Las siete familias que van a ser desalojadas hoy del número 21 de la calle Calvo no han aceptado la ayuda de 1.200 euros para alquiler y el realojo de dos semanas que ayer les ofrecieron los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Urbanismo decretó la ruina inminente del edificio, tras derrumbarse el mes pasado parte de un muro medianero por las obras de un futuro hotel.
Miguel Ángel Molina, portavoz de las familias, ha explicado que los vecinos abandonaron ayer una reunión con técnicos de Urbanismo y de Asuntos Sociales al conocer la ayuda municipal. "Hemos decidido todos no aceptar porque es comida para hoy y hambre para mañana".
Molina detalló que la ayuda de 1.200 euros no cubre los tres meses de fianza de un alquiler y tampoco quieren el realojo por dos semanas en una pensión. "Lo que queremos es que nos realojen y paguen el alquiler hasta que nos den una vivienda porque llevamos muchos años para que nos manden ahora a la mierda".
Los vecinos entienden que parte de la responsabilidad es del Ayuntamiento, que en 1989, siendo alcalde Pedro Aparicio, derribó unas viviendas contiguas, dañadas tras las inundaciones, dejando sin protección el muro medianero.
En el mismo sentido incide el concejal de Izquierda Unida Antonio Serrano, que considera que "hay una responsabilidad municipal clarísima", al realizarse la demolición en el 89 bajo supervisión municipal y al quedar ese muro "descarnado" y expuesto al deterioro. Serrano ha subrayado que existen "casos similares" en los que el Ayuntamiento ha expropiado fincas privadas "y se ha hecho cargo de los inquilinos".
El concejal también estima que tanto el Consistorio como la Junta de Andalucía "son responsables porque no se han enterado de que había personas viviendo en el edificio y podían haberlo echado abajo con gente dentro".
Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal Socialista, Mari Luz Reguero, señaló ayer que el Ayuntamiento "debe actuar" porque es el propietario del inmueble. Reguero ha declarado que a los vecinos del entorno "siempre se les ha dado una solución" y ha abogado por buscar "una solución definitiva entre todos" para bien de las familias desalojadas.
Junta y Ayuntamiento. La Junta de Andalucía ha sido la propietaria del terreno desde 2006, después de pagar una expropiación de 68.000 euros a los propietarios. El mes pasado, los terrenos pasaron a propiedad municipal por una permuta con el Consistorio.
Precisamente, un informe enviado ayer por el Ayuntamiento recalca que en la finca expropiada no existía "ningún derecho de arrendamiento de ningún tipo". En este sentido, el alcalde, Francisco de la Torre, quien visitó el martes por la noche a los afectados, declaró ayer en rueda de prensa que los vecinos viven en el bloque "de forma ilegal" y que el desalojo debía hacerse de forma inmediata "ya que, de derrumbarse el edificio, las responsabilidades serían penales". Ante las declaraciones de ilegalidad, las familias argumentan que seis de ellas tienen contratos verbales desde hace más de 30 años y que tras fallecer la propietaria en el 79, el administrador se desentendió de la casa, momento en el que se hicieron cargo del mantenimiento, además de pagar la luz y el agua. Los vecinos también se reunieron ayer con responsables del IMV, que les indicaron que para acceder a una vivienda deben seguir los procedimientos establecidos. "Hay un protocolo y listas de espera que no nos podemos saltar", señaló la concejala de Bienestar Social, Mariví Romero.
Miguel Ángel Molina, portavoz de las familias, ha explicado que los vecinos abandonaron ayer una reunión con técnicos de Urbanismo y de Asuntos Sociales al conocer la ayuda municipal. "Hemos decidido todos no aceptar porque es comida para hoy y hambre para mañana".
Molina detalló que la ayuda de 1.200 euros no cubre los tres meses de fianza de un alquiler y tampoco quieren el realojo por dos semanas en una pensión. "Lo que queremos es que nos realojen y paguen el alquiler hasta que nos den una vivienda porque llevamos muchos años para que nos manden ahora a la mierda".
Los vecinos entienden que parte de la responsabilidad es del Ayuntamiento, que en 1989, siendo alcalde Pedro Aparicio, derribó unas viviendas contiguas, dañadas tras las inundaciones, dejando sin protección el muro medianero.
En el mismo sentido incide el concejal de Izquierda Unida Antonio Serrano, que considera que "hay una responsabilidad municipal clarísima", al realizarse la demolición en el 89 bajo supervisión municipal y al quedar ese muro "descarnado" y expuesto al deterioro. Serrano ha subrayado que existen "casos similares" en los que el Ayuntamiento ha expropiado fincas privadas "y se ha hecho cargo de los inquilinos".
El concejal también estima que tanto el Consistorio como la Junta de Andalucía "son responsables porque no se han enterado de que había personas viviendo en el edificio y podían haberlo echado abajo con gente dentro".
Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal Socialista, Mari Luz Reguero, señaló ayer que el Ayuntamiento "debe actuar" porque es el propietario del inmueble. Reguero ha declarado que a los vecinos del entorno "siempre se les ha dado una solución" y ha abogado por buscar "una solución definitiva entre todos" para bien de las familias desalojadas.
Junta y Ayuntamiento. La Junta de Andalucía ha sido la propietaria del terreno desde 2006, después de pagar una expropiación de 68.000 euros a los propietarios. El mes pasado, los terrenos pasaron a propiedad municipal por una permuta con el Consistorio.
Precisamente, un informe enviado ayer por el Ayuntamiento recalca que en la finca expropiada no existía "ningún derecho de arrendamiento de ningún tipo". En este sentido, el alcalde, Francisco de la Torre, quien visitó el martes por la noche a los afectados, declaró ayer en rueda de prensa que los vecinos viven en el bloque "de forma ilegal" y que el desalojo debía hacerse de forma inmediata "ya que, de derrumbarse el edificio, las responsabilidades serían penales". Ante las declaraciones de ilegalidad, las familias argumentan que seis de ellas tienen contratos verbales desde hace más de 30 años y que tras fallecer la propietaria en el 79, el administrador se desentendió de la casa, momento en el que se hicieron cargo del mantenimiento, además de pagar la luz y el agua. Los vecinos también se reunieron ayer con responsables del IMV, que les indicaron que para acceder a una vivienda deben seguir los procedimientos establecidos. "Hay un protocolo y listas de espera que no nos podemos saltar", señaló la concejala de Bienestar Social, Mariví Romero.
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