miércoles, 21 de octubre de 2009

Otro eslabón de la cadena. Almogía (SUR)

El presunto nuevo caso de corrupción destapado en la provincia pasa a engrosar en último lugar una larga lista. Decenas de ayuntamientos están ya bajo sospecha por irregularidades urbanísticas

21.10.09 -
No importa el tamaño del municipio ni el signo del partido que lo gobierne. Ninguna localidad, grande o pequeña, de la costa o del interior, de izquierdas o de derechas está libre de sospechas cuando se trata de presuntas corrupciones urbanísticas. La supuesta trama destapada ayer en Almogía es un eslabón más de la cadena de irregularidades en la construcción que recorre la provincia y que no parece tener fin.
La 'operación Malaya', que saltó a los medios de comunicación en marzo de 2006, supuso el inicio de una serie de investigaciones que están descubriendo la impunidad con la que algunos regidores han estado otorgando licencias de obra en sus términos municipales. Tres años después, los acusados empiezan las primeras vistas en los tribunales en un macrojuicio sin precedentes en el que se darán cita 103 procesados. Pero este sonado caso, que tuvo como antecedente la 'operación Saqueo', no sólo puso la lupa sobre los municipios de la Costa del Sol. El celo en las investigaciones también ha salpicado a toda España.
El interior no se libra
La Costa del Sol no es la única afectada. En el interior, durante años se permitió que lo que en principio eran permisos para construir una casa de aperos en un suelo rústico no urbanizable se convirtieran de la noche a la mañana en un impresionantes chalés. Y todo con el beneplácito de las autoridades. Cuando los municipios rurales empezaron a crecer, se convirtieron en el nuevo objetivo de las promotoras.
A principios de 2007 y en medio de la expectación mediática levantada por el 'caso Malaya', que ocupó páginas y páginas de la prensa rosa, Alhaurín el Grande protagonizó su propio caso de presunta corrupción. La 'operación Troya' desvelaba supuestos pagos irregulares de los promotores a los responsables municipales.
Después llegó el 'caso Astapa', en junio de 2008. Con 63 imputados, todos ellos en libertad, la localidad de Estepona acaparó la actualidad nacional con lo que en principio parecía una segunda 'Malaya', aunque después perdió intensidad. Pese a esto, parte del tejido político, económico y social del municipio se vio salpicado por supuestos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, blanqueo y tráfico de influencias. La instrucción del caso sigue en pañales debido a la lentitud judicial y los imputados aún no saben cuándo tendrán que declarar ante el juez.
La alargada sombra de la corruptela planeó por primera vez sobre la Axarquía en febrero de 2009. La Guardia Civil inició la 'operación Arcos' en la que se investiga la supuesta promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable.
Implicados
Estas operaciones se han saldado con la detención de concejales, arquitectos, abogados, promotores e incluso regidores. En la provincia, actualmente ocho alcaldes tienen causas pendientes por supuesta corrupción, seis del PSOE, uno del PP y uno de Convergencia Andaluza.
Se trata de los regidores socialistas de Fuente de Piedra, Francisco Hidalgo; Alfarnatejo, Antonio Benítez; Sayalonga, José Luis Navas; Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda; y La Viñuela, Juan Millán. También está imputado el popular Juan Martín Serón, de Alhaurín el Grande. El último que tendrá que rendir cuentas ante la justicia es Juan Vera (Convergencia Andaluza), alcalde de Tolox.
A esta lista se unen los ex alcaldes de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE); de Estepona, Jesús Gil Marín y Antonio Barrientos; y de Marbella, Marisol Yagüe y Julián Muñoz. Al menos hasta ahora

No hay comentarios:

Publicar un comentario