestructuras de España con el objetivo de concretar los mecanismos que dinamicen el mercado de obra pública.
La idea central es inyectar otros 15.000 millones de euros a través de sistemas de colaboración público privada.
El problema es que el sector se encuentra en una de sus horas más bajas debido a la crisis de crédito. Los bancos no sólo han restringido recursos a nuevos proyectos, sino que han puesto en serios aprietos a contratos de concesión adjudicados hace dos y tres años. El ejemplo más reciente es la autopista de peaje de Alto de las Pedrizas-Málaga, adjudicada en 2006 a un consorcio liderado por Sacyr, que necesita la inyección de nuevos fondos para evitar el riesgo de colapso.
La sociedad concesionaria, denominada Autopista Guadalmedina (80% Sacyr, 20% Gea 21), ganó el concurso convocado por la ex ministra Magdalena Álvarez en dura pugna con otras ofertas rivales, entre las sobresalían Ferrovial, ACS, OHL, FCC y Acciona. Finalmente, el Ministerio optó por la oferta de Sacyr, que se comprometió a realizar una inversión de 367 millones de euros y a aplicar descuentos en los peajes.
Según fuentes próximas a las compañías afectadas, la clave está en la financiación ajena. Sacyr y Gea 21 han hecho todo lo que está en su mano. Han inyectado fondos por más de 100 millones de euros, con los que han ejecutado más de un 30% de las obras para un corredor de 25 kilómetros de longitud. Las mismas fuentes admiten que, para seguir adelante, la intervención de Fomento es vital.
Fomento podría desbloquear el asunto con la inyección de un crédito participativo
Desde el Ministerio reconocen que se analizan varias opciones, como facilitar el acceso al crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o involucrarse accionarialmente a través de un préstamo participativo (esta opción fue descartada por la sociedad en 2006). El departamento que dirige José Blanco también podría recurrir a la resolución de la concesión por incumplimiento de contrato, aunque se trata de una alternativa traumática que no beneficia ni a las empresas ni al propio Ministerio, por los nuevos retrasos.
Además, esta medida dejaría en un mal lugar a Fomento cuando está abriendo nuevos cauces para implicar a la iniciativa privada (constructoras y bancos) en la ejecución del plan de infraestructuras.
El caso de la autopista de peaje malagueña no es aislado, ya que en el resto del territorio se multiplican los proyectos con problemas de viabilidad. El foco de atención está en Madrid, donde hay varias sociedades concesionarias con el agua al cuello.
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