La paradoja de Martín Alba (SUR)

Cuando la Consejería de Vivienda planteó hace un año a los municipios de la Axarquía crear un listado de construcciones ilegales, el ex alcalde de Alcaucín fue sorprendentemente de los primeros en ofrecerse para colaborar

El ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, en prisión desde principios de marzo tras ser detenido por un presunto caso de corrupción urbanística dentro de la 'operación Arcos', es un hombre lleno de paradojas, en especial por la política que en materia de urbanismo ha venido desarrollando desde que tomara posesión del cargo en 1991.
El ex regidor, 'Pepe Calayo', que es como es conocido por su afición al flamenco, no tuvo nunca reparos en conceder licencias de obras para la construcción de viviendas residenciales en el campo sin atender a los informes negativos de la Junta de Andalucía, una práctica que también han llevado a cabo otros alcaldes de la zona con el argumento de que los informes de Obras Públicas, primero, y Viviendas y Ordenación del Territorio, después, no eran vinculantes.
Por esta razón, la Junta se ha visto obligada a impugnar por la vía judicial un total de 272 actos urbanísticos de los ayuntamientos de la Axarquía, incluido el de Alcaucín, y que han derivado en la anulación de un número no concretado de licencias.
Colaboración
A pesar de todo, Martín Alba se caracterizó por ser uno de los primeros alcaldes de la comarca en ofrecerse para colaborar con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para elaborar un inventario de construcciones ilegales en el campo. Martín Alba firmó hace un año un convenio de colaboración con la Consejería para confeccionar un listado de construcciones edificadas en suelo no urbanizable, que persigue el estudio de caso por caso para decidir el futuro de las mismas.
Junto a Alcaucín, otros seis municipios de la comarca realizan sus propios planes de inspección mediante la elaboración de tales censos (Canillas del Aceituno, Comares, Cómpeta, Salares, Sayalonga y La Viñuela).
El trabajo, que realizan los ayuntamientos en colaboración con los inspectores de la Junta, ha permitido realizar hasta el momento un total de 1.113 fichas.
La Junta no ha sabido determinar cuántas de estas construcciones pertenecen a Alcaucín, consistorio que todavía no ha finalizado la confección de las fichas, en las que se contemplan datos como la localización, constructor, si cuenta con licencia o plan de actuación, si se ajusta al proyecto autorizado, si está impugnada o si se encuentra habitada o en ejecución.
Lo curioso del caso es que la finalidad de esta iniciativa es normalizar la situación de las edificaciones detectadas, restituyendo la legalidad urbanística, aunque en muchos casos se trata de construcciones con licencias municipales cuyos ayuntamientos han desoído la opinión de la Junta.
El futuro de las construcciones ilegales que se detecten no se decidirá hasta tanto no se culmina el inventario. Las fichas, según la Junta, se incorporarán al Plan Municipal de Inspección, documento que deberá señalar la fórmula que se aplicará en cada caso. Unas podrán ser legalizadas, otras quedarán fuera de ordenación y otras deberán ser demolidas.
Además de los siete pueblos de la Axarquía también se han sumado a la iniciativa de Vivienda y Ordenación del Territorio otros cinco municipios de la provincia (Marbella, Estepona, Mijas, Alhaurín el Grande y Benalmádena).
Según la delegada provincial de Vivienda, Josefa López, estos inventarios son claves para que los ayuntamientos puedan elaborar sus propios planes de inspección, «muy necesarios para desarrollar políticas urbanísticas correctas».

Costas, inflexible: los chiringuitos saldrán de la arena (SUR)

Medio Ambiente desoye al sector, a la Junta y a los ayuntamientos, y aboga por el traslado a los paseos marítimos, algo que para los empresarios no es negociable

QUÉ DICE LA LEY
Argumentos a favor y en contra de la ubicación de los chiringuitos en la arena:
Postura del Ministerio de Medio Ambiente: La Ley de Costas determina, con carácter general, la salida del dominio público marítimo terrestre de todas las edificaciones que lo ocupen.
Posición de los empresarios: El artículo 25.2 dicta que sólo se permitirán actividades que por su naturaleza presten servicios convenientes para el uso del dominio público. A su vez, el artículo 60 del Reglamento de Costas dice que únicamente se permitirá la ocupación con aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.
Posición de los ayuntamientos: Los chiringuitos pueden estar en la arena, con 150 metros por instalación y a 200 metros entre ellos. «La posición del Gobierno es clara, existe una Ley de Costas y se trata de llegar a una foto final de la situación de los chiringuitos con respeto a la ley y estudiando todas aquellas opciones que podamos adoptar y ordenar esto definitivamente». Hasta en cinco ocasiones se refirió el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, a la necesaria adaptación a la normativa de los negocios de playas, lo que supondría -en una lectura estricta del articulado- la salida de la arena de estos negocios. Esta opción choca de plano con las aspiraciones de los empresarios, de la Consejería de Turismo, de los ayuntamientos costeros y del propio PSOE de Málaga.
Martín Fragueiro, presente ayer en Málaga para debatir con los subdelegados del Gobierno andaluces la situación del litoral, puso el dedo en la llaga cuando abogó por «reubicar aquellas instalaciones que no son acordes», una condición que no es negociable para los responsables de los chiringuitos.
Adaptación a la Ley
A preguntas de los periodistas, declinó hablar de flexibilidad en la aplicación del código: «Estoy hablando de adaptación a nuestra Ley. Es muy clara, hay sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que avalan la posición del ministerio», afirmó.
Con todo, el secretario general del Mar dejó una puerta abierta a la negociación: «La sociedad nos está exigiendo que haya un respeto a las leyes, pero también tener en cuenta la situación socioeconómica derivada de ese tipo de actividades. Queremos llegar a una foto final en el plazo mas breve posible».
Al tiempo, trasladó a los ayuntamientos parte de la responsabilidad: «Tienen mucho que decir porque son los concesionarios de las concesiones administrativas otorgadas por el Estado, luego los ayuntamientos también tienen que velar por el estricto cumplimiento de la ley vigente».
El primero en responder fue Miguel Arrabal, presidente de los Empresarios de Playas de Málaga, quien afirmó que el gremio coincide con Costas en la necesidad de que se aplique la Ley. «Lo que queremos precisamente es adaptarnos a la Ley para que nos proteja, llevamos 15 años buscando seguridad jurídica», declaró. Sin embargo, su lectura de la norma es meridianamente diferente: «No hay nada que diga que los chiringuitos tengan que estar fuera de la arena. Es nuestra principal exigencia. Queremos que todos estén igual que los de Huelin y Misericordia (en la capital). La arena es irrenunciable».
Para Arrabal estos establecimientos son legales, puesto que más del 50% de la playa está libre. «El problema en playas como Ferrara (Torrox) o Santa Ana (Benalmádena) es que todos los años hay que regenerar, tirando dinero al mar», y exigió obras de estabilización definitiva.
Singularidad turística
«Este señor se olvida de que vivimos del turismo, que tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a disfrutar de las playas, y nosotros prestamos un servicio, no estamos invadiendo nada. Pagamos un canon anual por facilitar el uso de la playa a los visitantes y a los malagueños. Es compatible», agregó Miguel Arrabal.
A su vez, el presidente del colectivo a nivel andaluz, Norberto del Castillo, criticó, en declaraciones a Efe, que Medio Ambiente haga una interpretación más restrictiva de la normativa, y aseguró que el espíritu real de ésta es que no se ocupe más de la mitad de la playa, «y en ningún caso pasamos del 30%». Del Castillo reclamó que se estudie la situación municipio por municipio para facilitar que se ajusten a la Ley y que puedan renovarse las concesiones caducadas.
Teresa Porras, concejala de Playas del Ayuntamiento de Málaga, afirmó que sacar los chiringuitos de la playa es una «barbaridad», y aseguró que la Ley sí permite ponerlos allí, siempre que se respete un tamaño de 150 metros y una distancia de 200 metros entre ellos. «No pone en ninguna ley que se tengan que sacar al paseo marítimo, y en muchos casos tampoco se puede». Además, puso de relieve la contradicción entre los existentes en La Misericordia, que son legales hasta dentro de 15 años, y los de La Malagueta, La Caleta y Guadalmar, donde Costas no da la concesión.
El secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, volvió a reclamar flexibilidad para abordar esta cuestión. «Los socialistas estamos con el sector de los chiringuitos de Málaga. Pedimos diálogo y acuerdo. Se trata de un sector fundamental, sobre todo en un momento de crisis y dificultad como el actual. No vamos a parar hasta que la situación de los chiringuitos de Málaga esté resuelta para la tranquilidad de los empresarios y los trabajadores». Por desgracia, la solución definitiva aún tendrá que esperar.

La venta de pisos nuevos acentúa su desplome en enero (El País)

La compraventa de viviendas acumula tres meses en mínimos y agrava la situación del sector. -El precio del suelo cae un 10,5%, sobre todo en grandes ciudades

El mercado de la vivienda se mantiene en sus niveles más bajos de toda la serie histórica, que arranca en 2007 coincidiendo con el punto más álgido del sector y recorre todo su despeñamiento a lo largo de 2008. Así, según ha dado a conocer hoy el INE, la compraventa de viviendas ha cerrado enero con un fuerte descenso del 38,6% frente al mismo mes del año pasado hasta las 37.931 operaciones, con lo que acumula tres meses en mínimos pero logra repuntar un 17% con respecto a diciembre, cuando vivió su peor mes desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. A pesar de esta leve mejoría, el mercado de primera mano ha acelerado su ritmo de caída frente a hace un año y ha duplicado su desplome del 14% con el que cerró 2008 hasta el 29,1% registrado en enero.
Tras superar por primera vez en compraventas a los pisos de segunda mano durante el pasado ejercicio, año que acabó con un retroceso del 28,6% en el conjunto del mercado, la vivienda nueva ha empezado 2009 confirmando lo que ya auguraban las preventas de obra nueva: que ha llegado la hora de que el sector haga frente a su verdadero ajuste en lo que a ventas se refiere. Un fenómeno que ya ha vidido la vivienda usada pero que no ha evitado que siga aumentando su descenso, aunque en menor medida, con un retroceso del 47,2% en enero, siete puntos más que el dato de diciembre.

La dificultad para colocar los pisos de obra nueva a pesar del abaratamiento generalizado de precios ha llevado a los promotores a paralizar la construcción por lo que, según aseguran en fuentes del sector, llevan dos meses sin empezar ni una obra a la espera de sacar adelante un stock que se sitúa entorno al millón de viviendas sin vender. Y subiendo. Por tipología, las compraventas de vivienda libre han descendido un 40,9% (33.528 operaciones), en tanto que la de protección oficial baja de forma más moderada con un descenso del 12,9% (4.403 transacciones).

Este parón en las ventas y construcciones también está reduciendo abaratando el precio del suelo urbano, el facto de mayor coste a la hora de edificar un inmueble. En este apartado, el Ministerio de Vivienda ha informado hoy de que el precio del metro cuadrado en terreno urbano ha descendido un 10,5% en el cuarto trimestre de 2008, hasta los 248 euros, respecto al mismo periodo de 2007. Una bajada que está en línea con el abaratamiento del 9% de las viviendas libres, según Tinsa. Con respecto al trimestre anterior, baja un 3,5%. En el cuarto trimestre de 2008 se realizaron 7.909 transacciones, un 17,7% más que las realizadas en el trimestre anterior. No obstante, esta cifra representa un 24% menos que las realizadas en el cuarto trimestre de 2007.

Por tipos de municipios, los precios bajan poco en los de más de 50.000 habitantes, un 1,2% hasta los 632,5 euros; algo más en los núcleos más pequeños de entre 5.000 y 10.000 habitantes con un 6,3% o 191,4 euros y un 11,7% hasta los 129,3 euros en los municipios de entre 1.000 y 5.000 personas respecto al último trimestre de 2007. Sin embargo, donde más bajan es en las ciudades de entre 10.000 y 50.000 habitantes, con una bajada del 14,6% hasta 278,7 euros.

A cierre del pasado año, el precio del metro cuadrado más elevado se localizó en los municipios de más de 50.000 habitantes de las provincias de Madrid (1.089,1 euros), San Sebastián (996,9 euros), Alava (989,1 euros) y Barcelona (915,8 euros). Por el contrario, los precios más bajos se registraron en Jaén (268,3 euros), Segovia (387,6 euros) y Cáceres (395,6 euros).


La construcción de vivienda sube en EE UU
La construcción de viviendas aumentó un inesperado 22,2% en febrero respecto a enero pese a las sucesivas caídas de los meses precedentes, informó hoy el Departamento de Comercio estadounidense. El Departamento de Comercio informó de que la construcción de casas y apartamentos aumentó el 22,2 por ciento a una tasa anual ajustada de 583.000 unidades. Las cifras revisadas correspondientes a enero indican que la construcción

cayó ese mes a un ritmo de 477.000 unidades en enero, una cifra que mejora la dada inicialmente, pero que todavía marca un récord mensual a la baja.

La venta de viviendas cae en dos años un 55% (El País)

El periodo negro del ladrillo se extiende como una mancha de aceite. El desplome en las ventas de viviendas comenzó a finales de 2007, se intensificó el año pasado y continúa en el presente. Si se comparan las compraventas del pasado mes de enero con las firmadas en el mismo mes dos años atrás la caída ya es del 55%. Como ya es habitual, la más castigada es la vivienda de segunda mano, que en ese mismo periodo cayó un 66%.

Los datos que ayer hizo públicos el Instituto Nacional de Estadística confirman que la tendencia a la baja continúa. Para los que quieran quedarse con el lado positivo, por lo menos no se acentúa.

Las 37.931 compraventas cerradas el pasado enero suponen un 38,6% menos que las del mismo mes del año anterior. La vivienda de segunda mano sufrió un descenso del 47,2% (17.096 operaciones), mientras que la de obra nueva bajó el 29,1% (20.835 transacciones).

La banca ha concedido la moratoria para hipotecas sólo a 56 parados (El País)

El Gobierno dijo que la medida ayudaría a 500.000 familias. -La ampliación del plazo, con 1.500 beneficiarios, tampoco ha tenido un gran impacto

José Luis Rodríguez Zapatero compareció el pasado 3 de noviembre con una gran sonrisa. Estaba a punto de hacer un gran anuncio. Tras meses negando que España estuviera en crisis, el Gobierno daba por fin una respuesta y salía en ayuda de los que más lo necesitaban: los parados. La idea consistía en aliviar durante dos años el coste de la hipoteca, rebajándola a la mitad. "No dudaré en apoyar a las familias con problemas", dijo entonces el presidente, que estimó en medio millón los posibles beneficiarios de la medida. Los resultados, por ahora, son mucho más modestos. Lejos de las previsiones gubernamentales, sólo 56 parados se ahorran cada mes el 50% del crédito por su vivienda.
Economía vaticina un fuerte aumento del número de ayudas
Estaba previsto que la iniciativa entrara en vigor el pasado 1 de enero. Pero, a la vista de que un mes después las entidades financieras no habían concedido ni una sola moratoria, el Gobierno pospuso su puesta en marcha hasta el 1 de marzo. Desde entonces, poco más de medio centenar de familias disfrutan de la moratoria, según dijo ayer el ICO.

El relativo fracaso de la medida se explica por varios factores. "Existen razones de procedimiento y otras de fondo", apuntan fuentes del sector. "Se anunció antes de ponerlo en marcha; desde entonces el porcentaje del que el Estado se haría cargo ha ido variando. Primero era el 50%, luego el 100%, más tarde fue el 8% y ahora está en el 12%", apuntan las mismas fuentes para explicar las reticencias que las entidades financieras tienen hacia la medida.

Antes que conceder la mora a los desempleados, las cajas de ahorro prefieren desplegar sus propias soluciones a aquellos que ya no pueden pagar sus hipotecas. "Muchas entidades están ofreciendo alternativas, como la de recomprar el piso a cambio de que el cliente continúe viviendo allí como inquilino", explican en la Confederación de Cajas de Ahorro. Además, añade el portavoz de la asociación, el número de solicitudes que han recibido no es muy alto. "La línea del ICO no es tan necesaria, porque tenemos nuestras propias respuestas", apostillan las cajas.

Pero los problemas no vienen sólo de las pegas que las entidades ponen a la iniciativa. El bajo número de peticiones se debe también a lo estricto de los requisitos fijados por el Gobierno. "Prácticamente todas las hipotecas de mi sucursal superan los 200.000 euros; y sólo se pueden acoger a la moratoria los que tengan una inferior a 170.000 euros", explica la responsable de una oficina bancaria del centro de Madrid.

"La medida es muy engañosa porque los que pueden necesitarla es muy difícil que cumplan las condiciones", añade. Otra de las restricciones es que las familias en apuros no pueden haber entrado en mora en el momento de solicitar la moratoria.

Un punto de vista diferente ofrecen los creadores de la idea. El Ministerio de Economía considera que no son tan pocas las 56 solicitudes concedidas. "No está mal para empezar. Sólo llevamos dos semanas y creemos que estas operaciones irán creciendo a un ritmo exponencial", añaden.

La AEB, la patronal de los bancos, explica que, como la entrada en vigor de la moratoria se pospuso al 1 de marzo, los borradores de los nuevos convenios llegaron a las entidades a finales de febrero. "En algunos casos surgieron dudas de interpretación, que están en vías de aclaración con el ICO. En cualquier caso, se trata de un nuevo producto que ha exigido cambios, por lo que no parece extraño que en los primeros días no se produzcan muchas operaciones", concluyen.

Pero la moratoria hipotecaria no es la única idea presentada por el Gobierno para paliar la ristra de malos datos que sacude a las familias. Justo antes de las pasadas elecciones generales, el vicepresidente Pedro Solbes anunció que las personas con dificultades económicas podrían ampliar gratuitamente el plazo de sus hipotecas. Un año después, 1.500 ciudadanos han optado por reducir su cuota por la vía de pagar durante más tiempo.

Ante las dos iniciativas, late un fondo de incertidumbre sobre las ventajas reales que acarrearán a sus destinatarios, que son la parte más débil del escalafón social, la que está pagando más cara la crisis.

Porque, un parado que solicite la moratoria tendrá que desembolsar más tarde, a partir del 1 de marzo de 2012, el dinero que ha dejado de pagar. Y, ¿quién le asegura que en ese momento tendrá un trabajo que le permita hacer frente no sólo a las cuotas normales de su hipoteca sino a todo lo atrasado?

Respecto a la idea de alargar el plazo de devolución del crédito también surgen dudas. Porque lo que a corto plazo supone un desahogo a largo puede convertirse para muchos en una forma de anudarse un poco más fuerte la hipoteca al cuello. Al alargar el plazo, aumenta sustancialmente el capital que efectivamente se paga y, además, se amplía el tiempo en el que las familias están a expensas de cómo evoluciona el Euríbor, hoy en mínimos históricos.


Cronología
- 25 de febrero de 2008. El vicepresidente Pedro Solbes anuncia en plena campaña para las elecciones generales que las familias "con especiales dificultades económicas" podrán ampliar el plazo de la hipoteca de su vivienda. Esta medida trata de paliar el aumento de Euríbor, que a lo largo de la legislatura ha escalado desde el 2% hasta el 4,8%.

- 18 de abril de 2008. Las dificultades técnicas hacen que el Gobierno amplíe la gratuidad de alargar el plazo de las hipotecas. Se podrá acoger todos el que quiera, y no sólo las familias con especiales dificultades.

- 3 de noviembre de 2008. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia que los desempleados podrán rebajar su cuota hipotecaria durante dos años. Pasado ese plazo, tendrán que devolver el dinero atrasado.

- 8 de noviembre. El Gobierno aprueba un paquete de medidas anticrisis. El Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial, adelantará el dinero que cueste la moratoria a las entidades financieras que lo concedan.

- 6 de febrero de 2009. El Gobierno modifica ligeramente su iniciativa estrella de ayuda a los parados. Dado que ni una sola entidad financiera ha concedido la moratoria, aplaza su puesta en marcha tres meses, hasta el 1 de marzo. Además, los desempleados tendrán un año más de plazo para devolver el dinero adeudado.

Rivero, por la puerta grande (El País)

El ex presidente de Metrovacesa vende, junto con Soler, un 49% de Bami a la francesa Gecina
Joaquín Rivero -el que fuera accionista de referencia y presidente de Metrovacesa hasta 2007- y el empresario valenciano Bautista Soler acaban de vender por 107,8 millones de euros un 49% de Bami, que aglutina su cartera de inmuebles españoles, a la inmobiliaria francesa Gecina, de la que también son accionistas, con lo que resuelven deudas, simplifican sus participaciones accionariales y preparan el camino para un posible intento de resucitar la gran inmobiliaria europea. Aunque sea francesa.

Tanto Gecina como Bami están controladas por Joaquín Rivero y su aliada empresarial, la familia valenciana Soler. De paso, la venta supone la salida de Bautista Soler del capital de Bami, la sociedad que se creó en 2007 para aglutinar los inmuebles y suelos de oficinas procedentes de Metrovacesa y resultado del proceso de escisión entre esta última y su filial francesa Gecina. Esta compañía ha comprado las acciones fundamentalmente a Soler, que hasta ahora controlaba un 42,2%. La hija del empresario valenciano, Victoria Soler, ocupa sendos puestos en el Consejo de Administración de Gecina y Bami.

Bautista Soler, presidente del grupo valenciano que lleva su nombre y patriarca de la familia con 80 años, máxima accionista del Valencia Club de Fútbol, está inmerso ahora en otras batallas ajenas a Rivero, en las que tener liquidez inmediata puede resultarle muy útil. En este mes, su hijo Juan Soler necesita cerrar su relación accionarial y comercial con el club. El vencimiento de un pagaré de 26 millones de euros, que entregó al Valencia como parte del pago de 90 millones por la compra de 18.000 metros cuadrados de edificabilidad en el solar de Mestalla, es lo más urgente. Se trata de la torre que le compró al club, por la que entregó 13 millones y 26 en un pagaré que el club sólo puso descontar, dada la precaria situación de sus cuentas. En paralelo, los Soler están negociando dar una salida a su participación en el club.

Qué compra Gecina

En lo que respecta a la operación, Rivero ha vuelto a hacer encaje de bolillos financiero para dar satisfacción a todas las partes y también en lo que al negocio inmobiliario se refiere. Bami cuenta con 12 activos, 5 ya alquilados a empresas con contratos a cinco o diez años, y el resto está en construcción o es suelo. A pesar del convulso ciclo económico, es una buena cartera de oficinas, con posibilidades de desarrollo, que Rivero no ha podido acrecentar a lo grande, como era su deseo inicial, aunque la empresa facturó 19 millones el pasado año y prevé alcanzar los 50 millones a plena explotación. Con la incorporación de Bami a Gecina, no sería de extrañar que Rivero intentase reproducir el modelo de negocio y de expansión que diseñó para Metrovacesa: inversiones en logística, edificios asistenciales, oficinas y una clara vocación internacional.

El empresario gaditano incluso contemplaba en 2007 la posibilidad de sacar Bami a bolsa y repetir su estrategia de crecimiento inicial con compras y fusiones de otras empresas. Pero el momento empresarial no acompaña y los bancos y cajas, sus grandes aliados en los planes de expansión, tampoco: la integración de la cartera de Bami en una gran estructura consolidada y cotizada como Gecina le permitiría acceder con músculo al gran mercado de inmuebles y empresas en venta que se avecina, con descuentos importantes a la hora de negociar, una estrategia para la que podría estarse preparando, según fuentes del mercado. La sociedad francesa cuenta con activos, fundamentalmente de oficinas, en Francia por valor de 12.437 millones de euros, frente a los 785 millones en que ha sido valorada la cartera de Bami, que cuenta con una deuda neta de 441 millones de euros.

¿Sobrevivirá el pacto de escisión de Metrovacesa y Gecina?

A Gecina le toca ahora, además, iniciar nuevos contactos con el nuevo accionista de control de Metrovacesa, el pool de bancos que controla un 65,53% del capital español tras el abandono de Román Sanahuja. El pasado mes de diciembre, la compañía francesa suspendió el último fleco del acuerdo de separación a la espera de conocer la opinión de BBVA, Santander, Caja Madrid, Sabadell, Popular y Banesto sobre si Metrovacesa vendería finalmente su 26,9% del capital que posee en Gecina a cambio de un paquete de 37 activos valorado en cerca de 2.000 millones de euros. La compañía mantendría adicionalmente un 5% en Gecina.

El mercado no ve claro si a Metrovacesa le interesaría seguir con el acuerdo de separación, puesto que la inmobiliaria tendría que elegir entre recibir los dividendos de Gecina, que este año ascenderán a 80 millones de euros, o gestionar a través de Medea, una sociedad francesa comprada para este fin, las rentas de los 37 inmuebles franceses. Pero lo que está claro es que el acuerdo inicial firmado está tocado de muerte, toda vez que los términos estaban supeditados a que no hubiese cambios accionariales. La cesión de las acciones de Sanahuja a los bancos deja sin efecto el citado texto.

ONU: En España, o sin casa o sobreendeudados (El País)

Los embargos aumentarán un 194% y unas 180.000 familias latinoamericanas perderán su casa

La ONU apunta que el principal detonante de la crisis ha sido el abandono de la política de vivienda en manos del mercado. Los Estados, a su juicio, han realizado cuantiosas inversiones para atraer capitales internacionales e invertido en crear regulaciones e instituciones para asegurar beneficios al sector financiero. "Estos capitales en ningún caso han contribuido a facilitar el acceso generalizado a una vivienda adecuada", según el informe anual presentado por Raquel Rolnik, relatora de la ONU, sobre la situación del derecho a la vivienda ante el Consejo de Derechos Humanos.

En paralelo, el sector inmobiliario se ha enriquecido mientras el derecho a una vivienda adecuada se esfumaba y las familias se sobreendeudaban de una forma sin precedentes. Sostiene que la especulación ha llevado a la mayor burbuja de la historia, y, en ese capítulo, España merece mención como uno de los países donde más ha subido el precio de la vivienda en relación con la subida salarial.

Denuncia la concesión de créditos indiscriminados y la generalización de las subprime también "en el Estado español". Aquí "se llegó a financiar el 100% del valor del inmueble, a condonar intereses durante los primeros meses tratándose de gente joven, a prolongar las hipotecas (de 20 a 40 años) o a estimularlas con intereses variables", apunta.

Partiendo de información del Consejo General del Poder Judicial, calcula que los embargos aumentarán en 2009 un 194% respecto a 2007, y que afectarán más a colectivos, como las 180.000 familias latinoamericanas que podrían perder su vivienda.

Entre las recomendaciones, que los Estados diferencien el derecho a la vivienda del de la propiedad privada y den prioridad a un parque de alquiler asequible y estable. Rolnik apremia a los Gobiernos para que afronten el problema de la vivienda con la misma urgencia y predisposición con que lo están haciendo frente a la crisis financiera internacional.

Una renta vitalicia... y a vivir (El País)

Pensiones bajas y falta de liquidez entre los mayores impulsan la demanda de hipotecas inversas

Pablo Ruiz de Azcárate, de 80 años, acaba de firmar una hipoteca inversa con Caixa Sabadell. Su piso de 230 metros cuadrados en el barrio de Salamanca (Madrid) le permite obtener, tras liquidar la hipoteca pendiente, una renta mensual de unos 2.500 euros. Antes de firmar con esta entidad lo intentó con cuatro más, pero "no me interesaron las condiciones porque me daban menos renta o el tipo de interés era más alto", dice Pablo. Llevaba tiempo dándole vueltas. "Conocía el producto porque en el Reino Unido, donde vive mi hija, se comercializa desde hace tiempo. Es la forma de convertir los metros cuadrados en un dinero que puedo disfrutar". Ahora Pablo, que sigue viviendo en su casa, emplea su dinero extra en ocio y en hacer regalos a sus 27 nietos.


Un varón de 75 años con una casa valorada en 450.000 euros obtendría 1.200 al mes y se puede llegar a ahorrar unos 12.000 euros de Actos Jurídicos Documentados

Con la hipoteca inversa el titular no pierde la propiedad de su vivienda
La hipoteca inversa es un crédito con el que las personas mayores de 65 años o dependientes pueden obtener una renta mensual de por vida poniendo como garantía su vivienda. El principal cliente de este producto ronda los 75 años y tiene una vivienda en propiedad en una capital de provincia, principalmente en Madrid y Barcelona, valorada en unos 450.000 euros.

Se empezó a comercializar hace casi cinco años en España y que, de momento, parece capear la crisis y el embudo financiero. De las 21 entidades que comercializaban el producto el año pasado se ha retirado Caja Duero, que dice estar "intentando darle un nuevo enfoque al producto". Las 20 restantes (principalmente cajas de ahorro como Kutxa, Caixa Sabadell, Bancaja, Caixa Terrasa, BBK, Caja Navarra, La Caixa y el banco BBVA) comercializan este préstamo con más restricciones, menos riesgos y un mayor nivel de garantías. Por ejemplo, Bancaja ha pasado de financiar el 80% del valor de tasación de la vivienda al 70%. Y La Caixa, del 70% al 60%. Algunas entidades exigen una edad mínima de 70 años, como la caja vasca Kutxa.

Más interés

"La hipoteca inversa se puede convertir en una importante alternativa para que las entidades puedan seguir haciendo negocio, básicamente porque al tratarse de pagos mensuales, y no de un desembolso único, les afecta menos el problema de liquidez", explica Ángel Rodríguez-Carreño, consejero delegado de la consultora especializada Óptima Mayores. El interés hacia este tipo de préstamos por parte de la población mayor ha crecido en el último año. Las bajas pensiones, la necesidad de liquidez y la contracción del mercado de compraventa de viviendas han supuesto un incremento de la demanda. "Las personas mayores de 65 años que llevan tiempo intentando vender sus casas sin conseguirlo están accediendo a la hipoteca inversa como alternativa a malvender su casa", explican en Óptima Mayores, que ha asesorado a más de 2.500 clientes desde 2005, con un volumen de negocio de 21 millones de euros, un 37% más que el pasado año.

De metros a euros

Uno de esos clientes es Francisco Torre-Marín, de 74 años, que en junio de 2007 firmó con Bancaza una hipoteca inversa sobre su casa de 600 metros y 3.000 metros de parcela en Los Molinos (Madrid). El caso de Francisco es distinto. Necesitaba un dinero para saldar una deuda familiar pendiente y regularizar una finca, con lo que tras recibir una importante cantidad inicial le queda una renta mensual de 200 euros.

Hay más demandantes y las entidades lo notan. Caixa Sabadell cerró 2008 con un incremento del 7% en el volumen de contratación, por encima de lo esperado. El peso de la hipoteca inversa sobre el total de hipotecas a particulares es mínima, del 3%, ya que es un producto de comercialización no masiva destinado a cubrir una necesidad muy concreta. Para Bancaja "puede ser un producto estrella en un futuro no muy lejano". Como todos los productos novedosos, hay un periodo de conocimiento en su implantación por parte de los clientes, pero poco a poco va despegando, consideran en esta entidad.

El panorama es propicio. España es el quinto país de la Unión Europea en volumen de población mayor: un 17% tiene más de 65 años (7,2 millones de personas). Se espera que para 2050 esta proporción se eleve hasta el 30,80%.

Aun así, esta hipoteca sigue siendo vista con reticencia tanto por las personas mayores como por sus descendientes, que ven cómo su herencia decrece. Según un estudio de La Caixa, "en España los mayores mueren ricos en patrimonio", debido a la fuerte cultura en favor de la herencia. El 92% de los mayores de 65 años son propietarios de su casa, según el INE. Sin embargo, casi un tercio de esta población vive con rentas cercanas al umbral de la pobreza, ya que las pensiones se encuentran entre las más bajas de Europa. Por eso, la vivienda en propiedad puede ser el principal mecanismo de acumulación de riqueza de los mayores.

¿Qué es la hipoteca inversa?

La hipoteca inversa, que en España comenzó a comercializar Ibercaja y que regula la Ley de Reforma del Mercado Hipotecario desde el año 2007, es un crédito con garantía hipotecaria dirigido a mayores de 65 años o dependientes cuya principal característica es que la entidad financiera paga una cantidad mensual garantizada (temporal o vitaliciamente) al titular, sin que éste ni sus herederos pierdan la propiedad de su vivienda.

Puede ser la vivienda habitual o la segunda residencia. Vivir en ella o tenerla arrendada. Puede estar libre de cargas o hipotecada. "Cuanto mejor conservada, más urbana y menores cargas, mejor valor de tasación podrá obtener, la base para determinar la renta a percibir", señala José Jorge, director general de la empresa especializada Jubilarse en Casa. Algunas entidades, como Bancaja, Ibercaja y CaixaManresa no sólo tienen en cuenta el valor de tasación actual, sino también la revalorización futura de la casa hasta el fallecimiento del titular (se calcula entre un 2% y un 4% anual).

Los herederos tienen dos opciones. Disponen de unos seis meses para proceder a la cancelación o subrogarse en la deuda existente y devolver el préstamo como si de una hipoteca normal se tratase. En caso contrario, la entidad financiera procedería a la venta de la vivienda, liquidación de la deuda y devolución de la cantidad sobrante. La edad tope para contratar este préstamo está entre los 89 y 95 años, según cada entidad. Así, las personas mayores pueden complementar su pensión de jubilación, seguir viviendo en su casa y destinar esos ingresos extras a cuidados asistenciales, ocio y viajes, o pueden alquilar la casa y retirarse a una residencia.

En el caso de un hombre de 76 años con una vivienda valorada en 450.000 euros podría obtener una renta de unos 1.200 euros mensuales, y de forma garantizada hasta su fallecimiento. Eso sí, está disminuyendo el valor de las viviendas, uno de los parámetros fundamentales que determina la renta mensual. Actualmente el valor de tasación es un 20% menos en las zonas urbanas.

Cancelar y saldar la deuda

La operación se puede cancelar en cualquier momento. Esto abre la puerta a una posible especulación. Aquellos que tengan la intención de vender su casa y no puedan por la debacle inmobiliaria, pueden esperar unos años, y cuando los precios vuelvan a subir, vender y cancelar la deuda pendiente con la entidad. Sin embargo, "lo normal es percibir la renta hasta el fallecimiento del titular", explica Rodríguez-Carreño.

Otro factor clave para las entidades es el sexo y la edad del cliente. Los hombres cobran más que las mujeres porque su esperanza de vida es menor (76 años frente a 83, según el INE). Y cuanto más mayor, más renta mensual. ¿Y si vive 100 años? La entidad paga la renta de por vida. Para eso hay que escoger la renta vitalicia: hasta los 90 años cobra la renta mensual a cargo del crédito hipotecario suscrito y a partir de esa edad con cargo al seguro de la renta vitalicia diferida, que cuesta entre 15.000 y 20.000 euros. La mayor parte de estas hipotecas se formulan a un tipo fijo que se mueve entre el 6% y el 7%.Hace dos años se negociaba entre el 8% y 9%.

Al aumento de la oferta y la demanda de la hipoteca inversa ha contribuido la Ley de Reforma del Mercado Hipotecario de 2007, que regula y dota de importantes exenciones fiscales al titular. La más importante es la eliminación del impuesto de actos jurídicos documentados, que supone un ahorro medio de 12.000 euros. Para ello es necesario tener 65 años o más y ser la vivienda habitual. No obstante, está pendiente la regulación de algunos temas esenciales, como la "forma, requisitos y condiciones" que ha de cumplir el asesoramiento independiente obligatorio. Un tema básico para su impulso definitivo. Esto implica que las entidades deberán remitir a los clientes a un asesor independiente que defienda los intereses de la persona mayor y le ofrezca la mejor solución.

El antecedente de la hipoteca inversa en España es la renta vitalicia, con la que se cede la propiedad del inmueble al fallecimiento del titular. Es decir, la venta de la nuda propiedad. Se trata de un sistema que no ha acabado de cuajar debido a su poca popularidad ante la pérdida de la propiedad. De hecho, desde que se inició la venta de la hipoteca inversa, la renta vitalicia ha ido cediendo terreno: "De una muestra de 2.212 casos, el 78% se inclinó por la hipoteca inversa y el 22% por la renta vitalicia", señalan en Óptima Mayores.


¿Qué pasa en otros países?
En los países anglosajones hay una importante tradición en hipotecas inversas y gozan de un mercado ya maduro. En el Reino Unido se comercializa este producto desde 1965. Y en Estados Unidos, desde 1989. En ambos países es obligatoria la figura del asesor independiente que certifique las operaciones para salvaguardar los intereses del cliente frente a la entidad financiera. En el Reino Unido, el 1% de las personas mayores de 65 años con vivienda en propiedad es usuario de equity release ", es decir, suscribe hipotecas inversas o rentas vitalicias inmobiliarias. El 90% de las hipotecas inversas que se contratan en EE UU es la regulada por el Department of Housing & Urban Development, equivalente al Ministerio de la Vivienda. En Francia también existe una importante tradición en utilizar la vivienda en propiedad para obtener liquidez mensual, pero no a través de la hipoteca inversa, sino de un producto similar, el viager , algo parecido a la renta vitalicia a cambio del derecho a quedarse con la vivienda al fallecimiento del titular. Este sistema está igualmente reconocido en el Código Civil español y es comercializado en España.

El Gobierno aprueba un Real Decreto para agilizar la Renta Básica de Emancipación (El Mundo)

Desde ahora se automatizan los datos de la domiciliación del pago por cargo en cuenta
Se estipula un plazo, hasta ahora inexistente, para pedir las ayudas del aval y fianza
Fernández De la Vega ha asegurado que los objetivos de la RBE 'se están cumpliendo'

Un rayo de luz al final del túnel de la RBE. 14 meses después de su puesta en funcionamiento, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la modificación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación para "mejorar y agilizar" la tramitación de esta ayuda de 210 euros mensuales para jóvenes de entre 22 y 30 años. Una decisión en forma de retoques en varios de sus puntos que llega después de los retrasos que se han producido en algunas comunidades autónomas para cobrar la subvención estatal.

Fundamentalmente, se han ampliado las modalidades de pago del arrendamiento admitidas. Así, alternativamente al sistema vigente (domiciliación en forma de transferencia por parte del inquilino), se admitirá la domiciliación del pago por cargo en cuenta. Es decir, que sea el propietario el que 'envíe' un recibo de cobro al inquilino a través de la entidad financiera como, por ejemplo, hacen las compañías eléctricas a la mayoría de sus clientes. Y lo que es más importante, este paso se automatiza. Este tipo de desembolso es muy habitual en Cataluña, donde hasta ahora los jóvenes tenían que ponerse en contacto posteriormente con el Ministerio para comunicar su pago.

Desde la puesta en funcionamiento de la ayuda se estableció un sistema de control del pago del alquiler por el beneficiario basado en la transferencia bancaria que éste efectuaba al arrendador. Con posterioridad, el Ministerio aceptó la modalidad del pago mediante cargo en cuenta, cuya diferencia es que no son las entidades de crédito las que lo ordenan, sino el gestor del alquiler, que lo cobra mediante recibo.

Las modificaciones introducidas también especifican algunos términos cuya interpretación había generado dudas

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Las modificaciones introducidas también especifican algunos términos cuya interpretación había generado dudas. Por ejemplo, aclara el concepto de fuente regular de ingresos o el momento en que se devenga la ayuda a quienes hubieran obtenido el reconocimiento provisional del derecho.

Asimismo, esta modificación introduce novedades en el plazo de solicitud de las ayudas para el aval y la fianza y establece un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato de alquiler, salvo que las comunidades autónomas establezcan un plazo inferior. Hasta ahora, este plazo no existía puesto que tanto el aval como la fianza se limitaban a los nuevos contratos de alquiler.

Por otro lado, el Ministerio de Vivienda asegura que se están adoptando otras medidas para agilizar más la gestión de los pagos, como la modificación de los convenios con las entidades de crédito para facilitar la transmisión de información, el refuerzo de medios personales y tecnológicos o la mejora de la información presencial, telefónica y telemática a los interesados.

Cerca de 100.000 jóvenes perciben los 210 euros
El Consejo de Ministros analizó un informe de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, sobre el funcionamiento de esta subvención, en el que se concluye que, con datos avanzados del primer trimestre, cerca de 100.000 jóvenes perciben ya la Renta Básica de Emancipación. Esto supone un 58,7% más que al término de 2008.

Se han contabilizado unas 220.000 solicitudes, 155.000 favorables

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Además, desde su entrada en vigor, en enero de 2008, se han contabilizado unas 220.000 solicitudes, 155.000 resoluciones favorables de las comunidades y ciudades autónomas y casi 100.000 pagos ordenados. "La diferencia entre resoluciones favorables y pagos obedece a la complejidad propia de la ayuda y a los exhaustivos controles establecidos para evitar errores y fraudes", explica el informe.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que los objetivos de la Renta Básica de Emancipación "se están cumpliendo".

Franklyn Hotels abre en Casares un nuevo hotel de cinco estrellas (Málaga Hoy)

El complejo cuenta con campo de golf y 67 'suites' que se comercializan entre los 300 y 800 euros por noche

La Costa cuenta con un nuevo hotel de cinco estrellas en el municipio malagueño de Casares, a pesar de que la crisis económica se ha mostrado especialmente virulenta con los establecimientos de lujo. El Boutique Hotel Finca Cortesín abrió las puertas a finales de octubre del pasado año aunque su inauguración oficial se realizará hoy, después de unos meses de "rodaje", según aseguró la supervisora del equipo de Ventas, Anne Charriere.

Cuenta con 67 suites, campo de golf de 18 hoyos y está considerado uno de los más largos de Europa con 7.000 metros. También dispone de dos restaurantes, un spa, con una pionera y exclusiva en España cabina de nieve.

El perfil del cliente es de alto poder adquisitivo. Así, una suite puede costar de media, para dos personas y con desayuno incluido, unos 300 euros la noche, dependiendo si se está en temporada alta o baja. Igualmente, dispone de executive suites con piscinas propias cuyo coste se eleva, de media, hasta los 800 euros la noche. En él trabajan 106 personas, una cifra que, según Charriere, demuestra que el cliente "estará muy bien atendido". Además, está prevista la creación en sus instalaciones de un centro comercial.

Una de las características del establecimiento es que contará con importantes eventos y la prueba está en que acogerá este año y la Volvo World Match Play Championship y un campeonato de golf con los 16 mejores jugadores del mundo.

Charriere reconoció que este boutique-hotel ha abierto sus puertas "en el peor momento" al ser un proyecto "muy costoso" y dada la situación de crisis económica mundial. Sin embargo, aseguró que la calidad del entorno en el que se encuentra y las características, "con antigüedades y mucho encanto", lo hacen "especial".

El complejo, a cuya inauguración está previsto que asista el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, se completa con lujosas villas de 450 metros cuadrados, apartamentos y la academia de golf Jack Nicklaus. A pesar de ser el grupo inmobiliario Single Home quien está detrás de su construcción, el hotel Cortesín está gestionado por la empresa Franklyn Hotels & Resorts, especializada en estos establecimientos.

Esta marca dispone de 13 hoteles de lujo en funcionamiento y tres en desarrollo, en siete países europeos. En España tiene operativos tres complejos.

La Presentación recupera para uso educativo el 'chalet' del colegio (Málaga Hoy)

El edificio, protegido por el nuevo PGOU, ha sido rehabilitado para devolverle su color original · Los alumnos de Bachillerato darán allí sus clases el próximo curso

Es uno de los edificios con más solera de todo Pedregalejo. Y el centro geográfico del colegio de La Presentación. Por eso el centro ha trabajado para recuperar el que allí se conoce popularmente como chalet o gori, tras acabar los trabajos de rehabilitación, le volverá a dar uso educativo: el próximo curso, los alumnos de Bachillerato tendrán el privilegio de dar clases en el inmueble, protegido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU).

Durante los últimos años, los trabajos de renovación del inmueble, firmado por el mismo arquitecto del Palacio de la Tinta, Julio O'Brien, en el año 1941, han hecho que apenas se pueda hacer uso escolar de las instalaciones, salvo para alguna clase suelta de infantil. "Con las distintas ampliaciones que ha ido sufriendo el colegio, perdió carácter educativo y cogió administrativo", explica en el colegio, donde subrayan que allí también ha estado el comedor escolar.

Pero la importancia que tiene en la historia de La Presentación el edificio han hecho que, cuando se culminen los últimos detalles de la remodelación -que ahora se centra en el interior- vuelva a potenciarse el uso educativo, en este caso para albergar a los alumnos de Bachillerato, "aunque también albergará algunos despachos y aulas de apoyo", destacan en el colegio.

El inmueble fue primero residencia de su arquitecto, Julio O'Brien. Su gran jardín fue poco a poco perdiéndose mientras la parcela iba ganando suelo educativo, tiempo en el que pasó a ser capilla, luego internado o aula escolar. Pero desde el año 2003 ha sufrido un proceso de rehabilitación que recupera su color original, ha renovado la cubierta y ha cambiado la instalación eléctrica y que culminará totalmente este curso. De estilo ecléctico, en su arquitectura destacan aspectos modernistas, tejas similares a las del Mercado de Salamanca y un cubierta superior que lo caracteriza y que ha debido ser elevada de su forma original para evitar filtraciones, según indica el PGOU malagueño.

El IMV duplicó en 2008 las cifras de los últimos 10 años (La Opinión)

El año pasado ejecutó el 31% de su presupuesto, muy superior al 17% de media de la última década, lo que permitirá triplicar el número de VPO entregadas

JAVIER GARCÍA RECIO MÁLAGA El Instituto Municipal de la Vivienda, (IMV) consiguió duplicar el año pasado los resultados económicos obtenidos en los últimos diez años y doblar por tanto la gestión de su actividad de construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
Estos resultados de 2008, que aún estando en un nivel medio, suponen un salto espectacular respecto a los conseguidos en los últimos diez años, tienen su principal repercusión en que el IMV va casi a triplicar en 2009 el número medio de viviendas entregadas, ya que si la crisis no impone retrasos, durante este año podrá entregar en torno a 800 viviendas, en las modalidades de venta o de alquiler.
Los datos se reflejan con claridad en el documento de la Intervención municipal sobre la ejecución del presupuesto del 2008. Durante los últimos diez años, el IMV venía ejecutando de media el 17,5% de su presupuesto. En 2008 ejecutó un 31,2% y dejó adjudicado el 60,5% del mismo.
Traducido en euros, significa que el IMV pagó certificaciones por valor de 77 millones de euros, una cifra muy por encima de los 49,6 millones gastados en 2007, un 36,4% más.
Promociones. Además, en 2008 dejó adjudicadas obras por valor de 152,8 millones de euros, también muy por encima de los 136,6 millones licitados en 2007. Este ´milagro´ tiene, como se explicaba más arriba, la evidencia de un mayor número de viviendas construidas en menos tiempo y será una realidad que explotará este año.
En los últimos diez años la media de viviendas entregadas por el IMV al año estaba en torno a 250. Para este año se entregarán en torno a 800. Así, para el segundo semestre de este año está prevista la entrega de unas 274 viviendas en Soliva Este, cuyo sorteo se hará en mayo; también para ese semestre deberán entregarse la promoción de 20 vivienda de Puerto Parejo, o las 22 que se levantan en la Finca La Palma.
Para mediados de año también deberán estar listas para su entrega dos promociones de 63 y 30 viviendas en alquiler en Soliva y para finales de año una promoción de 182 y otra de 140, también en la zona de Soliva Este. En cualquier caso, la crisis económica y su repercusión muy directa en el sector de la construcción puede retrasar algunas de estas promociones.

Los partidos se unen para reclamar una modificación a la baja el catastro. Estepona (SUR)

El documento, que incrementó hasta en un 300% el precio de las casas, no podrá cambiarse hasta dentro de cinco años
Todos de acuerdo. El Ayuntamiento de Estepona solicitará a la Dirección General del Catastro una revisión a la baja de los valores de los inmuebles esteponeros. Los representantes de todos los grupos políticos acordaron esta propuesta (solicitada en pleno por los concejales del PES), que no se podrá convertir en una realidad hasta dentro de cinco años. Este es el plazo mínimo para realizar un cambio en la ponencia de valores de las viviendas tras su aprobación, según la normativa.
La revisión catastral está vigente en el municipio desde el año pasado. Al margen de esta medida, el Ayuntamiento continuará con la vía legal que inició el año pasado mediante la impugnación en pleno del documento para la anulación de sus valores. La Plataforma de Vecinos había demandado al equipo de gobierno la adopción de esta medida. «No existe excusa para que esta acción no se acometa con la mayor urgencia para tener una ponencia de valores acorde con la realidad social y del mercado», según indicaron desde el colectivo.
Precio de mercado
La aplicación del nuevo catastro en el municipio otorgó a los inmuebles unos valores que nada tienen que ver ahora con la realidad del mercado. El documento establece un incremento medio de un 300% del valor de los inmuebles, ya que se elaboró en los años del 'boom' inmobiliario. Precisamente, la aprobación de los nuevos valores catastrales levantó las críticas de los ciudadanos, que protagonizaron varias manifestaciones para protestar por esta situación. Los afectados presentaron un total de 5.000 alegaciones al documento.
En este sentido, los integrantes de la plataforma vecinal consideraron además que el Ayuntamiento puede, hasta que se realice la nueva ponencia, de valores reducir al mínimo posible los coeficientes aplicados a los impuestos y tasas cuyo cálculo se realiza en base al valor catastral de los inmuebles.
La propuesta no entra por ahora en los planes del gobierno; si bien, el edil de Hacienda, Antonio Sánchez, anunció que mantendrá en breve una reunión con responsables del Catastro.

Urbanismo detecta cada semana una media de 17 obras ilegales. Marbella (SUR)

Los expedientes sancionadores caen un 30% por el parón del ladrillo Excederse o comenzar a trabajar antes del permiso, principales causas

Menos grúas en el horizonte, menos cubas para la recogida de escombros y menor volumen de expedientes por obras ilegales. El parón del ladrillo se deja sentir allí donde se oye la palabra construcción. Lo notan también en el área de disciplina urbanística del Ayuntamiento, que en el último año ha visto cómo el número de expedientes abiertos a obras sin licencia o que se excedían de los permisos concedidos se reducía en un 30 por ciento por el menor volumen de actividad. Con todo, Urbanismo detectó una media de 17 infracciones a la semana, lo que deja entrever que al menos en el ámbito de las obras menores, las conocidas como chapuzas, hay cemento fresco, aunque en algunos casos al margen de la legalidad. Así, según los datos de la Delegación Municipal de Urbanismo, en 2008 se incoaron 893 expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas frente a los 1.294 del año anterior. Y en lo que va de 2009, la cifra se eleva a 125. «Todos los expedientes llevan aparejado el legalizador, que insta a que se pida licencia si no la hay y si no es legalizable, se obliga a que se tire», explica la edil de Urbanismo, Alba Echeverría.
El grueso de las infracciones obedece principalmente a dos factores. De una parte, la impaciencia para comenzar los trabajos, lo que hace que algunas constructoras o particulares inicien la obra tras solicitar la licencia pero sin esperar a que le sea concedida formalmente. De otra, los que se extralimitan y realizan una obra mayor de lo permitida, caso de pedir autorización para cerrar un balcón y aprovechar para algún retoque no declarado. «La ley es muy clara en este sentido y hay que sancionar», añade la concejala del ramo, que lanza un aviso a navegantes: se dan casos en que la multa acaba superando el valor de la obra. O como se dice popularmente, acaba costando más el collar que el perro.
De leves a muy graves
El baremo de las sanciones está fijado de antemano. En el caso de que se trate de una infracción leve oscilará entre los 600 o los 3.000 euros si es legalizable y entre el 50 y el 100 por cien del valor de lo construido si no cabe esa posibilidad. En el caso de las graves o muy graves ambos conceptos crecen, respectivamente, hasta los 3.000 a los 6.000 euros y los 6.000 a los 120.000 euros si son legalizables y entre el 75 o el 200 por cien del coste de los construido si no lo son. Con todo, se trata de cantidades orientativas que pueden reducirse si hay atenuantes o con otros parámetros en función del análisis de cada caso concreto.
Suelen ser los propios vecinos los que ponen a la unidad de disciplina urbanística sobre la pista. También los agentes de la Policía Local, que actúan como una prolongación de la inspección y se encargan de solicitar los permisos en las obras que se encuentran a su paso. «Cuando ven una obra es su área piden la licencia y si no la tienen levantan un acta y nos dan traslado. Después el aparejador elabora un informe que da lugar al expediente», explica Echeverría sobre los pasos de la tramitación.
Escombros
Con todo, hace un llamamiento a los vecinos para que denuncien cualquier anomalía que vean, como un exceso de escombros. «Son muchas más las que nos llegan de vecinos; su papel es muy importante», añade. De hecho, este tipo de infracciones también merman los ingresos en las arcas municipales. Es una cuestión matemática, si el impuesto de obras y construcciones supone el 4 por ciento del valor de la obra, cuanto menos declaran menos recaudará el Ayuntamiento.
Al margen de este día a día, el negociado de disciplina urbanística debe hacer frente al caos heredado de la 'era GIL'. «Nunca se le puso atención a este área. Se abrían expedientes pero no se concluían», subraya. De hecho, varios años después, hay procedimientos que todavía están vivos y, en el caso de que caduquen, se reactivan automáticamente para que no caigan en el olvido. «Hemos heredado una barbaridad de documentos y estamos haciendo un estudio para ponerlos al día y darle coherencia», señala la edil de Urbanismo

El Gobierno creará una promotora pública para construir viviendas protegidas (El Mundo)

También edificará naves para la pequeña industria y promoverá actividades logísticas
El Consejo de Ministros autorizó la creación de la sociedad SEPES Urbana, dependiente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que desarrollará nuevas actuaciones en materia de suelo, entre las que se encuentra la promoción directa de vivienda protegida (VPO).
En la rueda de prensa posterior al consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que SEPES Urbana también edificará naves para la pequeña industria y promoverá actividades logísticas.
La nueva sociedad, cuya creación no supondrá un incremento de gasto por parte del Estado, estará participada al 100% por SEPES y tendrá la consideración de "medio propio".
Esta consideración le permitirá asumir tareas encomendadas por cualquier organismo de la Administración General del Estado que excedan de la labor promotora y urbanizadora de suelo que viene ejecutando SEPES.
Sin embargo, este tipo de actuaciones no se acometerán con los fondos de SEPES, ya que serán financiadas por los organismos de la Administración que las encarguen, según explicaron fuentes del Ministerio de Vivienda.
Informe de la ministra
Entre 2004 y 2008, Vivienda comprometió 23 millones de metros cuadrados para construir 74.000 VPO
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, sobre la evolución de la política de suelo del Gobierno entre 2004-2008, periodo en el que se comprometieron más de 23 millones de metros cuadrados de suelo en patrimonio para construir sobre ellos más de 74.000 VPO.
En ese periodo, sólo las actuaciones más importantes, esto es, aquellas que superan las 400 viviendas, entre 2004 y 2008 se edificaron más de 12 millones de metros cuadrados de suelo público, un 375% más que entre 1996 y 2003.
Además, el número de viviendas construidas o comprometidas para su desarrollo fue de 103.000, lo que supone un 334% más respecto al periodo anterior. De este total de viviendas, 68.000 fueron protegidas, siendo un 256% más.
El informe también da cuenta de la constitución el pasado 16 de marzo de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre suelo, cuyo objetivo es aumentar la coordinación y la agilidad en la gestión del suelo público estatal y favorecer su movilización al servicio de las políticas públicas de vivienda.

El PP propondrá la creación de una ley de control urbanístico (La Opinión)

Javier Arenas anuncia en una visita a Marbella que en esa iniciativa también se solicitará la creación de una agencia para la transparencia
EFE. MARBELLA El PP-A presentará la próxima semana en el Parlamento autonómico una propuesta para la creación de una ley de control urbanístico en Andalucía, según anunció ayer el presidente regional de los populares, Javier Arenas.Arenas, que clausuró el XI Congreso Local del PP de Marbella, explicó que la moción comprende también la constitución de una agencia de transparencia urbanística, así como la desaparición de "diez o quince organismos que no hacen falta para nada"."Es un auténtico escándalo que las comisiones provinciales de urbanismo sean en muchos casos una sede más del PSOE", señaló el dirigente popular, que abogó por la incorporación de colegios profesionales y "personas con prestigio al control independiente del urbanismo". Asimismo, Arenas aseveró que el PSOE "concibe el urbanismo como un arma político-partidista y éste tiene que ser una política al servicio del bienestar del ciudadano, del crecimiento económico y de la creación de empleo"."Hace falta que, de una vez por todas, afrontemos los problemas urbanísticos en Andalucía", indicó el dirigente andaluz, que afirmó que el urbanismo autonómico "no puede seguir estando en manos de los que representan un proyecto absolutamente agotado, como es el caso del presidente de la Junta, Manuel Chaves".El presidente del PP-A resaltó la necesidad de hacer frente a "los problemas de corrupción" y apuntó que "en Andalucía vamos a escándalo diario y en los últimos quince años no se ha producido ni una sola comisión de investigación".Arenas criticó la actuación del Ejecutivo regional en la negociación de la financiación autonómica, que "pone de manifiesto una vez más que con Chaves no pintamos nada en la política española". Además, destacó que el presidente de la Junta ha manifestado que "no le parece mal" la propuesta de mil millones realizada por el Gobierno central a la comunidad andaluza, que "tiene ocho millones de habitantes y un millón de parados". "A Cataluña, que tiene siete millones de habitantes y mucho menos paro que en Andalucía le están ofreciendo dos mil millones de euros", agregó. A este respecto, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP subrayó que "no va a aceptar bajo ningún concepto que haya un sistema que beneficie a los ricos contra la comunidades más débiles y acabe definitivamente con la igualdad de todos los españoles".

«La obra del Thyssen estará terminada en otoño de 2010» (La Opinión)

Coordinador de la obra del Museo de Carmen Thyssen

El nuevo coordinador de este proyecto destaca que se está preparando un plan para mejorar las calles del entorno de la futura pinacoteca antes de su inauguración

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Doce años de trabajo al frente de la Oficina de Rehabilitación del Centro han dado su fruto para José María Gómez Aracil, que está satisfecho por el cambio de imagen de esta zona de Málaga. Ahora comienza una nueva etapa para coordinar la obra del museo para la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza.

-Su sustituto al frente de la Oficina de Rehabilitación será Francisco Bravo Lavado. ¿Qué le parece la elección?
-Me parece una magnífica decisión. Lo hará muy bien porque tiene mucha experiencia. La verdad es que, de haber dependido de mí, también lo habría elegido.
-¿Qué le supone dejar la Oficina de Rehabilitación tras doce años al frente de este organismo?
-Cuando se cambia, siempre se enriquece, porque he estado doce años y ya es hora de que entre alguien con nuevas ideas e impulso. He disfrutado mucho porque se ha visto un cambio de imagen en el Centro Histórico. Me encomendaron este trabajo después de estar como gerente de Urbanismo y ha sido una etapa muy bonita, porque el esfuerzo se aprecia.
-¿Cómo ha sido el trabajo de rehabilitación durante estos años?
-Ha sido una actuación de casa a casa, de edificio a edificio. Cuando empezamos el Centro Histórico estaba muy abandonado por un proceso común a todas las ciudades con crecimientos muy rápidos, en los que los habitantes se van a los nuevos barrios. Los habitantes que se quedaron lo hicieron porque estaban atrapados, al no tener posibilidades de irse. Pero teníamos una cosa buena y es que el Centro estaba muy degradado, pero apenas se había modificado. Además, conservaba todas las viviendas del siglo XIX en todo su valor histórico, que es mucho.
-¿Cuál sería el principal hito de la recuperación del Centro Histórico?
-La calle Larios es el hito que ha marcado el cambio en la ciudadanía, ya que con su renovación hubo una nueva percepción sobre el Centro y ahora la ciudad ya percibe la diferencia. De hecho, a partir de ese momento se acometieron las grandes operaciones de rehabilitación y ahora está en una dinámica de atracción inamovible.
-¿Y cuál sería el aspecto más negativo o que se ha quedado en el tintero?
-Ha faltado una armonización entre la oferta y la demanda. Al principio interpreté como positivo que los propietarios de edificios, que estaban dispuestos a dar su inmueble al Ayuntamiento antes de arreglarlo porque no les resultaba rentable, empezaran a ver sus propiedades como una oportunidad de ganar dinero. Eso lo valoraba porque la rehabilitación es misión de los privados y el Ayuntamiento sólo debe apoyarlos. Así que esos beneficios garantizaban que hubiese inversión. Sin embargo, cuando se sobrepasa cierto límite, las viviendas se encarecen demasiado y se hacen más pequeñas para que sean asequibles al comprador. Esta reducción de la superficie crea una población poco estable, ya que sólo son adecuadas para personas sin familia y, en cuanto evolucionan un poco, se van fuera a buscar casas más grandes.
-Las principales calles del núcleo histórico están en buenas condiciones. ¿Hay que dar un nuevo salto a otras cercanas que se han quedado descolgadas?
-Queda mucho por hacer en el Centro. El urbanismo actúa como una mancha de aceite, que se va extendiendo poco a poco, y calles en las que antes no se pensaba, ahora son una prioridad. Ya estamos ante una tendencia imparable. Quedan algunas calles de la antigua medina árabe, aunque se ha actuado sobre la mayoría, pero ahora hay que ir por los arrabales, que también son Centro Histórico, como la calle Victoria o Madre de Dios.
-En estos días comienza a asumir su nueva responsabilidad como coordinador de las obras del museo para la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. ¿Qué cree que aportará este proyecto a la ciudad?
-Cuando los malagueños descubran el Palacio de Villalón, puede que ya nos hayamos olvidado de cómo estaba el edificio, con la fachada llena de gresite. Pero lo cierto es que vamos a recuperar un edificio de principios del siglo XVI, con todos los vaivenes que ha sufrido en su historia, pero uno de los pocos que quedan en Málaga de esa época.
-El Ayuntamiento de Málaga lleva interviniendo en el palacio y su entorno desde hace años. ¿Qué se ha hecho y qué falta?
-La primera actuación fue recuperar el artesonado original del edificio, que es muy valioso y corría el riesgo de derrumbarse. En cuanto el Ayuntamiento obtuvo el edificio, empezamos a actuar en el artesonado porque no son de decorado, sino que sostienen la cubierta y aguantan el tejado. Estaban en muy mal estado y con un riesgo grave de que se cayeran. De hecho, mientras se trabajaba en el edificio se derrumbó uno de los muros, que estaba al límite. Afortunadamente llegamos a tiempo y se pudo recuperar el artesonado. Después hubo una segunda fase de las obras en 2007 para recuperar el Palacio de Villalón, pero sin los remates finales porque en ese momento ya se vislumbró que podía acoger la colección de Carmen Thyssen, en lugar del Museo de la Ciudad como se había previsto.
-No obstante, el Palacio al final es sólo una parte del proyecto, que poco a poco ha ido ampliándose con edificios anexos.
-Por una parte se le unieron los número 6 y 8 de la calle Compañía, donde había una tienda de trajes de novia y una camisería. También se le sumó toda la parte de atrás, hasta la esquina con la calle San Telmo. En principio eso iba a ser todo, porque estaba previsto un doble sótano, con una planta para los servicios del museo y otra para mostrar los restos arqueológicos. Sin embargo, al hacer las excavaciones vimos que los restos romanos estaban mucho más altos de lo que pensábamos y se eliminó una de las plantas de sótano para respetarlos. La solución fue buscar la ampliación del museo fuera de la manzana y de ahí las ampliaciones a los números, 1, 3 y 5 de la calle Mártires. Los dos primeros corresponden con el edificio de ´Suprema´, que además incluye fachada en el número 4 de la plaza de San Ignacio.
-¿Estos últimos edificios se encuentran en buen estado o hay que intervenir mucho sobre ellos?
-El número 5 de la calle Mártires estaba rehabilitado y sólo hay que adaptarlo a su uso como oficinas del museo y sede de la fundación, ya que estaba arreglado como vivienda y estudio de arquitectura. El edificio de la ´Suprema´, que ocupa los números 1 y 3 de la calle Mártires se tendrá que derribar porque está muy modificado desde los años 70. Ya no corresponde la protección que tiene con el propio inmueble, que está muy alterado. Incluso se ha bajado tanto el forjado que en mitad de uno de los cierros se ve el suelo.
-En el verano pasado se contrató la redacción del proyecto definitivo a los arquitectos Rafael Roldán y Javier González, así como las obras de construcción del museo a la unión de empresas formada por OHL, Contrat y Hermanos Campano. ¿Cuándo empezarán los trabajos?
-El proyecto se encuentra redactado y aprobado, por lo que las obras comenzarán ya. La verdad es que hemos tenido muchas dificultades hasta llegar a este punto, porque los restos arqueológicos encontrados nos han obligado a profundizar mucho y se han adoptados medidas cautelares de seguridad. Pero el resultado ha sido muy bueno.
-¿Cómo se van a integrar los restos en el museo?
-Encontramos unos sillares de una antigua empresa de ´garum´, de la que también se conservan varias piletas que se han dejado. El problema era que esos sillares impedían la obra del sótano para instalar los servicios generales. Así que pedimos permiso a la Consejería de Cultura para reubicarlos unos metros más lejos. Al final los sillares se van a quedar de forma que no se descontextualicen y estarán en el pasillo que dé acceso a la visita arqueológica.
-¿Qué plazos se manejan para completar la obra del Thyssen?
-Los trabajos han sido adjudicados con un plazo de ejecución de quince meses y medio, que empiezan ya a contar. No debe haber alteraciones de este plazo porque ha habido mucho trabajo previo para resolver los posibles problemas. De todas forma, si surge cualquier imprevisto hay mucha obra que hacer mientras se resuelvan esos problemas. La idea es que en otoño de 2010 esté terminado el edificio y se empiece a trabajar en montar la colección de la baronesa.
-Cuando se inauguró el Museo Picasso se criticó que no se hubiera arreglado el entorno, un argumento que todavía sigue vigente. ¿Se ha previsto en este caso?
-Hemos aprendido de la experiencia del Picasso y se va a poner de acuerdo, espero, a las partes implicadas para que al término de la obra (técnicos, dirección de obra y Gerencia de Urbanismo, entre otros) para aprobar un plan especial de infraestructuras que adecúe el entorno. Está claro que la calle Compañía y Los Mártires no tienen el pavimento que deberían y también habrá que arreglar el acceso al museo y actuar sobre los rótulos de las calles y cables. También se intentará regularizar el uso para integrarlo en el entorno. Por ejemplo, el museo no tendrá una cafetería porque quita espacio y hay una amplia oferta alrededor del edificio.
-¿Cómo ve la baronesa Thyssen el proyecto del museo, ahora que está definido?
-Está encantada. Siempre se ha sentido muy a gusto en Málaga y ha manifestado su entusiasmo por todo el proceso. Siente que el proyecto es muy querido y que la ciudad está entusiasmada con él, porque ha tenido muchas ofertas para llevar su colección a otras ciudades y siempre ha apostado por Málaga. Está siguiendo muy de cerca cómo evoluciona y cuando quiere definir cómo es el proyecto dice que es ´divino´.

Adjudicadas las obras para el conjunto Alcazaba-Gibralfaro (La Opinión)

La empresa Hermanos Campano rehabilitará los monumentos con dinero del ´Plan Zapatero´, mientras que Volconsa urbanizará la plaza de armas del castillo

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA El llamado ´Plan Zapatero´ hará posible un ´lavado´ de cara en la Alcazaba y Gibralfaro. Esta semana, la Gerencia de Urbanismo adjudicó de forma provisional la rehabilitación del conjunto monumental a la empresa Hermanos Campano S.L. por un importe de 496.955 euros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses a partir del inicio de las obras.
Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo también ha adjudicado de forma provisional la urbanización de la plaza de armas del Castillo de Gibralfaro a la empresas Volconsa, Construcción y Desarrollo de Servicios S.A., por una cuantía de 500.154 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Esta obra también está incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local y se calcula que las dos actuaciones de mejora estén listas antes de fin de año.
El ´lavado de cara´ del primer proyecto consistirá en consolidar y restaurar un tramo de la muralla exterior de la Alcazaba, situada en el primer recinto, en la parte norte, además de hacer lo propio con la esquina del lienzo norte de la muralla de Gibralfaro.
También se recuperará el poco conocido barrio medieval de la Alcazaba, ya que no está incluido en las visitas turísticas. Las obras protegerán los muros de las casas, mientras que las pequeñas viviendas se cubrirán con una estructura ligera de fácil montaje y desmontaje, evitando que sigan a la intemperie, lo que las había deteriorado. El proyecto también contempla restaurar los estucos decorativos de las casas.
Las viviendas están formadas por tres manzanas entre calles estrechas cortadas a escuadra y fueron construidas en el siglo IX, por lo que se trata del barrio musulmán más antiguo conservado en España.
El plan también contempla los aseos en Gibralfaro y el túnel de la Alcazaba. Si sumamos la urbanización de la plaza de armas del castillo, 2009 puede ser un año muy importante no sólo para el conjunto monumental y su entorno, ya que tras la celebración del Festival de Cine está previsto que, también de la mano del ´Plan Zapatero´, empiecen las obras de reurbanización de la calle Alcazabilla, que tendrá el mismo pavimento que el Parque, con un presupuesto de un millón de euros. Además, el Fondo Estatal de Inversión Local tiene previsto el ajardinamiento de la ladera de la Alcazaba con un presupuesto de 800.000 euros.

El alcalde insiste en aprobar el PGOU y dejar fuera las torres (La Opinión)

El regidor dice que un retraso del plan general iría contra el interés de la ciudad

LA OPINIÓN. MÁLAGA El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reiteró ayer que espera que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para no perjudicar el interés general de la sociedad malagueña.
Francisco de la Torre volvió a reflexionar sobre los cambios que debería sufrir el plan tras la publicación de un informe del Ministerio de Fomento en el que obliga a reducir la altura de los rascacielos previstos en Repsol y La Térmica.
Recordo que existe la posibilidad de que el PGOU sea aprobado sin incluir estos proyectos y aseguró que pronto se sabrá cual es la determinación, aunque ha indicado que también se depende de la aprobación del Plan de Ordenación Metropolitana de la Junta de Andalucía (POTAUM), que será aprobado próximamente.
"Respetamos la seguridad del Aeropuerto de Málaga pero no queremos retrasar el plan" volvió a subrayar De la Torre, que espera que se apruebe con la máxima velocidad para hacerlo factible.
Con respecto a las declaraciones de la oposición, que aseveraban que las actuaciones del equipo de gobierno en relación al PGOU no hacían mas que frenar el desarrollo de la ciudad, De la Torre señaló que tanto el PSOE como IU deberían "hacer memoria" y recordar que ellos no querían que se aprobara el plan "para que se dilatara en el tiempo".

El plan contra el chabolismo lleva la dignidad a decenas de familias (La Opinión)

Más de un centenar de vecinos de La Misericordia y del Puente de Los Morenos que residían sin luz, sin agua y con ratas merodeando por las infraviviendas han sido integrados en otros barrios

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA Ratas y culebras merodeando por el interior y el exterior de las casas. Mosquitos e insectos varios. Viviendas infrahumanas con techos de uralita, sin agua y sin luz. Ésta era la situación que padecían decenas de familia en Málaga hace ya nueve años. La imagen pasó a la historia.
Los núcleos chabolistas de La Misericordia y del Puente de los Morenos quedaron atrás y dos familias que atravesaron este proceso relatan a La Opinión de Málaga el antes y el después que ha supuesto para sus destinos integrarse en una casa y un barrio normalizados. El esfuerzo tanto por parte de las Administraciones como de los afectados ha sido más que notable, pero ha merecido la pena, relatan.
Ahora, la ciudad está inmersa en un nuevo proceso, el desmantelamiento de la barriada marginal de Los Asperones. El número de personas es visiblemente mayor al de aquella actuación. 264 familias de las que sólo entre 40 ó 50 presentarían hoy día las condiciones necesarias para su traslado (sociales, económicas, laborales y de formación). A pesar del complejo trabajo que queda por delante, cada persona integrada puede suponer una nueva vida y una oportunidad para una zona marcada y castigada por la droga y relacionada con la delincuencia.

Misericordia y los Morenos. En los dos núcleos chabolistas que se enmarcaban dentro de este plan de erradicación del chabolismo que desarrollaron el Ayuntamiento de Málaga y la Junta habitaban 124 personas, de las que más del 66% eran menores de 25 años. Concretamente en La Misericordia vivían 16 familias y en el Puente de los Morenos, 28. También entonces surgieron discrepancias acerca del modelo a seguir entre las administraciones competentes.
En el caso de La Misericordia se contabilizaron 43 personas de las que diez eran menores, mientras que en los Morenos 81, con ocho niños de cero a cinco años. La actividad económica desarrollada por la mayor parte era la recogida y venta de cartones y de chatarra, seguida de la venta ambulante sin permiso. La actuación con estas personas comprendió tanto el ámbito laboral como el social. Se compraron viviendas en las que, bajo régimen de alquiler, fueron realojados. Fue el lunes 3 de julio de 2000 cuando comenzó el derribo de las chabolas de La Misericordia, la primera zona en desmantelar. Se daba la circunstancia de que las obras del actual Paseo Marítimo de Poniente y la ampliación de la calle Pacífico no podían continuar si estos vecinos no abandonaban la zona.
Meses después fue el turno de los residente del Puente de los Morenos. Atrás quedaron años de penurias. Fue el punto de inflexión de numerosos destinos y el comienzo de una nueva vida. La oportunidad y la dignidad llegó al fin para estos vecinos.

De la Torre anticipa que el informe de Aena no retrasará más el PGOU (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento estudia una aprobación parcial del documento, dejando fuera las nueve torres que, aún cuando se recorten, no reducirán su volumen edificable

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó ayer que el Plan General de Ordenación (PGOU) de Málaga "está maduro" y preparado para ser aprobado con carácter definitivo, a pesar del informe en contra de Aena que obliga al Ayuntamiento a rebajar la altura de nueve torres proyectadas en La Térmica, los antiguos terrenos de Repsol y San Rafael.

De la Torre indicó que el único obstáculo que por el momento frena la marcha del PGOU son "los enormes retrasos del plan de ordenación del área metropolitana". Por tanto, "cualquier reflexión que se haga en esta materia no retrasará para nada el plan". Desde este punto de vista sostuvo que el documento urbanístico de la ciudad, que comenzó a tramitarse hace cuatro años, seguirá su camino administrativo con o sin los rascacielos proyectos.

No obstante, argumentó que el Ayuntamiento aún no ha decidido si elevará el PGOU a la Junta de Andalucía para su aprobación provisional, dejando al margen los sectores donde están planteadas las torres o si, en cambio, se acometerán modificaciones y se someterá el conjunto del documento al criterio de la Comisión Provincial de Urbanismo.

Esta cuestión se resolverá en los próximos días una vez que los técnicos y asesores municipales testen las oportunidades que reales de que Aena y Aviación Civil hagan modificaciones en el espacio de servidumbre del aeropuerto sin afectar la seguridad aeronáutica.

Esta opción ya se acometió, por ejemplo, en el paseo de la Castellana de Madrid, donde se varió la servidumbre de un pasillo de emergencia de Barajas para permitir que el promotor y ex presidente del Real Madrid levantara cuatro megatorres en los antiguos terrenos del club. Si los técnicos "consideran viable convencer a Aviación Civil seguiremos adelante con el PGOU dejando en blanco estos sectores durante unos meses", según De la Torre.

El alcalde de la ciudad también indicó que el Ayuntamiento está dispuesto a barajar modificaciones y reordenar los proyectos afectados por el informe aeronáutico, de modo que se gane en horizontal los volúmenes de edificabilidad que puedan perderse en vertical. Esta fórmula implicaría una mayor ocupación de los terrenos previstos para zonas verdes y de equipamientos ciudadanos en estos tres puntos de la ciudad.

Al tiempo en que insistió en que se evitarán retrasos en la tramitación del documento urbanístico, Francisco de la Torre afirmó que se tratará de "defender los proyectos que tratan de crear centralidades e impulsos nuevos para la ciudad".

El Ayuntamiento de Alcaucín hará una auditoría de los últimos seis años (Málaga Hoy)

El nuevo equipo de gobierno quiere saber con exactitud cuántas viviendas ilegales existen en el municipio · "Queremos empezar de cero", asegura el edil de Urbanismo
El nuevo equipo de gobierno de Alcaucín (PA, PP y Grupo Mixto) pedirá una auditoría urbanística de los últimos seis años ante las presuntas irregularidades cometidas en este periodo según se ha puesto de manifiesto tras la operación Arcos, en la que ha estado implicado, entre otros, el ex alcalde José Manuel Martín Alba, que permanece en la actualidad en prisión

El edil de Urbanismo, Domingo Lozano (PP), explicó que ya han pedido presupuesto a distintas consultoras para conocer el alcance económico de esta medida que vendría a esclarecer la situación de un municipio al que ahora les toca gobernar. "Queremos empezar de cero", aclaró el concejal popular quien explicó que la decisión de encargar una auditoría urbanística responde a los "numerosos contenciosos" que el Ayuntamiento tiene por causas relacionadas con la proliferación de viviendas en el municipio.

De hecho el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía ha presentado en los últimos diez años más de un centenar de denuncias por infracciones medioambientales cometidas en el municipio malagueño de Alcaucín. "Nuestra intención es cuantificar cuántas viviendas ilegales tenemos y qué podemos hacer con ellas con la ley en la mano", comentó Lozano quien tampoco desea "quitar a los vecinos las casas que se han ganado con el trabajo de muchos años".

El edil de Urbanismo recalcó que espera que pueda ser legalizado "lo que obtuvo el comprador de buena fe" ya que considera que ahora "no puede ser perjudicado". Por ello, consideran que la auditoría será la que ponga sobre la mesa y "y con criterios de ley" las situación urbanística de Alcaucín. Para su confección, pedirán apoyo de sus partidos, a la Diputación Provincial y a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía.

Así, para aclarar entre otras situaciones, la proliferación de viviendas en suelo rústico, y otras presuntas irregularidades cometidas en los últimos seis años, presentarán una moción al Ayuntamiento en la que pedirá una auditoría urbanística durante ese periodo.

El embargo de casas se dobla y las demandas laborales suben un 56% (Málaga Hoy)

Málaga ocupa el tercer puesto nacional en ejecución de hipotecas por habitantesEncarna Maldonado / Málaga Actualizado 22.03.2009 - 01:00

Un hombre pasa entre dos carteles que anuncian ofertas hipotecarias.
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La crisis económica vista desde la perspectiva de las familias se traduce en despidos laborales conflictivos, cantidades impagadas y embargos de las viviendas por no poder afrontar las cuotas de la hipoteca. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la incidencia de la crisis en los juzgados entre los meses de enero y septiembre del año pasado desvela que las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 115%, las reclamaciones de cantidades impagadas a los trabajadores un 26% y los procedimientos por despido se incrementaron un 56% a lo largo de todo el ejercicio.De acuerdo con los datos recabados en los tres primeros trimestres del año pasado por el Consejo General del Poder Judicial, en Málaga se contabilizaron 1.615 embargos de viviendas por impago de la hipoteca, frente a los 751 del mismo periodo del ejercicio anterior. Además, se detectó una evolución progresiva trimestre a trimestre de los procedimientos, revelador del deterioro de las economías domésticas. Así, entre enero y marzo los juzgados registraron 571 causas, que pasaron a ser 655 en el segundo trimestre y se elevaron hasta 702 en el tercero.Estas cifras colocan a la provincia de Málaga en el sexto puesto nacional en ejecuciones hipotecarias, detrás de Murcia (1.692), Valencia (2.708), Alicante (3.511), Madrid (3.357) y Barcelona (4,369).Sin embargo, si el dato se analiza desde la perspectiva de la población la provincia escala hasta el tercer puesto, ya que se produce un embargo por cada 810 habitantes, proporción que únicamente superan Alicante y Tarragona con una ejecución de hipoteca por cada 538 empadronados. Al tiempo, el año pasado se contabilizaron 3.058 procedimientos judiciales por despido que representan un aumento del 56% respecto a 2007, según la información dada a conocer esta semana por los jueces de la jurisdicción social que han reclamado al menos seis juzgados más a los 12 que actualmente funcionan y al que se creará a lo largo de este año.El tercer aspecto que refleja el impacto de la crisis económica en la economía de las familias malagueñas son las reclamaciones judiciales que los trabajadores han planteado a sus empresas por impago. En este apartado el informe del Consejo General del Poder Judicial registró entre los meses de enero y septiembre del año pasado 4.720 causas en los juzgados de lo social que suponen un incremento del 26,6% respecto al mismo periodo del año anterior cuando se contabilizaron 3.726 procedimientos.En este apartado Málaga se aúpa hasta el cuarto puesto de la clasificación nacional, puesto que sólo la superan Madrid (18.335 reclamaciones de cantidades por impago), Barcelona (11.890) y Valencia (6.752).El último elemento a tener en cuenta para medir la dimensión de la coyuntura económica en la microeconomía son los procedimientos concursales. El año pasado se presentaron un centenar de concursos de acreedores volumen que condujo al único juzgado de lo mercantil que entiende estos asuntos al colapso. Y tan solo en el mes de enero de este año el titular de este órgano, el magistrado Enrique Sanjuán, ya había contabilizado 31.

La Junta formaliza la protección de 'Cerro Colorao' con su inscripción en el catálogo histórico. Marbella (SUR)

El último trámite, meramente formal, ya se ha cubierto. El yacimiento de 'Cerro Colorao', a caballo entre los términos municipales de Benahavís y Marbella y afectado por el polémico expediente de deslinde, ha sido inscrito como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de zona arqueológica, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, paso final del expediente.
Este yacimiento presenta una secuencia cronológica que se inicia en el siglo IV antes de Cristo, dentro de un ámbito mastieno, y pasa posteriormente a identificarse como ciudad púnica y por último romana, han informado a Efe fuentes de la Delegación de la Consejería de Cultura en Málaga.
Este periódico adelantó el pasado jueves que el Ayuntamiento de Benahavís ha modificado el plan parcial de la zona de Vega del Jaque tras la protección arqueológica de los terrenos. Se elimina así el uso comercial y hotelero pero se incrementa el número de viviendas previstas.

Postales del abandono (SUR)

Una treintena de edificios del Centro están declarados en ruina. Su deterioro perjudica notablemente la imagen de un Centro en recuperación

DATOS
Edificios declarados en ruina en el ámbito del Centro Histórico.
Alameda de Colón,7.
Alta, 10.
Beatas, 33.
Carrera de Capuchinos, 19.
Carretería 54, 68 y 9.
Cobertizo del Conde 13 y 26.
Compañía 9.
Cruz del Molinillo 16 y 34.
Curadero 6.
Don Juan de Málaga 1.
Guerrero 6.
Madre de Dios 10, 19 y 21.
Marquesa de Moya 3.
Pasaje de Gordón 6.
Pasaje de Clemens 10.
Postigos 41, 45 y 49.
Mártires 17.
San Juan 23.
San Pedro de Alcántara 4.
Somera 11 y 9.
Tomás de Cózar 17.
Trinidad Grund 3.
Vendeja 2.
Vital Aza 4.
Proceso para declarar un inmueble en ruinas
Motivo: Un edificio se declara en ruinas cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolverle la estabilidad y consolidación estructural supera la mitad del coste de lo que valdría hacerlo de nuevo.
Declaración: El expediente puede ser abierto de oficio por el municipio o a petición de la parte interesada.Son borrones que se resisten a ser eliminados en la historia que desde hace más de una década escriben los promotores que apuestan por la rehabilitación de los edificios del Centro Histórico. En el corazón de la ciudad se mantienen en pie una treintena de inmuebles para los que actualmente está abierto un expediente de declaración de ruina. El Ayuntamiento ha activado un plan para evitar que el futuro de estas construcciones continúe siendo el abandono y el deterioro. Sin embargo, su realidad denota que los funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrán que emplearse a fondo para frenar la degradación de unas edificaciones que ofrecen una mala postal para los turistas que transitan por el casco antiguo. SUR ha visitado algunas de ellas.
El recorrido comienza por la céntrica calle San Juan. Su número 23, un hermoso edificio del siglo XVIII que contaba con el máximo grado de protección arquitectónica, enmudece en una de las vías con más actividad comercial de esta parte de la ciudad. «El Ayuntamiento tendría que haber obligado al dueño a arreglarlo, ahora ya no hay nada que hacer, aunque, claro, lo tiene más fácil para construir apartamentos», comenta María Dolores Soria, propietaria de una zapatería cercana. El inmueble tuvo un inquilino que, con la declaración firme de la ruina, se vio obligado a abandonarlo. Su último uso antes del total descuido ha sido una pequeña tienda de ultramarinos a la que los comerciantes del entorno denominaban 'El Corte Inglés' porque tenía casi de todo. Urbanismo ha incluido este caso en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, por lo que la propiedad tiene un año de plazo para pedir licencia de rehabilitación. En caso de no hacerlo, el Consistorio pondría el edificio en una situación de venta forzosa.
Unas calles más arriba, en el número 9 de Compañía, se encuentra otro de los inmuebles declarados en ruina, si bien su aspecto externo no es tan pésimo como el de otros. En este caso, todavía permanece abierto un comercio en su planta baja. Se trata de una joyería que lleva casi veinte años en este lugar y que tiene recurrida la declaración de ruina, que se inició en el año 2002. «Los dueños han ido abandonado la casa con el objetivo de que se declarara en ruinas y poder echarnos», asegura Ana Granelli, quien denuncia que le han cerrado el acceso al portal del edificio, por lo que no puede recoger la correspondencia, y le han cortado el agua. «Está claro que quieren que nos vayamos, pero la ruina la han provocado ellos», añadió el marido de la joyera.
Calle Mártires
Cerca de allí, en la esquina entre la calle Mártires y la plaza de San Juan de Dios, se mantiene en pie un gran caserón con una fachada de ladrillos sobre el que también pesa una declaración de ruina. María del Carmen Narváez, propietaria de una tienda de ropa de segunda mano cercana, lamenta el estado en el que ha quedado el edificio tras años de abandono. «Hace algún tiempo entraron 'okupas' que agravaron aún más su deterioro. Se está viniendo abajo por dentro, cada vez contiene más escombros», explica Mari Carmen, que también llama la atención sobre el estado de abandono de otros inmuebles de la calle Mártires. «Algunos quedarían muy bien si se rehabilitaran. Esperaremos a ver si el Museo Thyssen termina de impulsar toda esta zona», concluye.
La calle Carretería tampoco escapa a este tipo de situaciones pese a servir como ronda de tráfico del núcleo peatonal del Centro, y haber experimentado algunas mejoras en el estado de sus inmuebles gracias a algunos proyectos de rehabilitación y de obra nueva. No obstante, tres de ellos están declarados en situación de ruina. Uno es el número 54, que albergó una sucursal bancaria hace años. «Ya estamos acostumbrados a verlo, pero es verdad que puede llevar más de una década cerrado sin que nadie haga nada», señala Ana Gómez, que regenta una tienda de comestibles justo enfrente. «Lo que es una vergüenza es el solar que tenemos detrás, en la calle Gigantes. Cada vez se acumulan más basuras y escombros», añade sobre una de las parcelas que acogerá uno de los proyectos de viviendas diseñados por la Junta de Andalucía para este sector del casco antiguo.
Más abajo, el número 9 encierra tras la que fue su hermosa fachada la triste historia de su degradación. «Este edificio era precioso pero, como el Ayuntamiento no se preocupa por nada, se quedó abandonado y entraron a robar y partir las columnas de mármol de su patio», relata Eduardo del Rosal, que hace seis años abrió un comercio junto al inmueble. «Ahora ya no queda nada, sólo la fachada, que se está cayendo a pedazos, cualquier día se desprende el balcón que todavía conserva y mata a alguien», insiste.
Madre de Dios
Termina el recorrido en la zona norte del Centro. En concreto, en la calle Madre de Dios, donde están declarados en ruina los edificios situados en los números 19 y 21, y el emplazado en el número 10 de la vía. La situación de deterioro resulta especialmente llamativa en este inmueble cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, si bien fue reformado en los años veinte del siglo XIX, como demuestra una placa situada sobre su hermosa portada. En ella sobresale un ventanal ovalado con una reja de forja que oculta la degradación interna de la casona, cuya fachada está cubierta por una lona para evitar desprendimientos. Ante su portón de madera se acumulan las bolsas de basura que convierten lo que fue un edificio señorial en algo más parecido a un contenedor.
Urbanismo ha tramitado en los últimos diez años más de 200 expedientes de ruina en el Centro Histórico. De ellos, 168 derivaron en la concesión de licencias de obra para proyectos de reforma o de construcción de un nuevo edificio, y nueve fueron objeto de venta forzosa por el Ayuntamiento ante la dejadez de sus propietarios. Más de treinta permanecen abiertos por procesos judiciales que se eternizan en los tribunales o por tramitaciones municipales que se complican y se prolongan durante años. Mientras tanto, el abandono se hace cada vez más evidente en algunas de las joyas arquitectónicas que, ocultas por grietas y carteles publicitarios, se mantienen en pie.

Costas expedienta a 60 propietarios por invadir la zona de playa (SUR)

El Ministerio de Medio Ambiente pone en marcha esta medida para recuperar el terreno del dominio público marítimo-terrestre que ha sido usurpado por privados Los principales casos son por vallados e incorporación de zonas de forma ilegal

EXPEDIENTES
Son 60 por los siguientes motivos:
Vallados: Parcelas que han ganado terreno a la playa sin autorización.
Casetas: Las de los pescadores ilegales de Torre del Mar
Jardines: Los que se han hecho dentro del domino público marítimo-terrestre. Hay un principio básico que es irrefutable: el dominio público es inalienable. Y eso es lo que quiere hacer el Ministerio de Medio Ambiente para recuperar el dominio público marítimo-terrestre, que ha venido ocupándose por particulares, en algunos casos con autorizaciones caducas de la Administración o simplemente al amparo de que nadie vigilaba la costa.
En la actualidad, la provincia andaluza con mayores deficiencias en el deslinde (separar el terreno público del privado) del litoral es Málaga, y la segunda de España, con un 62% ejecutado, según en el último informe de Medio Ambiente 'El deslinde del dominio público marítimo-terrestre', que aporta datos de diciembre de 2007. Sólo Alicante supera esta cifra, con un 61 por ciento deslindado y grandes puntos negros.
Pues bien, la Demarcación de Costas de Málaga ha iniciado sesenta expedientes en el litoral «con vistas a recuperar terreno público y retirar todas aquellas construcciones que entendemos que son ilegales», según manifestó a SUR el jefe de este servicio en Málaga, Francisco Javier Hermoso.
En estos expedientes se encuentran zonas ajardinadas ganadas por particulares a la franja costera así como espacios vallados o pequeñas construcciones realizadas en la playa.
«A lo lo mejor son vallados que llevan veinte años, y jardines, hay casos de familias que en su día decidieron ampliar su jardín o hacerse un jardincito dentro del dominio público y que lo han mantenido a lo largo de los años porque nadie les decía nada», según manifestó el jefe de Costas.
Como en los últimos años se hace un seguimiento continuo de la franja costera y se realizan fotografías aéreas es más díficil que alguien usurpe el dominio público marítimo-terrestre, pero anteriormente este seguimiento no se realizaba. Lo primero que hace Costas cuando se encuentra con una construcción en situación irregular es pedirle documentación a los propietarios. En algunos casos, el afectado presenta un permiso de Capitanía Marítima, que en sus tiempos era la responsable de esta zona, y que actualmente ya no es compatible con la normativa. «Cuando se dan estos casos, le exigimos a los dueños que se retiren del espacio», puntualiza el jefe de Costas.
En este proceso de deslindes, que se realiza por toda la costa española, el Ministerio de Medio Ambiente también pretende desmantelar las casetas de pesca que se encuentran, sobre todo, en el litoral oriental, y más concretamente en Torre del Mar, ya que tras reuniones con la Delegación de Pesca, ha sido informado de que se trata de los lugares donde los bolicheros (pescadores ilegales) guardan sus redes y otros enseres así como los motores de sus barcas, algo que la Junta quiere evitar a toda costa.