La Consejería de Vivienda anuncia que está en conversaciones con la empresa propietaria del 60% del solar para evitar que se construyan viviendas y hoteles
El alcalde es partidario del proyecto siempre que lo sufrague el Gobierno autonómico
Arraijanal es la última zona del litoral sin construir. / SUR
Golpe de efecto de la Junta en el debate sobre la protección ambiental del paraje de Arraijanal, junto a la urbanización Guadalmar, el último del litoral malagueño que está libre de construcciones y en el que, hasta el momento, estaba prevista la construcción de varias urbanizaciones de viviendas y hoteles. En un salón del hotel Tryp, a escasos metros de los terrenos de la discordia, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se comprometió a convertir en un parque metropolitano las 54,3 hectáreas que ocupa la parcela.
El consejero no tardó en desvelar sus avales. El primero, las conversaciones que su departamento ya está manteniendo con el principal propietario, Sacyr Vallehermoso (que dispone de un 60% del suelo), para hacerse con los terrenos y evitar así que se construya. Según Espadas, la empresa le ha transmitido su disposición a negociar, e incluso comentó que la propiedad podría aceptar la cuantía que pagó en su día para hacerse con el solar.
Para establecer las compensaciones se barajan varias opciones, que pasan, en primer lugar, por un acuerdo amistoso con los privados; aunque el titular de Ordenación del Territorio no descarta otros instrumentos, como la declaración de interés autonómico del proyecto o la expropiación. «Hemos encontrado un nivel de entendimiento bastante razonable», afirmó.
Subrayó que los privados le han trasladado la impresión de que si las administraciones están de acuerdo en que sea un espacio público, lo estarán también ellos, e intentarán una propuesta equilibrada en lo económico, «sobre la base, al menos, de lo que les costó el terreno». Reconoció sin embargo que aún no se ha empezado a negociar con los dueños del 40% restante.
Acuerdo
Para cerrar el acuerdo, el consejero pidió la colaboración del Ayuntamiento de la capital y consideró que lo «razonable» es que en la mesa de negociación con los propietarios se sienten la Junta y el Consistorio. Para ello, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, trasladará en los próximos días al alcalde, Francisco de la Torre, los planes del Gobierno autonómico.
Una vez que obtenga los terrenos, la Consejería acometerá un parque periurbano similar al del Alamillo de Sevilla o al de Los Toruños, en la Bahía de Cádiz, con el objetivo de preservar y poner en valor el ecosistema y los restos arqueológicos existentes, mediante dunas, zonas de vegetación mediterránea, pasarelas de madera, una laguna, un paseo para caballistas y un centro de interpretación.
La actuación, de la que ayer se presentó el anteproyecto, tendría un presupuesto de entre 12 y 15 millones de euros, con un plazo de ejecución de al menos tres años. No obstante, previamente el proyecto será objeto de un concurso público de ideas.
«Es una propuesta atractiva de ordenación del espacio y de recuperación para uso público con la mejor cualificación», expuso el consejero, para quien la protección no se justifica sólo por los elementos ecológicos, sino también por los culturales, en referencia a los yacimientos arqueológicos existentes.
«La protección de este territorio es una magnífica noticia para los malagueños», subrayó el consejero, y agregó: «La Junta no va de farol, por decisión del Gobierno andaluz esta zona va a ser un parque metropolitano para uso y disfrute de todos los ciudadanos. La decisión está tomada», sentenció.
Plusvalías
Si la iniciativa prospera se rechazaría no sólo el planteamiento inicial del Ayuntamiento y los promotores privados, que pretendían
construir urbanizaciones y hoteles, sino que se perderán también las plusvalías previstas para la ciudad. Un convenio suscrito con la veintena de promotores que tienen intereses en la zona prevé la ejecución de 664 viviendas, hoteles y edificios de uso empresarial, y a cambio el Consistorio prevé recibir 28 millones de euros para destinarlos a la realización de infraestructuras urbanas en la zona oeste.
En el plano legal, la Junta de Andalucía dio en abril un nuevo revés al proyecto para urbanizar los terrenos de Arraijanal con la aprobación del Plan de Ordenación Territorial metropolitano (POTAUM), que lo prohíbe. La Declaración de Impacto Ambiental también rechaza esta posibilidad y está recurrida por los propietarios.
La próxima entrada en vigor (prevista para julio) del POTAUM hará que tengan que adaptarse a sus directrices todos los planes generales que abarca, tanto los nuevos como los que se encuentren en vigor de años anteriores. Esto supone que el proyecto de Arraijanal quedaría anulado.
La Junta de Gobierno Local no se quedó atrás y puso en marcha recientemente la distribución de los suelos, con el argumento de que ello puede hacerse en base a lo recogido en el PGOU del año 1997, que todavía está vigente.
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