Lomeña remite el texto al BOP sin los dos artículos impugnados y espera que la decisión judicial siente precedente y se extienda a todos los convenios del país
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El delegado de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña, anunció ayer que ha autorizado la publicación oficial del convenio de la construcción 2008-2011 en la provincia, después de las duras críticas efectuadas el día anterior por los sindicatos CCOO y UGT, que le reprochaban que la impugnación del texto perjudicaba a los 87.000 trabajadores del sector, que todavía no han visto actualizados sus salarios de este año, no a los más de 11.000 nuevos parados de este año, que están recibiendo finiquitos acordes al anterior convenio.
En el texto remitido para la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días no figuran, sin embargo, los puntos 18.5 y 18.6, que son los que originaron la impugnación del convenio por parte de la Junta, y que seguirán pendientes, por tanto, de la resolución del juzgado de lo Social número 12 de Málaga, que ya ha convocado el juicio para el 6 de abril de 2009. Lomeña defendió ayer su decisión alegando que esos dos puntos, y sobre todo el 18.5, podían ser aprovechado por los empresarios del sector para hacer regulaciones de empleo al margen de los procedimientos ordinarios (ERE).
El citado apartado se refiere a la rescisión de los contratos fijos de los trabajadores del sector por causas de fuerza mayor, la paralización de obras y por causas ajenas al empresario, aunque éstos tienen la obligación de readmitir a los empleados cuando las circunstancias regresen a la normalidad.
Lomeña aseguró que, en tiempos de crisis, esos mecanismos pueden propiciar expedientes "exprés" de regulación de empleo que motiven despidos "salvajes y a bajo coste", por lo que mantuvo su decisión de que sea el juez quien determine la procedencia o no de ese punto, a pesar de que figura desde hace años tanto en el convenio nacional del sector como en el de las diferentes provincias, incluidas las andaluzas.
"Una paradoja de los artículos es que en los años de expansión económica no se practicaba", dijo Lomeña, que aclaró en torno a la polémica originada con los sindicatos que "siempre he estado de acuerdo en publicar el convenio", pero sin los polémicos artículos.
El delegado recordó épocas como las del conflicto de las canteras en Alhaurín de la Torre, cuando muchas empresas malagueñas de la construcción intentaron sin éxito que se les aprobaran ERE de despido de trabajadores por parte de Empleo. Lomeña manifestó su temor de que, con la actual crisis económica, muchos pretenden ahora recurrir al artículo 18.5 para echar indiscriminamente a trabajadores, sin control por parte de la administración y sin arriesgarse a presentar un ERE que puede ser rechazado. Como prueba recordó que en lo que va a de año apenas se han presentado cinco ERE en la construcción que afectan a 60 trabajadores, cuando hay más 11.000 nuevos parados desde enero. Otro dato que, según Lomeña, justifica la medida son las casi 2.300 reclamaciones por despido o reclamación de cantidad interpuestas ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) hasta el mes de septiembre, y que suponen un aumento de entre el 40% y el 45% en relación al periodo precedente.
Finamente el delegado admitió que si la autoridad judicial decreta que ambos artículos no se incluyan definitivamente en el convenio de la construcción, la decisión tendría un efecto dominó, ya que llevaría a que se supriman los de toda España. "Espero una decisión que siente jurisprudencia", manifestó.
JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El delegado de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña, anunció ayer que ha autorizado la publicación oficial del convenio de la construcción 2008-2011 en la provincia, después de las duras críticas efectuadas el día anterior por los sindicatos CCOO y UGT, que le reprochaban que la impugnación del texto perjudicaba a los 87.000 trabajadores del sector, que todavía no han visto actualizados sus salarios de este año, no a los más de 11.000 nuevos parados de este año, que están recibiendo finiquitos acordes al anterior convenio.
En el texto remitido para la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días no figuran, sin embargo, los puntos 18.5 y 18.6, que son los que originaron la impugnación del convenio por parte de la Junta, y que seguirán pendientes, por tanto, de la resolución del juzgado de lo Social número 12 de Málaga, que ya ha convocado el juicio para el 6 de abril de 2009. Lomeña defendió ayer su decisión alegando que esos dos puntos, y sobre todo el 18.5, podían ser aprovechado por los empresarios del sector para hacer regulaciones de empleo al margen de los procedimientos ordinarios (ERE).
El citado apartado se refiere a la rescisión de los contratos fijos de los trabajadores del sector por causas de fuerza mayor, la paralización de obras y por causas ajenas al empresario, aunque éstos tienen la obligación de readmitir a los empleados cuando las circunstancias regresen a la normalidad.
Lomeña aseguró que, en tiempos de crisis, esos mecanismos pueden propiciar expedientes "exprés" de regulación de empleo que motiven despidos "salvajes y a bajo coste", por lo que mantuvo su decisión de que sea el juez quien determine la procedencia o no de ese punto, a pesar de que figura desde hace años tanto en el convenio nacional del sector como en el de las diferentes provincias, incluidas las andaluzas.
"Una paradoja de los artículos es que en los años de expansión económica no se practicaba", dijo Lomeña, que aclaró en torno a la polémica originada con los sindicatos que "siempre he estado de acuerdo en publicar el convenio", pero sin los polémicos artículos.
El delegado recordó épocas como las del conflicto de las canteras en Alhaurín de la Torre, cuando muchas empresas malagueñas de la construcción intentaron sin éxito que se les aprobaran ERE de despido de trabajadores por parte de Empleo. Lomeña manifestó su temor de que, con la actual crisis económica, muchos pretenden ahora recurrir al artículo 18.5 para echar indiscriminamente a trabajadores, sin control por parte de la administración y sin arriesgarse a presentar un ERE que puede ser rechazado. Como prueba recordó que en lo que va a de año apenas se han presentado cinco ERE en la construcción que afectan a 60 trabajadores, cuando hay más 11.000 nuevos parados desde enero. Otro dato que, según Lomeña, justifica la medida son las casi 2.300 reclamaciones por despido o reclamación de cantidad interpuestas ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) hasta el mes de septiembre, y que suponen un aumento de entre el 40% y el 45% en relación al periodo precedente.
Finamente el delegado admitió que si la autoridad judicial decreta que ambos artículos no se incluyan definitivamente en el convenio de la construcción, la decisión tendría un efecto dominó, ya que llevaría a que se supriman los de toda España. "Espero una decisión que siente jurisprudencia", manifestó.
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