La Fiscalía negocia un máximo de seis años de cárcel por todas las licencias ilegales de Marbella (Málaga Hoy)

El Ministerio Público intenta cerrar a instancia de los ex ediles del GIL y por "economía procesal" un pacto para agilizar los casos · Alega que se trata de delitos conexos para los que la Ley fija una pena tope

La Fiscalía negocia tras ser requerida por los abogados de los ex ediles del GIL, entre los que está el ex alcalde Julián Muñoz, un trato para evitar que los casos por delito urbanístico en Marbella se eternicen en los juzgados de Málaga. El acuerdo, muy avanzado, está sólo pendiente de concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales por las decenas de causas que atascan los tribunales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel.¿Por qué es así? Fuentes del Ministerio Público precisaron ayer que se trata de "delitos conexos" que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena mayor que establece el Código Penal. El artículo 320, el que contiene el tipo de delito del que se acusa a los ex ediles, fija un máximo de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. Es decir, el máximo serían seis años de prisión.Éste es el límite y la negociación se moverá de ahí para abajo, por lo que el trato se podría cerrar incluso con una pena menor a esos seis años. Fuentes jurídicas explicaron ayer que se baraja la posibilidad de que al acuerdo se selle finalmente con tres años de cárcel. Lo que la Fiscalía tiene claro es que partirá de una pena de prisión y no de multa, que es la otra opción que permite el delito. Las fuentes apuntaron que eso es "innegociable" y que el trato sólo afectará a las licencias de obras, no a los procedimientos por los convenios urbanísticos u otras irregularidades que se imputan a los ex concejales de Marbella. Otra condición, según las fuentes del Ministerio Público, es que los ex miembros del GIL asumen la "culpabilidad" de los procedimientos que tienen pendientes.La reflexión de la Fiscalía es que si la Ley establece un límite de cumplimiento de pena para los delitos conexos, las decenas de causas por delito urbanístico que hay pendientes se convierten en "una carga" para la Administración de Justicia, es decir, llegaría un momento en el que los juicios no servirían para nada. Uno de los objetivos que persigue el Ministerio Público es, por tanto, la "economía procesal". Las fuentes puntualizaron que se busca que el acuerdo sea "positivo" para la Justicia y que ésta salga beneficiada. Descartaron que se trate de una acumulación de casos.Los contactos se iniciaron a finales del año pasado y el primer interlocutor al que se dirigieron los abogados fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que después derivó el tema a la Fiscalía malagueña. El trato podría estar ultimado en febrero, antes de que se celebre el próximo juicio por delito urbanístico, que es el del caso Belmonsa.El primero que habló ayer del pacto fue el abogado Pablo Luna, defensor de uno de los ex concejales del GIL. Lo hizo tras un juicio por delito urbanístico celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga en el que los acusados se conformaron con la petición de pena solicitada por la Fiscalía por la concesión de sendas licencias que autorizaban la construcción de 89 apartamientos en un suelo rústico.Tras la vista, que duró unos 30 minutos precedidos de más de una hora de negociaciones, Julián Muñoz, Marisa Alcalá y Rafael González fueron condenados a un año de prisión y siete de inhabilitación para cargo público, pena que en el trámite de ejecución se conmutó por una multa de 10.800 euros. José Luis Troyano, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa fueron penados a seis meses de cárcel, aunque la ejecución ha quedado suspendida durante tres años. Javier Lendínez, otro de los acusados, será juzgado otro día porque su abogado no pudo asistir al juicio.Pablo Luna apuntó que la de ayer fue "la primera manifestación pública" de las negociaciones que se llevan a cabo con la Fiscalía. "Empezamos una serie de conversaciones para el bien de todos, entre ellos, la Administración de Justicia por el exceso de trabajo que puede significar la cantidad de juicios pendientes", dijo. Las fuentes del Ministerio Público apuntaron que el cambio de criterio de ayer en cuanto a la sustitución de la pena de prisión por una multa es "excepcional" y se hizo para "no obstruir el proceso de negociación". La Fiscalía siempre pide cárcel en los casos por delito urbanístico en Marbella

Benalmádena tendrá que pagar el doble por el edificio Ovoide (La Opinión)

El nuevo equipo de gobierno tiene que hacer frente al sobreprecio después de que Bolín no ejecutase la opción para comprar las oficinas municipales
El edificio Ovoide, en el paseo del Generalife de Benalmádena, que alberga varias oficinas municipales, costará a las arcas locales un millón de euros más. Este sobreprecio se deriva de un error en la gestión del anterior equipo de gobierno, encabezado por Enrique Bolín, que ahora tendrá que asumir la institución municipal. Los hechos se remontan a enero de 1997 cuando el Ayuntamiento de Benalmádena suscribió un contrato de alquiler de diez años de duración con opción a compra con Jesús Serafín Mayoral, en representación de la propiedad del edificio Ovoide.La compra debía realizarse los diez primeros años de contrato por un precio final de 900.000 euros, al que se descontaría las mensualidades de 6.000 euros, siempre y cuando el Ayuntamiento notificara su decisión de ejercer la opción de compra un mes antes de la fecha de vencimiento. El contrato venció el 31 de diciembre de 2006 y el anterior equipo de gobierno no ejerció la opción de compra. Vencido el contrato, intentaron subsanar el error, pero los propietarios ya no estaban dispuestos a vender el edificio por los 180.000 euros que restaban por pagar, después de descontar el alquiler mensual durante diez años. Al no realizar la compra y tras el impago de varios meses, el 9 de enero de 2007, los propietarios reclamaron al Ayuntamiento las cantidades adeudadas y pidieron que se les devolviera el uso del edificio tras expirar el contrato.El Ayuntamiento ingresó entonces lo adeudado y añadió el coste del edificio, gesto que fue rechazo por los propietarios. De este modo, se frustraba el intento de compra por parte de los propietarios, que interpusieron un contencioso defendiendo lo estipulado en el contrato y negándose a mantener las condiciones de venta una vez expirado el plazo.Cuando el equipo de gobierno de Javier Carnero tomó posesión, se encontró que tenía que pagar millón y medio de euros para comprar el edificio Ovoide, inmueble que se ha hecho imprescindible, ya que acoge los cursos y talleres de empleo y formación, alberga la asociación de Bonsáis, gran parte de la delegación de Juventud y la UNED, entre otros.Además, la zona donde se encuentra el inmueble se ha convertido en una zona céntrica, dado el crecimiento del centro del Arroyo de la Miel por lo que su precio se ha revalorizado. Razón por la cual el equipo de gobierno aprobó en sus presupuestos para el presente año una partida de 1.5 millones de euros para la compra del edificio, aunque el negocio aún no está cerrado y éste podría no ser su precio definitivo.Ante esta situación, el grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado de manera formal la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Benalmádena para aclarar los hechos derivados de que el anterior equipo no ejerciera el derecho de compra del edificio singular Ovoide.

La Junta ve inviable el 32% de los proyectos presentados por los promotores en Marbella (La Opinión)

La Junta de Andalucía entregó ayer al Ayuntamiento de Marbella la memoria de gestión de la Oficina de Planeamiento comprendida entre junio de 2006 y el mismo mes de 2007. En ella se especifican las 233 reuniones que los responsables del organismo mantuvieron con promotores, asociaciones de vecinos, empresas y colectivos sociales con intereses urbanísticos en la ciudad.La alcaldesa, Ángeles Muñoz, señaló que las fichas de las negociaciones contenidas en el informe están redactadas de manera "muy escueta", lo cual le hace pensar que las originales "contenían mucha más información".En el 32% de los casos los responsables de la Oficina de Planeamiento vieron dificultades para legalizar los proyectos urbanísticos presentados, mientras que en un 68% de los asuntos los técnicos no vieron problema alguno a la hora de regularizar esas iniciativas planteadas. Salvo algunas negativas rotundas, la mayor parte de las actuaciones planteadas tienen solución a través del sistema de compensaciones establecido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado inicialmente, a la espera de que sean revisadas las 8.500 alegaciones recibidas.Sólo en algunos casos, los técnicos de la Oficina de Planeamiento se opusieron rotundamente a los proyectos de los promotores, basándose en los anteriores planes urbanísticos, sobre todo el de 1986.Como dato curioso, destaca que varios empresarios hicieron referencia durante esas reuniones al PGOU de 1998, que fue anulado tanto por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo como por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Entre los empresarios que se reunieron con la Oficina hay algunos imputados en el ´caso Malaya´, como Cristóbal Peñarroya, y empresas como Endesa e Iberdrola. También destaca la participación en esos encuentros de algunos organismos públicos como el Centro Andaluz de Emprendedores (CADE) o de entidades religiosas como el Obispado de Málaga, que solicitó a la Junta de Andalucía suelo para albergar sus proyectos religiosos.Entre algunas propuestas de interés resalta la intención de una empresa de construir en Marbella una torre de 35 plantas y siete sótanos, a lo que la Oficina de Planeamiento se opuso. También hay varias propuestas para construir al Norte de la autopista AP-7.Compromiso. En relación con la documentación recibida, la alcaldesa reseñó una frase con la que la Junta justifica la remisión de la memoria al Consistorio marbellí: "Finalmente, ha sido conveniente publicar los resultados y remitir un ejemplar al Ayuntamiento de la memoria de gestión de la Oficina de Planeamiento".La regidora hizo pública la memoria precisamente en aras de "la voluntad de transparencia del Consistorio", precisó, y quiso recalcar el cumplimiento de su compromiso en relación a que daría publicidad al hecho de que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de las citadas fichas "para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a las mismas".Todas las reuniones fueron celebradas, salvo las acaecidas en junio de 2007, bajo el mandato de la comisión gestora que dirigió los destinos de la ciudad marbellí a raíz de la disolución del Consistorio tras el estallido de la operación ´Malaya´, el 29 de marzo de 2006, en el que fueron enviados a prisión una buena parte de los concejales del equipo de gobierno, entre ellos la alcaldesa Marisol Yagüe.

La Junta prevé empezar las obras de ampliación del metro al PTA a finales de este año (La Opinión)

Ferrocarriles Andaluces recibirá el proyecto en mayo y sacará a concurso la ejecución para verano. El tramo entrará en servicio con la línea 1
La llegada del metro hasta el PTA no está tan lejos como se pensaba al principio. Ferrocarriles Andaluces tiene previsto comenzar las obras de esta ampliación en este año, lo que permitirá que entre en servicio a la vez que la mayoría de la línea 1 (La Malagueta-Teatinos) y no como una ampliación posterior, como estaba pensada.Las empresas Cemosa y Proser están encargadas de redactar el proyecto de construcción del ramal, que tendrá entre 6 y 7 kilómetros de longitud. Está previsto que en el mes de mayo entreguen este documento a Ferrocarriles Andaluces, que una vez revisado tiene previsto sacar a concurso la obra para el verano.Esto permitirá que los trabajos se puedan iniciar a finales de este año, avanzando de forma paralela a la construcción de la mayor parte de la línea 1 del metro.Las obras, además, se desarrollarán en superficie, lo que facilitará y acelerará su ejecución, al ser bastante fácil técnicamente.Uno de los aspectos que definirá el proyecto es el trazado definitivo, que pasará por Campanillas hasta el PTA. El objetivo es pasar cerca del núcleo de Campanillas, para captar al mayor número potencial de clientes, además de servir de conexión con el PTA.Los estudios sobre la viabilidad de este ramal estiman que podrá transportar a unos 5.000 trabajadores de la tecnópolis, de los 8.000 con los que cuenta. Además, existen unos 18.000 potenciales viajeros que viven en Campanillas.Esta apuesta es también una infraestructura que tendrá un desarrollo futuro muy importante, al estar prevista la construcción de importantes zonas industriales y comerciales en la zona, así como continuar con la ampliación residencial de la ciudad.El ramal partirá desde Los Asperones, donde se construirán las cocheras y talleres del metro, hasta el PTA. Están por definir las paradas del suburbano dentro de la tecnópolis.Esta parte de la red de metro también discurrirá en superficie, continuando con el trazado al aire libre desde la Biblioteca de la Universidad. El diseño será de una doble vía dispuesta en un bulevar que incluya los viales para coches a ambos lados de la vía. La velocidad comercial del servicio, incluyendo el tiempo de parada, oscilará entre los 25 y los 30 kilómetros a la hora.

Más de 3.000 inmobiliarias echaron el cierre en 2007 por la caída de las ventas de pisos (La Opinión)

El parón inmobiliario se ha hecho evidente en la Costa del Sol, que cerró 2007 con menos de 30.000 nuevos visados de inmuebles, la cifra más baja desde finales de los años noventa. A la caída de la oferta, se suma el freno de la demanda por el elevado coste de los pisos y la escalada de los tipos de interés hipotecario. El negocio inmobiliario se convierte, con estos datos, en víctima directa de la desaceleración del mercado de la construcción. Ya en 2007 se calculó que tres de cada diez agencias inmobiliarias quebrarían por la falta de rentabilidad ante el estancamiento de las ventas. Las previsiones parecen haberse cumplido, según explico Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI). En el caso de la provincia, donde hay registradas casi 10.662 agencias dedicadas a la venta y alquiler de pisos, se estima que casi 3.200 oficinas se vieron obligadas a poner el cartel de cierre o venta de local por el fin de la actividad. En gran parte de los casos, son los pequeños negocios de barrio los afectados por esta situación, aquellos que iniciaron su actividad con el auge del mercado de ladrillo a partir de 1996.Pero los expertos se niegan a hablar de crisis, y menos aún en la Costa del Sol. En este sentido, Martínez explicó que "lo normal es lo que se está produciendo ahora", con un ritmo de ventas moderado, pues "antes las agencias se quedaban sin casas para vender por la compra compulsiva". El especialista indicó que las agencias que abrieron con el ´boom´ inmobiliario son las perjudicadas, al no adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. No obstante, aclaró que ahora se tiende a una normalización y que en ningún caso se puede hablar de burbuja inmobiliaria, ni de parón de ventas. Así, puso como ejemplo que un piso con un precio estable puede venderse en un plazo de entre 4 y 6 meses. Menos optimistas se muestran los profesionales asociados en los 46 colegios territoriales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API). El secretario del colegio de Málaga, Roberto Grandfils, aseguró que la actividad de las agencias de intermediación ha caído a la mitad y la previsión es que se reduzca más. "El mercado de las agencias está descendiendo a marchas forzadas. No hay alarmismo en el sector, pero la tendencia no es optimista", manifestó.Precisamente los indicadores que maneja la API a escala nacional apuntan a cierto pesimismo. Según los datos, unas 40.000 oficinas cerraron en 2007.En cuanto a la provincia, el secretario del colegio señaló que las agencias con bagaje y renombre sobreviven a la crisis, pero no aquellas que comenzaron su andadura en la época de crecimiento imparable del sector, que vieron dinero rápido en este mercado.Los profesionales de la intermediación inmobiliaria coinciden en que, aunque el mercado está difícil, hay que diversificar la oferta y apostar por distintos segmentos. En este sentido, el presidente de la APEI manifestó que la inmobiliaria que se adapta a los cambios y amplia su mercado con servicios paralelos se mantiene a flote. "Hasta ahora se hacían ventas de pisos y apenas se tocaba el alquiler. Esto hay que cambiarlo, tocar todo, como también la administración de comunidades o la gestión del patrimonio", dijoEl freno de las ventas ha sido más acusado en los pisos de precio medio, y en las segundas residencias. En el segmento de lujo no ha habido cambios por el mantenimiento de la oferta, según comentó Óscar Martínez.

Las obras del CIS concluirán antes de que acabe el año (La Opinión)

Las obras del Centro de Inserción Social (CIS), que se ubica en el polígono industrial Guadalhorce, estarán concluidas antes de que termine el año, concretamente en el mes de noviembre, según explicó ayer el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, quien se reunió con responsables del Ministerio del Interior. "Las obras marchan a buen ritmo", aseveró.El CIS está concebido como una cárcel de régimen abierto para reclusos de tercer grado y tendrá un total de 200 celdas, en las que dormirán los internos que hoy cumplen su pena en la antigua prisión de Málaga, ubicada en la Cruz de Humilladero. El diputado socialista apuntó además que el coste de las obras ronda los 12 millones de euros, tienen un plazo de ejecución de 12 meses y están siendo desarrolladas por la empresa concesionaria Comsa SA. En los presupuestos generales del Estado para 2008 ya hay previstos 8,4 millones de euros.El centro ocupa la parcela S-2 del polígono Guadalhorce, cuya superficie es de 11.000 metros cuadrados, que según el diputado socialista es la propuesta que realizó el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre.Una amplia controversia se generó por el lugar que ocupará el CIS, amén de una amplia negociación entre el Ministerio de la Vivienda con el Ayuntamiento de la capital, que ha terminado haciéndose con la titularidad del suelo entre otras parcelas distribuidas por la ciudad. Algunos empresarios del polígono se opusieron a que la nueva cárcel en régimen abierto acabara ubicado en esa zona.El otro punto de fricción entre ambas administraciones es el futuro uso que tendrá la antigua prisión provincial. No en vano, Heredia criticó al regidor malagueño "por no haber resuelto el traslado de la vieja prisión con anterioridad". El diputado explicó que el PSOE apuesta por que los terrenos de la antigua prisión provincial, ubicados en una de las zonas más saturadas demográficamente de la urbe, se destinen a equipamiento social y cultural para Cruz de Humilladero, "un distrito con muchas necesidades de infraestructuras y muy masificado". Heredia atacó al PP al considerar que anunció este centro en todos los años que hay entre 1998 y 2003 y llegó a decir que "iba a ser el más grande de España", promesas con las que los populares "no hicieron absolutamente nada".

El Gobierno choca con el ´no´ de los alcaldes a acoger la nueva cárcel. Alhaurín de la Torre. Antequera (La Opinión)

Instituciones Penitenciarias está buscando suelo entre Alhaurín y Antequera. Antes de final de año ya habrá una parcela elegida. La prisión no se podrá construir en otra provincia. El centro tendrá más de 1.000 plazas
"Ningún alcalde quiere una cárcel en su municipio", explican fuentes de Instituciones Penitenciarias. La mala prensa que tienen las prisiones, la negativa de los municipios del interior de la provincia y el alto precio del suelo son los tres factores que han impedido hasta ahora que se haya construido la segunda prisión provincial. Sin embargo, "antes de que termine 2008 tendremos los terrenos, porque el centro debe estar construido antes de 2012", señalaron las fuentes consultadas.La Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias (SIEP) está realizando estudios en diferentes zonas de la provincia con el objetivo de analizar cuál es la más adecuada para acoger un segundo penal, "con especial atención a la franja comprendida entre Alhaurín de la Torre y Antequera, al ser un terreno mucho más llano y apto para esta tarea", agregan las fuentes.En cualquier caso, son varias las localidades que han sonado en los últimos años para acoger una segunda cárcel: Mollina, Cártama o Alhaurín de la Torre. Incluso se baraja actualmente la posibilidad de estudiar los terrenos de Alhaurín el Grande. Sin embargo, en todos los casos esta propuesta ha contado con la negativa radical de los alcaldes.Francisco Sánchez, regidor de Mollina, indica: "Nunca nadie se puso directamente en contacto con nosotros, pero nuestra oposición es total en caso de que así fuera. De hecho, Mollina iba a acoger una cárcel de menores, pero cuando llegamos al Gobierno en 1987 evitamos este proyecto y eso es lo que ha motivado los rumores".Para el regidor de Alhaurín de la Torre, Joaquín Vilanova, su pueblo ya ha satisfecho "la cuota de solidaridad con el Gobierno acogiendo el primer centro penitenciario", a pesar de que la propuesta para que el municipio acogiera una segunda cárcel no fue firme. Pero ésta no es la única excusa que esgrime el regidor alhaurino: el desarrollo urbanístico de la finca ´La Moraga´, donde se ubica el actual penal, está paralizado desde hace años debido a la presencia de la cárcel, aún cuando Vilanova reconoce que las relaciones con el centro "son inmejorables desde hace 10 años".En el caso de Cártama, el alcalde, José Garrido, descartó totalmente la propuesta, aunque aseguró que el que trascendiera el nombre de la localidad ha sido sólo "un rumor".En cualquier caso, desde Instituciones Penitenciarias se habla de "desinformación", ya que, allá donde se instala una cárcel, "no aumenta la inseguridad, porque los reclusos están dentro, pero sí que se incrementa la actividad económica de la zona".En este sentido, Instituciones Penitenciarias reconoció que ya existe un proyecto tipo para la segunda cárcel de Málaga. El centro será muy similar a los que se están abriendo en varias zonas de España como Madrid 7, Puerto 3, Castellón o Morón de la Frontera (Sevilla).Características. El futuro penal, para que el que habrá suelo antes de final de año, tendrá 1.008 celdas, 14 módulos residenciales y su construcción costará 90 millones de euros. No en vano, en 2008 se han consignado 9,3 millones de euros para estudios preliminares. El periodo de ejecución se sitúa en 24 meses, y entrará en funcionamiento antes de 2012, cuando concluye el plan que se marcó el Gobierno para la construcción de nuevos centros en todo el territorio nacional.En la Costa es más complicado encontrar suelo para una prisión, "ya que el terreno es escarpado y además muy caro", apuntan las fuentes consultadas, mientras que el interior, que presenta muchas más zonas llanas y extensas, puede ofrecer un importante punto de acogida para la futura cárcel.Málaga ha sido señalada como provincia para una albergar una prisión debido en primer lugar a su elevada población y, en segundo, por los índices de delincuencia. No obstante, el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre cuenta con una población reclusa de 1.800 personas, aunque 400 duermen en la antigua prisión provincial al estar en régimen abierto.

La construcción en España registra la mayor caída de la UE (La Opinión)

A pesar del importante retroceso, el sector se mantiene entre las principales potencias europeas. En noviembre la producción española descendió un 3,9%
España es el país de la UE donde más bajó la producción en el sector de la construcción en noviembre de 2007, con una caída de un 3,9% frente a octubre tras años liderando el avance sector, según los datos publicados ayer por la oficina de estadística comunitaria (Eurostat).Las cifras recogidas por Bruselas evidencian que el frenazo del ladrillo ha sido más acusado en España que en el resto de países miembros tras años de crecimiento de más de dos dígitos aunque el volumen total de viviendas construidas sigue sobre el de las principales potencias europeas.En el conjunto de los Quince, el sector inmobiliario de la zona euro ha sufrido una caída productiva del 0,8% hasta noviembre, recorte idéntico al registrado en términos interanuales; mientras que el conjunto de la Unión bajó en un 0,2%.El índice de producción en la construcción que publica Eurostat tiene en cuenta las variaciones estacionales que se producen en el sector, e incluye los subsectores inmobiliario y de obra civil.De entre los diez Estados miembros que han facilitado las estadísticas de noviembre de 2007, España es el que mayor caída productiva ha sufrido, seguida de Portugal (-2,8%) y Eslovenia (-2,6%). Asimismo, los tres únicos países que han registrado subidas mensuales en el sector han sido Polonia (2,3%), Rumanía (1,8%) y Suecia (1,6%).Producción. La comparación estadística entre la producción en la construcción de noviembre de 2007 con la del mismo mes de 2006 apunta también a una caída del 0,8% en la zona euro, aunque ha subido en el mismo porcentaje en la Unión Europea de los Veintisiete. Según esta comparación interanual, la producción ha disminuido en cuatro Estados miembros, y se ha incrementado en seis.Las caídas más importantes se han producido en Alemania y Eslovaquia, ambas del 6,3%, y en España (-6,2%), seguida de Portugal (-2,8%). Rumanía ha protagonizado la subida productiva más espectacular, con un 32,6%, y también se han registrado aumentos en Polonia (11,1%), Eslovenia (9,1%), Suecia (6,3%), Holanda (4,8%) y Francia (2,1%).

Concluyen los trabajos de dos pasos elevados para mejorar la seguridad vial en la travesía (SUR)

Han concluido en Pizarra las obras para habilitar dos pasos de peatones elevados en la travesía urbana con el objetivo de mejorar la seguridad vial de esta carretera, que separa el casco urbano del polígono industrial. Los pasos, que servirán para reducir la velocidad de los vehículos, se ubican en la entrada al pueblo a la altura de la Cruz Roja y en el cruce con el tanatorio, por donde pasan a pie muchos vecinos. Esta medida fue anunciada el pasado tres de diciembre por la propia delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, durante una visita a Pizarra. Próximamente se espera que arranquen también los trabajos de la nueva rotonda que se emplazará en la travesía a la altura del cruce de la estación de servicio

Ecologistas alegan contra la ciudad deportiva que se quiere promover en Periana (SUR)

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza dice que se trata de un complejo urbanístico. El Ayuntamiento asegura que no permitirá la construcción de viviendas
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) se apresuró ayer a presentar alegaciones ante de la Delegación Provincial de Obras Públicas en contra el proyecto de actuación que pretende justificar el interés social para la ejecución en una amplia superficie de terreno rústico cercana a la cola del pantano un equipamiento deportivo y hotelero. El complejo en cuestión costará de dos campos de fútbol, piscinas deportivas, campos de tenis y campo de tiro subterráneo, entre otras instalaciones. Los ecologistas consideran sin embargo que lo que se pretende es crear un complejo urbanístico, después de conocer a través de la la página web de la promotora las características de la actuación. Asimismo, el colectivo recuerda a la Junta que el Ayuntamiento carece de PGOU, y que en las normas subsidiarias no se contempla la calificación del suelo para desarrollar el proyecto.Para GENA, se está utilizando el recurso, «lamentablemente extendido en la comarca, como es 'Plan de Actuación' aludiendo al artículo 43 de la LOUA, cuando este artículo sólo contempla actuaciones puntuales de viviendas ligadas a la actividad agrícola en suelo no urbanizable, nunca sobre megaproyectos de este calado». Los ecologistas consideran además que representará un fortísimo impacto visual y paisajístico.El alcalde, Adolfo Moreno, dijo por su parte que el Ayuntamiento no autorizará nunca ninguna urbanización residencial en la zona, sino equipamientos deportivos y hoteleros, que es además lo que aconseja el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la comarca.

Torrox reanuda las obras de mejora de la travesía de El Morche (SUR)

La Concejalía de Obras Públicas e Infraestructuras del Ayuntamiento reanudó ayer las obras de mejora de la travesía de la antigua N-340 en la zona más occidental de El Morche. Los trabajos han sido retomados por personal municipal, concretamente del área de Servicios Operativos. El Ayuntamiento decidió a finales de 2007 rescindir el contrato con la empresa adjudicataria del proyecto debido a los retrasos acumulados y a los elevados costes adicionales al presupuesto inicial que reclamaba al Consistorio. El edil de Obras, Manuel Palomas, manifestó «que las obras se han iniciado a toda velocidad para evitar más molestias a la ciudadanía y a los empresarios turísticos» que han visto también afectados por los retrasos y la paralización de los trabajos. «Hemos empezado la nueva etapa de estas obras con gran interés e intentaremos acabarlas lo más rápido posible, aunque hay una parte más lenta como es la rotonda cercana al río Güi que requerirá la colaboración con la empresa constructora Covalmon que desarrolló ese sector urbanístico».

Resolver el proyecto

El alcalde en funciones, Teodoro Ruiz, insistió ayer en recalcar, al igual que ya lo hiciera cuando se rescindió el contrato con la adjudicataria, el enorme interés que existe entre los vecinos por solventar la situación de estas obras. «A pesar de la dificultad técnica que nos encontramos al acceder el actual equipo de gobierno al Ayuntamiento, hemos agilizado los trámites para resolver este proyecto tal y como les planteamos a los propios afectados», dijo.Además, el regidor explicó que para la finalización del proyecto se deberán «contar con algunas pequeñas contrataciones, si se confirma que son necesarias, en aquellos casos en los que no se pueda afrontar la parte de la obra en cuestión con los Servicios Operativos del Ayuntamiento». En un principio, este proyecto se iba a desarrollar con un coste de 1,2 millones de euros, aunque a raíz de mejoras y múltiples retrasos la adjudicataria reajustó esa cifra a casi dos millones.

El Ayuntamiento busca suelo para trasladar y desmantelar el mercado de mayoristas. Vélez-Málaga (SUR)

El Consistorio realizará una concesión administrativa a los empresarios afectados para que construyan la nueva nave. El equipo de gobierno quiere levantar en el actual emplazamiento un centro comercial
El equipo de gobierno el Ayuntamiento ha alcanzado un principio de acuerdo para trasladar y desmantelar las instalaciones del mercado de mayoristas, situadas entre la Explanada de la Estación, que albergará en breve el intercambiador del tranvía y el transporte urbano de viajeros, y el Parque de Andalucía. El anuncio fue realizado ayer por el alcalde, Francisco Delgado, tras reunirse esta semana tanto con los empresarios de la zona privada del mercado como con los titulares de los puestos del edificio municipal. Delgado confirmó en rueda de prensa que el colectivo empresarial ha visto con buenos ojos la propuesta de buscar un nuevo emplazamiento, adaptando de este modo el nuevo mercado a la normativa sanitaria vigente.

20.000 metros

El Ayuntamiento se compromete por su parte con los afectados a buscar una parcela de entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados, sobre la que se realizará un derecho de superficie durante el máximo de tiempo que permita la ley, para que los empresarios acometan las obras del nuevo mercado, que será gestionado y explotado por las propias empresas. Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a buscar ayuda pública para hacer realidad el proyecto del nuevo mercado lo antes posible.Según el regidor, la intención del equipo de gobierno es ubicar la nueva nave en la zona de El Trapiche, aunque no en el Parque Alimentario que la Junta proyecta en el municipio por no tratarse de empresas dedicadas a la transformación de productos.La gestión del nuevo mercado recaería íntegramente sobre los empresarios, que se constituirán con toda probabilidad en sociedad mercantil, según explicó Delgado. Para el alcalde, la zona del mercado se encuentra bastante degrada, aun cuando se trata de un entorno llamado a convertirse en un punto de gran interés para la ciudadanía con la ubicación en las proximidades del intercambiador del tranvía y el nuevo palacio judicial, entre otros equipamientos. Delgado recordó que el compromiso electoral de su partido es ejecutar en el mercado un centro comercial prolongando el Parque de Andalucía.Este acuerdo inicial, se produce justo un día antes de que finalice el plazo otorgado por Salud para que los concesionarios de las cuarteladas presentasen sus proyectos de remodelación para adaptar las instalaciones a la normativa alimentaria actual.La concejala de Comercio, Patricia Cid, trasladó ayer a los responsables del Distrito Sanitario este principio de acuerdo entre el Consistorio y las empresas del mercado. El Ayuntamiento comunicará también a la Junta que las instalaciones se adecuarán a las exigencias mínimas, pero que no se realizará ninguna inversión extraordinaria, puesto las instalaciones desaparecerán.

Urbanismo busca fórmulas para regularizar unas 300 viviendas con orden de demolición. Mijas (SUR)

El alcalde asegura que hará todo lo posible para normalizar la situación, aunque no descarta que haya derribos
En su mayoría, se trata de propietarios de pequeñas parcelas que un día decidieron construirse una casa sin tener en cuenta el desarrollo urbanístico de la zona. Ahora, se encuentran con que incumplen la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), lo que conlleva sanciones económicas y, en el peor de los casos, un expediente que les obliga a demoler sus viviendas.Fuentes consultadas por este periódico cifraron en unos 3.000 los expedientes sancionadores abiertos por el Departamento de Infracciones Urbanísticas por incumplir la normativa vigente. De ellos, unos 300 son decretos firmes de demolición que están pendientes de ejecución, casi todos en diseminados como La Alberquilla, Entrerríos, La Alquería o Valtocado. Una situación que ha llevado a un grupo de vecinos afectados a constituir una plataforma y a convocar una reunión el próximo domingo a las 12.00 horas en el Auditorio Municipal.Mientras, el alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, anunció ayer su intención de presentar en el próximo pleno municipal que el Ayuntamiento emplee, «como ya está haciendo», todos los medios legales de planeamiento y gestión para intentar normalizar la situación de estas viviendas construidas de forma irregular, «para las que exista alguna posibilidad de ser legalizadas».

Una situación difícil

Desde el equipo de gobierno aseguran «comprender y compartir» la preocupación de estas familias, especialmente aquellas en las que se trata de su única vivienda, porque «se verían en una situación muy difícil si en cumplimiento de la normativa actual tuvieran que demoler lo edificado, cuando en un futuro sus casas podrían ser legalizables» .No obstante, el alcalde quiso dejar claro que no se puede hablar de «borrón y cuenta nueva para todos». En este sentido, recordó que el Ayuntamiento está obligado a hacer cumplir la ley en aquellos casos en los que sea imposible la regularización y haya que restablecer la situación urbanística, como donde exista una ocupación de dominio público o la construcción en espacios rústicos con algún tipo de protección. De cualquier forma, una posible regularización no eximiría a los propietarios de las obligaciones urbanísticas que en su día no cumplieron, así como de las sanciones pertinentes.Por su parte, el PP culpó de esta situación a los sucesivos equipos de gobierno socialistas, a los que a acusó de «haber mirado para otro lado durante años». Su portavoz, Ángel Nozal, instó al alcalde a no esperar a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y a acometer cuanto antes un plan de regularización similar al que se hizo con las viviendas autoconstruidas de Campanillas o Puerto de la Torre, en Málaga capital.

El Ayuntamiento deberá pagar 1,5 millones para seguir usando el Ovoide. Benalmádena (SUR)

El propietario del inmueble, en el que se imparten cursos de formación, afirma que el Consistorio no ejerció a tiempo la opción de compra y pide esta cantidad. IU propone crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades
EL EDIFICIO OVOIDE
Propietario: Jesús Serafín Mayoral.

Alquiler: El Ayuntamiento alquiló el edificio en 1997 por un periodo de diez años, con opción de compra. Una vez concluido este plazo y al no efectuarse esta opción a tiempo, el dueño reclamó su abandono. Actualmente, el caso está en los tribunales. El inmueble se sigue usando como centro de formación.

Compra: El dueño pide 1,5 millones de euros por el edificio, situado en el paseo del Generalife.

Comisión de investigación: IU ha propuesto que se cree una comisión de investigación sobre el tema.

El Ayuntamiento de Benalmádena deberá abonar un millón y medio de euros al dueño del edificio Ovoide para poder seguir usándolo como centro municipal de formación. El propietario de este emblemático edificio, situado en el paseo del Generalife de Arroyo de la Miel, reclamó en enero de 2007 su desalojo, después de que el Consistorio le adeudara varias mensualidades acordadas en el contrato suscrito en 1997 por un periodo de diez años a razón de 6.000 euros mensuales y que contemplaba una opción de compra.El entonces alcalde, el independiente Enrique Bolín, ordenó pagar esas deudas y la cantidad prevista en el contrato -180.000 euros-, pero el dueño lo rechazó por efectuarse fuera de plazo. La nueva corporación surgida de las elecciones del pasado 27 de mayo se encontró en julio con una orden de desahucio. El alcalde, Javier Carnero (PSOE), negoció con el propietario, Jesús Serafín Mayoral, para que el Consistorio siga usando el inmueble hasta que los tribunales resuelvan la demanda interpuesta.

«Un escándalo»

El regidor municipal lamentó ayer que «la falta de eficacia» en la gestión del equipo de gobierno anterior -al no ejercer a tiempo la opción de compra- obligue ahora al Ayuntamiento a desembolsar 1,5 millones de euros para mantener el uso municipal del Ovoide. Por su parte, la concejala de Educación, Elena Galán (IU), consideró «un escándalo» esta situación y anunció que su grupo presentará al próximo pleno una moción para reclamar la constitución de una comisión de investigación que dilucide las responsabilidades en este caso.El concejal de Deportes, Francisco Artacho (IU), explicó que, «casi con total seguridad», los tribunales darán la razón al dueño, «por lo que no nos quedará más remedio que desembolsar un millón y medio de euros, que es lo que pide por el inmueble», relató. «Si se hubieran hecho las cosas bien en su momento, el edificio hubiera costado 180.000 euros, el resultado de restar a 1,2 millones de euros las mensualidad abonadas durante los diez años del contrato», dijo Artacho, quien confió en que todos los grupos apoyen la creación de la comisión.

Las resoluciones del TSJA dan alivio a los dueños de mil viviendas con sentencia firme de derribo. Marbella (SUR)

PP y PSOE aplauden la suspensión de las demoliciones hasta que haya un PGOU y ambos se atribuyen el mérito. La plataforma de afectados celebra que la Justicia y las administraciones «comiencen a dar soluciones»

LAS CLAVES

¿Qué dice el TSJA?: Tras la petición del Ayuntamiento, en época de la gestora, de dejar en suspenso la ejecución de la sentencia de derribo de una construcción -opinión a la que se sumó posteriormente la Junta como administración que denunció las licencias- el alto tribunal andaluz emite varios autos en los que acepta esperar a que el nuevo PGOU esté en vigor para decidir sobre el derribo.

¿A quién afecta?: Las resoluciones son sobre la nave de La Juanita, un bloque en Trapiche y seis viviendas en Miraflores, sobre los que pesa una sentencia firme anulando la licencia, pero la tesis será la misma en los posteriores incidentes de ejecución presentados por el Consistorio.

¿Cuántas viviendas se encuentran en esta situación?: Actualmente el TSJA tramita procedimientos de ejecución de más de 40 sentencias firmes que anulan otras tantas licencias. Afectan a un millar de viviendas.

¿Cuál será el siguiente paso?: Cuando esté aprobado el nuevo Plan, el Ayuntamiento tendrá que informar al TSJA de las viviendas que se regularicen, la mayoría, y de la imposibilidad de ejecutar la sentencia en esos casos y el tribunal decidirá en consecuencia.

Los propietarios de las mil viviendas ilegales sobre las que pesan una sentencia firme de derribo respiran desde ayer algo más tranquilos. Las últimas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en las que se suspende la ejecución de órdenes de demolición hasta que el nuevo PGOU esté en vigor, han dado un balón de oxígeno a los dueños de estos inmuebles, que desde hace meses veían pender sobre su cabeza, como una auténtica espada de Damocles, la dinamita. «Va a dar mucha tranquilidad a muchas familias que estaban con la desazón de no saber por dónde van las cosas», señaló ayer José Ortiz, portavoz de la plataforma contra los derribos, tras conocer la postura de los jueces, acorde con los intereses que defienden. Tras meses de demandas para que se clarificara el futuro de estos inmuebles, construidos merced a licencias ilegales otorgadas durante el gilismo y que en la mayoría de los casos encontrarán acomodo en el nuevo planeamiento mediante el sistema de compensaciones, Ortiz cree que se está poniendo algo de cordura a la situación. «Las cosas poco a poco se tienen que ir arreglando y tanto la Junta como el Ayuntamiento y los jueces tienen que dar salida a esta situación porque nosotros no hemos cometido ningún delito y no se puede ir a las bravas, demoliendo», subraya el portavoz de la plataforma, a su vez propietario de un inmueble con sentencia firme de derribo sobre la mesa: el edificio Banana Beach.

Solicitud de la gestora

Pero no sólo los afectados valoraron ayer los últimos autos del TSJA. El propio ex presidente de la comisión gestora y comisionado de la Junta en la Costa del Sol, Diego Martín Reyes, recordó que fue él mismo y el que fuera vocal de Urbanismo de la gestora, Rafael Duarte, quienes solicitaron al alto tribunal andaluz que se dilatara la orden de demolición hasta que el planeamiento estuviera aprobado. «La decisión más razonable era no adoptar ninguna decisión», valoró. Explicó que en ningún caso la Junta, al pedir que se suspenda la demolición, ha cambiado de postura. «Planteamos en cinco sentencias un incidente de ejecución pidiendo que se suspendiera y el TSJA lo remitió al Gobierno andaluz, que como denunciante de las licencias tenía que solicitar la ejecución, para que se pronunciara», abundó. La postura, a la luz de los citados autos, fue respaldar la tesis de la gestora. Matizó, con todo, que el juez no entra a valorar si se demolerá o no, sino que «le parece bien esperar». «Ahora siento que aquella decisión que tomamos fue la adecuada. Teníamos la intranquilidad de haber acertado y ahora la tranquilidad de que sí», afirmó, al tiempo que puntualizó que siempre que se cumplan las compensaciones para regularizar las viviendas ilegales «no habrá amnistía, aunque el problema es que creo que el Ayuntamiento no quiere que haya compensaciones». En este caso, dijo, sí se invitaría a la infracción.PSOE y PP coincidieron ayer por su parte en celebrar los fallos del TSJA, aunque entraron en un cruce de declaraciones para atribuirse el mérito de las resoluciones. El concejal socialista Javier de Luis criticó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por afirmar que ha sido el único partido en defender esa postura, «algo rotundamente falso». Puso el acento en que fue el vocal de Urbanismo Rafael Duarte (PSOE), en época de la gestora, el que introdujo este elemento en la petición del alto tribunal andaluz para que se ejecutaran las sentencias. Mientras, la alcaldesa mostró una «gran satisfacción» por lo que calificó como una «vuelta al sentido común». Además de informar de que en las últimas horas se habían recibido en el Ayuntamiento dos autos similares que posponen la ejecución del derribo de un bloque en Trapiche y seis viviendas en Miraflores, que se suman al primero de la nave de La Juanita, insistió en que la tesis que siempre ha defendido el Ayuntamiento «era esperar a pedir las demoliciones hasta que no se viera si de verdad van a quedar fuera de ordenación esas viviendas, que han estado en situación de irregularidad».Enrique Monterroso, concejal y portavoz de Izquierda Unida fue el único que se salió de la valoración positiva y confesó tener una sensación «agridulce» con la resolución judicial. «Creemos que las sentencias tienen que ser cumplidas porque si no se pone en cuestión el propio ordenamiento jurídico», expuso el edil de la coalición de izquierdas. Confió en que sea sólo un aplazamiento de la decisión «porque esto no no se aclara la posición de la judicatura».

Jornada sobre los contratos públicos (SUR)

El hotel NH Málaga albergó ayer una jornada bajo el título 'La contratación del sector público. Los contratos de obra, concesionales de obra pública en la nueva Ley de Contratos del Sector Público'. El ponente del evento, organizado por Analto, fue Julio Sánchez Méndez, ingeniero de caminos y ex consejero de Política Económica del Gobierno central.

Urbanismo recibe la segunda inspección obligatoria de edificios (SUR)

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha recibido el segundo informe de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), por la que deben pasar de manera obligatoria todos los inmuebles de la ciudad que cuenten con protección arquitectónica o tengan más de cien años de antigüedad antes del 11 de noviembre de este año. El primer expediente de la ITE, con resultado favorable, fue el de la Clínica Gálvez, y el segundo ha sido el de un edificio del año 1889 situado en la calle Peña, al norte de la calle Álamos, en el casco antiguo.Fuentes municipales indicaron que resultado de este segundo caso ha sido desfavorable, ya que es necesario practicar obras de reparación del inmueble. Para ello, el propietario tiene tres meses de plazo para solicitar la licencia de obras para estas reformas. En caso contrario, será sancionado conforme a la ordenanza que regula la ITE.

Acuerdos

Hasta el momento, sólo estos dos edificios han pasado por el trámite de la inspección, para el que el Consistorio firmará convenios de colaboración con los colegios oficiales de arquitectos y arquitectos técnicos, profesionales capacitados para efectuar el informe de la ITE, con el objetivo de facilitar su contratación por parte de particulares y comunidades de propietarios.No obstante, el Ayuntamiento también ha iniciado la inspección de los edificios municipales que son centenarios o están protegidos. En esa labor, ya ha culminado el expediente relativo al Teatro Cervantes, que ha dado como resultado la necesidad de renovar parte de su instalación eléctrica con el fin de adaptarla a la normativa que fue aprobada hace dos años. No obstante, según las fuentes consultadas, el estado en general de este edificio es bueno y los arreglos eléctricos no son demasiado relevantes.

Los polígonos critican que la demora del PGOU les impide obtener licencias (SUR)

Representantes de los polígonos industriales asociados en la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) mantuvieron un encuentro ayer con el equipo de gobierno para abordar las cuestiones que les afectan del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En la reunión mostraron sus críticas por la imposibilidad de obtener permisos de reforma de naves o licencias de apertura debido a la demora en la tramitación del documento, que fue aprobado inicialmente en julio de 2006.En esa aprobación, se incluyeron unas limitaciones a los usos de las naves que finalmente el equipo de gobierno descartó pero que, ante la inexistencia de una nueva aprobación del PGOU -la provisional-, tienen que ser aplicadas por la Gerencia de Urbanismo hasta que no sean revocadas oficialmente.El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, que estuvo acompañado en la cita con los empresarios por el edil de Polígonos Industriales, Manuel Marmolejo, se comprometió a buscar una solución a este asunto en el menor plazo de tiempo posible, si bien anunció que quedará definitivamente resuelto cuando el plan sea aprobado de manera provisional, algo que está previsto para el próximo mes de marzo, según indicó.

Compromiso

La presidenta de Apoma, Ana López, recordó al edil que el Ayuntamiento se comprometió a estudiar cada uno de los casos para no demorar los permisos de apertura que están pendientes y que podrán ser autorizados, según una moción que aprobó el pleno para dar respuesta a las críticas de los polígonos por las novedades introducidas en el nuevo documento del Plan General. Asimismo, los empresarios pidieron flexibilidad a la hora de poder aplicar una mayor superficie de venta al por menor en las naves.

Más de 200 personas solicitan las ayudas al alquiler en Málaga (SUR)

La Junta de Andalucía ha recibido en Málaga un total de 216 solicitudes de ayuda al alquiler durante las tres primeras semanas de funcionamiento de la Renta Básica de Emancipación del Ministerio de Vivienda, que en el caso de Andalucía gestiona la Consejería de Obras Públicas. La mayor parte de los solicitantes son jóvenes de entre 25 y 30 años. El 75% de los solicitantes son españoles, mientras que el 25% son inmigrantes procedentes en su mayoría de Marruecos, Sudamérica y Europa del Este. Además, más de la mitad de los solicitantes son mujeres. La delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, señaló que las ayudas han tenido muy buena acogida y que durante los primeros días muchos malagueños se acercaron a las oficinas de Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, ubicadas en la planta 14 del Edificio de Usos Múltiples (Edificio Negro), en la avenida de la Aurora, para pedir información. Además de facilitar la emancipación de muchos jóvenes, López afirmó que esta ayuda también ayudará a destapar muchos pisos en alquiler que hasta ahora conformaban el mercado negro. «Muchos arrendatarios que no declaraban el alquiler de su piso van a hacerlo a partir de ahora porque las nuevas leyes del Ministerio de Vivienda ofrecen beneficios fiscales muy atractivos al alquilar a los jóvenes».

Apoyo a los jóvenes

Unos 63.000 jóvenes andaluces entre 22 y 30 años pueden beneficiarse de las ayudas de la Renta Básica de Emancipación. Para ello, deben ser titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residen habitualmente y tener unos ingresos inferiores a los 22.000 euros brutos anuales. Si cumplen estas condiciones, podrán percibir ayudas de 210 euros al mes durante un máximo de cuatro años, más 600 euros para ayudar a pagar la fianza y 120 euros para el coste del aval.Además, los jóvenes podrán solicitar la ayuda mientras buscan piso y tendrán un plazo de tres meses, desde que se les reconozca el derecho provisional a la prestación, para presentar un contrato de alquiler de una vivienda.López señaló que su delegación está esperando la aprobación del BOJA para crear un registro auxiliar en el Edificio de Usos Múltiples, para evitar que los solicitantes tengan que acudir a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda, ubicada en la plaza de San Juan de la Cruz, para formalizar la petición de ayuda.

Un aluvión de quejas sobre VPO colapsa la oficina del Defensor del Ciudadano (SUR)

La Oficina del Defensor del Ciudadano, integrada en la Diputación Provincial de Málaga, se vio ayer colapsada por las reclamaciones presentadas en relación a la promoción de 1.144 Viviendas de VPO que el Ayuntamiento de Málaga construye en la zona de Soliva este.Según su responsable, Francisco Gutiérrez, «unas 400 personas a las que les había correspondido una vivienda en el sorteo de hace un año han recibido ahora una carta en la que se les comunica que no cumplen los requisitos para poder acceder a ellas».El Defensor del Ciudadano ha indicado que medio centenar de personas ya han puesto una reclamación en estas oficinas y que, en algunos casos analizados por la misma, «los criterios por los que se excluyen nos parecen arbitrarios y pueden no responder a la ley». Francisco Gutiérrez estima que quizá la mitad de las personas a las que se les ha comunicado esta circunstancia no cumplan los requisitos para acceder a la VPO, «pero en muchos otros casos se alegan criterios peregrinos». Este organismo ha aconsejado a los afectados que pongan un recurso ante el Instituto Municipal de la Vivienda. «Hemos hablado con este organismo, porque en un principio no aceptaban coger los recuros», afima Gutiérrez.El responsable de la oficina ha anunciado que un abogado de la misma hará el seguimiento de los casos que le han presentado, para ver si los criterios por los que han quedado excluídos responden a los marcados por la ley.El sorteo tuvo lugar el 18 de diciembre de 2006 y a él se presentaron 24.000 personas. El 28 de diciembre de 2007, 400 de las 1.100 personas a las que se le asignó por sorteo recibieron la carta en las que el IMV comunicaba que no cumplían los requisitos. MÁS INFORMACIÓN I Oficina del Defensor del Ciudadano. C/ Pacífico, 54. 952 133 700 ó 900 115 900 www.defensor@malaga.es

El PP denuncia que la Diputación ha inaugurado dos veces la misma exposición sobre arquitectura (SUR)

La Diputación Provincial de Málaga ha inaugurado dos veces la exposición 'Dos arquitecturas alemanas: 1949-1889', que hasta finales del próximo febrero se puede visitar en la sede de la institución supramunicipal en la capital, según denuncia el PP. La primera inauguración se celebró el pasado 13 de diciembre con la asistencia de la vicepresidenta primera del organismo, Marisa Bustinduy, y el comisario de la muestra, Cristoph Strieder, y la segunda tuvo lugar en la mañana de ayer. En la propia página web de la institución, en su archivo de informaciones, se recoge una nota informativa y una fotografía de dicha muestra de diciembre. Además, este periódico, en su edición impresa, se hizo eco de la noticia en su edición del pasado 22 de diciembre. Por otro lado, el pasado miércoles, la Diputación Provincial envió una nota a los medios de comunicación para una convocatoria de prensa donde, textualmente se dice: «Inauguración de la exposición 'Dos arquitecturas alemanas 1849-1989'», a la que asistieron el coordinador del área de Obras y Servicios de la institución, José Lancha, el jefe de servicio de Vivienda de la Delegación Provincial de Obras Públicas, Rafael Márquez, y el comisario de la muestra.El presidente del ente supramunicipal, el socialista Salvador Pendón, explicó a este periódico que el pasado diciembre no se convocó a los medios de comunicación a la inauguración y sólo asistieron los responsables de la muestra y que en el día de ayer se había producido una presentación a la prensa. Preguntado por el hecho de que se hubiese convocado el acto como una inauguración, respondió que «ha sido un error en la nota» y subrayó que «no ha habido inauguración como tal».

«Tomadura de pelo»

Unas explicaciones que no convencieron a los populares. El diputado del PP Manuel Navarro denunció esta situación y afirmó que «o bien se trata de un error intencionado por parte de los representantes de la Diputación o bien una tomadura de pelo a todos los malagueños». «Nos preguntamos a qué se debe este afán de inaugurar las cosas doblemente y si no hay cuestiones más importantes que resolver en la provincia para perder el tiempo de esta manera», criticó. En una nota, Navarro invitó a los dirigentes de la institución supramunicipal a que «se tomen en serio su trabajo, a no reírse de los malagueños y a mejorar su coordinación interna para que no vuelva a ocurrir algo semejante».La muestra recoge la realizaciones más significativas en el campo de la arquitectura alemana entre los años cuarenta y ochenta del pasado siglo. Para ello, se exponen cuarenta maquetas de edificios, fotografías y planos procedentes de los archivos de la República Federal y la República Democrática de Alemania. El horario de visitas es de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a viernes en la calle Pacífico, número 54, de la capital.

Abierto el plazo para solicitar las bonificaciones de hasta un 50% en el recibo del IBI (SUR)

Familias numerosas, pensionistas, discapacitados, parados y menores de 30 años, principales beneficiarios de la medida
LAS AYUDAS PREVISTAS

Bonificaciones o ayudas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:Familias numerosas

Destinatarios: Titulares de familias numerosas (tres hijos).

Requisitos: Estar empadronado en Málaga y tener el recibo domiciliado en banco, además de acreditar la condición de familia numerosa.

Bonificación: Del 50% de la cuota si el valor catastral no supera los 38.133 euros. En caso contrario, la bonificación será de 90 a 150 euros.

Plazo de solicitud: Antes del 1 de febrero.

Otros beneficiarios

Destinatarios: Pensionistas, desempleados, menores de 30 años, familias con hijos menores de 1 año o monoparentales con hijos menores a su cargo, discapacitados (con discapacidad igual o superior al 65%) o familiares de éstos hasta segundo grado, pensionistas gran invalidez y víctimas de violencia de género.

Requisitos comunes: Estar empadronado en Málaga, tener domiciliado el IBI, no poseer otra vivienda en el término municipal y estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

Bonificación: Reducción del 50%.

Plazo de solicitud: Antes del 1 de marzo.

Presentación de solicitudes: Pueden tramitarse en las juntas municipales de distrito, en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) y en el organismo autónomo Gestión Tributaria, que está situado en la antigua Tabacalera.

La empresa municipal Gestión Tributaria ha abierto el plazo para solicitar la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por familia numerosa y para las ayudas al pago de este tributo que supone una reducción del 50% sobre la cuota para un espectro amplio de la población malagueña. En el primer caso, el plazo finaliza el próximo 1 de febrero y en el segundo, el 1 de marzo.En todos los casos es necesario estar empadronado en el término municipal de Málaga, tener el recibo del IBI domiciliado en alguna entidad bancaria y estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de la capital.Para ampliar la información sobre la tramitación y los requisitos exigidos pueden hacerlo en el teléfono de información al ciudadano 952 13 58 13 o bien en la página web www.gestrisam.malaga.euEn el caso de familias numerosas, la bonificación será del 50% en el IBI si el valor catastral de la vivienda no supera los 38.133 euros. En caso contrario, la bonificación será de entre 90 y 150 euros. De otras ayudas que suponen una reducción del 50% de la cuota pueden beneficiarse pensionistas, desempleados, menores de 30 años, familias con hijos menores de 1 año o monoparentales con hijos menores a su cargo, discapacitados o familiares de éstos hasta segundo grado, pensionistas por gran invalidez y víctimas de violencia de género.

Incremento

En 2006 se beneficiaron 467 familias numerosas, por un importe de 41.153 euros; en el año 2007, el número de peticionarios se elevó a 1.300 y el montante ascendió a 120.606 euros. Ese fuerte incremento se debió a la modificación de las ordenanzas, que facilitó el acceso a este tipo de ayuda a todas las familias numerosas. La concejala de Economía y Hacienda, Carolina España, prevé que para este año haya un crecimiento importante de manera que se puedan beneficiar de la bonificación unas dos mil familias malagueñas.Por otro lado, ya hay consolidadas 3.439 solicitudes de ayudas a colectivos que figuran en el Reglamento de Servicios Sociales Especializados y que supone hasta un 50% de reducción en el recibo del IBI. Estas solicitudes se atendieron y se concedieron en 2007 y este año ya no tienen que volver a pedir las ayudas, ya que los beneficiarios quedan reflejados en el censo de Gestrisam.

Comienzan las obras del acceso sur al aeropuerto, cuyo plazo es de 28 meses (Málaga Hoy)

El presupuesto de la actuación, que mejorará la conexión con el aeródromo, es de 36 millones

La empresa adjudicataria de las obras del acceso sur al aeropuerto de Málaga, FCC, comenzó ayer los trabajos constructivos, según informó en un comunicado el diputado nacional del PSOE Miguel Ángel Heredia. Este proyecto tiene como objetivo mejorar las actuales conexiones por carretera con el aeródromo y cuyo coste supera los 36 millones de euros.Heredia indicó que el acta de replanteo con la compañía constructora fue firmado el pasado día 8 de enero y recordó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este ejercicio el Ministerio de Fomento incluye 8 millones de euros para la actuación. El plazo de ejecución es de 28 meses. Este vial tiene 1,94 kilómetros de longitud y obligará a expropiar 45 fincas, con un total de 92.220 metros cuadrados. La intervención consiste en hacer un nuevo acceso al aeródromo desde la autovía A-7, con características de carretera urbana de doble calzada y separada por una mediana, compatible con el planeamiento urbano futuro del Ayuntamiento de Málaga. Las obras van desde la autovía del Mediterráneo (A-7), a partir del enlace de la glorieta de Guadalmar, hasta las inmediaciones de la actual área terminal del aeropuerto de la capital de la Costa del Sol, por la margen este de la línea de Cercanías de Renfe. El trazado propuesto incluye un enlace con la citada autovía y un tramo con dos carriles cuyo inicio se define a la altura de la actual glorieta que hay bajo la A-7 y termina en una rotonda desde la que partirán los viales internos que permitirán el acceso a las diferentes áreas del aeropuerto.

El parque agroalimentario sería privado, pero con participación del Consistorio. Antequera (SUR)

El consejero de Agricultura asegura que la Junta no formará parte del proyecto, aunque daría incentivos económicos a las empresas que se ubicaran en él. La iniciativa se retomaría si el suelo industrial no computase para el POTA
El futuro parque agroalimentario de Antequera estaba en el olvido de la opinión pública desde que se quedó fuera del nuevo borrador del PGOU hasta que el Partido Popular preguntó por él en el último pleno ordinario. Sin embargo, la iniciativa podría volver a retomarse si finalmente la Junta de Andalucía aprobase un decreto por el que el suelo industrial no computaría en las limitaciones establecidas por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), aunque con algunos matices.Según avanzó ayer el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, el parque agroalimentario que se desarrollaría en Los Llanos sería privado con participación pública municipal por el porcentaje que le correspondería al Ayuntamiento de aprovechamiento; de forma que ya no sería desarrollado por la Junta y el Consistorio como se anunció en 2005 por el primer edil y el delegado de Agricultura, Antonio Moreno, algo que no garantizó un par de meses después el consejero del mismo área, Isaías Pérez Saldaña. Precisamente, el responsable autonómico de Agricultura y Pesca vio ayer la iniciativa con buenos ojos, sin embargo dejó claro que una cosa es «decir que va a haber un parque de la Junta en Antequera y otra que el Ayuntamiento va a desarrollar en sus normas urbanísticas un suelo de esa cualidad donde las empresas agroalimentarias que se quieran instalar van a tener sin lugar a dudas la prioridad de los apoyos de la Junta de Andalucía con fondos autóctonos o de desarrollo rural». En este sentido recordó que el Gobierno andaluz tiene el compromiso de hacer un parque agroalimentario en cada provincia y que el de la malagueña se ubicaría en Vélez-Málaga.Tanto Millán como Saldaña coincidieron en apuntar que en el futuro parque agroalimentario de Antequera podría ubicarse las dependencias del Patrimonio Comunal Olivarero y empresas ligadas al sector. Ambos responsables políticos realizaron estas declaraciones durante las visitas que hicieron a las instalaciones de la Cooperativa Los Remedios, Horticultores del Torcal y Verdifresh y en las que destacaron los beneficios para la economía de estas industrias.Saldaña hizo hincapié en la necesidad de que haya más transparencia en los precios del mercado y explicó que Andalucía tiene una oferta importante, «pero excesivamente atomizada, con lo cual los precios no lo ponen los agricultores ni las cooperativas, los ponen los que compran». El consejero animó a los agricultores a participar cada vez más en la cadena de producción y consideró que una manera de que la diferencia entre el precio inicial y el final no sea tan elevada es que las propias cooperativas sean capaces de crear unidades de gestión de la venta de su producción.Saldaña también se mostró contrario al bolo como método de identificación del sector caprino y anunció que la aprobación del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía les permitirá sacar un decreto en 2008 para la modernización de los regadíos. Además, avanzó que ayer se aprobaron 4,7 millones para indemnizar a los afectados por la lengua azul.

La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para Bolín por construir la pista de tráfico. Benalmádena (SUR)

El ex alcalde dice que estaba convencido de que la parcela era municipal
Ocho años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. Esta es la petición que ayer mantuvo la Fiscalía de Málaga en la primera vista de un juicio contra el ex alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, por un presunto delito de prevaricación. Los hechos se remontan a 2002, cuando el entonces regidor municipal ordenó la entrada en un solar de una comunidad de vecinos, donde el Ayuntamiento construyó más tarde un parque infantil de tráfico.La acusación particular elevó a nueve años la petición de inhabilitación y añadió un delito de coacciones, por el que pide dos años de prisión; mientras que la defensa solicitó la absolución, al entender que no existió ninguno de los dos delitos, puesto que el alcalde actuó «en el convencimiento» de que el solar era municipal.Bolín acudió al Juzgado de lo Penal número 3 y reconoció que dio la orden de entrar en una parcela, cerrada con un candado y ubicada en la calle Jara de Arroyo de la Miel, que era propiedad de la comunidad de vecinos, según una resolución posterior de un juzgado de Torremolinos, ratificada por la Audiencia ProvincialEl ex alcalde aseguró ayer que dio esa orden para limpiar y adecentar la parcela y «en el pleno convencimiento» de que el solar era municipal, ya que, según manifestó ante la juez, esas resoluciones fueron posteriores. Actualmente, la causa por la vía civil está pendiente del recurso en el Tribunal Supremo. «Era una parcela municipal, como así sigue siendo», indicó el ex regidor, quien afirmó que dio la orden una vez que recibió, una semana antes, la escritura pública sobre el terreno.Bolín explicó que, no obstante, ese suelo ya era municipal con anterioridad, puesto que era «de cesión obligada» por parte de una promotora desde 1975. En este sentido, dijo desconocer que existía una cesión por parte de la empresa a la comunidad de propietarios y apuntó que no había sido inscrita en el Registro. Además, indicó que esa cesión fue aportada por la comunidad de vecinos posteriormente a la entrada en la parcela. «No hay prevaricación ni coacciones, es que no hay derecho, no sé por qué he venido aquí», manifestó el ex alcalde.

Ordenan demoler parte de una casa por romper la estética de la barriada. Estepona (SUR)

El inmueble simula un castillo con una torre almenara, entre otros elementos. Un pleno extraordinario tratará hoy asuntos solicitados por la oposición
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Rafael Duarte, anunció ayer la firma del requerimiento para iniciar la demolición parcial de una vivienda unifamiliar ubicada en la calle San Juan, en la barriada de El Cristo. El expediente se abrió hace unos meses y ahora se procederá -de acuerdo con la propiedad- a la eliminación de los elementos sobrantes. El inmueble simula un castillete recubierto de ladrillo, con una torre almenara y otros adornos en la fachada.Se trata de uno de los 1.500 expedientes que tiene abiertos el Ayuntamiento de Estepona, que todavía mantiene paralizada una promoción de 35 adosados en la zona del Padrón por levantarse sobre suelo no urbanizable.

Petición de información

El pleno extraordinario solicitado por la oposición tratará hoy sobre la solicitud de nulidad del contrato existente entre el Ayuntamiento y la empresa Publiparking, así como la petición de información acerca de las contrataciones realizadas en las empresas municipales desde la constitución de la nueva Corporación por si se estuvieran incumpliendo los acuerdos alcanzados con los sindicatos.La oposición también solicitará la adopción, en lo sucesivo, de medidas en materia de disciplina urbanística, así como la apertura de exigencia de responsabilidades administrativas en lo referente a las infracciones cometidas entre 2003 y 2007.En el pleno se tratará además la creación de una comisión para el control de los medios de comunicación municipales, así como el nombramiento de un director para la radio televisión públicas.Del mismo modo, se solicitará la creación de otras dos comisiones más de control. Una para obtener información acerca del trabajo de la fundación Antonia Guerrero y otra para fiscalizar las actividades patrocinadas por el municipio. El pleno también se constituirá como junta general de la empresa Promoción y Comunicación para proponer la aprobación de sus gastos.

El TSJA aplaza la ejecución de sentencias de demolición hasta la aprobación final del PGOU. Marbella (SUR)

La resolución afecta a cinco promociones ilegales, pero fija un criterio para el resto de las resoluciones firmes. El tribunal vala la tesis defendida por Ayuntamiento
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha posicionado sobre la posible demolición de viviendas ilegales en Marbella, después de que el Ayuntamiento haya sido requerido para ejecutar al menos 38 sentencias que anulan otras tantas licencias urbanísticas concedidas por el GIL y que afectan a más de 1.000 viviendas. En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el alto tribunal andaluz da un nuevo balón de oxígeno a los propietarios de estas promociones ilegales, ya que, ha acordado aplazar la ejecución de la sentencia firme que declara ilegal la construcción de una nave industrial, conocida como La Juanita, «hasta el momento de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encuentra tan sólo aprobado inicialmente». La propuesta parte de la propia Administración autonómica, que ha solicitado que el pronunciamiento definitivo del TSJA sobre posibles demoliciones «se realice una vez publicado el Plan actualmente en tramitación». Se trata, por el momento, del único auto que ha recibido el Consistorio marbellí en este sentido, pero hay otros cinco que ya han sido emitidos con idéntica resolución. Entre ellos figuran las seis viviendas pareadas, autorizadas a la promotora Moansa en noviembre de 1997, en la avenida Huerta Belón en zona verde, así como la construcción de varios garajes y locales; todos ellos amparados en licencias ilegales que fueron aprobadas en la 'era GIL' pero que luego han sido anuladas por los tribunales.

Repercusión

Dicha resolución judicial sobre la nave La Juanita arroja luz en este asunto, ya que, este mismo criterio se aplicará al resto de sentencias firmes cuya ejecución ha solicitado la Junta. De este modo, el TSJA avala la tesis que ha defendido tanto la comisión gestora que dirigió el Ayuntamiento, tras la disolución de la corporación presidida por Marisol Yagüe, como el actual equipo de gobierno. El primero remitió informes al alto tribunal andaluz en relación con la ejecución de sentencias firmes de anulación de licencias de obras en los que planteaba a los tribunales que difieriese de la ejecución de las sentencias hasta que se diera luz verde al nuevo planeamiento urbanístico. Por su parte, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha anunciado que defenderá ante el TSJA la imposibilidad de ejecutar algunas de estas resoluciones, ya que, más de 1.000 pisos con sentencia firme en contra quedarían legalizados en el nuevo Plan si se acogen al sistema de compensaciones previsto.

Invertirán un millón de euros en un edificio que aglutinará todos los servicios sociales. Estepona (SUR)

El inmueble estará terminado antes de que finalice 2010 y acogerá un centro de día para personas mayores
EL CENTRO SOCIAL

Servicios: Acogerá las dependencias y servicios sociales que presta el Ayuntamiento y un centro de estancia diurna para mayores.

Ubicación: Parque Central.

Inversión: Casi un millón de euros.

Ejecución: Antes de finales de 2010.

Acudir al gabinete geriátrico, al centro comarcal de drogodependencias o realizar cualquier gestión en la delegación de Bienestar Social será posible sin salir del mismo edificio. Un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento contempla la construcción de un inmueble que aglutine todos los servicios sociales que se prestan en el municipio y que en la actualidad se encuentran repartidos en diferentes dependencias. El proyecto tendrá una inversión de casi un millón de euros y se ejecutará antes de que finalice 2010, según explicó el concejal de Bienestar Social, David Valadez. El pleno de la corporación aprobará mañana esta propuesta. La Administración andaluza ya ha dado luz verde al anteproyecto y en breve se sacará a concurso la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, que se levantará sobre una parcela de más de 1.200 metros cuadrados, ubicada en Parque Central.

Optimizar recursos

El edificio contará con tres plantas y aparcamiento subterráneo para facilitar el acceso a los usuarios. Entre sus instalaciones tendrá dependencias para medicina general, psicología y enfermería; así como salas para educadores y técnicos municipales. En este sentido, Valadez indicó que este nuevo edificio optimizará los recursos existentes ya que todo el personal estará ubicado en un mismo recinto. En total, durante el año pasado la delegación de Bienestar Social atendió a más de 5.000 vecinos.La creación de este centro de servicios sociales comunitario incluirá otros proyectos. A esta inversión de la Junta se sumará otra similar para otras iniciativas. El edil de Bienestar Social indicó que en la planta baja de este edificio se ubicará un centro de estancia diurna para mayores. Asimismo, Valadez expresó su deseo de que a esta infraestructura se sume el centro de día que se proyecta construir en la zona de Huerta Nueva.

Fomento inicia las obras del nuevo acceso al aeropuerto desde Guadalmar (SUR)

El único acceso que existe actualmente al aeropuerto, la avenida García Morato (N-342), registra una afluencia media de 36.200 vehículos, lo que origina graves retenciones en la zona. Para paliar esta situación, ayer se hizo pública la firma del acta de replanteo del nuevo acceso por el sur a estas instalaciones, trámite que marca el inicio oficial de los trabajos. Se trata de la ejecución de un nuevo acceso al aeródromo desde la autovía A-7 en la rotonda de Guadalmar. Según explicó el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, tendrá 1,94 kilómetros de longitud, con doble calzada separada por una mediana, y un coste de casi 36,8 millones de euros. Ello evitará el paso por el estrecho vial actual.El plazo de ejecución es de 28 meses, por lo que estará concluida a mediados de 2010. Se ha adjudicado a la compañía FCC. La próxima semana se iniciarán las tareas de desbroce y los primeros movimientos de tierras. Para su realización ha sido necesario expropiar un total de 45 fincas (92.220 metros cuadrados). Los Presupuestos Generales del Estado de 2008 figuran un total de ocho millones de euros para esta actuación. Se está ultimando el diseño del que será el acceso por el Norte, desde la futura segunda ronda.

La fábrica de la luz (SUR)

Así será la central eléctrica que Gas Natural construirá al norte del PTA. Su chimenea de 75 metros supondrá un nuevo referente del paisaje en Campanillas
UNA fábrica de energía eléctrica, al norte de la mayor fábrica de tecnología de la provincia. Así será la central que Gas Natural ha proyectado en Campanillas y que podría recibir la licencia de obras en los próximos días, después de que fuera retirada de los asuntos a tratar en el consejo de Urbanismo del pasado mes de diciembre, en el que se incluyó. Este periódico ha accedido a algunos de los planos de la actuación, que ocupará una superficie de más de 73.000 metros cuadrados al norte de la parcela del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y tendrá como principal referente una chimenea de 75 metros de altura.Debido a que el proyecto se encuentra en una zona de servidumbre del aeropuerto, el Ministerio de Fomento ha obligado a que esa chimenea cuente con señalización diurna y nocturna para el tránsito de los aviones. Así, desde los 50 metros de altura, deberá contará con franjas alternas de color rojo y blanco, y por la noche tendrá que iluminarse con luces de obstáculo rojas de baja intensidad. Esta chimenea, que no supera a la torre de la Catedral por diez metros, servirá para mitigar la contaminación que puede suponer la emisión de gases de la central, unas emisiones que serán controladas en tiempo real por la Junta de Andalucía mediante un sofisticado sistema de medición.Gas Natural urbanizará el entorno de la parcela en la que se alzará la central y la rodeará con diversas especies arbóreas para aminorar su impacto visual, según figura en el expediente urbanístico para su aprobación.Los 404 megavatios de potencia de la instalación aseguran el abastecimiento de casi un millón de personas, con una eficiencia energética del 60%, 20 puntos superior a la de las centrales térmicas tradicionales (que utilizan carbón, fuel, gasóleo, etc.). Ésta empleará agua y gas para producir electricidad, por lo que recibe el nombre de ciclo combinado.

Conducción

El agua se obtendrá mediante una conexión con la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Guadalhorce que permitirá obtener 300 litros de aguas depuradas por segundo, de los que 200 irán a la central eléctrica y el resto se pondrán a disposición del Ayuntamiento. Además, se ha previsto la creación de una tubería hasta la presa de El Tomillar para caso de avería u operaciones de mantenimiento en la conexión con la depuradora.Por su parte, el gas vendrá de un enlace soterrado con el gasoducto de Puente Genil-Málaga que tendrá 5.877 metros de longitud. Cuando no sea posible recibirlo, será sustituido por gasóleo.La electricidad se llevará a la red mediante una línea de alta tensión hasta la subestación de Los Ramos, cuyo traslado demandan los vecinos de Puerto de la Torre, pero que aún no se ha concretado. Existe el compromiso por parte de Gas Natural de que esta línea vaya soterrada por aquellas zonas que sean urbanizables.Si no surgen nuevos retrasos, el proyecto podría recibir el permiso de obras la semana que viene. A partir de ese momento, el Ayuntamiento ingresará 1,7 millones de euros en virtud del convenio que firmó con Gas Natural para la recalificación de los terrenos y los permisos para la obra.

El alcalde pide ayuda a la Junta para realojar a los 'okupas' de un edificio del Ayuntamiento (SUR)

El Gobierno andaluz y la Diputación Provincial replican al Consistorio que se trata de un asunto estrictamente municipal y le instan a que lo solucione. De la Torre envió una carta a otras administraciones públicas hace dos meses
El Ayuntamiento espera el apoyo de otras administraciones para dar solución a la ocupación ilegal de un edificio de su propiedad en el que desde hace un año desarrollan diversas actividades artísticas y culturales un grupo de jóvenes que ha adoptado por nombre el de la 'Casa Invisible'. Como ayer informó este periódico, el Consistorio invirtió un millón de euros en la compra de este inmueble y llegó a encargar la redacción del proyecto para rehabilitarlo y adaptarlo para la creación de un centro de emprendedores culturales. Sin embargo, esta actuación lleva más de un año paralizada por la presencia de los 'okupas' y los fondos europeos que iban a emplearse para su realización han tenido que desviarse a otros fines ante la imposibilidad de cumplir los plazos para gastarlos.Según un comunicado remitido ayer por el equipo de gobierno, el día 15 de noviembre del año pasado, el alcalde, Francisco de la Torre, envió una carta a la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Universidad en la que solicitaba su apoyo para dar salida al proyecto alternativo al municipal presentado por el colectivo de la Casa Invisible. «En la carta, el alcalde explica que se trata de un proyecto cultural para el que el Ayuntamiento ya ha manifestado su voluntad de estudiarlo en compañía de las demás administraciones e instituciones de la ciudad, dadas las pretensiones del proyecto», indica el comunicado.«El principal apoyo necesario es la localización de un inmueble o espacio físico en el que puedan desarrollar sus actividades, así como el patrocinio o mecenazgo para éstas», prosigue la nota, que concluye con que el Consistorio sigue a la espera de una contestación sobre la misiva.Sobre este asunto, tanto la Junta como la Diputación aseguraron que se trata de una cuestión estrictamente municipal. El presidente del ente supramunicipal, Salvador Pendón, afirmó que «no procede» que su institución intervenga en algo así, ya que es un proyecto del ámbito de la ciudad. «El alcalde ya nos tiene acostumbrados a no asumir sus responsabilidades y descargarlas en otras administraciones», reiteró Pendón.

Residencia

Por su parte, el delegado provincial de Cultura, Francisco López, dijo que se trata de un problema que es competencia del Ayuntamiento y que es éste quien debe resolverlo. El comunicado municipal puntualiza: «Se da la circunstancia de que la Junta impulsa actualmente una residencia de nuevos creadores, detalle éste por el que se le ha preguntado a la Delegación del Gobierno andaluz». Sobre esto, López señaló que esa residencia no es el lugar apropiado para el movimiento de la Casa Invisible, al ubicarse en el Parque Tecnológico. «Este colectivo tiene una base urbana y debería estar en la ciudad», matizó el delegado, que lo definió como «un movimiento importante» y se mostró dispuesto a apoyarlo en las actividades culturales que convoquen.Francisco López llegó a comentar que el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, que es propiedad del Ayuntamiento, podría ser un lugar para albergar al colectivo, que permanece en la casa de Nosquera.

Empiezan las voladuras en la segunda ronda para construir el mayor túnel de la provincia (SUR)

El paso subterráneo tendrá dos tubos independientes de 1,2 kilómetros de longitud y anchura suficiente para albergar cuatro carriles por sentido. Irá desde Torremolinos hasta Alhaurín de la Torre pasando bajo la sierra

LA SEGUNDA RONDA

Características principales de la nueva infraestructura:

¿Qué es?: Una nueva autovía de tres carriles por sentido en la mayoría de su recorrido, que comunica la zona de La Virreina, en Málaga capital, con el Palacio de Congresos de Torremolinos.

¿Qué extensión tiene?: Tendrá una longitud total de 21,3 kilómetros. Enlazará además con Alhaurín de la Torre y con la nueva autopista de peaje de Las Pedrizas (AP-46).

¿En qué fase están las obras?: Acaban de comenzar los trabajos del túnel bajo la sierra de Churriana.

¿Cuándo se inaugurará?: En 2010.

Es mediodía. La autovía A-7 permanece cortada al tráfico durante unos minutos. Los conductores esperan pacientemente para reanudar la marcha, pero las molestias serán más llevaderas cuando sepan que la causa está precisamente en la infraestructura que acabará con los colapsos en los accesos a Málaga y la Costa del Sol.Esta semana han comenzado, en las inmediaciones del acceso al palacio de Congresos de Torremolinos, los trabajos de voladuras previos a la excavación del túnel que atravesará la sierra de Churriana, una de las infraestructuras principales que componen la segunda ronda de circunvalación y el que será el mayor túnel en las carreteras de la provincia (Hasta ahora era el de Cerro Gordo, en Nerja, con dos tubos de 1.080 metros). El subterráneo estará formado por dos tubos independientes de 1,2 kilómetros y cuatro calzadas por cada sentido, de las que inicialmente se utilizarán tres. Los trabajos se prolongarán de forma intermitente durante los próximos días y son responsabilidad de Ferrovial, empresa encargada del tramo. Supondrán desplazar un millón y medio de metros cúbicos de tierra en la boca sur del túnel.

Boca sur

El tramo 1, en el que se enmarca, enlazará desde el palacio de Congresos de Torremolinos (donde la segunda ronda se conectará con la actual A-7) hasta las cercanías de Churriana y Alhaurín de la Torre. Tendrá tres carriles por cada sentido y seis kilómetros en total. La boca norte, en el otro lado de la montaña, se sitúa sobre el vial que da entrada a Alhaurín de la Torre (la conocida como la carretera de los pinos). Cuando esté en funcionamiento, en 2010, la segunda ronda supondrá una reducción del 40% en el volumen de vehículos en la Ronda Oeste, pasando de los 175.000 vehículos al día actuales a sólo 105.000, lo que descongestionará sustancialmente la citada carretera, según los datos aportados por Miguel Ángel Heredia, diputado del Partido Socialista. Recordó que traerá consigo un ahorro de 12 minutos, en un recorrido de similares características por los medios actuales (sin caravana) y de más de 60 minutos en hora punta.Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Coca Ingeniería y Construcciones las obras de construcción de una barrera rígida y la instalación de amortiguadores de impacto en varios puntos de la A-45. El presupuesto de adjudicación asciende a 3.933.910 euros y tiene como objetivo la mejora de la seguridad vial.

El parque de pisos sin vender llegará a un millón este trimestre (El Periódico.com)

La venta de casas cae a la mitad, según el Instituto de Práctica Empresarial
Los expertos prevén una subida de los precios del 1,92%, por debajo del IPC

En el momento actual se venden la mitad de viviendas que hace un año y, si se mantiene este ritmo, en el primer trimestre del año se habrá acumulado un estoc de alrededor de 500.000 casas nuevas pendientes de venta. La cifra prevista sube a un millón si se cuenta la oferta de segunda mano. Así lo destacó ayer el director de investigación del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, que presentó en Madrid un estudio sobre tendencias de precios inmobiliarios elaborado por la escuela de negocios.Según Pérez, en el 2007 se vendieron 1,8 millones de viviendas, el 5,1% menos que en el 2006, y, en este momento, todo indica que las ventas pueden caer a la mitad. En todo caso, el IPE interpreta que el excedente de viviendas podrá ser absorbido por la demanda a lo largo del 2008, siempre que no se consoliden los actuales niveles de desempleo (por encima de los dos millones de parados). La clave, según Pérez, está en las condiciones financieras y en los esfuerzos de las propias inmobiliarias para facilitar los pagos.En este escenario, con un alto volumen de viviendas a la espera de ser compradas, se espera una mayor desaceleración de los precios. Según el IPE, el sector inmobiliario espera una subida media del precio de la vivienda del 1,92% en el 2008, lo que supone una caída en términos reales (descontada la inflación). Para el precio del suelo, se estima una caída del 5,33%, aunque depende mucho de su localización y clasificación.

EL GOBIERNO LLEGA TARDE

El director de investigación del IPE opinó ayer que el Gobierno ha tardado demasiado tiempo en reconocer que el ajuste del mercado residencial acarreará una destrucción de empleo, que podría afectar a 300.000 trabajadores este año, según admitió el martes el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas. Según el IPE, tal destrucción de empleo podría haberse neutralizado destinando "20.000 millones extra" a la promoción de infraestructuras y obra civil, lo que habría facilitado el trasvase de trabajadores hacia este subsector.Por el momento, el consumo de cemento se mantiene, pese al descenso de la edificación residencial. Según los datos difundidos ayer por la Asociación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), el consumo de cemento alcanzó en el 2007 los 56 millones de toneladas, lo que supuso el 0,3% de incremento respecto al año anterior. La producción aumentó el 0,85%.La patronal Oficemen consideró que "el descenso de la edificación residencial se compensará en los próximos meses con los proyectos de las diferentes administraciones en obra civil, así como con las inversiones tanto públicas como privadas en edificación no residencial".

La provincia urbaniza en sólo una década 2.300 hectáreas de suelo forestal (La Opinión)

El primer kilómetro de la franja litoral está construido en más de un 50%. El consumo de cemento se ha cuadruplicado
En tan sólo diez años, la provincia de Málaga ha perdido 2.300 hectáreas de suelo forestal, que han sido urbanizadas. Esta expansión de la superficie artificial ha tenido una especial incidencia en la Costa del Sol Occidental, de forma fundamental en el primer kilómetro costero y en los alrededores de los núcleos urbanos. De hecho, los primeros mil metros de costa de Marbella están urbanizados en un 62%, casi el doble que en comarcas como La Axarquía y Málaga capital donde el 33% de los suelos han sido transformados en terrenos edificables, según revela el informe de sostenibilidad sobre la provincia. Más de la mitad del primer kilómetro costero de la provincia está edificado. Entre los municipios que más suelo perdieron se encuentran Marbella, Málaga y Benahavís.Uno de los procesos más importantes y llamativos de esta recalificación del suelo se debe a la creación de nuevos usos urbanos para dar respuesta a la demanda de turismo residencial, con sus consiguientes infraestructuras urbanísticas y turísticas. Un dato revelador, que también recoge el informe presentado ayer por el diputado de Medio Ambiente, Miguel Esteban, es que el consumo de cemento se ha cuadruplicado en el periodo 1996-2004.Como aspecto positivo, en 58 municipios malagueños se ha implantado la Agenda 21, estando a la cabeza de Andalucía en este aspecto. En todos ellos se hizo ya el diagnóstico ambiental y se están elaborando los planes de acción. Hay, además, 13 localidades adheridas al Programa Ciudad 21 de la Junta de Andalucía y Málaga capital tiene vinculada su Agenda al programa URB-AL.La superficie protegida hasta finales de 2006 de la provincia se situaba en torno al 10%. Actualmente, debido a la incorporación a la Red Natura, se ha mejorado hasta el 23%, destaca también el documento.

El acceso sur al Aeropuerto estará en el verano de 2010 (La Opinión)

El acceso sur al Aeropuerto de Málaga, una nueva entrada que ayudará a aliviar de tráfico el único que hay disponible ahora, por la antigua carretera N-340, estará terminado poco antes del verano de 2010. La empresa encargada de su construcción, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), acaba de empezar las obras, que se prolongarán por espacio de 28 meses. Este importante vial apenas tendrá dos kilómetros de longitud pero se prevé fundamental dada la importancia del aeródromo y la deficiente y única entrada que tiene.El pasado 8 de enero tuvo lugar la firma del acta de replanteo del proyecto, que según el diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia significa el arranque formal de los trabajos. El Ministerio de Fomento adjudicó esta obra a FCC por 36,7 millones de euros el pasado mes de junio de 2007.La carretera partirá desde la autovía A-7 a la altura de la rotonda de Guadalmar y tendrá características de autovía urbana, con dos calzadas por sentido y separadas por una mediana. Cuando esté lista absorberá parte de la circulación que soporta el acceso actual, que es de más de 36.000 vehículos al día, según Heredia.El acceso sur medirá 1,94 kilómetros y acabará en el interior del Aeropuerto, en una rotonda desde la que partirán viales de tránsito para todo el recinto. Para la construcción del vial ha sido necesaria la expropiación de 45 fincas aledañas que miden más de 92.000 metros cuadrados de terreno. Al acceso sur se sumará otro, por el norte, que partirá desde la hiperronda, actualmente en obras. Esta obra aún no se ha adjudicado, aunque es inminente porque se han cumplido ya todos los trámites previos. Medirá 1,7 kilómetros de longitud.

La Junta respalda el parque agroalimentario de Antequera (La Opinión)

La Administración autonómica promete incentivos a las empresas que apuesten por reubicarse en la zona. El recinto se situará junto a la A-92
La apuesta del Ayuntamiento de Antequera de levantar un parque agroalimentario en el municipio, que permita la concentración en una misma zona de las empresas relacionadas con este sector, recibió ayer el apoyo "absoluto" de la Junta de Andalucía. Así lo manifestó el consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, durante la visita que realizó a algunas de las industrias de Antequera más representativas en el panorama agrícola andaluz y con una importante proyección nacional: la cooperativa Los Remedios (célula madre de Hojiblanca), Horticultores El Torcal y Verdifresh. El compromiso de respaldo de la Junta a este parque -de iniciativa privada- vendrá dado en forma de incentivos para las empresas que apuesten por reubicarse en "este recinto especializado". Asimismo, habrá ayudas para el promotor en lo relativo a la urbanización de la zona. El alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, mostró su satisfacción tras las palabras de apoyo del consejero, haciendo referencia al importante papel que cumple la comarca dentro de la producción agrícola de Andalucía. "Apostamos por la zona de Los Llanos, junto a la A-92, como el lugar idóneo para desarrollar este parque, que aunque nace de una iniciativa privada, contará con una importante participación pública por parte del ente local", dijo Millán, quien cifró en 600.000 los metros cuadrados necesarios para acoger las instalaciones. En estos momentos, el Consistorio se encuentra pendiente de la revisión que la Junta haga del POTA en lo relativo al computo del suelo industrial, dentro de los planeamientos de las localidades.

Benalmádena aprueba unos presupuestos de 107 millones (La Opinión)

El alcalde del municipio califica las cuentas de "reales y de marcado tinte social". El Ayuntamiento se enfrenta a una deuda de 154 millones
El Ayuntamiento de Benalmádena aprobó ayer los presupuestos para 2008 que ascienden a 107 millones de euros y que están condicionados por la deuda heredada por el Ayuntamiento del anterior equipo de gobierno de Enrique Bolín y que asciende a 154 millones de euros. Los presupuestos fueron aprobados por el equipo de gobierno (PSOE, IU y ex ediles del MpB) y con los votos en contra de la oposición, junto con un plan económico y financiero de tres años para el saneamiento de la economía municipal.El alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, calificó los presupuestos de "reales y de marcado tinte social" y destacó que se trata de unos presupuestos difíciles por la deuda heredada, lo que les ha obligado a primar los gastos sociales y las inversiones estrictamente necesarias. "Se trata de hacer un gasto social que contente al ciudadano", dijo Carnero.El plan económico y financiero aprobado para los próximos tres años es una exigencia de la Junta de Andalucía para la concesión de un préstamo de seis millones de euros al Ayuntamiento. Carnero explicó que el plan se ha aprobado para seguir una línea de ahorro que marque unas pautas para reducir la deuda.Así, los gastos de inversión ascienden a 10,8 millones de euros, más los 9,8 correspondientes a transferencias de capital, y van dirigidos a la reforma de colegios y guarderías, rotondas, ajardinamiento de parques, iluminación de avenidas, arreglo de calles en Benalmádena y Arroyo de la Miel y la compra de la nueva torre de refrigeración para el club municipal de hielo, entre otros.Inversiones. El alcalde destacó el esfuerzo inversor que va a realizar el Ayuntamiento con 20 millones de euros y destacó las obras que se van a realizar en el bulevar de Arroyo de la Miel, que ascienden a 1,1 millones de euros y las del recinto ferial de 500.000 euros. Además, indicó que hay una partida para comercio interior que contempla la mejora del centro comercial de Arroyo de la Miel.Los presupuestos municipales destinan una partida de 32,4 millones de euros a Personal, lo que supone un incremento en torno al 5%. Otra de las partidas más importantes es la destinada a política social, con un total de 27 millones de euros, que incluye siete millones para Seguridad Ciudadana, seis millones para medio ambiente, jardines y parques y un millón para asfaltado. La partida para limpieza, saneamiento y transporte público suma otros 25 millones de euros. El alcalde explicó que se trata de unas cifras que se corresponden con la realidad. "La realidad es tozuda y hay que controlar los gastos y racionalizarlos", dijo Carnero, quien añadió que se trata de "los mejores presupuestos con los que podía contar el municipio".Las previsiones de ingresos de gastos directos ascienden a 45,8 millones de euros y se prevén unos ingresos de 400.000 euros por venta de patrimonio.Los presupuestos fueron criticados desde la oposición que los tachó de "irreales" e "inflados". De este modo, el presidente del PP, Enrique Moya, afirmó que se trata de unos presupuestos que no están acordes con el momento que se vive en el municipio. "Creemos que los ingresos están por encima de lo previsto", dijo el presidente del PP, Enrique Moya.

El sector inmobiliario asegura que este año caerán los precios (La Opinión)

Los promotores calculan que la vivienda subirá un 1,9%, menos que la inflación prevista. El Gobierno reconoce que la construcción perderá 300.000 empleos
El sector inmobiliario espera para 2008 un crecimiento medio del precio de la vivienda del 1,92%, lo que supondrá una caída en términos reales (descontada la inflación), algo que por sí solo no servirá para estimular una demanda que depende más de que se suavice el entorno financiero.Así se desprende del estudio sobre tendencias de precios del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), que recoge la opinión de más de 260 profesionales del sector inmobiliario, de los que más de un tercio son promotores. En términos generales, los encuestados calculan que los precios del suelo caerán este año una media del 5,33%, mientras que los costes de construcción seguirán creciendo más del doble del IPC (en torno al 8,58%).El profesor José Antonio Pérez, coordinador del estudio, explicó que el comportamiento de los precios finales de la vivienda es muy rígido, por lo que no suelen caer, a pesar de que el sector esté en crisis. A su juicio, el mercado inmobiliario español está experimentando un cambio de ciclo, que en los últimos seis meses se ha traducido en un incremento de hasta el 91% del tiempo que tarda en venderse una vivienda nueva y de un aumento del 89% del ´stock´ de vivienda nueva acabada (el 83% en el caso de la usada).El IPE calcula que el pasado año cerró con una caída del 5% de las operaciones de compraventa, tanto de vivienda nueva como usada, al registrarse 1.860.903 operaciones en 2007 frente a las 1.961.130 de 2006. Pérez considera que si el ritmo de ventas no mejora en el primer trimestre de 2008, al final del mismo habrá un ´stock´ acumulado de alrededor de 500.000 viviendas nuevas pendientes de venta (1.000.000 si se suman las de segunda mano). En la situación actual, con la demanda estancada y la crisis de liquidez en los mercados financieros, que los promotores decidieran bajar los precios no serviría de mucho, ya que -según ha señalado- en el mercado de la vivienda cuando el precio baja, la decisión de compra se aplaza ante la expectativa de que puedan descender todavía más.Por otro lado, el director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, señaló ayer que cada vivienda que se deja de construir supone la destrucción de 2,3 puestos de trabajo. Tras clausurar una jornada sobre el sector inmobiliario, Taguas precisó que después del máximo de 700.000 viviendas construidas en 2007, la cifra puede reducirse en más de 150.000 unidades este año, llegando a perderse más de 300.000 empleos.No obstante, Taguas insistió en que la reducción del empleo en vivienda no puede extrapolarse a otros sectores ni a las cifras del desempleo. "Nadie ha dicho que el empleo vaya a caer", dijo antes de recordar que la construcción fue el "factor determinante" para que el Gobierno contemplara una desaceleración en la actividad de seis décimas del PIB a la hora de elaborar los Presupuestos.