miércoles, 21 de octubre de 2009

La Junta compra suelo en Lagar de Oliveros para hacer 1.300 VPO (Málaga Hoy)

El Consejo de Gobierno andaluz autoriza invertir casi 30 millones en la adquisición de 30 hectáreas de terrenos en esta zona de la ciudad, junto a Puerto de la Torre



La Junta de Andalucía acaba de dar el primer paso en pos de levantar unas 1.300 viviendas de protección oficial (VPO) en la zona oeste de Málaga capital. Para ello, el Consejo de Gobierno andaluz autorizó ayer a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio una inversión de 29 millones de euros para la compra de 30 hectáreas de suelo en Soliva Norte-Lagar de Oliveros, parte de las cuales están en el área de oportunidad residencial dibujada en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaum) de Málaga.

La determinación adoptada supone un impulso decisivo en la puesta en marcha de una actuación con la que se pretende responder a la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la capital de la Costa del Sol y que la propia Administración autonómica eleva a unas 20.000 en el horizonte de la próxima década.

No obstante, lo que no precisa por el momento la Junta es si será la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) la que asumirá el desarrollo de estas parcelas y la construcción de los pisos sociales o si se pondrán los suelos a disposición de otros promotores. Este último supuesto, ya empleado por la Consejería de Vivienda en muchas de las operaciones puestas en marcha en los últimos meses, conllevaría que el mismo suelo ahora comprado por la Junta sería puesto a la venta para que constructores privados optasen a los mismos para edificar, exclusivamente, VPO.

Cuestionadas por la compra de 30 hectáreas y no de una superficie mayor, fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio informaron de que ese suelo ha sido el que los propietarios de los mismos han puesto a disposición de la Junta para su compra. Asimismo, señalaron que ello ocurre después de que el Ayuntamiento de la ciudad no haya cedido suelo para este mismo menester.

Desde el Gobierno regional se precisó que la adquisición de los terrenos forma parte del plan de obtención de suelo para VPO puesto en marcha en octubre del pasado año en los 39 municipios de la comunidad que presentan "una mayor demanda y una menor disponibilidad de espacios para la edificación de este tipo de promociones, como es el caso de Málaga".

Desde esa fecha, según apuntaron, el departamento encabezado por Juan Espadas ha destinado 105 millones a adquisiciones de parcelas en las ocho provincias andaluzas, suelos en los que se podrán construir 4.813 viviendas protegidas, incluidas las ahora previstas en Soliva Norte-Lagar de Oliveros.

Este espacio, localizado junto a la futura hiperronda y al paso de la línea 1 del Metro, es, además, el elegido por la Junta para localizar el megahospital anunciado para la capital y que supondrá unos 600 millones de inversión. En este sentido, el Potaum alude a la necesidad de destinar 25 hectáreas de las 180 del terreno al equipamiento sanitario.

Estos terrenos han sido objeto en los últimos años del enfrentamiento protagonizado por la Junta y el Ayuntamiento de Málaga en materia urbanística. Fue a finales de 2006 cuando el equipo de gobierno del PP impulsó una modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para acelerar la construcción de viviendas sociales en estos terrenos, medida que no coincidía con las previsiones de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

El deseo municipal chocaba con la intención del Gobierno regional de dibujar en este espacio una reserva de suelo residencial en la que al menos el 65% de los pisos fuesen a precio asequible, actuación finalmente plasmada en el Potaum, de rango superior al planeamiento local. A pesar de ello, el Consistorio siguió adelante e impulsó la aprobación el plan de sectorización. Fuentes municipales aseguraron que la aprobación definitiva de la modificación de elementos podría tener lugar a corto plazo, al tiempo que aseguraron que la acción desarrollada por el Consistorio no entra en conflicto con lo plasmado por la Junta en el Potaum, dado que respeta los criterios del mismo en cuanto a reserva de VPO.

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