JOSÉ ANTONIO SAU La exteniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos, azote de Jesús Gil durante años, ha recibido su segunda condena por un delito urbanístico en menos de tres meses. Ahora, como el pasado 23 de febrero, ha sido sentenciada a pagar una multa de 3.600 euros y a inhabilitación tras aceptar su culpabilidad. Junto a ella, han sido castigados a una pena idéntica otros tres exconcejales, entre ellos Carmen Revilla. El juicio se celebró en un Juzgado de lo Penal el 12 de mayo.
Entre los doce acusados hay dos fugados: el famoso Carlos Fernández y Javier Lendínez, del que lo último que se sabe es que andaba por Indonesia. Hay otros seis sentenciados a multas de nueve meses a razón del pago diario de diez euros y a inhabilitación, entre los que destaca el exregidor Julián Muñoz.
Según consta en la calificación fiscal, una comisión de gobierno del Consistorio marbellí, celebrada el 26 de marzo de 2003, adoptó «unánimemente conceder licencia de obras» a una constructora para que levantara 80 viviendas en una parcela con una edificabilidad de 8.860 metros cuadrados. El suelo se hallaba en las calles Castilla, Alegría, Álamo y Felicidad.
Según el Plan General de Ordenación Urbana del 86, recoge el escrito de acusación de la Fiscalía sobre el que se pactaron los hechos, la parcela es suelo no urbanizable programado. En la superficie se permitía «una edificabilidad de 7.112 metros cuadrados y un número máximo de 45 viviendas, lo que suponía una vulneración clara de la normativa urbanística».
Los seis acusados que formaban esta comisión de gobierno, presidida por Julián Muñoz, «eran conocedores de tales circunstancias atendiendo a los informes técnicos emitidos, en los que se ponía de manifiesto la irregularidad observada». Ellos actuaron «previamente concertados», dice el fiscal.
Por otro lado, en la comisión de gobierno presidida por García Marcos, celebrada el 19 de febrero de 2004, se acordó aprobar el proyecto de ejecución a favor de la misma constructora, «siendo conocedores de que la citada construcción vulneraba la normativa urbanística vigente en el momento de los hechos, atendiendo a los informes técnicos emitidos en los que se ponía de manifiesto la anomalía advertida, asumiendo, por tanto, las consecuencias que su conducta generaría».
Los hechos fueron calificados como un delito contra la ordenación del territorio. Entre los componentes de la segunda comisión de gobierno se encontraban García Marcos y Carlos Fernández, amén de los otros tres exediles condenados a una multa idéntica a la de la exteniente de alcalde de Puerto Banús, quien, como todos sus compañeros, ha aceptado la pena solicitada por la Fiscalía.
De infatigable fiscalizadora de Gil a ser la número dos del tripartito de Yagüe. Isabel García Marcos fue la conciencia de Marbella hasta agosto de 2003. Durante más de una década, como portavoz del PSOE, azotó inmisericordemente a Jesús Gil y sus políticas urbanísticas en Marbella, no sin un fuerte coste personal y una brutal exposición mediática que no hicieron mella en su lucha diaria. Sin embargo, y sin que nadie sepa muy bien por qué, se pasó al lado oscuro y apoyó la moción de censura que, junto a los restos del GIL y el PA, derrocó a Julián Muñoz en agosto de 2003.
Fueron tres años de gobierno, hasta marzo de 2006, marcados por la falta de recursos y el enfrentamiento permanente con la Junta a cuenta de las 18.000 viviendas ilegales. Todo estalló en marzo de 2006, cuando el juez Torres desencadenó la operación Malaya. Estuvo seis meses entre rejas tras su detención en el aeropuerto, puesto que venía de Rusia, donde estaba de luna de miel. Desde entonces, ha sido condenada en dos ocasiones por delitos urbanísticos, la primera en febrero de 2012, a una multa de 3.600 euros por prevaricación
