El fiscal de Medio Ambiente interpone dos denuncias contra Juan Sánchez y una contra Pedro Fernández por no perseguir edificaciones ilegales · Investiga una segunda casa en Colmenar en suelo no urbanizable
La Fiscalía de Medio Ambiente ha interpuesto en los juzgados dos denuncias contra el ex alcalde de Casares y actual presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, Juan Sánchez (Izquierda Unida) y otra contra el actual regidor de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), por presunta prevaricación omisiva, ya que presumiblemente no persiguieron la edificación de viviendas en suelo no urbanizable.
Junto a los alcaldes ha sido denunciado también por prevaricación omisiva el concejal de Urbanismo de Casares, Pedro González. Además, el fiscal ha observado indicios de delito contra la ordenación del territorio en la actuación de un promotor de Colmenar y de falsedad documental en el arquitecto cuya identidad corresponde a las iniciales M. A. L. G.
La Fiscalía de Medio Ambiente abrió las primeras investigaciones en el cuarto trimestre de 2008, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil le comunicó que casi cinco años antes había denunciado una edificación ilegal en Casares que todavía permanecía en pie. Entonces comprobó que el Ayuntamiento había abierto un expediente sancionador en febrero de 2004 que concluyó en marzo con la orden de demoler la construcción en suelo no urbanizable. Incluso, al mes siguiente el Seprona denunció la misma vivienda, ubicada en el paraje Los Palacios.
En el curso de esta investigación, la Fiscalía pidió información sobre lo sucedido con el expediente, que finalmente el Ayuntamiento declaró caducado en octubre de 2008.
En la segunda denuncia se explica que en noviembre de 2003, el Ayuntamiento de Casares ordenó demoler otra vivienda. Sin embargo, los trabajos no sólo no se suspendieron sino que el Consistorio autorizó la acometida de agua.
En 2005, a requerimiento de la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento informó de que había ordenado el derribo de la casa, a pesar de que el expediente había prescrito hacía meses. La situación quedó en este punto hasta que la Fiscalía abrió una investigación y al reclamar información sobre el procedimiento el Ayuntamiento declaró formalmente su caducidad.
El ex alcalde y concejal de Hacienda de Casares, Juan Sánchez, señaló ayer que "jamás" ha concedido ninguna licencia para edificar en rústico y que siempre se ha ordenado por decreto la demolición de edificaciones denunciadas por el Seprona. Sánchez se mostró "tranquilo", a la espera de poder aportar al juzgado documentación que aclare su actuación, con la confianza de haber estado siempre "dentro de la ley" a pesar de la falta de medios del Ayuntamiento.
La denuncia contra el alcalde de Colmenar se refiere a otra vivienda que la Fiscalía de Medio Ambiente entiende que se ha permitido en suelo no urbanizable. En este caso, el Ayuntamiento denegó en 2003 licencia para levantar una casa. Sin embargo, la vivienda se hizo, el particular pagó el impuesto de construcciones, obtuvo acometida de agua y el certificado de final de obras. La Fiscalía entiende que, en estas circunstancias, el alcalde del municipio tenía conocimiento de la existencia de esta vivienda ilegal pero no hizo nada, de ahí que entienda que pudo incurrir en prevaricación urbanística por omisión.
En enero de 2009 el Seprona denunció esta edificación y fue entonces cuando el Consistorio abrió un expediente sancionador. En este asunto, también ha sido denunciado el promotor de la casa y un arquitecto que, según la Fiscalía, certificó en diciembre de 2003 que la obra tenía más de cinco años de antigüedad a pesar de que había comenzado a construirse ese año.
Además, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene abierta otra causa por presunta prevaricación omisiva en Colmenar, también derivada de una denuncia del Seprona por una vivienda levantada en suelo no urbanizable.
El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández, indicó ayer tarde que desconocía estos asuntos en los que incluso "hay algo que no cuadra porque los ayuntamientos no expiden certificados de final de obra". Precisó que no cree que haya actuado irregularmente, aunque puso de relieve el volumen de viviendas irregulares que existen en la provincia y el riesgo de que los alcaldes puedan incurrir en prevaricación omisiva.
EL SEÑOR CONCEJAL DE URBANISMO, NO SOLO NO HA VELADO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, TAMBIÉN HA PERMITIDO QUE SU PADRE SE HAGA UNA VIVIENDA EN EL CAMPO, ILEGAL COMO TODAS LAS DEMÁS, SU CUÑADA UNA EN ZONA VERDE EN EL CASCO URBANO, LA PRIMA DE SU MUJER CASA ILEGAL, LA OTRA PRIMA OTRA ILEGAL, ETC... AHORA QUIEREN CULPAR AL POCO PERSONAL, ESTE AYUNTAMIENTO TIENE UNA DE LAS PLANTILLAS MÁS GRANDES EN RELACIÓN AL NÚMERO DE HABITANTES, TAMBIÉN DECIR QUE PARA CAMBIAR NORMAS SUBSIDIARIAS, PARA CAMBIAR O MODIFICAR PLANES DE ACTUACIÓN EN LA COSTA PARA LAS GRANDES EMPRESAS DE URBANISMO, PARA ESO SI HABÍA PERSONAL Y MUCHO.
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