jueves, 20 de noviembre de 2008

La Junta afianza en plena crisis 9.550 millones de la banca para financiar VPO (Málaga Hoy)

Consejería de Vivienda y las entidades financieras pactan los criterios que deben cumplir los beneficiarios para lograr un crédito · Chaves aprecia el carácter "pionero" del convenio

A pesar de estar en medio de una crisis con visos de recesión y en un momento en el que el grifo crediticio se cierra por falta de liquidez del sistema financiero, la Junta de Andalucía logró ayer amarrar el compromiso de 33 entidades financieras de poner sobre la mesa 9.550 millones de euros para la ejecución del Plan de Vivienda 2008-2012. Un dinero que servirá, además de para impulsar la promoción de la vivienda de protección oficial (VPO) -absorbe el 93%, mientras el resto es para rehabilitación y compra de suelo- y minimizar el impacto de la caída de la actividad en el sector de la construcción, para garantizar el acceso de los ciudadanos a los préstamos.

Pero el convenio que pone en circulación este capital, suscrito ayer por el presidente andaluz, Manuel Chaves, y estas entidades -entre las que hay bancos y cajas andaluzas y no andaluzas-, tiene además la función de agilizar y dar más transparencia, precisamente, al proceso de concesión del crédito. Para ello, se fijan dos mecanismos: los criterios básicos que deberán cumplir los adquirentes y la supervisión por parte de la Junta.

En un gesto sin precedentes en el país, Junta y entidades financieras han logrado pactar los requisitos que a partir de ahora se exigirán a quienes opten a una VPO. Según recoge el convenio, los compradores no podrán tener en su currículum financiero ningún informe negativo sobre impagos, acreditarán tres años consecutivos de permanencia del sueldo declarado, y la relación entre este y todas sus deudas no puede superar el 40%. Además, una vez restada la mensualidad de la hipoteca, la cuenta bancaria debe dar un saldo superior al salario mínimo interprofesional, es decir, tendrá que haber, al menos, unos ingresos de 600 euros limpios. En caso de no cumplirlos, siempre queda la opción de la presentación de avales.

Con estos requisitos en la mano, una familia con unos ingresos brutos mensuales de 1.700 euros sí podría tener acceso a una VPO de un valor de 120.000 euros, que es el precio medio en una capital de provincia, ciudades importantes o costeras. Sin embargo, en el caso de un mileurista, las opciones se reducirían al alquiler y si opta a compra, podría hacerlo en municipios de menor población, donde la cuota mensual de la hipoteca puede caer hasta los 270 euros.

La vertiente garantista de este acuerdo es, aparte de los requisitos y del conocimiento de antemano que tendrá quien solicite la hipoteca, que la Consejería de Vivienda dictará un informe de autorización del crédito. Aunque no será vinculante, el dictamen sí garantizará que el préstamo se da conforme a las condiciones establecidas.

En aras a la agilización de todo el proceso, el convenio también establece que la decisión del banco o la caja sobre el crédito no podrá dilatarse en el tiempo bajo la excusa de que lo está estudiando. Las entidades sólo dispondrán de dos meses para dar una respuesta a los compradores de vivienda y quince días a los promotores.

Un último eslabón en esta cadena de garantías es la comisión de seguimiento que Junta y entidades crearán para velar por el cumplimiento del propio convenio.

Con estos 9.500 millones se dará el primer impulso al Plan de Vivienda, que contempla una inversión de 12.000 millones -3.000 a cargo de la Junta-, y que compromete para el próximo cuatrienio la construcción de 132.000 VPO, 135.000 actuaciones en rehabilitación y 40.000 de suelo.

Tras la firma del convenio, el presidente andaluz, Manuel Chaves, quiso destacar el carácter "pionero" de este documento por fijar las condiciones "objetivas y concretas" que deben cumplir los beneficiarios de VPO, una "certidumbre" para el ciudadano y también para el sector de la construcción. De ahí que quisiera ver en el cumplimiento del pacto una oportunidad para "dar la vuelta" a la actual coyuntura, en la que reconoció que el "dinero se vuelve tímido" y no llega con fluidez, "haciendo rentable para las empresas construir vivienda protegida y posible a los ciudadanos acceder al préstamo".

Chaves también apeló a que en tiempos de crisis este convenio prueba que "a través del trabajo, del espíritu de la concertación y de la suma de esfuerzos, los problemas tienen solución".

El presidente de la Federación Andaluza de las Cajas de Ahorros, Braulio Medel, situó el origen de este convenio "factible, real y realista", a pesar de la crisis, en la obligación de las entidades financieras de estar "por encima de sus intereses particulares" y "legitimarse ante la sociedad con acciones que beneficien al ciudadano".

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