Marbella, Estepona, Alhaurín el Grande y Alcaucín. No son los municipios malagueños que componen una nueva ruta turística, sino aquellos en los que las Fuerzas de Seguridad han acabado con tramas relacionadas con el urbanismo. Ayer se sumó a este club Almogía, un pequeño pueblo ubicado en el Valle del Guadalhorce que tiene apenas 4.000 habitantes. Miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil tomaron a las 8.00 de la mañana el Ayuntamiento. El objetivo: investigar supuestos delitos urbanísticos cometidos por determinados ediles, funcionarios y algunos de sus familiares.
El mapa urbanístico es el mismo que existe en otros pueblos de la comarca: un casco urbano rodeado por numerosas parcelas de suelo rústico en las que los vecinos han levantado su propia vivienda (Cártama, Alozaina, etcétera...). Este fenómeno, según Ecologistas en Acción, no es exclusivo de La Axarquía, sino que también se da en Almogía. La Guardia Civil investiga desde principios de año a varios concejales, funcionarios y a algunos familiares de los mismos por supuestas irregularidades. Estos últimos habrían constituido, informa Efe, alguna sociedad relacionada con las resoluciones municipales.
Lo cierto es que ayer los investigadores tomaron el Consistorio a primera hora de la mañana y se marcharon con cuatro cajas de documentos al final de la noche. Después, se desplazaron a la Casa de la Cultura para analizar carpetillas anteriores a 2006. Todo terminó cerca de las 22.00 horas. Al poco de llegar, requirieron la presencia del alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE) –que se hallaba en la Diputación–, del arquitecto y del secretario, así como de diversos concejales. Junto al regidor se hallaban dos tenientes de alcalde. La formación socialista gobierna en el pueblo con ocho ediles; la oposición está formada por dos concejales de IU y uno del PP. El análisis del material intervenido determinará las futuras imputaciones.
En las próximas horas, podrían producirse, como mínimo, tres imputaciones. El caso es dirigido por el juzgado de Instrucción número 12 de Málaga y la investigación está siendo impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente. Entre los delitos que se barajan se encuentran la prevaricación, en el grado de omisión, y supuestas falsedades. El juez ha declarado el secreto de sumario para las partes.
El propio alcalde informó, poco antes del mediodía, de que el Ayuntamiento ha abierto alrededor de 300 expedientes de disciplina urbanística por construcciones efectuadas en suelo no urbanizable (fundamentalmente rústico). Los registros de ayer se centran en 15 de esos expedientes, aunque los investigadores llevan meses solicitando información al Consistorio sobre las diversas carpetas.
En este caso no puede hablarse de corrupción, ya que, en principio, no se ha acreditado la existencia de sobornos. De ahí que no haya salido a la luz, por ahora, ninguna detención.
Según explicó Diego Aranda, portavoz de IU en el Consistorio, entre 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y mayo de 2009, se abrieron 283 expedientes, la mayoría de ellos relativos a construcciones irregulares sobre suelo rústico. En algunos casos, la vivienda se había levantado sin licencia municipal, lo que motivó que se abriera el preceptivo expediente. Sin embargo, explica este edil, al cabo de varios años se imponía una multa que oscila entre 3.000 y 15.000 euros y se legalizaba la casa.
En otros casos, la licencia solicitada permitía la construcción de una caseta o pequeña nave agrícola, pero el resultado final no se ajustaba al permiso concedido y el vecino había levantado o una casa o una nave mucho más grande.
Los ediles socialistas José María Luque y Manuel Aranda negaron que se hayan edificado viviendas en suelo no urbanizable. Afirmaron a este periódico que el equipo de gobierno incoaba los expedientes de disciplina, pero, finalmente, lo construido no se ajustaba al permiso dado. Aseveraron que la mayor parte de los expedientes están relacionados con este caso.
Durante el registro, varios ediles socialistas estuvieron en el despacho del alcalde, de forma que, a requerimiento de la Guardia Civil, acompañaban a los investigadores a los despachos en los que se iba a intervenir.
El portavoz de IU aseguró que en varios plenos solicitó que esos expedientes se llevaran a la Fiscalía, y afirmó que lo ocurrido está relacionado con "la omisión de la obligación de hacer cumplir la ley".
El municipio aprobó inicialmente su nuevo plan general de ordenación en marzo, una vez que revisó las normas urbanísticas subsidiarias que databan de 1997. Actualmente, el proyecto está de nuevo en estudio, ya que debe ajustarse al Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). "La nueva normativa prevé la construcción de entre 3.000 y 4.000 viviendas", dijo Diego Aranda, lo que es "inasumible" si se compara con el documento autonómico.
Respuesta del PSOE. El alcalde, por su parte, se mostró "muy tranquilo". "Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos", aseguró. El PSOE informó ayer de que, si resulta imputado, el regidor renunciará a su cargo y entregará su acta, amén de presentar su baja del partido. "Si fuera imputado formalmente, me defenderé sin implicaciones para el pueblo y para el PSOE, por lo que renunciaré a mi cargo", dijo.
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