domingo, 22 de junio de 2008

El Consistorio inicia un plan de pagos para saldar deudas con comunidades vecinales. Marbella (SUR)


La Junta de Gobierno Local autoriza el primer abono de 115.000 euros para afrontar débitos adquiridos en la 'era GIL' por la ocupación de inmuebles. La mayoría de las facturas que ahora serán reconocidas datan de 2006
En la abultada lista de acreedores del Ayuntamiento marbellí, aparecen, además de empresas -por la prestación de obras y servicios- y entidades bancarias, numerosas comunidades de propietarios, a las que adeudan cantidades dispares por las cuotas periódicas derivadas de los inmuebles. El equipo de gobierno municipal ha dado el primer paso en firme para tratar de solventar un nuevo escollo de tipo económico, que data de la 'era GIL'. Así la Junta de Gobierno Local ha aprobado el reconocimiento de una deuda de 115.000 euros con una veintena de comunidades de vecinos -distribuidas por todo el término municipal- en las que el Consistorio dispone de locales. Este montante en negativo data del periodo 1994-2006, con el Grupo Independiente Liberal (GIL) y el tripartito en el poder. No obstante, Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno, apuntó que la mayoría data de 2006.
Compromiso
«Este acuerdo refleja la normalidad y seriedad que se ha instalado en el Ayuntamiento con este equipo de gobierno», indicó Romero, quien apuntó que esta situación de morosidad heredada «era trasladar pobreza a comunidades de propietarios en barriadas muy populares a las que se impedían hacer inversiones en el arreglo de escaleras o en la instalación de ascensores». El débito más añejo data de 1994. Está contraído con la administración del edificio Marbell Center, a la que -en virtud de la medida adoptada en la última Junta de Gobierno Local- se le abonará los 27.000 euros pendientes en concepto de cuotas de comunidad. Pero éste es sólo el principio de un ambicioso plan de pagos que el gobierno municipal pretende hacer extensible al resto de pequeños acreedores, una vez verificadas las facturas y teniendo en cuenta el remanente de tesorería, dada la delicada situación de las arcas municipales que arrastran una deuda que supera los 500 millones de euros. «Hasta ahora se despreciaba a las comunidades de propietarios», a lo que añadió: «Pero a partir de ahora se renueva el compromiso con la ciudadanía». Por otro lado, Romero anima a las comunidades vecinales afectadas a que se pongan en contacto con el Consistorio marbellí e informen de estas cuentas pendientes. Y es que resulta paradójico que gracias a las reclamaciones de pago recibidas, primero con la gestora en el Consistorio, y ahora con el PP al frente de la Alcaldía, hayan detectado la existencia de bienes inmuebles ocupados por el Ayuntamiento e incluso de su propiedad, lo que ha posibilitado incrementar el esquilmado patrimonio municipal.

Un año de prisión por pagar el alquiler de un piso con un cheque sin activar el talonario (SUR)

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año de prisión a un italiano, vecino de Marbella, por un delito de estafa, al entregar para pagar el alquiler de un piso un cheque sobre una cuenta abierta por Internet sin que hubiera activado el talonario. El acusado, con la intención de obtener beneficio, suscribió en mayo de 2003 un contrato por el que arrendaba una vivienda en Málaga capital por un importe mensual de 750 euros. El acusado abonó 1.500 euros, que incluían el alquiler y la señal de la vivienda, para lo que entregó un cheque contra una cuenta corriente «sabiendo que no podía hacerse efectivo porque no estaba activado el talonario», por lo que el pago fue denegado cuando fue presentado al cobro.

Villalobos asegura que el puente junto a Plaza Mayor está listo para su inauguración (SUR)

El Ayuntamiento de Málaga ha terminado las obras del nuevo puente junto a Plaza Mayor y ha solicitado al Ministerio de Fomento fechas para un acto de inauguración con presencia de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y del alcalde, Francisco de la Torre. Así lo expuso ayer la diputada del PP, Celia Villalobos, quien añadió que el Ayuntamiento está a la espera de información por parte del Ministerio. «Las obras del puente están terminadas e incluso la Gerencia de Urbanismo ha realizado mejoras que inicialmente no incluía el proyecto», afirmó. Respecto a las mejoras previstas, Villalobos explicó que el Ayuntamiento decidió añadirle una rotonda que serviría para mejorar la entrada de acceso al parador de golf, para lo que se mantienen conversaciones con el Gobierno central, ya que ese suelo no es municipal y es necesario que sea cedido al Ayuntamiento para iniciarla.

Un incendio obliga a derribar un edificio donde anidaban parejas de vencejos (SUR)

A mediados de mayo, la presencia de 43 parejas de vencejos y aviones -ambas especies en peligro de extinción- en una antigua nave abandonada y en ruinas, cerca de la urbanización Sacaba Beach, obligó a la Delegación de Medio Ambiente a paralizar su derribo, que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento, al tratarse de un terreno municipal. Aunque el periodo de cría todavía se podía prolongar algunas semanas, los operarios retomaron ayer los trabajos, ante el mal estado en que quedó el inmueble tras un incendio que se declaró la semana pasada.El delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, explicó que el suceso se produjo a mediados de la pasada semana. «Mandamos una brigada de investigación de incendios, que detectó restos de colchones y jeringuillas». Las ruinas estaban ocupadas habitualmente por drogadictos e indigentes, y se cree que esta pudo ser la causa del fuego, pues el punto de inicio estaba en el interior.
Nidos vacíos
Posteriormente, técnicos de Medio Ambiente inspeccionaron los nidos, aunque no se detectaron restos de ejemplares, huevos rotos ni pollos, así como la posibilidad de otros asentamientos o ejemplares en la zona. Finalmente, el pasado jueves se firmó la autorización para el derribo, que comenzó casi de inmediato. «Ante la ausencia de ejemplares se da por finalizada la protección del inmueble».El Ayuntamiento manifestó en su día la necesidad de derribar las antiguas naves por el peligro de que pudieran suponer un riesgo para los vecinos de la zona de Sacaba Beach, pero también por la próxima celebración en el nuevo Complejo Acuático de Málaga, ubicado muy cerca de allí, del Campeonato de Europa de Waterpolo, que tendrá lugar del 4 al 13 de julio.

Callejones con encanto (SUR)


Salirse de las rutas principales ofrece al caminante una perspectiva diferente del Centro, con rincones inesperados, llenos de vida e historia, donde la cercanía de los muros evita el calor y traza pintorescas estampas de la Málaga de siempre
Hay otra forma de conocer el Centro, sólo hay que salirse de las vías principales y deambular por callejones estrechos y olvidados. Bares y restaurantes se mezclan con negocios de toda la vida, tertulias que brotan como manantiales en la puerta de los comercios, en la trama árabe de la ciudad antigua, en pasajes donde la cercanía de los muros evita que el sol sofoque al viandante. Desde Larios a la Catedral y de ahí al Museo Picasso, SUR, con la ayuda del experto en el callejero malagueño Domingo Mérida, les propone una ruta para conocer la trastienda del casco antiguo.A las puertas de Larios, el viandante se adentra a la derecha, por la calle Don Juan Díaz, entre el bullicio de mesas de los bares y cafeterías. Está dedicada al parlamentario que enviaron los Reyes Católicos para intentar que los musulmanes cedieran la ciudad sin necesidad de batalla.Poco después sale a la calle Bolsa, presidida por la Paloma quiromántica -una mano y una paloma a la vez- escultura basada en una obra de Rafael Pérez Estrada. Aunque es una calle, realmente en este punto se forma una plaza. Mérida cita a otro estudioso del callejero, Francisco Bejarano, para explicar el origen de su nombre: «Antes la gente guardaba el dinero en un calcetín, media o bolsa, y este tramo se asemeja a ese objeto, pero no tiene nada que ver con el mercado de valores».
Torre de Sandoval
Sigue por Torre de Sandoval, apenas un puñado de metros entre Bolsa y Strachan, que se asoman a la Catedral. Está dedicada a un sobrino de Sancha de Lara. «Lo mandó ajusticiar la autoridad de Málaga en 1640 porque no hizo reverencia en el teatro al llegar el alcalde. Sancha de Lara se fue a ver al rey, a Madrid, que mandó ahorcar a todos los que habían intervenido en la muerte de su sobrino». En este punto, el paseo vuela en el espacio y en el tiempo hasta el edificio que antes se encontraba frente a la escalinata de la Catedral, en la plaza del Obispo, llamada Casa de las siete cabezas, en la que Sancha de Lara mandó reproducir las de los ajusticiados para vengar a su sobrino.Llega así a la calle Salinas, llamativo contraste de edificios modernos e históricos, que recibe su nombre del palacio que se ubica en el número 6, del siglo XVII. Una parada obligada en el camino es la calle Fresca, que toma su nombre del sentido común: su temperatura se mantiene casi estable en verano. «Por su forma y por lo estrecha que es, el sol no llega a entrar, no toca el suelo ni siquiera en agosto», ilustra Mérida. Callejón empedrado, fiel reflejo de la antigua trama árabe, después de que los bares de la zona la rieguen, se mantiene húmeda durante mucho tiempo, lo que contribuye a realzar su nombre.
El Chinitas
No tarda en aparecer uno de los enclaves más pintorescos de la ciudad, el pasaje de Chinitas, una de las pocas vías que tiene el mismo nombre si se recorre de Norte a Sur y de Este a Oeste. Construida sobre un antiguo convento de las Agustinas, en lo que hoy es una tienda de telas estaba el célebre café Chinitas, que le dió nombre a la calle, por el apodo del actor Gabriel Guerra, que actuaba con frecuencia en el local. La parada en el taller de afilados que regenta Manuel Ocón hijo es casi obligatoria, donde la tertulia brota espontánea y siempre sobre temas malagueños. Su colección de fotografías de personalidades de la provincia es única.Sale ahora a Santa María, una concurrida vía comercial, donde la farmacia y la ferretería de toda la vida intercalan con tiendas de recuerdos y terrazas. Comunica la plaza de la Constitución con la calle Molina Lario y luego con Císter, pero un poco antes, tuerce a la izquierda y se adentra en la calle Correo Viejo, estrecho pasaje que lleva hasta la plaza del Siglo. Recibe tal calificación por las antiguas dependencias postales y alberga la casa natal del marqués de Salamanca, ministro de Hacienda a mediados del siglo XIX y creador del barrio del mismo nombre en Madrid. Para ver la placa que le recuerda es necesario bucear entre los toldos de los restaurantes.A la vuelta de la calle aparece el pequeño pasaje Ascanio, llamativo por la reja de forja que la mantiene a salvo de miradas indiscretas. ¿Cuántos malagueños se habrán preguntado alguna vez qué habrá detrás? Pues lo cierto es que no conduce a ningún sitio. Debe su nombre al doctor Martín de Ascanio, muy ligado a la Catedral, que vivió en el siglo XVII.Al otro lado de la calle Granada, ya en Calderería, la calle Capitán describe un pequeño arco para salir prácticamente al mismo sitio. Aunque hoy en día no tiene mayor envergadura, Domingo Mérida recuerda que en otros tiempos salía -después de hacer muchos recovecos- hasta la calle Carretería. De ser una de las más largas, pasó a ser de las más pequeñas.
El ataúd
De vuelta a la calle Granada, se abre, a la derecha, la minúscula calle Moratín. En otros tiempos, recuerda el experto, era conocida como la calle del ataúd, por ser más ancha en su inicio que en su final.De un salto, a la Catedral. A espaldas del templo, por la popular calle Cañón se accede hasta la vía más estrecha de la capital. La calle Don Juan de Málaga sale junto a la sede de la Cámara de Comercio, en Cortina del Muelle, donde se produce un estrechamiento tal que no deja pasar a más de una persona a la vez. Debe su nombre al bisnieto de Alí Dordux, que entregó Málaga a los Reyes Católicos y en esta vía se ubicaban los talleres del imaginero Pedro de Mena.
Museo Picasso
Desde Cortina del Muelle a la calle Alcazabilla. En el extremo más cercano a Císter, pegada a la cofradía del Sepulcro, se abre la calle Marquesa de Moya. Hace referencia a la dama de compañía de Isabel la Católica, conocida por su elegancia. «Un santón árabe se ofreció a los cristianos a buscar un flanco débil para entrar en la Alcazaba. Aprovechando un descuido intentó apuñalar a la reina, pero su dama iba tan bien vestida que se equivocó y la hirió de gravedad». Los jardines y la cercanía del Museo Picasso dan a todo el entorno un encanto especial.Conduce hasta la calle Pedro de Toledo, que permite observar uno de los conjuntos de casas más antiguas de la capital. Está dedicada al capellán de los Reyes Católicos, que encabezaba la cabalgata de los notables en la entrada de los monarcas a la ciudad recién conquistada. La plaza que preside la vieja higuera de cuatro pies, en el corazón de la pinacoteca, es la última escala del paseo, en uno de los rincones más relajantes de esa bulliciosa urbe que es Málaga.

La Junta ayudará a la reforma de medio centenar de edificios en el casco antiguo (SUR)


Apoyará la instalación de ascensores y la mejora de instalaciones eléctricas. Más de 150 casas del Centro y Las Flores tendrán subvenciones para reparaciones

AYUDAS
Interior de viviendasMejoras que se subvencionan: Problemas de estructura, arreglo de cuartos de baño, cocinas, puertas, ventanas, humedades, iluminación, ventilación, fontanería, electricidad, saneamiento y adaptación para discapacitados.
Importe de las ayudas: Hasta 9.100 euros por vivienda.
Número de solicitudes: 157 de las que 66 corresponden al Centro y 91 a la barriada de Las Flores.
Zonas comunes de edificios
Mejoras que se subvencionan: Instalación o mejora de ascensores, mejora de instalaciones eléctricas, reparaciones en el suministro de agua, gas o saneamiento del edificio, arreglo de azoteas, solución a problemas de estructura o cimentación, estanqueidad frente a la lluvia, supresión de humedades y eliminación de barreras arquitectónicas.
Importe de las ayudas: Hasta 13.300 euros por cada una de las viviendas con que cuente el inmueble en cuestión.
Número de solicitudes: 56 de las que 55 corresponden a edificios del Centro Histórico y una a la barriada de Las Flores. (Esto último se explica por las mejoras desarrolladas en los últimos años por la Junta en los bloques de esta zona).
La Junta de Andalucía, a través de su Oficina de Rehabilitación en Málaga, va a contribuir a la mejora de medio centenar de edificios del Centro Histórico, según apuntan los datos de la última convocatoria pública de subvenciones, que finalizó el pasado día 30 de mayo. La medida ha registrado un total de 213 peticiones de ayudas para rehabilitar de las que 92 corresponden a viviendas en la barriada de Las Flores y 121 a edificaciones y pisos en el casco antiguo. De estas últimas, un total de 55 han sido cursadas por propietarios de inmuebles con el objetivo de mejorar sus zonas comunes.En esos casos, las partidas están destinadas a la instalación y reparación de ascensores, mejora de instalaciones eléctricas, agua y gas, arreglo de azoteas y solución a problemas de estructura, cimentación, humedades y barreras arquitectónicas. Para cada uno de estos edificios, la Junta destinará un importe de hasta 13.300 euros por cada una de las viviendas con que cuente el inmueble. El porcentaje máximo de subvención para cada proyecto es del 95%.Esto en cuanto a los edificios, ya que la convocatoria también incluía una línea para la reparación del interior de las viviendas. En estos casos, se concederá un máximo de 9.100 euros por hogar para solventar problemas de estructura, arreglos de cuartos de baño y cocinas, puertas, ventanas, humedades, iluminación, ventilación, fontanería, electricidad, saneamiento y adaptación para personas discapacitadas. De este tipo, se han presentado 157 peticiones de las que 66 corresponden al Centro y 91 a la zona de Las Flores.
Tramitación
Fuentes de la Oficina de Rehabilitación informaron de que antes de final de año se habrán tramitado todos los expedientes presentados a la convocatoria para confirmar la concesión de las subvenciones. Para la entrega de las ayudas hay dos procedimientos. En el caso de las destinadas a zonas comunes de los edificios, la Junta abona el 50% de la aportación concedida en una cuenta con disponibilidad limitada al inicio de la obra, y el resto lo entrega al final de los trabajos. Para las mejoras en el interior de viviendas, el 50% de la subvención se percibe cuando la obra está ejecutada a la mitad y el resto, al final. En ambos casos, la Administración andaluza aporta la asistencia técnica necesaria para la redacción del proyecto y la dirección de las obras sin coste alguno para el particular o la comunidad de vecinos.En el caso del Centro, las ayudas abarcan las zonas de Ollerías, Dos Aceras, Carretería, Merced, Lagunillas y Victoria.

sábado, 21 de junio de 2008

La Ley del Suelo ayudará a evitar casos de corrupción (Málaga Hoy)

Obliga a los ediles y directivos municipales a declarar todos sus bienes y patrimonio
La Ley del Suelo, que entró en vigor hace un año pero cuyo texto refundido fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros, será una herramienta que ayudará a evitar los casos de corrupción urbanísticas. Así lo apuntó ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien tras la reunión del Gobierno destacó que la normativa tiene como objetivo principal fomentar la transparencia y "evitar y detectar rápidamente" el fraude y la corrupción urbanística.Para ello, la norma obliga, entre otras medidas, a que en todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías sean identificados sus propietarios durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones que adoptan los representantes públicos. A ello se añade la necesidad de que los convenios urbanísticos, que suelen estar detrás de buena parte de la financiación de los ayuntamientos, que hasta ahora son "un instrumento opaco", sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que estos acuerdos son sometidos al mismo procedimiento que los planes urbanísticos generales.No obstante, una de las exigencias más destacadas incide directamente sobre los concejales y directivos municipales, que tendrán que hacer una declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, según la ministra de Vivienda, tiene que someterse a los registros públicos. "Existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado", subrayó Corredor.Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona, donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, la ministra señaló que los consistorios que no lo tienen "incumplen" la Ley del Suelo, ya que todos cuentan con registros que les permiten incluir estas declaraciones. El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado ayer, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.

La Junta cree "correcto" su comportamiento en el funcionamiento urbanístico de la localidad. Estepona (Málaga Hoy)

De la Vega dice que al Gobierno los casos de corrupción le causan "auténtica repugnancia"
La Junta de Andalucía se defiende. El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, consideró ayer que el comportamiento de la Administración autonómica en el municipio de Estepona ha sido "el correcto" y anunció que tras la detención del alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y de otros seis concejales, en el marco de la operación Astapa, se hará toda la fuerza para que se aplique la ley "hasta el final".En defensa de la actuación seguida por el Gobierno andaluz en el municipio costero, donde hay abiertos unos 1.600 expedientes de irregularidad urbanística, Zarrías recordó que la Junta ha decidido personarse en las diligencias abiertas tras la operación contra la corrupción del Consistorio. "Lo que se investiga ahora son presuntos delitos que en su inmensa mayoría no son de legalidad urbanística", manifestó.Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que al Ejecutivo los casos de corrupción le producen "auténtica repugnancia" y aseguró que se adoptará "una persecución implacable" y un castigo "sin paliativos". Además, rechazó el "enriquecimiento" mediante el uso de cargos o recursos públicos". "Son pocos casos pero manchan la reputación de decenas de miles de alcaldes y concejales que trabajan honradamente para sus conciudadanos", sentenció.En la misma línea, el presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que tendrá "tolerancia cero" con la especulación urbanística o con las prácticas "ilegales", al entender que es "la mejor apuesta para un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos".

El edil de Urbanismo declara como imputado en Comisaría (Málaga Hoy)

La declaración de Rafael Duarte tuvo lugar ayer y estuvo acompañado de Diego Martín Reyes, au abogado y amigo, que ha asumido su defensa porque "es mi amigo y estoy absolutamente convencido de su honestidad"
El edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Estepona Rafael Duarte ha declarado como imputado ante la Policía en relación con el caso Astapa contra la corrupción, por el que han ingresado en prisión preventiva cinco personas, entre ellos el alcalde socialista Antonio Barrientos. La declaración del concejal en la Comisaría de Estepona tuvo lugar en la tarde de ayer y en ella estuvo acompañado por su abogado, Diego Martín Reyes, ex compañero de Duarte en la comisión gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la corporación por el "caso Malaya". Martín Reyes ha señalado que la imputación de Duarte constituye una "medida de garantía" y contrasta con el resto de encausados, que han sido detenidos y trasladados al juzgado para comparecer ante la juez instructora de la causa, Isabel Conejo. El letrado ha destacado que ha asumido la defensa del concejal no sólo por su condición de jurista, sino también porque "es mi amigo y estoy absolutamente convencido de su honestidad", y ha apuntado que por el momento su cliente no ha sido citado a declarar ante la juez. Las dependencias de la delegación de Urbanismo, así como el despacho de Duarte, fueron registradas el pasado martes por la Policía, que ha tomado declaración a lo largo de estos días a varios testigos del caso y ayer citó al concejal como imputado, según publica hoy El País. De los 26 detenidos en la operación "Astapa" contra la corrupción en Estepona, cinco han ingresado en prisión -entre ellos el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE)-, dieciocho han quedado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres en libertad con cargos y sin fianza. Diez de los arrestados ya han pagado fianzas que suman un total de 1,61 millones de euros, mientras que para los otros ocho imputados la juez acordó un plazo de cuatro días para abonar las cuantías económicas correspondientes con el fin de eludir la prisión, según fuentes judiciales Rafael Duarte fue responsable de Urbanismo en la comisión gestora constituida tras la disolución de la Corporación municipal en Marbella como consecuencia del "caso Malaya", órgano en el que Diego Martín Reyes ejerció de presidente. En las elecciones de 2007, el primero concurrió como número dos en la lista del PSOE a la Alcaldía de Estepona y desde entonces ocupa el cargo de concejal de Urbanismo. Por su parte, Martín Reyes estuvo durante siete meses al frente del comisionado para la Costa del Sol Occidental, órgano creado por la Junta de Andalucía y disuelto el pasado mes de mayo, días después de que su titular renunciara para volver a ejercer de abogado.

Una promotora invierte más de 42 millones de euros en un complejo de 172 casas. Ronda (SUR)


La promotora inmobiliaria Inmoavance, perteneciente al Grupo Rusvel, ha lanzado al mercado la primera fase de la promoción Picos de Ronda, un complejo residencial que tiene una inversión total de 42 millones de euros y que está compuesto por 172 viviendas situadas en Navares Tejares, una zona de creciente expansión en la ciudad y a escasos minutos del centro. La primera fase, de 86 domicilios, sale ahora a la venta con pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con áticos, trasteros, garajes y espacios comunes, tales como jardines, zonas con juegos infantiles, piscinas, gimnasio y pistas de pádel, que forman un complejo privado simulando una ciudad jardín. Al acto de presentación, han asistido el alcalde de la ciudad, Antonio Marín; el presidente del Grupo Rusvel, Miguel Rus, y el concejal de Deportes, Carlos Mirasol. La importancia histórica de la ciudad y la tradición de Ronda, unidos al enclave privilegiado del complejo en la Serranía de Ronda son las razones que han motivado al Grupo Rusvel para situar el proyecto en la ciudad del Tajo. Por su parte, Antonio Marín ha destacado el carácter innovador del complejo y ha señalado que Ronda tiene que crecer lo necesario en base a la situación de crisis económica actual. Se trata de una fuerte inversión en la ciudad a pesar del difícil momento que atraviesa actualmente el sector de la construcción. Este grupo empresarial andaluz reúne a empresas del sector de la construcción, la promoción inmobiliaria y las energías renovables. En el pasado ejercicio su facturación se acercó a los 68 millones de euros y el grupo cuenta con más de 200 empleados. Tiene presencia en prácticamente todas las provincias andaluzas. En Ronda, ejecutó la piscina cubierta y las obras de rehabilitación del depósito de agua potable que la abastece así como la construcción del circuito de velocidad Ascari, además de otros trabajos. Reciente el grupo, que opera fundamentalmente en Andalucía y tiene su origen en una empresa familiar, ha ampliado su actividad a Portugal y países centroeuropeos.

El Organismo de Desarrollo consigue más de 17 millones para 109 proyectos. Vélez-Málaga (SUR)


Molina dice que se han multiplicado por cinco las actuaciones para las que se ha obtenido financiación


DATOS
Financiación: Se han obtenido 17,7 millones de euros, de los 30 solicitados.Reparto: de los 17,7 millones, 10 son para el plan Urban, 6 millones a través del FOMIT para el paseo marítimo, el plan director de la fortaleza, el parque periurbano del Cerro y el soterramiento de contenedores, así como 1,4 para el proyecto Fórmete +.Objetivo del OALDIM: Aumentar la fuentes de financiación.
El Organismo Autónomo Local de Desarrollo Integral del Municipio (OALDIM) conseguido entre mayo de 2007 a mayo de 2008 financiación para 109 proyectos de los 181 presentados. Esto supone que durante el último año se han multiplicado por cinco los proyectos para los que se ha conseguido financiación de otras administraciones, ya que en el mismo periodo del año anterior sólo se habían conseguido financiar un total de 20 proyectos, según el concejal responsable del área, Miguel Ángel Molina. Los fondos que ha conseguido el municipio suponen una financiación de 17,7 millones de euros, que servirán para ejecutar importantes proyectos como el Plan Urban, para el que el Ayuntamiento cuenta con más de 10 millones de euros que serán invertidos en la regeneración social y económica del barrio de La Villa.Dentro de estos 17,7 millones de euros también se encuentra El Proyecto Fórmate + (1,4 millones de euros), vinculado al Pacto Local por el Empleo y que permitirá que alrededor de 500 personas se beneficien de acciones formativas que van a propiciar su integración laboral. El crédito FOMIT (6 millones de euros) también forma parte de este montante económico, a través del cual se acometerá la remodelación del paseo marítimo de Torre del Mar, la ejecución del plan director de la fortaleza y del parque periurbano del cerro de San Cristóbal y el soterramiento de contenedores.
Todas las áreas
Molina ha destacado el trabajo realizado por el equipo del OALDIM durante este primer año de legislatura, ya que, además de dar continuidad al servicio que se venía prestando, se han gestionado proyectos para todas las áreas municipales, consiguiendo una mayor financiación para los mismos (17,7 millones de euros en el último año frente a 2,1 millones en el año anterior). El edil no descartó alcanzar este año los 24 millones. El total de ayudas solicitadas ronda los 30 millones.Fruto de estos resultados ha sido la nueva política aplicada a la estrategia de trabajo del organismo autónomo, basada en optimizar los recursos existentes y en asumir nuevas áreas municipales con el objetivo de aumentar las fuentes de financiación y los proyectos financiados.

Finaliza la construcción de los muros pantalla (SUR)

Los trabajos de realización de los muros pantalla en el tramo 3 (Los Guindos-Frigiliana) de la línea 2 del metro de Málaga finalizaron el pasado jueves. Con la finalización de este trabajo se reducen a dos los tramos de obra en los que se continúan realizando estas tareas: el tramo 2 (Glorieta de Molière-Los Guindos) y el 6 (Juan XXIII-Juan Pablo II).

Deficiencias en el proyecto bloquean la apertura del nuevo puente junto a Plaza Mayor (SUR)


El Consistorio lo da por concluido y quiere inaugurarlo, aunque Fomento alega que no se ajusta al plan inicial . La puesta en servicio se ha retrasado ya en dos ocasiones

Es la pregunta que se plantean desde hace meses los numerosos usuarios de la carretera que une el centro comercial Ikea con Plaza Mayor y la autovía A-7, ¿Cuándo se abrirá el nuevo puente? Máxime cuando, en apariencia, la obra está concluida desde hace al menos un mes, y sólo unos conos de plástico bloquean el paso. Es más: el Ayuntamiento de la capital, impulsor de los trabajos con la financiación conjunta del Ministerio de Fomento y los promotores de Ikea, lo da por finalizado y alega «problemas para cuadrar las agendas» de las autoridades para su inauguración. Sin embargo, parece haber otras razones que impiden su entrada en funcionamiento. El diputado socialista Miguel Ángel Heredia explica que, tras un encuentro con responsables del Ministerio de Fomento, ha podido saber que la Demarcación de Carreteras no ha dado su visto bueno a la infraestructura, ya que no se ajusta al proyecto inicial.
Deficiencias
La clave de la discordia está en unos trabajos de mejora previstos en la conexión entre el nuevo viaducto, de dos carriles por sentido, y la rotonda que da acceso a la A-7, y que según Heredia no se han ejecutado, pese a que estaban incluidos en el proyecto aprobado inicialmente. A su vez, los técnicos de Carreteras consideran que las obras presentan múltiples deficiencias y no se han terminado, algo que choca con la versión municipal.El diputado reiteró que las obras son responsabilidad del Ayuntamiento, aunque estén sufragadas en parte por Fomento, y criticó las molestias que el retraso en la apertura de esta nueva conexión suponen para los usuarios del centro comercial, así como para los vecinos de los núcleos de Churriana y Alhaurín de la Torre.Según ha podido saber este periódico, el equipo de gobierno municipal invitó a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y a los impulsores del área comercial a acordar una fecha para su inauguración, aunque el Ministerio pedirá que se subsanen las carencias detectadas y se termine la obra antes de cortar la cinta.La apertura del puente, que permitirá remplazar al actual, de un solo carril por sentido, con una fuerte rasante y con el asfalto en muy mal estado, se ha retrasado en dos ocasiones desde abril. De hecho, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, se mostró convencido a principios de junio de que la carretera abriría a mediados de este mes, y abogó por cuadrar las agendas de los responsables del Ayuntamiento, del Ministerio de Fomento, y de los promotores del sector ya que todos ellos habían participado en su financiación para hacerlo realidad.

La jueza envía a la cárcel al alcalde y a su mano derecha por la trama de presunta corrupción en Estepona (SUR)


Al regidor socialista se le imputan los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Junto a Barrientos y José Flores la magistrada ordenó ayer el ingreso en prisión del edil del PES Manuel Reina

Antonio Barrientos llegó a los juzgados a la una del mediodía. Siete horas y media más tarde el alcalde de Estepona abandonaba la sede judicial como llegó: esposado y en un furgón policial. La sonrisa con la que atravesó el arco de entrada se esfumó cuando escuchó los abucheos de los vecinos que le esperaban a la salida. Ya se sabía que la jueza de Primera Instancia e Instrucción 1 había decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. No fue el único. De los cinco detenidos que ayer pasaron a disposición judicial por la presunta trama de corrupción urbanística, tres abandonaron los juzgados camino del presidio, previo paso por la Comisaría. El primero en salir escoltado fue José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía y mano derecha de Barrientos imputado de los supuestos y aún provisionales delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, y blanqueo de capitales. Con gesto serio abandonó la sede judicial a las 20.15 horas entre vítores de familiares, compañeros y amigos y abucheos de más de un centenar de vecinos que se congregaron al otro lado del edificio entre gritos e insultos. La jueza instructora, Isabel Conejo, decretó un tercer ingreso en prisión en la tarde de ayer, el de Manuel Reina, ex edil de Hacienda y actual concejal del PES, imputado por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y blanqueo de capitales. El resto de los detenidos que ayer prestaron declaración, Juan Simón, abogado y miembro de la Ejecutiva del PSOE, y Francisco Zamorano, actual concejal de Hacienda y portavoz del grupo municipal, salieron en libertad con cargos. En el primero caso, con fianza de 300.000 euros bajo la imputación de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En el segundo, bajo fianza de 50.000 euros por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, el único en estar imputado por este delito. Fueron los dos primeros en abandonar los juzgados. Con ellos son ya cinco de los 26 detenidos de la 'operación Astapa' los que ingresan en prisión sin posibilidad de eludirla bajo fianza. Los delitos que se les imputa son muy similares, y en algunos casos, idénticos. Un día antes la magistrada enviaba a la cárcel al ingeniero X W. y al también edil del PES José Ignacio Crespo, imputado igualmente de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación. El resto de los detenidos han salido en libertad, aunque la mayoría bajo fianza de entre 15.000 y 500.000 euros según su patrimonio y la gravedad de los delitos que se le imputan provisionalmente. De no hacer efectiva la cuantía en los próximos días -algunos de ellos han comentado que les será muy difícil reunir el dinero en tan poco tiempo- podrían ingresar en prisión hasta nueva orden. De momento, han anunciado que compañeros de partido, amigos y familiares están realizando una colecta para conseguir el dinero. Muchos de sus seguidores incondicionales se congregaron ayer ante la sede de los juzgados de Estepona para mostrar su apoyo a los detenidos, especialmente a Barrientos, el personaje más esperado en los cuatro días en los que se han desarrollado los interrogatorios judiciales.
La escena se repite
A un lado los amigos, familiares, compañeros de partido y cargos de confianza del PSOE. Al otro, los ciudadanos y curiosos que se agolpaban desde primeras horas de la mañana en la puerta del juzgado de Estepona. La entrada y salida de los cinco detenidos fue muy similar con la única diferencia de que los amigos permanecieron inmutables a pesar del cansancio y el calor frente a los detractores que fueron yendo y viniendo. El alcalde fue recibido al grito de «Antonio, estamos contigo; hemos venido a apoyarte». Eran sus compañeras de gobierno, que ayer salían en libertad tras declarar ante la jueza que instruye el caso. El primer edil, visiblemente desmejorado, agradeció la muestra de cariño de sus compañeros lanzándoles un beso al aire. En el otro bando, le abucheaban e increpaban mientras -con los brazos cruzados para esconder las esposas, y la cara al descubierto- se dirigía hacia el juzgado. «Ladrón», «chorizo», gritaron los presentes, que incluso se atrevieron a lanzar algún objeto al regidor antes de entrar en la sede judicial. La escena se repetía horas más tarde a su salida, pero esta vez su gesto de preocupación lo decía todo.

viernes, 20 de junio de 2008

Vecinos de Mijas critican el poco apoyo municipal para regularizar sus casas. Mijas (Málaga Hoy)

Los afectados pedirán la suspensión de los expedientes ante los tribunales
La Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas continúa luchando para solucionar su problema y apuesta por hacerlo mediante la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente de aprobarse en el municipio. El colectivo pretende hacer frente a los expedientes de demolición promovidos por el Ayuntamiento, que afectan a unas dos mil viviendas, y arremetió ayer contra la actuación municipal por acelerar la tramitación de los expedientes, algo que negaron desde el Consistorio.El presidente de la asociación, Juan Antonio Blanco, denunció que "el Ayuntamiento nos recomendó desde el principio que, para ralentizar la tramitación de los expedientes obtener la suspensión de los procedimientos, los afectados debían recurrir los decretos y solicitar la suspensión de las demoliciones y las multas". Sin embargo, según los miembros de la asociación, el Consistorio ha contestado a los recursos presentados denegando las suspensiones, afirmando que 1a demolición de una vivienda no es un "daño irreparable" y penalizando la interposición de recursos con la imposición al afectado de nuevas multas. Del mismo modo, se lamentaron de que durante la tramitación de los recursos, el Ayuntamiento no suspenda la recaudación forzosa, dando lugar a embargos de cuentas y de casas. Desde el Consistorio explicaron que están dispuestos a apoyar a los vecinos dentro de la legalidad y que no tiene capacidad para suspender por vía administrativa los expedientes, "una vez que son actos firmes y consentidos por no haber sido recurridos en plazo". En el caso de las multas coercitivas, indicaron que "sólo se pueden suspender si se presenta recurso dentro del plazo establecido, aportando además un aval".El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez (PSOE), y los responsables municipales de Urbanismo, se han reunido en varias ocasiones con la Asociación para la regularización de viviendas, así como con la de Chaparral-Alberquilla, al objeto de encontrar soluciones, y se dará participación en la gestión a representantes de todos los afectados.Por el momento, según la Asociación por la regularización de viviendas, no hay otra solución que pedir la suspensión de los expedientes ante los Tribunales, y para ello es imprescindible que los plazos para recurrir no estén vencidos.El portavoz de la asociación manifestó que el Consistorio ha permitido durante años la construcción de viviendas en suelo no urbano, y que algunos vecinos han asegurado que al consultar sobre la legalidad o las consecuencias de llevar a cabo una construcción irregular, destacados miembros del Ayuntamiento transmitieron su tolerancia. Por su parte, desde el PP proponen "acordar en una Pleno la voluntad explícita para la regularización de viviendas en el término municipal e incorporar dichos términos y conceptos a la Revisión del PGOU".

Prisión incondicional para el ex edil del GIL José Ignacio Crespo y un ingeniero municipal (Málaga Hoy)

El fundador del PES, que aupó a la Alcaldía con un pacto de gobierno en 2003 a Antonio Barrientos, está acusado de cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo
La instructora de la operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona dictó ayer las primeras órdenes de prisión incondicional sin fianza relacionadas con este caso. A media tarde, la juez Isabel Conejo decretó el ingreso en la cárcel del ex edil del GIL y fundador del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y del ingeniero municipal de Obras Púbicas Javier Wittmeur, también vinculado al partido independiente creado por los ex gilistas para concurrir a las elecciones de 2003.Crespo, heredero del GIL en Estepona y ex primer teniente de alcalde del municipio entre 2003 y 2007 con el PES tras un pacto firmado con el alcalde socialista, Antonio Barrientos, fue detenido la noche del martes al llegar de viaje, después de pasar unos días con unos amigos en Murcia. Abogado madrileño, Crespo arribó en Estepona de la mano de Jesús Gil Marín y su estrecha relación con la familia Gil hizo que el patriarca, Jesús Gil, le confiara la organización de la campaña electoral de 1999. Llegó a ser el candidato frustrado a la Junta de Andalucía del GIL. Su hermana Ana María Crespo también ha caído en el marco de la operación Astapa y está en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros y acusada de blanqueo de capitales y cohecho.El edil del PES, en la oposición desde las últimas elecciones de 2003, llegó ayer a los juzgados con la cara tapada. La juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.Javier Wittmeur, que llegó a las dependencias judiciales con la cara descubierta y aparentemente poco afectado, está acusado por la instructora de falsedad documental, fraude y malversación.Crespo y Wittmeur fueron trasladados al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona por la mañana, junto al arquitecto municipal Arturo Cebrián y el abogado Manuel Barroso, que es administrador único de la sociedad Ausol Estepona 2000, a la que recientemente se le adjudicó el servicio del depósito municipal de vehículos. Precisamente, Los Verdes de Estepona anunciaron hace apenas dos semanas que estudiaba recurrir la concesión porque la consideraba "sospechosa". La empresa, presuntamente, se constituyó el pasado 25 de abril, sólo un día después de la publicación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos, según Los Verdes. La mesa de contratación estuvo presidida por el edil de Hacienda, el socialista Francisco Zamorano, también detenido en esta operación. El abogado Juan Simón, primo del jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores, también detenido, fue trasladado a los juzgados, aunque la juez decidió posponer su declaración hasta hoy. Simón es socio de Barroso en un bufete.Barroso y el arquitecto municipal Arturo Cebrián declararon por la tarde y al cierre de esta edición, la juez aún no había decidido sobre su situación procesal. Lo mismo ocurrió con la edil socialista Asunción López, responsable de Cultura y Fiestas. Como en el caso anterior, al cierre de esta edición aún no había emitido ningún auto.El otro grupo al que la juez tenía previsto tomar declaración a última hora de la tarde eran las ediles de Playas y Educación, Marisa Rodríguez y Mariví López, respectivamente, y Pedro López, que fue gerente de Urbanismo con el PES durante el anterior mandato.Las ocho declaraciones de ayer se suman a las 13 que tuvieron lugar entre el martes por la tarde y el miércoles. Ese día, pasada la medianoche, la instructora dictó libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el constructor Antonio Bazán, propietario de la empresa Agrojardín, que está acusado provisionalmente de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Para el técnico municipal Ignacio de la Hoz, imputado por presunto fraude y malversación, decretó libertad con fianza de 50.000 euros. Ambos están obligados a comparecer en el juzgados los días 1 y 15 de cada mes y tienen prohibido abandonar el país.Estas resoluciones judiciales se dictaron inmediatamente después de emitir los autos de los hermanos Félix y Vicente Delgado, propietarios de la constructora local Codelsa, a los que se fijó una fianza de 100.000 euros y están acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. De momento, la fianza más elevada ha sido la del ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, Luis Fernando Linares, de 500.000 euros. Tenía un plazo de tres días para abonarla desde el miércoles. Linares está imputado por los presuntos delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias.

Plusvalías de más de 30 millones. Estepona (La Opinión)

Los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento permitían a los promotores obtener beneficios que en algunos casos alcanzaron los 5.000 millones de las antiguas pesetas
"Yo te dejo el suelo más barato, pero, a cambio, nos echas algo en el bote". Es una explicación que puede resultar banal, pero sirve como ejemplo para entender el mecanismo que supuestamente se seguía en el Ayuntamiento de Estepona para cobrar comisiones ilegales de las empresas promotoras con las que firmaba convenios urbanísticos. Éstas, por su parte, conseguían suelo barato que, una vez edificado, les reportaba beneficios que en algunos casos superaron los 30 millones de euros. La práctica era la siguiente: el consistorio cedía un terreno al promotor, tasando su valor por debajo del precio real y, a cambio, éste ingresaba parte de la diferencia en la otra caja, en la ´b´, la del dinero incontrolado, por decirlo de otra forma. Como ya se descubrió en el Ayuntamiento marbellí durante el desarrollo de la operación ´Malaya´, en este caso también había una contabilidad ´b´, que se engordaría con los beneficios obtenidos bajo cuerda y que, según publicó ayer El País, se repartía después entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas (PSOE y PES) y para el pago de actos municipales de concejalías.Los investigadores del caso apenas han pegado ojo desde que el pasado martes se precipitara la operación ´Astapa´ que, por el momento, ha supuesto la detención de 26 personas, entre las que se incluye el alcalde del municipio, Antonio Barrientos. Documentación. Trabajan día y noche en el análisis de la numerosa documentación intervenida, donde se reflejan algunos de estos convenios urbanísticos millonarios de los que se habrían beneficiado muchos de los imputados en el caso. La mayoría está acusada de los delitos de cohecho, blanqueo, malversación de fondos públicos, falsedad, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, entre otros. El montante total recaudado en ´b´ es aún una incógnita, pero fuentes cercanas a la investigación apuntaron que las plusvalías obtenidas con el desarrollo de estos negocios superan, en algunos de los casos investigados, los 30 millones de euros (5.000 millones de las antiguas pesetas), como ocurre con una urbanización situada en las afueras del municipio y cuyos beneficios se habría embolsado la empresa promotora tras ´agradecérselo´ debidamente al Consistorio, según las mismas fuentes.Corrupción ¿heredada? Esta estructura de cobro, con unas dependencias para Urbanismo y Hacienda separadas del resto de los despachos municipales -más agilidad para el ciudadano, pero también menos control-, era idéntica a la creada por Jesús Gil en Marbella y es probable que en el municipio se instaurara durante el mandato de su hijo, Jesús Gil Marín. Siguiendo ese mismo hilo de conjeturas, no descartan que el socialista Antonio Barrientos se encontrara con el entramado cuando ocupó definitivamente el poder en 2003 con el apoyo de los ex miembros del GIL -convertidos en PES- (tuvo un primer intento cuando su compañero de partido Antonio Caba dimitió en 2001, y fue desbancado meses después por una moción de censura que cedió el bastón de mando a Rosa Díaz, del PP). Ven factible que lo asumiera entonces para no perder los apoyos.

El suelo se encarece en Málaga, aunque cae un 7,7% en España (La Opinión)

El precio medio del metro cuadrado en España es de 250,9 euros y en la provincia es 57,3 euros más caro. Los empresarios dicen que el mercado está paralizado
La crisis del ladrillo ya se deja notar, incluso, en la materia prima de los constructores: el suelo. El Ministerio de la Vivienda hizo ayer públicos unos datos que revelan que el precio del metro cuadrado ha bajado en España una media del 7,7%, lo que, en definitiva, tendría que servir para bajar el coste final de la vivienda, dado que muchos empresarios justificaban la subida desorbitada de los pisos, en época de bonanza, en el importante incremento de la superficie urbanizable (entre un 40% y un 60% del precio de mercado del parque inmobiliario). Sin embargo, en Málaga no sólo no ha bajado, sino que ha subido. Un 1,9% en concreto, durante el primer trimestre de 2008.La provincia malagueña, junto con Sevilla y Cádiz, mantiene al alza el valor del terreno urbanizable (en Andalucía, cayó un 4,8% en el primer trimestre del año en relación con el primer trimestre de 2007, hasta alcanzar los 243,4 euros por metro cuadrado). La ministra Beatriz Corredor señaló ayer que el metro cuadrado vuelve al nivel que tenía en 2004, es decir, se ha situado en 250,9 euros de media en el territorio nacional. Sin embargo, en Málaga cuesta 308,2 euros, es decir, 57,3 euros más caro que en España y 64,8 euros más costoso que en Andalucía. En el resto de provincias andaluzas se registraron descensos en el precio del metro cuadrado de suelo urbano, de forma que en Granada descendió un 20,8% hasta los 172,9 euros; en Huelva descendió un 19,7% hasta los 200,6 euros; en Córdoba descendió un 11,4% hasta los 243 euros; en Almería bajó un 10,2% hasta los 324,3 euros; y en Jaén descendió un 0,7% hasta los 171,6 euros.Aunque todo depende del municipio, según Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). Es cierto, como asegura el Ministerio, que el precio del suelo subió un 1,9% en el primer trimestre de 2008, pero con matizaciones, ya que en las grandes ciudades el metro cuadrado se abarató un 4,8%. La mayor subida, por tanto, se ha registrado en los municipios medianos, de más de 10.000 habitantes pero menos de 50.000, donde el suelo urbano ha aumentado su precio un 10,8%.Transacciones. Entre enero y marzo, el número de compraventas de suelo realizadas en España ha sido de 8.892 operaciones, un 30,6% menos que las realizadas en el mismo periodo de tiempo de hace un año. Estas transacciones supusieron una superficie transmitida de 14,9 millones de metros cuadrados, por un valor de 4.245,9 millones de euros.El frenazo inmobiliario es una dolorosa evidencia que está agudizando la profunda desaceleración económica. Los empresarios malagueños dicen que el mercado está absolutamente paralizado. Juan Moreno, secretario de la ACP, sostiene que los datos ofrecidos ayer por la ministra "no reflejan la realidad del sector en la práctica". Moreno señala que la oferta de suelo es casi inexistente y que, por tanto, es difícil que sufra cambios el precio del metro cuadrado. De hecho, según el secretario de los promotores y constructores malagueños, las empresas que cuentan con reserva de suelo esperan a que mejore la situación para comenzar a construir.En esta misma idea ahonda Aragón, quien señala que el suelo urbanizable apenas existe debido a los retrasos en la aprobación de los nuevos planeamientos urbanos en la provincia.

Prisión sin fianza para el edil Crespo y un ingeniero municipal. Estepona (La Opinión)

La juez imputa al ex concejal del GIL y actual representante del PES los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y malversación, mientras que Javier Wittmeur está acusado de los supuestos ilícitos de falsedad en documento público y fraude
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, decretó ayer prisión incondicional y sin fianza para el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz municipal del Partido de Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y para el técnico de urbanismo Javier Wittmeur. Ambos declararon en la mañana de ayer ante la magistrada en el marco de la operación ´Astapa´ contra la corrupción urbanística y política en el municipio.Crespo fue detenido en la madrugada del miércoles y ayer la jueza lo envió a prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. A Wittmeur se le achacan los ilícitos de falsedad en documento público, fraude a la Hacienda Pública y malversación de caudales. Por otro lado, el ex coordinador de Urbanismo con el PES, Pedro López, quedó en libertad bajo fianza de 300.000 euros. No podrá salir de España y deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Está imputado por cohecho y malversación. Manuel Barroso, empresario cuya entidad es la encargada de gestionar el depósito de vehículos retirados de la vía pública -Ausol-, podrá eludir la prisión si abona 15.000 euros. Se le imputa un delito de blanqueo de capitales y las medidas cautelares adoptadas contra él son idénticas a las decididas sobre López.Ayer también declararon la edil de Educación, María Victoria López, y la responsable de Cultura, Asunción López. Según las familias, ambas quedaron en libertad bajo fianza de 30.000 euros, mientras que Marisa Rodríguez, delegada de Playas, deberá abonar 50.000 euros. Al cierre de esta edición, no se conocían los cargos que la juez les imputaba ni las medidas cautelares, al igual que ocurría con el arquitecto municipal Arturo Cebrián. Todos ellos comparecieron ayer ante la juez Isabel Conejo.Junto a Manuel Barroso, fue traslado ayer también ante la autoridad judicial el socio de éste, Juan Simón, aunque finalmente éste no declaró y se ha prorrogado su periodo de detención. Ambos están ligados a la concesionaria de la grúa.La mesa de contratación del servicio de retirada de coches de la vía pública fue presidida por el concejal de Hacienda de Estepona, Francisco Zamorano, también detenido en el marco de la operación ´Astapa´ y que podría prestar hoy declaración junto a otros compañeros de Corporación y el alcalde de la villa, Antonio Barrientos. El número de arrestados asciende ya a 26, aunque la operación contra la corrupción urbanística continúa abierta y en las próximas horas se producirán nuevas detenciones con seguridad. Anteriores declaraciones. Asimismo, otros trece de los detenidos han quedado en libertad con cargos, algunos de ellos con importantes de fianzas a satisfacer, en los dos primeros días de declaraciones judiciales. El miércoles pasado quedaron libres el ex consejero delegado de Valle Romano, Luis Fernando Linares, quien tendrá que hacer frente a una fianza de 500.000 euros, así como dos abogados de la empresa, que tendrán que pagar 100.000 euros para eludir la cárcel. Todos ellos están imputados por fraude y malversación, aunque los letrados suman a estos cargos el de tráfico influencias.El empresario local Enrique González Ceano también se libró de la cárcel al quedar en libertad con cargos, mientras que los hermanos Félix y Vicente Delgado, dueños de la constructora Codelsa, se librarán de la cárcel si abonan sendas fianzas de 100.000 euros. El empresario Antonio Bazán eludirá las rejas si paga al juzgado 300.000 euros, al tiempo que el arquitecto Ignacio de la Hoz debe abonar 50.000 euros. A estos ocho se suman los que declararon el pasado martes: el presidente del grupo cordobés Prasa, José Romero, que ayer abonó una fianza de 300.000 euros; Ana María Crespo, que debe hacer lo propio con 30.000, al igual que ocurre con el detenido J. L. C. A. En este sentido, M. C. H. y Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo, quedaron libres con cargos. Entre los delitos que se imputan a los detenidos se encuentran malversación, falsedad, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública. A medida que continúen las declaraciones, es posible que se añadan a estos ilícitos los de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.Inicio. Un fleco de la operación ´Malaya´, en virtud de un convenio ilegal ratificado por la Corporación esteponera, precipitó la investigación. En concreto, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han realizado 32 registros en empresas y domicilios de cinco provincias (Málaga, Madrid, Córdoba, Vizcaya y Guipúzcoa), y se incautaron de abundante documentación y ordenadores. En la sede de Urbanismo de Estepona, por ejemplo, se hicieron con todos los expedientes urbanísticos de los últimos cinco años.

Vecinos piden al Consistorio de Mijas que pare las demoliciones (La Opinión)

El equipo de gobierno municipal insiste en ofrecer su colaboración y en que sólo las puede paralizar un juez
Muchos mijeños viven estos días episodios de una gran angustia ante el temor de que sus viviendas ilegales puedan ser derruidas. Ante esta situación, la asociación para la regularización de las viviendas de Mijas manifestó ayer su oposición frente al equipo de gobierno del Ayuntamiento al considerar que no actúa con todas las armas legales que tiene a su alcance a la hora de ralentizar los expedientes de demolición, que a su vez, son promovidos por el propio Consistorio. El presidente de la asociación vecinal, Juan Antonio Blanco, aseguró que si se paraliza el proceso de revisión de los expedientes todos los vecinos pueden esperar a que llegue el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ver qué ocurre con sus casas. Blanco, denunció que los anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento mijeño han permitido durante años la construcción de estas viviendas y que ahora los ciudadanos pagan las consecuencias.Colaboración. Por su parte el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de encontrar soluciones al asunto. Desde el Consistorio se han puesto todas las medidas posibles al alcance de los ciudadanos pero el caso de este municipio no es comparable al de otras localidades. Los vecinos han sido los que han construido las viviendas a título personal y, habitualmente, en suelo rústico. No se trata de urbanizaciones que luego se han recalificado, explican desde la Administración local.El Ayuntamiento no tiene capacidad legal para suspender por vía administrativa los expedientes del restablecimiento del orden jurídico perturbado. A su vez, el Consistorio afirma que si el propietario ha interpuesto un recurso contencioso es únicamente el juez quien puede decidir.

Alhaurín el Grande estrenará en otoño el nuevo pabellón deportivo (SUR)


El Ayuntamiento adjudica los trabajos de electricidad y las cubiertas del edificio. La inversión asciende a dos millones

Para el próximo otoño podría estar finalizado el segundo pabellón cubierto del polideportivo municipal de Alhaurín el Grande, según las previsiones dadas a conocer por el alcalde, Juan Martín Serón. El recinto, que se encuentra junto al pabellón ya existente y cuyas obras están muy avanzadas, encara ya su recta final después de que hace unos días el Ayuntamiento adjudicara los trabajos de electricidad y la colocación de las cubiertas ligeras, según informó el Consistorio. El presupuesto total de este segundo recinto cubierto es de dos millones de euros, de los que la Junta de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Empleo sufraga 957.000 euros, mientras que el importe restante corre a cargo del Ayuntamiento alhaurino. Como se recordará, las obras fueron iniciadas a principios del pasado año por la Escuela Taller Fahala VI. Tras concluir el periodo de prácticas del centro, los trabajos prosiguieron de la mano de un equipo de monitores y una decena de alumnos salidos de la misma escuela taller. El nuevo pabellón cubierto ocupa 1.700 metros cuadrados construidos, en los que se incluye una pista polivalente de 26 por 14 metros. Asimismo, dispone de equipamientos complementarios tales como oficinas, servicios, vestuarios, enfermería, cafetería y almacén, «con soluciones arquitectónicas y de diseño moderno», según un portavoz municipal. La pista estará rodeada de tres gradas, las cuales dispondrán de accesos especiales para discapacitados. También habrá una comunicación directa entre los dos pabellones cubiertos. Su diseño posibilitará además darle un uso social y cultural, con idea de que acoja diversos eventos populares. El primer edil ha destacado la importancia para la localidad de contar con un segundo pabellón, lo que permitirá descongestionar el actual, el cual, según añadió, se encuentra a pleno rendimiento durante todo el año por la gran demanda existente.

El avance del Plan General de Ordenación Urbana se hará público en un mes. Ronda (SUR)


La recién estrenada concejala de Ordenación del Territorio y Vivienda, María José Martín de Haro, ha anunciado que el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda será publicado en el plazo de un mes, momento a partir del cual será sometido a exposición pública durante tres meses para que los ciudadanos y sectores interesados puedan presentar las alegaciones correspondientes. El alcalde de la ciudad, Antonio Marín, ya ha firmado el edicto que permitirá publicar el documento en base al acuerdo adoptado en la última sesión plenaria de diciembre de 2007, por lo que el documento acumula un retraso de casi tres años según la programación prevista. Del mismo modo, el Ayuntamiento ha habilitado una oficina que recepcionará las alegaciones y ofrecerá información sobre el avance. Las instalaciones están ubicadas en los antiguos Juzgados de la ciudad. El retraso del PGOU ha provocado el malestar en sectores como el de los agricultores, que rechazan la protección especial de 16.000 hectáreas de cultivos en término municipal y el de los constructores, arquitectos y promotores puesto que el número de viviendas proyectadas se ha reducido a la mitad (de 8.000 a 4.000) como consecuencia de la adaptación del documento al Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA).

Una inmobiliaria del municipio organiza una subasta de viviendas. Vélez-Málaga (SUR)


El grupo inmobiliario Costahogar ha organizado la subasta de viviendas que se realizará en el municipio. La iniciativa persigue facilitar a las personas interesadas en adquirir una vivienda poder hacerlo en una condiciones más ventajosas, ya que todos los inmuebles partirán de un precio inferior al de mercado, entre un 10 y 30 por ciento.Fuentes de la empresa, que tiene su sede en el municipio veleño, han señalado que los vendedores han aceptado rebajar el precio de sus viviendas, que son de renta libre y de nueva construcción, para poder participar en la subasta, que tendrá lugar previsiblemente a mediados de julio.Este sistema de venta es nuevo en al comarca de la Axarquía, ya que nunca antes de había utilizado para vender viviendas. Según Costahogar, en el paquete de inmuebles que saldrán a subasta las hay que están ubicadas en Vélez, Torre del Mar y Torrox-Costa, entre otros puntos.

Los afectados cifran en 8.000 las construcciones irregulares, de las que 2.000 ya están expedientadas. Mijas (SUR)


La asociación por la regularización critica que el Ayuntamiento no paralice los procedimientos sancionadores, mientras éste asegura no tener potestad para hacerlo

La Asociación por la Regularización de Viviendas en Mijas, presidida por Juan Antonio Blanco, denunció ayer la actitud mostrada por el Ayuntamiento con el tratamiento de la regularización, ya que « continúa dictando órdenes de demolición e imponiendo cuantiosas multas a los afectados». Según se explicó desde la asociación, el Consistorio afirma que «la demolición de una vivienda no es un daño irreparable».Hasta ahora, y según informó el propio Blanco «sólo hay expedientes urbanísticos abiertos contra una cuarta parte de las construcciones ilegales del municipio, donde se estiman unas 8.000 edificaciones irregulares». Para el presidente de la asociación «no deja de sorprender que normalmente las viviendas expedientadas son las más humildes, excluyendo las construcciones más lujosas y las casas edificadas con ánimo especulativo».Según los miembros de la asociación, el propio Ayuntamiento «ha cometido irregularidades en los expedientes de demolición alterando el trámite de la Audiencia», que posibilita al expedientado conocer el informe sancionador antes de la propuesta de resolución. Esta omisión, a su juicio, afecta al derecho de defensa del expedientado. Pese a esta irregularidad, el Consistorio se niega a anular los expedientes excusándose en que «el hecho de que no exista este trámite no es una causa de indefensión».Desde la asociación se continúa animando a todos los afectados a que «se recurran los expedientes y se acuda a los tribunales». Además, la plataforma ha organizado una asamblea general para el próximo 5 de julio en el Auditorio Municipal en la que los afectados estudiarán qué estrategias seguir para agilizar la regularización.
Tribunales
La asociación ha presentado durante el último mes varios contenciosos ante los tribunales para la paralización de expedientes sancionadores, aunque por ahora no ha habido un pronunciamiento judicial. Por parte del Consistorio se asegura que «es el juez quien tiene que dictar la suspensión de los expedientes y que en ningún caso se oponen a la suspensión de la sentencia siempre que se acredite adecuadamente que se trata de la única vivienda de la familia». Además, insistieron en que «una vez que son actos firmes por no haber sido recurridos en plazo, el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para suspender los expedientes por vía administrativa». En el caso de las multas coercitivas, se pueden suspender tras la presentar un recurso y aportar un aval.Por su parte, el PP recordó la propuesta formulada en el pleno de abril, de la que aún no han tenido respuesta, según la cual la adopción de un acuerdo unánime de la Corporación posibilitaría solicitar a los juzgados la paralización de los expedientes de demolición de viviendas irregulares y así ganar tiempo hasta su regularización vía Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Impulsan la recuperación de los Jardines del Muro, que costeará el adjudicatario del bar y la terraza. Benalmádena (SUR)


El nuevo concesionario deberá realizar las obras de mejora, por valor de 80.000 euros, en un plazo de dos meses. Parques y Jardines se encargará de acondicionar el entorno

El deterioro al que los Jardines del Muro se han visto sometidos en los últimos años obliga a realizar una fuerte inversión para recuperar uno de los rincones más emblemáticos de Benalmádena Pueblo. Pero la delicada situación de las arcas municipales no permite acometer este proyecto de mejora, de ahí que el pleno municipal aprobara ayer -con la abstención de todos los grupos de la oposición- sacar a concurso la explotación del bar y la terraza de este paraje, cuyo adjudicatario estará obligado a realizar en el plazo de dos meses una serie de obras de mejora en las instalaciones. «Recuperar el bar del templete y todo el entorno suponía un desembolso superior a los 80.000 euros que nos resultaba complicado asumir teniendo en cuenta la situación deficiente de las arcas municipales. Por ello, nos ha parecido interesante sacar un pliego de condiciones para que el adjudicatario del bar se ocupe de estos arreglos», explicó la teniente de alcalde de Benalmádena Pueblo, Sandra Martín.El documento contempla, además del mantenimiento del entorno durante los 15 años de concesión, la creación de nuevos servicios públicos, la correcta conexión de las instalaciones con las redes de abastecimiento de agua, energía eléctrica y saneamiento, además de abordar la pintura de las instalaciones, arreglar las pérgolas de madera del establecimiento y recuperar las luminarias. En cuanto al arreglo y acondicionamiento de los jardines previos a la apertura del bar, la labor corresponderá a los empleados de Parques y Jardines.La intención municipal es que el establecimiento sirva de incentivo para la recuperación de este espacio, aunque cumpliendo con unos horarios de apertura y cierre «prudentes» para no molestar a los vecinos. «Queremos que las excelentes terrazas y vistas de los Jardines del Muro vuelvan a estar dotadas de vida, que vuelvan a recuperarse como uno de los principales atractivos turísticos de nuestro pueblo», concluyó la edil.

Rafael Duarte, concejal de Urbanismo: «Si no estoy implicado, espero que se vea como algo normal y no extraño» (SUR)


El concejal de Urbanismo asegura que detectó «excesos» y «anomalías» que eran fruto del gobierno en coalición con los ex concejales del GIL
Dicen de él que es el adalid de la legalidad. Desde que puso un pie en el Ayuntamiento hace un año Rafael Duarte convirtió el rigor en la piedra angular de su gestión, máxime cuando tenía que enderezar la herencia de ex gilistas, salpicada por irregularidades que nunca escondió. Ahora se enfrenta a la peor papeleta: La detención de cinco de sus compañeros y un interminable registro de la sede de Urbanismo, delegación que ostenta.
Llegó después de poner orden en la situación urbanística de Marbella, tras la 'operación Malaya'. ¿Venía aquí con la misma intención?
Llegué por un compromiso personal con el alcalde, Antonio Barrientos, que encontró en mi función en la gestora marbellí un perfil adecuado para asumir la delegación de Urbanismo con rigor y solvencia. Él tenía la lección aprendida. Tras los últimos cuatro años donde en el tiempo de gobierno en coalición con el grupo PES (ex giles) había apreciado algunos excesos en la gestión urbanística que no quería que se repitieran.
¿Durante este tiempo ha detectado situaciones irregulares?
Lo que se nota en un Ayuntamiento que ha vivido una época muy acelerada de crecimiento es que estos aumentos llevan consigo crecimientos de toda la estructura municipal y eso genera disfunciones en las resoluciones administrativas. He visto excesos y anomalías, pero nada comparable a lo de Marbella.
¿Cuáles son esas diferencias?
En Marbella había un comportamiento desaforado y apartado de la legalidad muy grave y evidente en sus manifestaciones, y muy prolongado en el tiempo. Era una desfachatez. Me duele escuchar a la alcaldesa de Marbella pedir ahora elecciones intentando comparar un suceso con otro cuando la diferencia es abismal. Aquí lo que puede haber, a lo sumo, son algunos excesos puntuales.Ha abierto expedientes a empresas sin licencias y ha sacado a la luz adjudicaciones ilegales.
¿Esta labor está vinculada con lo investigado?
Siempre que hay un cambio en Urbanismo hay un cambio de criterio. Desde que llegué ha habido cambios importantes en la gestión para eliminar los vestigios que quedaban de los herederos del GIL porque no teníamos confianza en ellos. Se reforzaron los controles buscando una legalidad y la mayor idoneidad en las resoluciones. Ha habido un cambio.
¿Cree que la gestión que se hizo en el anterior mandato en Urbanismo, dirigido por Barrientos, fue la correcta?
Fue la única posible a la vista de la conformación que tenía el gobierno. Era un gobierno muy complejo sostenido en un pacto con personas cuya honorabilidad está en entredicho porque una parte de ellos han sido condenados por el Tribunal de Cuentas (en referencia a José Ignacio Crespo) y también por antecedentes claros del grupo del que provienen (GIL) y eso puede haber afectado en la tramitación de algunos asuntos. Resulta llamativo que una operación contra la corrupción urbanística no salpique al concejal del área.La operación no es sólo de carácter urbanística, sino que comprende ramas muy diversas en la función del Ayuntamiento y es justo reconocer que afecta a Hacienda y a la contratación de personal, entre otros. Dicho esto, si no estoy implicado espero que no se valore como algo extraño sino como algo normal. Sólo llevo un año y una gran parte de los hechos que son objetos de esta operación policial se remontan a tiempo atrás. Situación desagradableEstuvo presente en el registro de Urbanismo.
¿Cómo se desarrolló?
Estuve durante las más de 15 horas que duró y la situación era desagradable pero en todo momento mantuvimos buena comunicación.
¿Qué documentación solicitaron?
Los registros iban vinculados con aspectos muy generales de las decisiones administrativas, muchos de ellos de pura normalidad en el funcionamiento de los ayuntamientos. No de operaciones inmobiliarias grandes o operaciones de Hacienda de gran resonancia.
¿Qué escenario se abre ahora para el Ayuntamiento de Estepona?
Es un escenario de incertidumbre. Estamos en una situación de transición donde el alcalde accidental no pertenece al PSOE y que tiene que desempeñar esa tarea hasta que se resuelva la situación personal de Barrientos. Tenemos que esperar a ver cuáles son las decisiones judiciales y a partir de entonces tomar las nuestras para retomar la normalidad. Asume ahora la portavocía del PSOE.
¿Está dispuesto a ser el alcalde?
Mis compañeros han decidido que de forma transitoria haga las funciones de portavoz, sin haber sido designado formalmente. La situación de quién va a ser alcalde no puedo hacerla depender del número que ocupo en la lista. Tiene que valorarse a la persona idónea para afrontar el resto de la legislatura, que va a ser compleja y hay que esperar a la nueva conformación de la lista.
Si se le propusiera, ¿estaría dispuesto a asumir la Alcaldía?
Si el partido me lo exige y me lo proponen mis compañeros no creo que vaya a abandonar este barco. Eso es un sí.Si mis compañeros determinaran que soy la persona más adecuada para asumir la Alcaldía, no diría que no, pero no creo que ahora me pueda plantear dejar Urbanismo.

Dictan las dos primeras órdenes de prisión para Crespo y un técnico (SUR)

Prisión incondicional sin fianza para dos de los 26 detenidos en el golpe a la corrupción urbanística con epicentro en Estepona. La jueza que instruye la bautizada como 'Operación Astapa' dictó ayer las dos primeras órdenes de este calibre para José Ignacio Crespo, ex edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) y actual portavoz y concejal del Partido Estepona (PES), y para el ingeniero X. W, según informaron fuentes judiciales. Son las dos primeras órdenes de ingreso en prisión decretadas por la instructora de la causa, que hasta ayer había decidido la libertad provisional para los trece que pasaron a disposición judicial en las dos primeras jornadas. Con las fianzas de ayer, éstas oscilan entre los 15.000 y 500.000 euros, y sobre todos los detenidos pesan cargos.A Crespo, detenido en la madrugada del martes después de que arrestaran a su hermana en la misma operación, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. En cambio a X. W., le acusa de falsedad en documento público, fraude y malversación.Crespo, abogado madrileño que engrosó en las filas gilistas de la mano del ex alcalde esteponero Jesús Gil Marín, fue el primero de los ocho previstos ayer en prestar declaración ante la jueza. Lo hizo durante cerca de dos horas; la mitad del tiempo que empleó X. W., que también fue enviado ayer a prisión. La salida de ambos, prácticamente al unísono, causó un gran revuelo entre el centenar de personas, entre vecinos, familiares, compañeros de trabajo y medios de comunicación, que se dieron cita por la tarde en las inmediaciones de la sede judicial, sita en la avenida Juan Carlos I.
Más comparecencias
Al cierre de esta edición, ya habían testificado el arquitecto municipal Arturo Cebrián, para el que la magistrada dictaminó libertad bajo fianza de 30.000 euros; el presidente de una empresa de grúas, M. B. (para el que se decretó libertad bajo fianza de 15.000 euros); y Pedro López, ex gerente de Urbanismo con el Partido Estepona (PES) durante el anterior mandato, para el que la jueza dictó libertad bajo fianza de 300.000 euros por los presuntos delitos de cohecho y malversación.Las concejalas de Cultura, María Asunción López; Educación, María Victoria López Cabezón; y Playas, María Luisa Rodríguez Pino, también comparecieron ante la magistrada, que decretó libertad bajo fianza de 30.000 euros las dos primeras y 50.000 euros en el caso de la edil de Playas. Eran casi las dos de la mañana, y María Luisa Rodríguez Pino, visiblemente emocionada, fue la única que hizo declaraciones a los periodistas: «Estoy bien, pero ha sido terrible», dijo Rodríguez, que aseguró ser «totalmente inocente» y fue recibida con aplausos y gritos de ánimo por un grupo de familiares y amigos.Hoy está previsto que desfilen por los juzgados el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano (PSOE), el edil Manuel Reina (PES), el jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y Juan Simón, miembro de la ejecutiva del PSOE local. A todos ellos la jueza Isabel Conejo les prorrogó las órdenes de detención, ya que fueron arrestados el pasado lunes. Fuentes de la constructora Prasa aseguraron ayer que el máximo responsable de la empresa José Romero había abonado los 300.000 euros de fianza que le había impuesto la jueza para eludir la prisión.

Una treintena de convenios centran la investigación de la trama de Estepona (SUR)


En los acuerdos urbanísticos se incluían donaciones al Ayuntamiento que podrían haber ido a parar a los bolsillos de particulares. Las investigaciones revelan «un hervidero de tráfico de influencias»
La investigación sobre la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona no ha hecho más que empezar. Así lo indican fuentes del caso, que esperan que la documentación intervenida en los registros en dependencias municipales dé fruto en breve. De momento, los expertos analizan unos treinta convenios urbanísticos suscritos por el alcalde Antonio Barrientos con distintas empresas promotoras y constructoras en el periodo 2003-2007, que constituirían, presuntamente, una de las principales fuentes de financiación municipal. En los convenios se acordaban cantidades que figuraban como donaciones al Ayuntamiento, aunque no se precisaban sus fines. Ahora se trata de establecer el destino de este dinero, sobre el que, al parecer, no existía ningún control ni fiscalización, y que podría haber ido a parar a bolsillos particulares de los imputados y a financiar al PSOE y al PES (algunos de cuyos integrantes procedían del GIL). Además, las pesquisas tratan de concretar la supuesta adjudicación a dedo de determinados servicios públicos a cambio de contraprestaciones económicas y la colocación de familiares y amigos en el consistorio.«En algunas ocasiones las donaciones eran de cantidades equivalentes a las contraprestaciones de los aprovechamientos de suelo fijados en los convenios», explican fuentes del caso. De cualquier forma, afirman que existen «indicios serios» de que la valoración que se hacía del suelo objeto del convenio estaba siempre por debajo del precio de mercado y que, por tanto, eran perjudiciales y contrarios a los intereses del Ayuntamiento de Estepona. A cambio las empresas recibirían contraprestaciones urbanísticas. De hecho, en uno de sus autos la jueza que instruye el caso asegura que existen indicios de que empresarios, o profesionales vinculados a éstos, habrían intentado conseguir convenios urbanísticos «muy favorables» a través de «retribuciones varias a autoridades y técnicos», según fuentes judiciales. Los expertos policiales tratan de seguir el rastro del dinero de las donaciones, que no tenían un fin predeterminado, y sobre el que no se habría ejercido una fiscalización alguna.Asimismo, las pesquisas se centran también en la identificación de los mecanismos de ocultación del dinero de procedencia ilícita y en el blanqueo del mismo. Al parecer, los imputados podrían utilizar como instrumentos a determinadas empresas que facturarían entre si y con el Ayuntamiento el pago de distintos servicios. En esta cuestión la averiguación patrimonial puede ser decisiva para determinar el presunto blanqueo.Las investigaciones tratan de concretar el montante de dinero al que asciende la 'caja B' del Ayuntamiento de Estepona, aunque, en principio, parece inferior al del 'caso Malaya'. Las fuentes señalan que hasta la fecha se habría podido comprobar fehacientemente sólo un pago de 42.000 euros.
Tráfico de influencias
Lo que sí han revelado las primeras pesquisas a través de las intervenciones telefónicas que han motivado algunos de los arrestos es que el Ayuntamiento de Estepona eran un «hervidero de tráfico de influencias». Así califican las fuentes las numerosas conversaciones captadas durante la investigación entre miembros y técnicos de la corporación municipal referidas a tratos de favor, prebendas, colocaciones de personas a dedo y adjudicaciones de servicios públicos a determinadas empresas. Este 'modus operandi' parecía estar implantado en el consistorio de Estepona, a donde habrían llegado contratados para trabajar en él familiares y amigos de miembros y técnicos de la corporación. Asimismo, este sistema de favores revela también, según las fuentes, una forma de obtener rédito electoral que se asemejaría a la fórmula empleada por el antiguo GIL en la vecina Marbella.

jueves, 19 de junio de 2008

Torrox proyecta construir un parque marino en la desembocadura del río. Torrox (SUR)


La actuación incluirá un museo, zonas de ocio y recintos hosteleros y deportivos

El Ayuntamiento de Torrox se ha propuesto convertir la desembocadura del río en una gran zona de esparcimiento y recreativa, con un aprovechamiento especial de los recursos marinos. El proyecto, denominado 'parque marino', contempla la creación de un entorno ecológico y arbolado, de unos 40.000 metros cuadrados de superficie, en el que se habilitarán espacios museísticos, instalaciones de ocio, de restauración y deportivas.El proyecto será debatido hoy en la comisión informativa de Desarrollo, Turismo y Promoción Económica, y contempla «una actuación global sobre el conjunto de la desembocadura, para integrarla en el municipio y convertirla en un enclave atractivo para el turista», según avanzó ayer el concejal de Turismo, José Pérez (PSA), quien destacó que se trata de «una propuesta base, que se irá modificando conforme vaya desarrollándose el proyecto».De momento, hoy está prevista la contratación de una asesoría y una gestión externa para avanzar en la actuación, que deberá contar con el visto bueno de la Demarcación de Costas y de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA). A ambos organismos, el concejal de Turismo ya ha remitido un anteproyecto de lo que quieren hacer. De hecho, la actuación se desarrollará de forma paralela a la adecuación hidrológico-ambiental -con la colocación de escolleras- que se está llevando cabo ahora.Para la puesta en marcha de este parque marino, Pérez apuntó que «habrá que dar entrada a la iniciativa privada, así como a la de colectivos y asociaciones vinculados al medio ambiente y marino», como el Aula del Mar, la red de piscifactorias Acemar o el colectivo local de submarinistas Tiempo Sub. «Es una propuesta abierta, que se irá mejorando poco a poco», dijo Pérez, quien estimó que la inversión global necesaria para su desarrollo rondará los cinco millones de euros. El recinto incluirá un museo del mar y una conexión con las ruinas romanas y fenicias situadas en el entorno del faro.

Luz verde a la publicación del PGOU de Ronda (Málaga Hoy)

El documento estará disponible para los ciudadanos en los antiguos juzgados
El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ronda se hará público los próximos días, según informó ayer la concejalía de Obras y Ordenación del Territorio de Ronda. El alcalde de la ciudad, Antonio Marín Lara (PA), ha ordenado su publicación y ha dado así luz verde a la continuación del proyecto, que suma casi tres años de retraso según la programación prevista. Su aprobación inicial tuvo lugar en diciembre pasado. De este modo, tras su necesaria publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el documento quedará expuesto en una nueva oficina en la planta baja de los antiguos juzgados. Esta semana las instalaciones están siendo adecentadas y, durante tres meses, el documento podrá recibir alegaciones. Antonio Marín Lara argumentó la ruptura de su anterior gobierno con el Partido Popular aludiendo a los retrasos en la elaboración del plan general del municipio rondeño

Arquitectos de Málaga brillan en el sector de la vivienda protegida (La Opinión)

Pese a la continua comparación que sufren con cualquier arquitecto español o europeo, estos profesionales afrontan importantes proyectos de gran calidad
En las actuaciones del Instituto Municipal de la Vivienda, como promotor de viviendas de protección oficial, históricamente vienen interviniendo como proyectistas y directores de obras numerosos arquitectos malagueños. La novedad que aparece en los últimos años es que ya no lo hacen con carácter de exclusividad, sino que en atención a la valoradísima y obligada libre competencia impuesta por la legislación española y comunitaria, el trabajo de estos profesionales como el de cualquiera otros y en su caso el de las mercancías o productos ha de enfrentarse a la comparación con el de cualquier otro arquitecto español y en su caso europeo.El sistema de selección utilizado en las últimas ocasiones, tanto para los proyectos de obras ya en ejecución en Soliva Este como para las nuevas actuaciones ya proyectadas pero no iniciadas en el SUP-T8 ´Universidad´ y en otros ámbitos de la ciudad, ha consistido en la realización de un concurso de ideas de los llamados ´con lema´ al objeto de garantizar la imparcialidad de los jurados al desconocer la identidad del concursante. Asimismo, y buscando la calidad del producto, el Instituto Municipal de la Vivienda ha solicitado del Colegio Oficial de Arquitectos como representante de los profesionales la participación en el proceso de selección de los arquitectos que serán los autores de los proyectos de viviendas lo que se ha producido formando parte de los jurados de selección de los ganadores y participando activamente en la valoración de las propuestas presentadas.El resultado de esta abierta competencia entre profesionales venidos de toda España ha sido más que positivo para los arquitectos malagueños que han resultado ganadores de los concursos en un porcentaje cercano al cincuenta por ciento de los casos planteados y además lo han sido en un amplio abanico de tipologías de obras planteadas por el tamaño de la promoción o los usuarios finales a los que se destina, y con profesionales de distintas generaciones y por lo tanto experiencia dispar. En la actuación actualmente en construcción en Soliva Este, si la más que consolidada y considerada entre la profesión pareja formada por Isabel Cámara y Rafael Martín Delgado proyectó y dirige las obras de 86 viviendas de régimen general en venta y las obras de 62 viviendas de alquiler de integración social, el joven arquitecto Alberto García Marín y su compañera de estudio María Jesús García Granja proyectaron y dirigen obras de 98 viviendas de régimen especial en venta. El equipo formado por Victoria Carreño y Alejandro Vicens proyectó y dirige las obras de 56 viviendas de alquiler de integración social y de 30 viviendas de alquiler de renta básica, y el equipo formado por Roberto Barrios y Elisa Cepedano, (representante de la provincia), proyectó y dirige las obras de 96 viviendas de régimen general en venta y de 64 viviendas de alquiler de renta básica. El equipo formado por Rafael Reinoso, José María Romero, y Rafael de Lacour proyectó y dirige las obras de 68 viviendas en venta de régimen general, y el equipo formado por Dolores González Juli y Carlos Hernández Pezzi proyectó y dirige las obras de 70 viviendas de alquiler de integración social.Es claro que en el concurso que se celebró en su día se presentaron otras propuestas que merecieron la especial valoración del jurado y que quedaron sin premio porque era limitado el número de actuaciones proyectadas, y también en este ámbito destacaron arquitectos malagueños como se puede comprobar en la publicación que realizó el Instituto Municipal de la Vivienda, "un lugar para la ilusión: Soliva", en la que se destacaban propuestas de Luis Machuca, José Seguí, Alfonso Peralta, Salvador Moreno, o Iñaki Pérez de la Fuente, entre otras.Igualmente en la otra gran operación pendiente de desarrollo por el Instituto Municipal de la Vivienda para la ejecución de más de 1.000 VPO en el ´SUP T8-Universidad´, han resultado ganadores de los concursos de ideas realizados arquitectos malagueños en porcentaje aproximado al cincuenta por ciento del total de los realizados con lo que se mantiene la tendencia ya señalada.

Urbanismo retoma el proyecto de un parque junto al San Antón (La Opinión)

El Ayuntamiento pretende convertir el Lagarillo Blanco en una gran zona de esparcimiento de unos 22.000 metros para recuperar su valor paisajístico
El Ayuntamiento de Málaga retomará el proyecto de convertir la ladera sudeste del monte San Antón, en El Palo, en un gran parque público en la zona de Lagarillo Blanco, según se acordó ayer en la comisión de Urbanismo, a propuesta del grupo de IU.El equipo de gobierno se ha comprometido a desarrollar "lo antes posible" la adecuación de esta gran zona verde, atendiendo así a los deseos de los vecinos de El Palo que desde hace años vienen reclamando la reconversión de la zona en un gran parque para el disfrute de los ciudadanos.La idea, según expuso el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, es retomar el anteproyecto que aprobó en 2006 el Ayuntamiento para la realización de este parque y llevarlo a su ejecución "en el tiempo más breve posible".El anteproyecto contempla la adecuación para uso público de unos 22.000 metros cuadrados a partir de la creación de una gran zona de estancia y esparcimiento, que estaría cercada. Ello conllevaría la realización de sendas y caminos rurales, una zona de barbacoas, varias áreas deportivas, la colocación del mobiliario adecuado y una zona de aparcamiento para unas 250 plazas.Acuerdo vecinal. Además se llevaría a cabo un tratamiento de la vegetación con la recuperación de especies autóctonas y la implantación de otras. El Lagarillo Blanco constituye la ladera sudeste del monte San Antón donde el Ayuntamiento es dueño de unos 300.000 metros cuadrados. Este anteproyecto fue redactado de acuerdo con las pretensiones de los vecinos del distrito por lo que, según señaló el concejal de Urbanismo, cuenta con su aprobación.El acuerdo salió adelante a partir de una propuesta presentada por IU. Su portavoz, Pedro Moreno, señaló que se trata de un compromiso que desde la corporación se realizó desde anteriores legislaturas a los vecinos de El Palo "pero que a día de hoy aún no se ha ejecutado, lo que ha propiciado que los terrenos se hayan convertidos en la actualidad en una escombrera y vertedero de basuras ilegal".Moreno Brenes ha recordado que desde Izquierda Unida siempre se ha estado, "y seguiremos estando, muy preocupados por la creación de zonas verdes y espacios recreativos en los distintos barrios del municipio. Es por ello por lo que destacamos y consideramos necesario la creación de más parques y jardines, zona recreativas y espacios verdes para uso y disfrute de los vecinos de El Palo, un barrio que por una mala gestión se ha quedado sin zonas verdes en el casco urbano y que por ese motivo tiene que ubicar estos espacios en la periferia".

Trece piscinas para Málaga (La Opinión)

Las piscinas municipales se multiplican por dos. Cuando termine el año, según anunció ayer el alcalde, Francisco de la Torre, la ciudad contará con un total de trece instalaciones, repartidas por la geografía de la capital. A las que ya funcionan en El Torcal, la Trinidad (calle Malasaña), Los Limoneros (Puerto de la Torre), Campanillas, El Limonar, El Perchel (concesión al gimnasio O2 Wellness), se sumarán muy pronto otras seis piscinas y al final de la legislatura llegarán a 20.Durante los próximos meses se abrirán al público diferentes instalaciones deportivas en las que están incluidas estas seis piscinas. El Centro Acuático de Málaga, con tres piscinas, es el primero que se va a inaugurar, en concreto el próximo martes, 24 de junio. Tras su apertura acogerá el Campeonato de Europa de Waterpolo. Este centro está situado en Parque Litoral, en el entorno del Palacio de los Deportes Martín Carpena.Posteriormente abrirán las instalaciones situadas en La Cruz del Humilladero, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín. También en este año se empezará la construcción de las piscinas situadas en El Cónsul, Huelin, Segalerva, El Palo, Churriana y Hacienda Bizcochero. En este ultimo caso, la instalación tendrá dos piscinas. Además, los vasos de chapoteo pasan de los siete existentes en la actualidad a los 17 previstos para el año 2010. El alcalde afirmó que existe una demanda ciudadana "muy fuerte y creciente" para utilizar las piscinas, ya que "no sólo es un tema deportivo, sino de salud". Por ello, dijo que el Ayuntamiento estará abierto a incorporar sobre suelo público nuevas iniciativas.Con este número de piscinas la ratio será de una piscina por cada 28.000 habitantes, frente a la actual de una por cada 82.000. Con la apertura de todas las instalaciones se dispondrá de un aforo para 28.000 ciudadanos, lo que significa que habrá una plaza por cada 22 habitantes, frente a los 99 habitantes por plaza actuales. Actualmente el aforo máximo es para 5.800 ciudadanos. Las piscinas son de 25 metros de largo, salvo las dos del Centro Acuático de Málaga, que serán de 50. Esto representa que de 2.190 metros cuadrados de lámina de agua, se pasa a 9.811 metros cuadrados (de 262 habitantes por metro cuadrado a 38 habitantes por metro cuadrado). En total la inversión será de 78 millones de euros, lo que supone 135 euros por habitante. La gestión administrativa de las instalaciones es indirecta con control público, tanto de precios como de servicios, aplicando las directrices marcadas por la Junta, que se recogen en el BOJA de 14 de junio de 2007 sobre los modelos de gestión de instalaciones deportivas. A todas estas piscinas hay que añadir las de Cerrado de Calderón, Real Club Mediterráneo y El Candado, que actualmente colaboran con el Área de Turismo y Deporte en las Escuelas Deportivas Municipales. Además, se contará con la piscina del colegio de La Presentación y con la del colegio Gamarra, cuando se construya. En ambos casos se suscribirá un convenio para posibilitar su uso.

El Palacio de los Gálvez revive su pasado romano (La Opinión)

Los arqueólogos encuentran cerámica ibérica y materiales fenicios y griegos.
La excavación arqueológica del Palacio de los Gálvez ha permitido documentar en profundidad diversas épocas de la historia de la ciudad que hablan de las expansiones y contracciones de la urbe y de las actividades económicas que entonces se desarrollaban, en especial las referentes al Imperio Romano. Es la conclusión a la que ha llegado el equipo de arqueólogos encabezado por Alejandro Pérez-Malumbres Landa, responsable de la intervención preventiva del enclave en la calle Granada, en donde se han encontrado muros, fosas y pozos que datan de los siglos II y I antes de Cristo, además de materiales fenicios y griegos "sueltos, fuera de contexto", probablemente del VI a.C.Los muros y estructuras más antiguas encontradas pertenecen a una época de transición entre el mundo tardo-púnico, heredero de los colonizadores fenicios, y la llegada del poder romano tras la Segunda Guerra Púnica. "Estamos fuera de la ciudad fenicia como tal", explica el arqueólogo, y recuerda que, según lo descubierto en la excavación del Museo Picasso, es en el siglo II a. C. cuando se expandió la ciudad. "Existe una superposición de muros ya romanos altoimperiales sobre algunos de los anteriores, llegando en algunos casos hasta casi los tres metros de altura", argumenta el arqueólogo. La mayoría de los mismos son en mampostería de piedra.Productiva. El Palacio de los Gálvez fue una "zona productiva" en la época romana, donde pudo haber una carnicería, según los huesos de animales encontrados. "Tras la conquista del Imperio, se produce una lenta integración en la órbita económica y política romana, que se ve reflejada en la importación de cerámicas de mesa itálica de barniz negro [campaniense] sobre las que curiosamente se ha encontrado graffiti en alfabeto neopúnico para marcar la propiedad del objeto", explicó Pérez-Malumbres. "En estos niveles tardo-púnicos-republicanos aparece cerámica púnica, romana e ibérica", apunta el arqueólogo. "Se desconocía que hubiera cerámica ibérica, y menos de esta calidad, en el casco urbano malagueño", añadió. Ánforas itálicas para vino, cinco piletas, cerámicas, engüentos helenísticos, cuencos fenicios o ánforas para envasar salazón han convivido ocultos a lo largo de estos años en el suelo del Palacio de los Gálvez. A finales del periodo tardo-púnico e inicios del Imperio, se realizaron una serie de trabajos para drenar el terreno con la subida del nivel con gravas y el uso de ánforas vacías para crear desagües, algunas enteras tumbadas y unidas entre sí. Más tarde se utilizarían los ´tubuli´, son tubos de cerámica diseñados para dicha función. "Ésta es una técnica que se utilizaba en la zona norte de Italia en niveles de la misma época", apunta Pérez-Malumbres. Hoy, estas estructuras han salido a la luz y nos revelan cómo fue Málaga.

España lidera en abril la caída de la construcción en Europa (La Opinión)

España volvió a ser en abril el país de la Unión Europea donde la producción del sector de la construcción registró una caída más acusada, con un descenso del 21,8 por ciento con respecto al mismo mes de 2007. Así se conoció ayer a través de los datos publicados por la oficina comunitaria de estadísticas, Eurostat. En relación al pasado mes de marzo, la actividad constructora disminuyó en España el 6,5 por ciento, también la mayor bajada de los estados miembros.La construcción de la eurozona se redujo un 0,8 por ciento en abril respecto a marzo y un 2,4 por ciento en términos interanuales, mientras que en la Europa de los Veintisiete, descendió un 0,4 por ciento en términos mensuales y un 0,3 por ciento respecto al mismo mes del ejercicio precedente. Los mayores incrementos interanuales de abril se registraron en países como Rumanía, 30 por ciento; Eslovenia, 23,3 por ciento; Polonia, 22,8 por ciento, y Bulgaria 21 por ciento.Retroceso mensual. En el caso español, el retroceso mensual de la construcción se triplicó en relación con el registrado en marzo -cuando cayó el 1,9%- y en términos interanuales lo duplicó.La construcción civil registró un retroceso interanual del 1,8 por ciento en la eurozona, pero se incrementó un 0,4 por ciento en la Europa de los Veintisiete. Por otra parte, las obras de ingeniería descendieron un 4,8 por ciento y un 3,5 por ciento, respectivamente.