Sánchez aclaró que el dinero no saldrá de las arcas municipales pero el PP insiste en que la Junta pague el proyecto
Un pleno extraordinario celebrado ayer en la localidad sirvió para conocer cuál será el sistema de financiación para la construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (CHARE) proyectado en Mijas. Y es que, el alcalde, Antonio Sánchez anunció que el Ayuntamiento se haría cargo de sufragar las obras, aunque aclarando que «dicha operación se ejecutará mediante el aprovechamiento de un convenio, con lo que no tendrá coste alguno para las arcas municipales».
Además, desde el Ayuntamiento se recordó que la Junta de Andalucía, quienes, según recalcaron desde el PP, son los únicos que tienen las competencias para realizar proyectos de mejora de la Sanidad, será la encargada de dotar el futuro centro hospitalario del equipamiento y personal, así como de su gestión. El edil popular Ignacio Souviron recalcó, en la sesión realizada a propuesta de su grupo, que «la potestad sólo la tiene el gobierno autonómico, tal y como aparece recogido en el estatuto de autonomía andaluza». La financiación de los trabajos lo asumirá la corporación municipal porque «lo primero es atender las necesidades fundamentales de los ciudadanos», resumió.
El primer edil señaló que actualmente se está trabajando en un convenio a través del cual se financiará el CHARE y que «permitirá desarrollar urbanísticamente la zona de la depuradora de forma ordenada y sostenible bajo el amparo del POT y la LOUA, y que permitirá además, la construcción de viviendas de VPO y de renta libre». En este sentido, Souviron arremetió resaltando que «las necesidades sanitarias de una localidad no deben depender, en ningún momento, de pelotazos urbanísticos».
Y es que, desde el Partido Popular se destacó que el convenio que persigue hacer realidad la administración local, y que está pendiente del desbloqueamiento del PGOU, «pasa por aumentar la edificabilidad en la zona, de 12 a 50 viviendas por hectáreas». Por su parte, Sánchez argumentó que «se trata de un proceso absolutamente legal, transparente, y con todos los controles, a pesar de que la oposición quiera arrojar sospechas y especular con cifras para confundir a la gente, sin que aun se haya firmado nada».
Sin sostenibilidad
Pese a que el mandatario recalcó que «la construcción de nuevas viviendas en la zona no es negativo para la localidad y servirá, en primer término, para generar numerosos puestos de trabajo directos», el Partido Popular mostró su rechazo a ese crecimiento «desmesurado» de la zona «que creará una nueva barriada en condiciones, cuando menos, insostenibles». En este sentido, el alcalde quiso aclarar que «todavía no se puede precisar el número de viviendas que se van a construir pero habrá menor densidad de la que existe, por ejemplo, en la zona de Miramar, en Fuengirola».
Entre los puntos del día de este extraordinario, el PP proponía la revocación de un convenio firmado entre la corporación municipal y la Consejería de Salud el pasado 2005 «porque sólo tenía vigor hasta el pasado 2008» argumentó Souviron. Al respecto, desde el equipo de gobierno se adelantó que «el acuerdo continuará vigente porque ambas partes consideran que es lo oportuno».
Un pleno extraordinario celebrado ayer en la localidad sirvió para conocer cuál será el sistema de financiación para la construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Especialidades (CHARE) proyectado en Mijas. Y es que, el alcalde, Antonio Sánchez anunció que el Ayuntamiento se haría cargo de sufragar las obras, aunque aclarando que «dicha operación se ejecutará mediante el aprovechamiento de un convenio, con lo que no tendrá coste alguno para las arcas municipales».
Además, desde el Ayuntamiento se recordó que la Junta de Andalucía, quienes, según recalcaron desde el PP, son los únicos que tienen las competencias para realizar proyectos de mejora de la Sanidad, será la encargada de dotar el futuro centro hospitalario del equipamiento y personal, así como de su gestión. El edil popular Ignacio Souviron recalcó, en la sesión realizada a propuesta de su grupo, que «la potestad sólo la tiene el gobierno autonómico, tal y como aparece recogido en el estatuto de autonomía andaluza». La financiación de los trabajos lo asumirá la corporación municipal porque «lo primero es atender las necesidades fundamentales de los ciudadanos», resumió.
El primer edil señaló que actualmente se está trabajando en un convenio a través del cual se financiará el CHARE y que «permitirá desarrollar urbanísticamente la zona de la depuradora de forma ordenada y sostenible bajo el amparo del POT y la LOUA, y que permitirá además, la construcción de viviendas de VPO y de renta libre». En este sentido, Souviron arremetió resaltando que «las necesidades sanitarias de una localidad no deben depender, en ningún momento, de pelotazos urbanísticos».
Y es que, desde el Partido Popular se destacó que el convenio que persigue hacer realidad la administración local, y que está pendiente del desbloqueamiento del PGOU, «pasa por aumentar la edificabilidad en la zona, de 12 a 50 viviendas por hectáreas». Por su parte, Sánchez argumentó que «se trata de un proceso absolutamente legal, transparente, y con todos los controles, a pesar de que la oposición quiera arrojar sospechas y especular con cifras para confundir a la gente, sin que aun se haya firmado nada».
Sin sostenibilidad
Pese a que el mandatario recalcó que «la construcción de nuevas viviendas en la zona no es negativo para la localidad y servirá, en primer término, para generar numerosos puestos de trabajo directos», el Partido Popular mostró su rechazo a ese crecimiento «desmesurado» de la zona «que creará una nueva barriada en condiciones, cuando menos, insostenibles». En este sentido, el alcalde quiso aclarar que «todavía no se puede precisar el número de viviendas que se van a construir pero habrá menor densidad de la que existe, por ejemplo, en la zona de Miramar, en Fuengirola».
Entre los puntos del día de este extraordinario, el PP proponía la revocación de un convenio firmado entre la corporación municipal y la Consejería de Salud el pasado 2005 «porque sólo tenía vigor hasta el pasado 2008» argumentó Souviron. Al respecto, desde el equipo de gobierno se adelantó que «el acuerdo continuará vigente porque ambas partes consideran que es lo oportuno».
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