Critica que ha disminuido «forma notable» su labor de denuncia y de colaboración con el Ministerio Público Califica de «escasos» los expedientes que le remitió en 2008
El nuevo caso de presunta corrupción urbanística en Alcaucín ha destapado la caja de los truenos. Al cruce de reproches políticos sobre la falta de control del urbanismo en la provincia se han sumado ahora las críticas de la Fiscalía de Medio Ambiente a la Junta de Andalucía. El fiscal delegado, Juan Calvo-Rubio, criticó ayer la disminución «notable» de las denuncias de la Junta y su menor colaboración con el Ministerio Público durante el último año.
Calvo-Rubio explicó que durante 2008 las denuncias sobre actividades urbanísticas irregulares que ha recibido de la Junta han sido «escasas», y afirmó que ha disminuido de «forma notable» su colaboración. El fiscal se quejó de que sus únicas fuentes de información sobre los presuntos delitos urbanísticos que se puedan estar cometiendo en la provincia sean sólo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los colectivos ecologistas y, en menor medida, los particulares.
División de competencias
«Llama la atención que la Delegación de Cultura de la Junta haya aumentado sus denuncias a la Fiscalía y que, por el contrario, las de Ordenación del Territorio disminuyan», explicó el responsable de la Fiscalía de Medio Ambiente, quien añadió que «no sé si ello debe a una cuestión de menor labor inspectora como consecuencia de la división en dos de la anterior Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora existen, por un lado, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y, por otro, la de Vivienda y Ordenación del Territorio, con competencias desgajadas de la primera).
En opinión de Calvo-Rubio, en los cambios efectuados en la Delegación de Ordenación del Territorio (antes Obras Públicas y Transportes) en Málaga «se ha notado mucho la ausencia» de José María Ruiz Povedano, que fue delegado hasta junio de 2006. En esa fecha, Povedano abandonó la delegación provincial para dirigir la Oficina del Plan General de Urbanismo de Marbella tras la retirada a este municipio de las competencias urbanísticas como consecuencia del 'caso Malaya'.
El fiscal afirma que desde entonces ha disminuido la colaboración de la Junta de Andalucía, algo que ya apuntó en la memoria del Ministerio Fiscal correspondiente a 2007. En ese ejercicio las denuncias de la comunidad autónoma fueron sólo 23, frente a las 89 de 2006.
Aunque la falta de un programa informático le impide obtener los datos sectorializados por municipios de la provincia y de las denuncias e investigaciones de las que han sido objeto sus alcaldes, Calvo-Rubio anunció que las diligencias de investigación en 2008 aumentaron un 30% con respecto al año anterior y que se ha detectado un aumento de las irregularidades urbanísticas en la Axarquía.
La Junta de Andalucía asegura haber tramitado desde 1997 hasta principios de este año un total de 1.402 denuncias por edificaciones ilegales en la comarca de la Axarquía. De ellas, según el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, 893 fueron hasta 2005, y 509 desde septiembre de ese año hasta la actualidad.
Espadas explicó ayer que su departamento ha emitido, a petición de juzgados o fiscales, 62 informes relativos a la comarca axárquica y a diferentes periodos, por lo que de todas esas diligencias «es previsible que se produzcan citaciones por parte de los jueces y también las responsabilidades que se estimen».
De hecho, el titular de Vivienda y Ordenación del Territorio comentó que el mayor volumen de informes remitidos a Fiscalía en la Axarquía se refieren a Cómpeta, con un total de catorce. Asimismo, indicó que en el caso de Alcaucín son seis las peticiones.
A raíz del caso de corrupción urbanística investigado en Alcaucín, que supuso la detención de trece personas -entre ellas su alcalde, José Manuel Martín Alba, expulsado del PSOE y encarcelado- Espadas declaró en rueda de prensa que la Junta de Andalucía «no es un gendarme de los ayuntamientos, sino que actúa en base a las competencias que tiene».
«No tutela alcaldes»
Defendió la autonomía local y la capacidad que por ley tienen los consistorios para tomar decisiones en sus localidades: «Son responsables de todo lo que pasa en sus municipios y absolutamente responsables de la disciplina urbanística».
Así, dejó claro que «no existe un principio de jerarquía» entre los consistorios y la Junta de Andalucía. «Este consejero no tutela alcaldes», precisó, añadiendo que «tengo un principio y una obligación de lealtad y de cooperación con los ayuntamientos».
El nuevo caso de presunta corrupción urbanística en Alcaucín ha destapado la caja de los truenos. Al cruce de reproches políticos sobre la falta de control del urbanismo en la provincia se han sumado ahora las críticas de la Fiscalía de Medio Ambiente a la Junta de Andalucía. El fiscal delegado, Juan Calvo-Rubio, criticó ayer la disminución «notable» de las denuncias de la Junta y su menor colaboración con el Ministerio Público durante el último año.
Calvo-Rubio explicó que durante 2008 las denuncias sobre actividades urbanísticas irregulares que ha recibido de la Junta han sido «escasas», y afirmó que ha disminuido de «forma notable» su colaboración. El fiscal se quejó de que sus únicas fuentes de información sobre los presuntos delitos urbanísticos que se puedan estar cometiendo en la provincia sean sólo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los colectivos ecologistas y, en menor medida, los particulares.
División de competencias
«Llama la atención que la Delegación de Cultura de la Junta haya aumentado sus denuncias a la Fiscalía y que, por el contrario, las de Ordenación del Territorio disminuyan», explicó el responsable de la Fiscalía de Medio Ambiente, quien añadió que «no sé si ello debe a una cuestión de menor labor inspectora como consecuencia de la división en dos de la anterior Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora existen, por un lado, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y, por otro, la de Vivienda y Ordenación del Territorio, con competencias desgajadas de la primera).
En opinión de Calvo-Rubio, en los cambios efectuados en la Delegación de Ordenación del Territorio (antes Obras Públicas y Transportes) en Málaga «se ha notado mucho la ausencia» de José María Ruiz Povedano, que fue delegado hasta junio de 2006. En esa fecha, Povedano abandonó la delegación provincial para dirigir la Oficina del Plan General de Urbanismo de Marbella tras la retirada a este municipio de las competencias urbanísticas como consecuencia del 'caso Malaya'.
El fiscal afirma que desde entonces ha disminuido la colaboración de la Junta de Andalucía, algo que ya apuntó en la memoria del Ministerio Fiscal correspondiente a 2007. En ese ejercicio las denuncias de la comunidad autónoma fueron sólo 23, frente a las 89 de 2006.
Aunque la falta de un programa informático le impide obtener los datos sectorializados por municipios de la provincia y de las denuncias e investigaciones de las que han sido objeto sus alcaldes, Calvo-Rubio anunció que las diligencias de investigación en 2008 aumentaron un 30% con respecto al año anterior y que se ha detectado un aumento de las irregularidades urbanísticas en la Axarquía.
La Junta de Andalucía asegura haber tramitado desde 1997 hasta principios de este año un total de 1.402 denuncias por edificaciones ilegales en la comarca de la Axarquía. De ellas, según el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, 893 fueron hasta 2005, y 509 desde septiembre de ese año hasta la actualidad.
Espadas explicó ayer que su departamento ha emitido, a petición de juzgados o fiscales, 62 informes relativos a la comarca axárquica y a diferentes periodos, por lo que de todas esas diligencias «es previsible que se produzcan citaciones por parte de los jueces y también las responsabilidades que se estimen».
De hecho, el titular de Vivienda y Ordenación del Territorio comentó que el mayor volumen de informes remitidos a Fiscalía en la Axarquía se refieren a Cómpeta, con un total de catorce. Asimismo, indicó que en el caso de Alcaucín son seis las peticiones.
A raíz del caso de corrupción urbanística investigado en Alcaucín, que supuso la detención de trece personas -entre ellas su alcalde, José Manuel Martín Alba, expulsado del PSOE y encarcelado- Espadas declaró en rueda de prensa que la Junta de Andalucía «no es un gendarme de los ayuntamientos, sino que actúa en base a las competencias que tiene».
«No tutela alcaldes»
Defendió la autonomía local y la capacidad que por ley tienen los consistorios para tomar decisiones en sus localidades: «Son responsables de todo lo que pasa en sus municipios y absolutamente responsables de la disciplina urbanística».
Así, dejó claro que «no existe un principio de jerarquía» entre los consistorios y la Junta de Andalucía. «Este consejero no tutela alcaldes», precisó, añadiendo que «tengo un principio y una obligación de lealtad y de cooperación con los ayuntamientos».
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