El sumario del caso Astapa constata la corrupción generalizada en Estepona (Málaga Hoy)

a investigación policial señala a José Flores, Juan Simón y Francisco Zamorano como cabezas visibles de la trama · Los agentes sostienen que se usaba dinero de empresas para financiar a los partidos políticos y actividades municipales

Barrientos, esposado y entre policías, en el inicio de la operación Astapa, hace un año.

• 
  
  
  

Los informes policiales incluidos en varios de los primeros seis tomos del sumario del caso Astapa, sobre los que ayer se levantó el secreto, constatan la existencia en el Ayuntamiento de Estepona de una situación de corrupción generalizada que afectaba prácticamente a gran parte del entramado municipal y en la que destacaba de manera especial un "triunvirato" integrado por el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, al que se apunta como encargado de "buscar el favor" de los empresarios para lograr donaciones; su primo, Juan Simón, cuyo "poder sobre el Ayuntamiento" es tal que "podría parecer que es un miembro más de la ejecutiva local", y el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano, que tiene dos cuñados que logran adjudicaciones de proyectos de especial relevancia en el ámbito de la localidad. A ello se suma el papel del entonces alcalde, Antonio Barrientos, al que se le reconocen numerosas conversaciones solicitando a empresarios su colaboración económica.

Así se pone de relieve en la investigación realizada por la Policía Nacional y las numerosas escuchas telefónicas efectuadas a los implicados en el caso, recopiladas en seis de los 150 tomos que integran este sumario. Algunas de las conclusiones que se extraen de la parte ahora hecha pública, constatan de manera fehaciente el listado de presuntas irregularidades cometidas en el seno del Consistorio, que ha dado lugar a la imputación de 63 personas y a la detención de 25, entre ellas Barrientos, y entre las que se subraya la financiación de los gastos de las distintas delegaciones municipales y de los partidos políticos que en su momento integraron el equipo de gobierno (PES, PSOE y PA) mediante dinero aportado por empresarios.

De acuerdo con las aseveraciones realizadas por los responsables policiales, tales aportaciones se efectuaron "claramente como contraprestación económica con la firma de convenios urbanísticos, concesión de determinadas licencias, tratos de favor, adjudicaciones a dedo...". En las conclusiones se hace especial hincapié en "ciertas irregularidades" en la financiación de PSOE y PES, de las que "podrían incluso derivarse en actividades ilícitas".

Igualmente, se destaca cómo los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento podrían haber sido en su mayoría valorados "a precio inferior al de mercado", lo que permitiría a los responsables municipales disponer de "un colchón de dinero, no controlado por nadie, con el que poder efectuar distintos pagos de las concejalías, financiación de los distintos partidos políticos gobernantes...".

Así, un ejemplo de la práctica empleada es recogida en una de las conversaciones telefónicas grabadas al portavoz del PES, José Ignacio Crespo, que le pedía a su gerente de Urbanismo, Pedro López, que buscase 28.000 euros para pagar un concierto y le instaba a que le pidiera el dinero a la empresa a la que se le habían adjudicado las obras de construcción de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO), insistiéndole a la mercantil en que en un futuro se tienen proyectadas más viviendas de este tipo.

A lo largo de buena parte de los tomos cuyo secreto sumario ha sido levantado se incide en la "precaria" situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento, con importantes deudas a proveedores y con dificultades para pagar las nóminas de los trabajadores. Asimismo, se constatan "frecuentes" conversaciones en las que los miembros del equipo de gobierno hacen "especial hincapié" en que se aprueben más convenios urbanísticos para "conseguir efectivo para el Ayuntamiento", extremo este prohibido de manera expresa por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El informe insiste en que muchas de estas deudas fueron abonadas por empresarios, como pudo ocurrir con los 800.000 euros que se debían al redactor del PGOU del municipio, Enrique Bardají, cantidad que parece que finalmente fue asumida por una mercantil.

Otro de los puntos en los que los investigadores abundan es el de las contrataciones de personas afines a los grupos que formaban parte del gobierno local. Concretamente, Zamorano contrató a la mujer de su hijo como monitora de una guardería con el beneplácito de la concejala de Educación, Mariví López, supuestamente sin pasar ningún tipo de proceso selectivo. En otra parte del documento, el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, según una conversación intervenida en relación al refuerzo de Playas, dice que las personas contratadas "al final son 40 tíos que controlas desde el partido".

Los informes policiales, además, incluyen otras irregularidades como la utilización de las competencias del Ayuntamiento para beneficio de los técnicos. En este punto, se destaca que hay "un gran número de técnicos, peritos y trabajadores en general que participan de los diferentes convenios que suscribe el Ayuntamiento", a muchos de los cuales se les vincula con acciones que podrían ser delictivas. En el listado se indican nombres como el de los arquitectos municipales Arturo Cebrián e Ignacio de la Hoz Pérez-Pla; el del jefe de Servicio Jurídico de Urbanismo, Andrés Flores Gómez, y el secretario José Manuel Duarte Domínguez, entre otros.