sábado, 7 de noviembre de 2009

MARBELLA Promotoras con viviendas paralizadas reclaman 35 millones al Ayuntamiento. (SUR)

Las empresas esgrimen licencias de obras otorgadas en la era GIL que afectan a más de 1.200 pisos y villas.

La empresa Nesgar abrió la veda hace dos años con una reclamación patrimonial de 27 millones de euros. Desde entonces, al Ayuntamiento de Marbella se le acumulan en la asesoría jurídica las demandas de promotoras con licencias de obras otorgadas durante la era GIL a las que los tribunales le han paralizado o anulado la construcción de viviendas. Hasta el momento, son cuatro las empresas que han presentado expediente de responsabilidad patrimonial y 35 millones de euros el montante global que reclaman al Consistorio por el perjuicio que les ha supuesto no poder construir en el término municipal. En todos ellos, el Ayuntamiento opta por rechazar la demanda. «El Consistorio responderá de aquellas reclamaciones que sean de su obligación legal, pero no de las responsabilidades penales que tuviesen que cumplir otras personas», explica el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Régimen Interior, Félix Romero.

Las promotoras apenas han podido levantar la estructura. Es el caso de Nesgar Promociones, empresa radicada en Madrid, que también opera en Toledo y Palma de Mallorca. En Marbella proyectaba la construcción de un millar de viviendas en la zona conocida como 'El Olivar de Los Monteros'. La Junta de Andalucía impugnó el acuerdo plenario por el que se le concedió en 2002 la licencia de obras, alegando que era contraria al planeamiento urbanístico vigente. El 11 de diciembre de 2003 el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) paralizó de forma cautelar los trabajos hasta determinar la legalidad de los mismos. Cuatro años más tarde, con el cambio de gobierno y el procedimiento judicial aún abierto, la mercantil decidió pedir responsabilidades al Consistorio por los gastos y los daños causados durante el mandato de Jesús Gil.

Los 27 millones de euros corresponden, según explicó la empresa a este periódico, al coste de la suspensión de la licencia de obras, tanto por la paralización de la ejecución de los bloques de viviendas, como por los gastos de urbanización, entre ellos el pago de la propia licencia, del permiso de desmonte, la tala de los olivos para iniciar la construcción y la edificación de las viviendas de las que tan sólo llegaron a levantar parte de la estructura. En este apartado también incluyen la fianza que tuvieron que devolver a los particulares que compraron sobre plano.
El esqueleto de hormigón aún se puede ver junto al hospital Costa del Sol, dos plantas en superficie acompañadas de viales, rotondas y hasta farolas abandonadas, que dan a la urbanización una imagen fantasmagórica.

El Ayuntamiento de Marbella votó por unanimidad en pleno rechazar la reclamación millonaria de Nesgar, una decisión que cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía donde deja claro que «el perjuicio patrimonial que alega el demandante no procede al Ayuntamiento, sino a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que interpuso el procedimiento judicial».

Consejo Consultivo
El equipo de gobierno pensó entonces que el dictamen del Consejo, sin ser vinculante, sí podría servir para disuadir a otras muchas empresas que se encontraban en una situación similar. Romero se mostró entonces convencido de que muchas de estas instancias, presentadas en el registro de entrada del Consistorio, no eran «honestas». «Existen empresarios sin escrúpulos que intentan resarcirse de las consecuencias de una actuación delictiva e ilícita con anteriores equipos de gobierno», dijo en clara referencia al GIL. Sin embargo, el dictamen no sentó el precedente que los populares esperaban. Y tras Nesgar, llegaron otros tres expedientes más, aunque éstos de menor cuantía. Se trata de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de Baliser, Builtest 95 S.L. y Los Monteros III Servicios Inmobiliarios, S.L.

La empresa Baliser reclama 90.000 euros por la paralización una vivienda unifamiliar en Arroyo Nagüeles cuya licencia entiende que fue otorgada por silencio administrativo. Builtest 95 solicita siete millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento por la nulidad de la licencia de obras de 102 viviendas en Nueva Andalucía de las que no existen ni los cimientos.

El tercer caso, el de Los Monteros III Servicios Inmobiliarios, supone una cuantía de 113.763,02 euros. La promotora pide una indemnización por 72 viviendas en El Cortijo de Los Monteros con aparcamientos y zona común, un expediente que ha sido rechazado por el Consistorio.

Denegar las peticiones no significa que la reclamación no siga aún pendiente, ya que la empresa puede solicitarla por la vía judicial. En la mayoría de los casos, las promotoras esperan a la aprobación definitiva del PGOU, prevista para los próximos meses, antes de emprender acciones legales. El Plan Urbanístico podría convertirse, así, en un arma de doble filo para el Ayuntamiento.

Según el equipo de gobierno, muchas empresas esperan al desarrollo del PGOU para decidir si reclaman o no. Para entonces el Ayuntamiento prevé que el número de demandas por este concepto se dispare. Aunque el documento ampara la mayoría de las viviendas irregulares, la Junta llegó a impugar durante once años hasta 300 licencias de obra que ahora podrían convertirse en expedientes de responsabilidad patrimonial.

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