Los informes policiales del sumario señalan que la financiación municipal dependía de las ´donaciones´ de empresas a cambio de favores. Una parte de estos ingresos terminaban en cuentas particulares. Las denuncias de David Valadez y Cristina Rodríguez abrieron el caso
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Prácticamente toda la actividad municipal del Ayuntamiento de Estepona se financiaba con ´donaciones´ de empresas a cambio de algunos favores durante la estancia de Antonio Barrientos y su equipo al frente del municipio. Esta es la principal conclusión a la que llegan las investigaciones realizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que recogen los seis primeros tomos de la instrucción del ´caso Astapa´ sobre los que se ha levantado el secreto sumarial.
El sumario relata con todo lujo de detalles el supuesto sistema de financiación irregular montado en el Ayuntamiento de Estepona y que tenía en José Flores Simón (PSOE) y Manuel Crespo (PES) a sus cabezas visibles, según los informes policiales.
Los datos obtenidos en las investigaciones señalan que se aprovechaban las ´donaciones´ que tenían que realizar aquella constructoras que estaban pendientes de la firma de un convenio urbanístico o de la obtención de una licencia de primera ocupación.
"Absolutamente todo se paga con ´donaciones´ provenientes de empresas con intereses urbanísticos en la localidad", detalla el sumario, donde se recoge que la distribución del dinero se realizaba en tres cajas: A, B, C. El informe policial explica que en la ´caja A´ se ingresaba el dinero procedente de los convenios urbanístico y seguía los cauces legales de fiscalización. En cambio, en la ´caja B´ se ingresaban el dinero proveniente de las ´donaciones´, que se entregaban en cheques o en metálico, sin ningún control público. Generalmente "todo el dinero que entra de esta forma, la mitad va destinado al Partido de Estepona (PES) y la otra mitad al Partido Socialista (PSOE)".
A partir de ahí, la Policía Nacional apunta a que José Flores Simón, jefe del Gabinete de Alcaldía por el PSOE; y Manuel Reina Contreras, concejal de Economía, Hacienda y Urbanismo del PES, se encargaban de repartir el dinero "para financiar irregularmente las delegaciones" municipales.
Quedaría una ´caja C´ a donde se desviaba el dinero destinado a engordar las cuentas personales de los implicados, especialmente los dos comentados anteriormente, así como Pedro López, Francisco Zamorano y Juan Simón. El sumario advierte de que "también podrían estar formando parte de este juego los colaboradores necesarios", entre los que incluye al ex alcalde, Antonio Barrientos; su hermano y miembro de Alcaldía, Carlos Barrientos; el ingeniero de Obras Públicas, Xavier Witmeur; y al arquitecto municipal Arturo Cebrián, entre otros.
Fuentes de ingresos. Las investigaciones realizadas por la UDEF identifican cuatro grandes fuentes de ingresos. Por un lado están las ´donaciones´ concreta que algunas constructoras realizaban para financiar el Ayuntamiento. Entre algunos ejemplos, el sumario recoge el pago de 300.000 euros que realiza el Grupo Prasa para que se destine "como donación a financiar única y exclusivamente el Capítulo 1, de Personal del Presupuesto", tal y como recoge una carta recogida en el sumario y que remite el presidente de la constructora al concejal de Hacienda. En otro ejemplo recogido por la Policía, seis empresas realizaron "donaciones entre noviembre y diciembre de 2004 por valor de más de 4 millones de euros".
Otra segunda vía para obtener ingresos era la firma de convenios urbanísticos por debajo del valor real. De esta forma, la diferencia entre lo firmado y la realidad se aportaba de forma irregular para su reparto.
No obstante, el sumario recuerda que no todos los ingresos provienen de las promotoras, ya que "también se ha pedido dinero a particulares por licencias de apertura de establecimientos, primera ocupación de viviendas, etc. que entran de igual forma en el circuito de financiación irregular", detalla el informe policial.
Queda otra fuente de ingresos es la "adjudicación a dedo" de una parte "muy sustancial de las obras" que además se valoran "por un precio superior al real del mercado y la diferencia va a parar a los bolsillos de algunos particulares", según está recogido en las investigaciones de la UDEF.
Denuncia. El sumario sobre el que se ha levantado parcialmente el secreto apunta que las investigaciones arrancaron con las denuncias realizadas por los entonces concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez en noviembre de 2006, que aportaron numerosa documentación sobre las presuntas irregularidades y un completo y exhaustivo relato del sistema de funcionamiento del Ayuntamiento.
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