El documento obliga al propietario del centro comercial, Tomás Olivo, a invertir tres millones y medio de euros en el acondicionamiento de la zona para su nuevo uso
Seguramente son los suelos cuya calificación ha sido modificada en más ocasiones por los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. El uso sobre de los terrenos de La Cañada, propiedad del empresario murciano Tomás Olivo, han variado otra vez sobre el papel después las últimas correcciones llevadas a cabo por el equipo que dirige el arquitecto Manuel González Fustegueras. El nuevo documento urbanístico, al que ha tenido acceso este diario, bloquea la legalización de la tercera fase del centro comercial en su actual ubicación, y la desplaza más al norte, emplazamiento en el que estaba previsto el futuro recinto ferial. De ese modo, si no se vuelve a modificar el documento la feria irá situada en la fase de La Cañada paralizada por orden judicial, donde actualmente se levantan unas naves en desuso junto a la autovía. El texto obliga además a Olivo a invertir 3,5 millones de euros para el desarrollo de la zona recreativa, marcada en el PGOU como equipamiento público.
El avance del nuevo plan, al igual que ahora, bloqueaba la consolidación de la tercera fase de La Cañada en la zona este del complejo comercial al calificarla como suelo para equipamiento público. La intención entonces era destinar esa área al nuevo recinto ferial. Las negociaciones entre Olivo, el Ayuntamiento de Marbella y el equipo redactor, dieron como resultado una primera modificación del documento antes de la aprobación provisional. Así, el PGOU mudaba a uso comercial la calificación de los terrenos, lo que daba luz verde a la ampliación del centro comercial, y trasladaba el recinto ferial al norte, a una zona de alcornocal destinada en principio a reserva medioambiental. Eso sí, Olivo debería financiar el desarrollo del complejo recreativo.
Nuevos cambios
El actual texto presenta nuevos cambios. Otorga la calificación de uso terciario a los terrenos de la zona norte, por lo que Olivo podría levantar allí la tercera fase de La Cañada, pero no legaliza la ampliación del complejo comercial en el suelo previsto, donde se encuentran las naves paralizadas por un Juzgado de Málaga por haber sido construidas en suelo rústico.
La clasificación de esta parcela es ahora de equipamiento territorial de carácter recreativo-deportivo, con objeto de instalar el recinto ferial permanente, un proyecto para el que además el PGOU establece una inversión de 3,5 millones de euros que deberá asumir el empresario. La obligación de financiar dicho recinto es uno de los pocos elementos que permanecen inalterables tras los sucesivos cambios en el texto urbanístico, aunque el importe económico se habría visto reducido en cerca de medio millón de euros respecto al anterior documento.
El plan obliga también al propietario de La Cañada, en virtud de las cargas adicionales, a adquirir los terrenos intermedios entre la segunda fase del centro comercial y la parcela en la que deberá ceder los terrenos para el recinto ferial. Una cesión que incluye más de 71.000 metros cuadrados para equipamiento y unos 22.250 para conexiones viarias de los más de 485.000 metros cuadrados que Olivo posee en la zona.
Los cambios llevados a cabo por González Fustegueras en los últimos meses, después de la presentación de alegaciones a la primera aprobación provisional del documento, probablemente no serán los últimos. Las variaciones introducidas por el equipo redactor, que acercan más el texto al avance inicial del PGOU, no satisfacen al propietario de La Cañada ni al equipo de gobierno municipal, según ha podido conocer este diario.
De hecho, Olivo, que se reunió el pasado jueves con la alcaldesa, Ángeles Muñoz, está convencido de que las negociaciones permitirán que el plan incorpore de nuevo modificaciones en relación a este asunto de cara a la segunda aprobación provisional del documento, prevista para el próximo mes de julio.
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