Los privados solicitan que los terrenos se valoren por encima de los coeficientes medios del plan como plantean Junta y Ayuntamiento.
Imagen aérea de la zona de Arraijanal, enmarcada entre el campo de golf y la urbanización Guadalmar, donde se proyectaron inicialmente viviendas y hoteles. :: SUR
Una nueva incógnita se abre sobre el futuro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga y se suma a la incertidumbre que representa el pulso que en estos días mantienen la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, al querer utilizar este último el documento como moneda de cambio para obtener fondos europeos que gestiona el Gobierno andaluz. Al margen de la disputa por el dinero, ambas administraciones acercaron posturas el pasado martes con el fin de que el plan sirva para compensar a los propietarios de la parcela de Arraijanal, junto a Guadalmar, donde la Junta quiere realizar un parque metropolitano. Pues bien, según pudo conocer este periódico, los dueños de esos terrenos no están en absoluto de acuerdo con la fórmula de compensación que estudian las dos administraciones, ya que consideran que supone menospreciar el valor del suelo.
El alcalde, Francisco de la Torre, ha reconocido esta semana que no se va a dar un trato diferenciado a los propietarios de Arraijanal, un sector que, en su mayor parte, está en manos de Vallehermoso. «Será igual que para obtener otros suelos. Entrarán en una bolsa de aprovechamiento que se irá desarrollando en el conjunto de la ciudad, ya sea en Campanillas, Lagar de Oliveros o nuevos espacios en la zona este. Hay distintas fórmulas de hacerlo», explicó el regidor, quien agregó que lo que hace el Consistorio está basado las directrices que se marcaron por la Junta. «Entiendo que de este modo se calman los problemas, no se puede hacer más», dijo.
Sin embargo, según fuentes consultadas, la calma no es precisamente lo que reina en los propietarios de Arraijanal, que en los días previos a la reunión del pasado martes entre el Ayuntamiento y la Junta hicieron llegar a los responsables políticos de ambas instituciones su disconformidad con el planteamiento que se estaba debatiendo.
Éste pasa por obtener el terreno para el parque metropolitano valorándolo en función de los coeficientes medios del plan para el resto de operaciones similares. Es decir, aquellas en las que la obtención de un suelo para una calle, una zona verde o un equipamiento se realiza concediendo a sus dueños derechos edificatorios en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, los privados piden un tratamiento especial porque consideran que no puede compararse el valor de un suelo en primera línea de playa con el de otro terreno en la vega de Campanillas o Lagar de Oliveros, como ha planteado la Junta, donde, además, estarán obligados a reservar un 55% para viviendas de protección oficial.
Los propietarios han propuesto a las administraciones que introduzcan el Arraijanal dentro de un área de reparto independiente del resto del PGOU, lo que permitiría ponderar la calidad de los suelos más allá del valor medio que le conceda el planeamiento y que estaría dos o tres veces por debajo del precio que le ponen los privados. Según su criterio, esta opción es perfectamente legal y evitaría entrar en un pleito que están dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias y que podría demorar el proyecto de parque metropolitano en varios años.
Negociación
De ahí que el consejero de Vivienda, Juan Espadas, abogara el pasado miércoles en su visita a Málaga por mantener una próxima reunión con el Ayuntamiento y con los dueños de Arraijanal para consensuar esta cuestión, lo que evitaría posibles demandas judiciales que podrían complicar bastante tanto la tramitación del PGOU como el proyecto en sí de parque metropolitano. «Creo que ellos habrán visto con buenos ojos la posibilidad de ese acuerdo y a partir de ahora lo que empezará será la concreción de si su reivindicación económica se consigue o no», declaró Espadas, quien destacó que la opción de la compensación es para los privados mejor que la expropiación.
No obstante, el consejero también matizó que los derechos de los dueños de Arraijanal a ser compensados con suelo en otros puntos de la ciudad no pueden entenderse como «expectativas porque la ley del suelo no lo permite», dijo. Así, argumentó que se puede buscar una fórmula más equilibrada y razonable en relación con lo que pagaron en su día por los suelos, «pero esto tiene límites legales», añadió.
Los dueños de Arraijanal no están de acuerdo con ese planteamiento y están dispuestos a defender su postura en los tribunales si fuera preciso. Además, según apuntan las fuentes, Arraijanal está en realidad en manos de los bancos que dieron los préstamos para comprar los suelos, por lo que estos nunca permitirían que se pudieran canjear por otros terrenos de menor valor.
Cabe recordar que el valor de las 53 hectáreas de Arraijanal podría cifrarse en unos 180 millones de euros si se tiene en cuenta la subasta que realizó hace cuatro años el Ministerio del Interior para deshacerse de un antiguo cuartel, en la que fijó el valor del metro cuadrado en 280 euros. La Junta, en cambio, sostiene que la valoración de los terrenos no llegaría en ningún caso a cotas tan elevadas.
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