Barrientos: «Va a caer todo dios; esto es un escándalo». Estepona (SUR)

El levantamiento parcial del 'caso Astapa' revela que las presuntas actividades ilícitas eran una práctica habitual para financiar la gestión municipal

Compañeros de los imputados alertaron sobre tres cajas de contabilidad

EN LIBERTAD. El ex alcalde Antonio Barrientos, uno de los principales implicados en la trama. / ANTONIO SALAS

«Como se pongan a levantar las valoraciones, va a caer todo dios, se va a demostrar que esto es un escándalo, y ahora más con la nueva Ley del Suelo». La frase la pronunciaba en julio de 2007 el entonces alcalde de Estepona Antonio Barrientos tras conocer el contenido del 'caso Malaya', de la localidad vecina de Marbella. La conversación, recogida en el sumario del 'caso Astapa', cuyo secreto se levantó ayer de forma parcial tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, aludía a dos convenios urbanísticos (La Galera y El Velerín). Y es una más de las miles de frases que engrosan los seis primeros tomos que han visto la luz.

La jueza sustituta del juzgado de Instrucción número uno de Estepona, Virtudes Molina, decidió ayer levantar el secreto de una mínima parte de los 150 tomos de los que consta el sumario de este caso. En ellos se incluyen parte de las escuchas las conversaciones de los principales imputados en la presunta trama de corrupción y la denuncia efectuada por el actual alcalde de Estepona, David Valadez, y otra edil del PSOE, Cristina Rodríguez, que data el 16 de nocimbre de 2006, dos años antes de que estallara la operación policial.

En su comparecencia ante la Dirección General de la Policía Nacional en Madrid manifiestaron distintas «irregularidades, las cuales llevan a pensar que pudieran estar cometiéndose presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales», según se desprende del sumario al que ha tenido acceso este periódico.

Comienzó entonces la investigación policial que provocó en junio del año pasado el ingreso en prisión del ex alcalde (en la actualidad, bajo fianza de 150.000 euros), entre otros concejales y empresarios. La presunta trama de corrupción acumula 63 imputados. Todos ellos se encuentran en libertad.

Los denunciantes explicaron en un dossier de 18 folios el funcionamiento del Consistorio. Según su relato, la denominada 'caja A' era donde se guardaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos en la ley, la 'caja B' se reservaba para las supuestas comisiones ilegales de las promotoras y en la 'C' se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares.

Según el auto de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia numero 1 por el que se acordó abrir diligencias, la «financiación irregular se canaliza a través de las aportaciones voluntarias (donaciones) que el Ayuntamiento recibe de ciertos promotores inmobiliarios y constructores, dinero que finalmente va a parar a los partidos políticos que gobiernan». En este sentido, los denunciantes señalan que, al menos, las dos principales formaciones políticas (PSOE y PES) en coalición se habrían repartido la suma de 600.000 euros. De hecho, en los informes policiales del sumario se desvela que «gran parte de los gastos de las concejalías son financiados por empresarios con intereses al tener pendientes convenios urbanísticos y licencias de primera ocupación».

El «muñidor»

Los fondos, según el auto incluido en el sumario, habrían sido controlados por el ex edil de hacienda, Manuel Reina (PES) y por José Flores, ex jefe del gabinete de Alcaldía, «ostentando una posición jerárquica más relevante que la de los propios concejales». Los denunciantes lo definen como el «muñidor» de todos los asuntos que afectaban a la Corporación. Sobre Barrientos, dicen que podría ser el «hombre de paja».

El citado auto apunta además a las presuntas exigencias de dinero a particulares, convenios con infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos y adjudicaciones «irregulares» de obras y servicios municipales.

Por su parte, del documento elaborado por los investigadores policiales a raíz de las escuchas telefónicas se desprenden conversaciones en las que Barrientos le llega a decir a un empresario: «Nosotros nos hemos portado bien (...) tú estarás conmigo eh... que tiene un precio». Otras conversaciones telefónicas descubren afirmaciones como la que protagoniza la ex concejala de Playas, Marisa Rodríguez, también imputada: «Tú no te preocupes que esa licitación es para ti, yo me las maravillo como sea, toma ya...». Según los denunciantes de la presunta trama de corrupción, era «práctica habitual» en el Consistorio el cobro de comisiones a empresas constructoras y hoteleras, entre otras.

Del análisis realizado por los investigadores de las escuchas telefónicas se desprende que, presuntamente, era una práctica habitual la contratación de personas afines tanto al PSOE como al PES, ya fuera en el Ayuntamiento o en empresas cercanas a ambos partidos. En uno de los informes policiales se precisa cómo en el Ayuntamiento esteponero «se realizan contrataciones de personal sin ningún tipo de concurso», en algunos casos «allegadas a los responsables del Consistorio». Los documentos incluidos en el sumario reflejan también que algunos concejales «favorecían» la contratación de personas afines a su partido político cuando se aproximaban las elecciones municipales.

Pagos «sospechosos»

Así, se recogen conversaciones telefónicas en las que el ex alcalde manifiesta en referencia a los contratos en las brigadas municipales: «Mira a ver si hay alguno que no valga que tengo un par de compromisos». El auto del Juzgado de Primera Instancias por el que se acordó abrir diligencias también menciona remuneraciones «sospechosas» a ciertos funcionarios. «El alcalde abona periódicamente en concepto de productividad ciertas cantidades de dinero a varios funcionarios públicos», señala el documento, donde se describen también incrementos patrimoniales no justificados en cargos públicos.

El sumario hace referencia además a que supuestamente, tanto el PES como el PSOE, habrían recurrido a empresarios para pagar sus gastos de campaña electoral. En una de las conversaciones el portavoz del PES, José Ignacio Crespo, le pide a su gerente de Urbanismo, Pedro López, que busque 28.000 euros para pagar un concierto.