La Fiscalía denuncia a Juan Sánchez por prevaricación. Casares (La Opinión)

l acusador público entiende que el ex regidor y un concejal dejaron caducar supuestamente dos expedientes de restauración de la legalidad urbanística

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA El área de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga ha presentado dos denuncias contra el ex alcalde de Casares y actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez (IU), y el edil de Urbanismo del municipio, Pedro González, por un par de supuestos delitos de prevaricación omisiva.

En febrero de 2004, el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento realizó una inspección y detectó la construcción de una vivienda unifamiliar sobre suelo no urbanizable. La obra no contaba con licencia municipal. Así, en marzo, el Consistorio incoó un expediente de restauración de la legalidad urbanística y decretó la suspensión de los trabajos. Un mes después, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó la casa, ubicada en el paraje de Los Palacios, y lo denunció al Consistorio.

En octubre de 2008, agentes del Seprona comprobaron que la casa se había terminado, por lo que se lo comunicaron a la Fiscalía de Medio Ambiente. Ésta incoó diligencias de investigación a finales del pasado año, y le reclamó al Consistorio que le enviara el expediente, de forma que esta administración emitió una nueva resolución y declaró caduco el mismo (prescriben al año).

Por tanto, el acusador público entiende que el regidor y su edil de Urbanismo podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación omisiva, castigado con penas de prisión de entre seis meses y dos años o multa, e inhabilitación de entre siete y diez años de duración.

En relación al segundo caso, el Seprona detectó otra construcción en suelo no urbanizable en octubre de 2003 y lo puso en conocimiento del Consistorio. Éste incoó el expediente y decretó la paralización de los trabajos en noviembre de ese ejercicio. En este caso "el alcalde concedió la autorización para la acometida de agua".

En 2005, la Consejería de Obras Públicas realizó una inspección y detectó que la casa estaba en construcción. El Consistorio le dijo que había decretado la suspensión de los trabajos mucho antes. El Seprona volvió a comprobar que éstos continuaban realizándose y, en diciembre de 2008, el Ayuntamiento declaró la caducidad del expediente. Por tanto, habría dejado que concluyeran dos obras irregulares. En este caso, también se habría cometido un presunto delito de prevaricación omisiva.

Versión de Sánchez. El ex alcalde de Casares Juan Sánchez afirmó que "el Ayuntamiento nunca ha dado una licencia de obra para edificar en suelo rústico. Siempre ha actuado en defensa de la legalidad". Además, aclaró que "hace tiempo que se solicitó una reunión con la Consejería de Obras Públicas para ver si ambas instituciones podían trabajar juntas, porque hay que hablar de los medios que tienen los consistorios más pequeños para controlar el urbanismo. A veces se escapan cosas".

Advertencia. La Fiscalía también advierte de los riesgos en que podrían incurrir los arquitectos que emitan certificaciones de obra nueva falsificando la antigüedad de una construcción. Esto puede conllevar que el notario no exija la licencia de obras ni otros documentos y, por tanto, la casa pueda ser escriturada sin ningún problema.