martes, 3 de marzo de 2009

Alcaucín intentó reclasificar su extrarradio con un nuevo PGOU (La Opinión)

El Consistorio trató de convertir 144.713 metros de suelo no urbanizable en superficie susceptible de ser construida. El avance del plan, que fue rechazado por la Comisión de Urbanismo de la Junta en mayo de 2008, se desarrolló en el Servicio de Arquitectura de la Diputación, pero iba sin firmar

JOSÉ A. SAU / C. HEREDIA. MÁLAGA Las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en Alcaucín, que han acabado con trece detenidos, entre ellos su alcalde, José Manuel Martín Alba (PSOE), no son el primer episodio polémico en relación a este municipio. En mayo del año pasado, la Comisión Provincial de Urbanismo, que depende de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta, ´tumbó´ el documento que el Consistorio le había elevado para renovar sus normas subsidiarias (modalidad de planeamiento para municipios pequeños). Fallaban aspectos clave de manera "flagrante" y se trataba de hacer una gran reclasificación para poner en carga grandes superficies de suelo. Ni siquiera, según observaron los técnicos, el procedimiento era el correo. Los desajustes con respecto a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) se reseñan a lo largo y ancho de la resolución.
Así, en la memoria enviada a la Consejería de Obras Públicas el 13 de septiembre de 2007, el propio Consistorio reconocía que el objeto de elaborar un nuevo plan era "el de ordenar 144.713 metros cuadrados de suelo anejo a los núcleos urbanos de Alcaucín, puente Don Manuel y Venta Baja". Estas parcelas están clasificadas en las normas subsidiarias como no urbanizables y, con el nuevo PGOU, el Consistorio trataba de reclasificarlas como suelo urbano.
El texto enviado emanaba de un pleno municipal celebrado el 21 de diciembre de 2006. El avance se aprobó por unanimidad y posteriormente se sacó a información pública y se envió a la referida Comisión Provincial.
Un asesor jurídico de la comisión revisó el documento técnico y sus conclusiones fueron demoledoras. En primer lugar, afirma que el escrito fue elaborado por un equipo redactor del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación -en virtud de un convenio de apoyo a los pequeños municipios por el que la Diputación les aporta instrumentos técnicos para abordar estos planes-. Lo extraño es que en la memoria no se identificaba el nombre del arquitecto redactor. El escrito debería, por tanto, "ser identificado de modo indubitado", según observan los técnicos autonómicos.
El pasado viernes, uno de los detenidos fue precisamente el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial. Según las fuentes consultadas, está imputado por los supuestos delitos de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios públicos. Declarará hoy.
El abogado que analizó el expediente de innovación asegura que el objeto de la modificación tiene una doble finalidad: cambiar la clasificación de varias bolsas de suelo y crear nuevas ordenanzas y clasificar como suelo urbano no consolidado 14 unidades de ejecución. Según la Comisión, al tratarse de la revisión de un PGOU, éste es el órgano competente para darle el visto bueno. Sin embargo, éste, "además de carecer de las diligencias correspondientes, no da cumplimiento a las reglas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".
Por tanto, no se han justificado las mejoras que podría introducir la nueva ordenación. Lo que parece, a tenor de la memoria presentada, es más "una revisión parcial" y como tal ha de ser expuesta al público.
"La memoria del documento carece del mínimo rigor necesario, incumpliendo de forma flagrante y directa distintos conceptos de la LOUA y del Reglamento de Planeamiento". El dictamen advierte que ni siquiera se acompaña de informes sectoriales o de una declaración de impacto ambiental.
Por tanto, la comisión exige al Ayuntamiento que aclare cuál es su objetivo con la revisión parcial, y le pide que entregue una memoria que justifique la reclasificación de los suelos, que ésta cumpla con la LOUA y que añada los informes sectoriales y la declaración. A pesar de ello, el Consistorio ni siquiera contestó y, a los tres meses, se archivó el expediente.

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