El poderoso influjo del ladrillo (El País)

La caída del precio de la vivienda incide directamente en la economía de los países. Aunque todavía no se puede cuantificar el alcance de la actual depresión en las economías, un estudio de

Los ciclos afectan al endeudamiento y riqueza de los agentes económicos
La Caixa, titulado Consecuencias económicas de los ciclos del precio de la vivienda, elaborado por Oriol Aspachs-Bracons sobre 17 países desarrollados, con datos de los últimos 40 años, constata que la incidencia en el producto interior bruto (PIB), el crédito y la tasa de paro ha sido proporcional a la caída del precio de la vivienda. "La relación entre las fases expansivas y los posteriores episodios de deflación en el sector inmobiliario indica que cuanto mayor ha sido la duración e intensidad de la fase expansiva, mayor ha sido la duración e intensidad de la posterior deflación", sostiene el documento de La Caixa.

Las fases expansivas son aquéllas en las que los precios reales aumentan año tras año de forma ininterrumpida. En el conjunto de los 17 países analizados (entre ellos España, véase gráfico), el precio de la vivienda ha crecido a una tasa interanual media del 2,6% y la mayor parte del tiempo ha estado en una fase expansiva. Durante esas fases expansivas, que duran un promedio de unos seis años, el aumento medio del precio real de la vivienda ha sido del 62% para el conjunto del periodo.

Los episodios de deflación inmobiliaria, a su vez, también han sido frecuentes, aunque menos. En promedio, cada país de los estudiados ha sufrido más de dos periodos de unos cinco años cada uno de contracción, y durante estas fases el precio real de la vivienda ha caído un 23%.

Según el estudio, "en el 93% de los episodios de deflación inmobiliaria se observa una contracción económica; en el 80%, una contracción del crédito, y en el 100%, un aumento de la tasa de paro". El crecimiento del PIB se desacelera en los trimestres posteriores al inicio de la deflación inmobiliaria, toca fondo un año y medio después, con tasas del -1,5%, la contracción del crédito dura dos años y supone una caída del 3% anual, mientras la tasa de paro tiende a crecer y no vuelve a caer hasta pasados cuatro años.

El último ciclo expansivo del precio de la vivienda, en concreto, se ha caracterizado por su elevada sincronización internacional y por su duración e intensidad, que se aproxima al doble de las fases anteriores. En promedio, ha durado 10 años, muy por encima de los seis años que dura una fase expansiva típica, y el precio de la vivienda ha subido más de un 100%, cerca del doble de la media histórica. La expansión ha sido especialmente pronunciada en Bélgica e Irlanda, donde el precio ha subido más de un 200%. España, con una subida del 115% en términos reales, se encuentra en la media de los 17 países que incluye el documento.

¿Qué hace que el sector inmobiliario sea tan especial para la marcha de la economía? En primer lugar, el sector inmobiliario es uno de los más cíclicos (durante los periodos expansivos tiende a crecer más que la media, mientras ocurre lo contrario en los recesivos). Ello es consecuencia, en gran medida, del largo horizonte temporal de las inversiones (el periodo de construcción de una vivienda se prolonga durante dos años, mientras que el plazo medio de amortización de una hipoteca es de 10 años). "Ello hace que las inversiones sean muy sensibles a los cambios de tipo de interés e impide que la oferta del sector se ajuste a las condiciones de cada momento, lo que puede llevar a una sobreoferta en periodo recesivo y exceso de demanda en los contrarios", sostiene.

En consecuencia, los ciclos inmobiliarios se transmiten al resto de la economía debido a las fluctuaciones del precio de la vivienda, ya que éstas afectan a la riqueza y la capacidad de endeudamiento de los agentes económicos. Para las familias, la caída del precio de la vivienda supone una disminución de la riqueza, ya que tienen la mayor parte de ella invertida en el sector inmobiliario, lo que lleva a reducir el consumo y aumentar el ahorro. En España, por ejemplo, en 2007 la riqueza inmobiliaria representaba más del 80% de la riqueza bruta de los hogares. La caída del consumo es especialmente pronunciada cuando parte de éste se financia a crédito utilizando la vivienda como garantía. Esta práctica está muy extendida en Estados Unidos, donde se estima que una disminución del precio de la vivienda del 10% reduce el consumo un 0,9%. En España, donde no está tan extendida, la incidencia es mucho menor: una caída del precio de la vivienda del 10% conllevaría una caída del consumo del 0,3%.

La caída también impacta en la riqueza de las empresas. "Ello es así porque la disminución del precio de la vivienda refleja principalmente una caída del precio del suelo y, por lo tanto, los activos inmobiliarios de las empresas también se deprecian", dice el estudio. Como las familias reducen su consumo, las empresas reducen la producción y la inversión, entre otras cosas porque se encarece su acceso al crédito. El efecto es especialmente importante para las pymes, ya que éstas son las que utilizan más sus activos inmobiliarios como garantía de crédito.

Finalmente, también afecta la rentabilidad de las entidades financieras, pues aumenta el riesgo de que las garantías hipotecarias de los créditos en mora caiga por debajo del valor del crédito concedido. Todo ello puede dificultar su capacidad de financiación y, por tanto, algunas entidades pueden verse obligadas a reducir la oferta de crédito. En este contexto, las entidades prefieren aumentar la liquidez de su activo de forma preventiva para cubrir potenciales eventualidades, lo que también les lleva a reducir la oferta de crédito.

Estos efectos indirectos en las decisiones de familias, empresas y entidades financieras pueden generar una espiral contractiva de la economía de severas consecuencias, asegura el autor del informe. La caída del consumo de los hogares intensifica la caída de la producción y la inversión empresarial. Y, al mismo tiempo, la reducción de la actividad empresarial tiene sus repercusiones directas tanto en el mercado laboral como en el sector financiero.

La subida de la tasa de paro impulsa la caída del consumo, y el aumento de la morosidad de las familias y las empresas aumenta la presión sobre el sector financiero, que puede verse obligado a reducir la oferta de crédito aún más. Además, la menor demanda de los hogares y las empresas hace que los precios inmobiliarios sigan cayendo, amplificando así su efecto inicial. -


Natalidad y tipos de interés
Los augurios sobre la incidencia del precio de la vivienda no pueden ser peores para el periodo venidero. Sin embargo, un análisis más detallado revela que la relación entre las fases expansivas y de deflación tiende a no ser lineal. Hay algunos factores de la última fase expansiva que pueden matizar esta relación. Por ejemplo, parte del crecimiento del sector inmobiliario en algunos países se ha debido al fuerte aumento de la población. Estos factores, especialmente importantes en España, podrían limitar el descenso del precio de la vivienda.

Durante la fase expansiva, uno de los factores principales que impulsó el crecimiento del sector inmobiliario en la mayoría de países fue el bajo nivel de los tipos de interés reales (es decir, los nominales menos la inflación), lo que redujo el coste de financiación e impulsó la oferta y la demanda. En España, por ejemplo, los tipos de interés reales fueron negativos la mayor parte del tiempo entre 2002 y 2006. El aumento de la población y el efecto de la generación del baby boom constituyeron dos factores adicionales que impulsaron la demanda. Asimismo, los puestos de trabajo generados en el sector de la construcción entre 2000 y 2007 representaron el 20%, mientras en Estados Unidos y el Reino Unido supusieron el 14% y el 17%.

Las otras cuentas pendientes de Martinsa (El Mundo)

Unos 20.000 compradores de las promotoras en quiebra no saben si tendrán sus pisos
Tras ocho meses, los 12.500 de Martinsa luchan aún por recuperar su dinero o su casa
'Sólo quiero que me devuelvan el dinero y olvidarme cuanto antes', dicen los afectados
El Ministerio de Economía decidirá en breve sobre el devenir de la compañía

Llanera, Seop, Hábitat, Restaura, Promodico... Sus cientos de acreedores tendrán difícil recuperar los miles de millones de euros que les adeudan. A la cola de todos ellos, unas 20.000 personas temen que los planos que detallan milimétricamente sus viviendas nunca se materialicen en ladrillos. Son las otras víctimas de la veintena de grandes promotoras y constructoras que han presentado suspensiones de pagos en cadena durante los últimos meses. Y los que más tienen que perder: sus ahorros y un proyecto vital.

Por tamaño y repercusión social, el caso de Martinsa Fadesa es el más representativo de todos los 'concursos de acreedores'. Han pasado ocho meses -14 de julio- desde que la número uno del ladrillo nacional se declaró en quiebra. La mayoría de sus 12.500 clientes siguen ignorando a estas alturas qué suerte van a correr sus casas, aunque el hecho de que en los solares en los que deberían haberse edificado no haya instalada ni una sola grúa ya les da muchas pistas. Su destino está en manos de abogados, asociaciones de consumidores y plataformas de afectados.

En Colmenar Viejo, al norte de Madrid, donde teóricamente tendrían que estar acabados 200 chalés, esta semana sólo había una sucia caseta de ventas desierta, proyectos de calles con una fina base de cemento y cajas de contadores de la luz delante de... nada. A tres de los vecinos que de no haberse ido a pique la empresa de Fernando Martín estarían viviendo allí casi se les saltaban las lágrimas (casi sin el casi) al pisar el lugar en el que en vez de hogares sólo ven tierra removida.

La empresa ha propuesto ampliar de cinco a ocho años el pago de su deuda (desde mediados de 2010 hasta 2017) a cambio de comprometerse a devolver a sus acreedores hasta el último céntimo

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"Lo único que quiero es me devuelvan el dinero que he pagado y olvidarme cuanto antes", confesaba a pie de no obra Antonio Díez Torres, que adelantó unos 100.000 euros por un adosado con piscina comunitaria junto a su hija, otra de las afectadas. Su rosario inmobiliario ha tenido últimamente todas las estaciones en la entidad financiera que supuestamente tiene a buen recaudo su dinero, pero que de momento se niega a devolvérselo alegando que no se han agotado los plazos legales.

No es el único caso. Al menos cuatro entidades financieras están poniendo trabas a lo que se conoce como ejecución del aval; esto es, a reembolsar a los compradores las cantidades que han ido entregando a la promotora, quien, a su vez, tenía obligación de depositarlas en un banco o caja.


Afectados por la quiebra de Martinsa delante de la sede de la compañía en Madrid, el pasado 20 de enero. elmundo.es
La agonía de los avales
Pero situación es aún más crítica para unos 2.000 compradores de la inmobiliaria que dirige el ex presidente del Real Madrid. En sus casos no se llegó ni a formalizar el aval, por lo que ahora tienen dos opciones: iniciar un proceso judicial costoso y probablemente lento o confiar en que se ponga techo a sus sueños, ahora más bien pesadillas.

Fuentes de Martinsa Fadesa aseguran que su intención es reflotar la compañía "para terminar el mayor número de viviendas posible y devolver el dinero de los contratos que tengan que ser rescindidos".

"Lo único que quiero es me devuelvan el dinero que he pagado y olvidarme cuanto antes", confiesa un comprador, Antonio Díez Torres, a pie de 'no obra'

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Más que cómo, que también, el problema es cuándo. La empresa ha propuesto ampliar de cinco a ocho años el pago de su deuda (desde mediados de 2010 hasta 2017) a cambio de comprometerse a devolver a sus acreedores hasta el último céntimo. El Ministerio de Economía es quien tiene que decir sí a este convenio, previa aprobación en el Consejo de Ministros, que podría ser inminente. "Pedimos que se condicione esa excepcionalidad de la ley a que se den garantías a los compradores que carecen de aval, o que les ha caducado, a pesar de que es obligatorio", reclama Mariano Sanz, presidente de la Asociación de Afectados de Martinsa Fadesa en Colmenar Viejo.

A muchos de los 20.000 atrapados involuntariamente en las quiebras inmobiliarias les tocará pasar bastantes páginas del calendario antes de saber si las viviendas que compraron sobre plano son finalmente viviendas o se quedan en planos.

Vélez-Málaga inicia los trámites para construir 187 VPO (Málaga Hoy)

Un estudio sitúa en 2.576 la cifra de viviendas sociales necesarias en una década

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha puesto en marcha cuatro nuevas promociones de viviendas de protección oficial a través de la Empresa Municipal de Servicios, Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga (Emvipsa). Se trata de 187 nuevas VPO repartidas entre el núcleo principal y Torre del Mar. En la calle Laureano Casquero se van a levantar 80; 37 en la zona del colegio Axarquía; 21 en la Cuesta del Visillo y 49 en la Azucarera en el núcleo costero.

De esta forma el gobierno municipal espera dar respuesta a las necesidades reales de la población que, según un estudio externo, sitúa en 2.576 la demanda en los próximos diez años. De momento, Emvipsa está preparando el pliego de condiciones para sacar a licitación la redacción de los proyectos.

"Para nosotros la vivienda es un asunto prioritario. Vamos a continuar con el trabajo que hicimos en la pasada legislatura y vamos ampliarlo. Aunque antes tendremos arreglar el desorden que dejó el PP en la empresa municipal", manifestó la alcaldesa, María Salomé Arroyo (PSOE) quien denunció que el Partido Popular anunciara la construcción de 2.000 viviendas, que "luego bajó a 800" y "acabó por sortear las que nosotros le dejamos preparado incluso con los préstamos bancarios resueltos".

Arroyó insistió que además de las viviendas de protección oficial, van a poner en marcha desde Emvipsa, la empresa de alquiler, y van a ampliar el convenio de programa de infravivienda que tienen con la Junta de Andalucía.

Fin de la cuenta atrás en la calle La Unión (Málaga Hoy)

El Metro inicia hoy los desvíos de servicios afectados, fase que se extenderá cuatro meses · Vecinos y comerciantes, entre el temor y la satisfacción por la modernidad que traerá la obra

La cuenta atrás para la llegada del Metro a la calle La Unión torna a su fin. Después de que conociesen la intención de la Junta de Andalucía de trasladar el paso del suburbano de Paseo de los Tilos a su calle, lo que ocurrió en marzo en 2006, los vecinos de esta conocida vía de la capital se topan de lleno con el proyecto de mayor envergadura en la historia reciente de la ciudad. Desde hoy y durante 35 meses, serán testigos del avance de la obra del ferrocarril urbano, hecho que a pocos parece satisfacer.

La incidencia de los trabajos constructivos será progresivo. El primer paso se dará justo hoy con el comienzo de los desvíos de servicios afectados por las zanjas, es decir, saneamiento, telefonía, entre otros, lo que se prolongará cuatro meses y cuya afección será escasa. Será a mediados o finales de junio cuando hagan su entrada las máquinas pantalladoras, encargadas de dar forma al túnel por el que en unos años transitarán los trenes. 14 meses se llevará esta etapa del proyecto, la más molesta para los vecinos y perjudicial para los comerciantes, en tanto que obligará a cortar íntegramente la calle.

Éste es en grosso modo el panorama que dibuja la planificación diseñada por la concesionaria de la obra, Metro Málaga, y que a muchos en La Unión produce temor. Un paseo por la zona confirma la incertidumbre de residentes y empresarios. "Estamos acojonados. Esa es la palabra", afirma uno de los comerciantes de la calle, que opta por mantener el anonimato.

Su temor, como el otros, está vinculado al hecho de que la intervención no contemple un carril de servicio por el que puedan pasar ambulancias y bomberos. La estrechez de la vía lo impide e incluso ha obligado a los técnicos del Metro a dar una solución peculiar para que puedan entrar los dos haces de vía del suburbano, que irán uno sobre otro. La tarea, sin embargo, según los responsables de Ferrocarriles Andaluces no tiene mayor dificultad ni entraña riesgo alguno.

"Si hay un incendio en uno de los edificios no sabemos si los camiones de bomberos podrán entrar, porque toda la calle estará cortada", expresa este mismo comerciante. Sus palabras son avaladas por José Sánchez, propietario del café bar Chiqui. "Tengo la misma preocupación", apostilla, al tiempo que asiente al escuchar al otro interlocutor asegurando que muchos comerciantes no superarán la obra. "Si nos estrangulan la calle quién va a querer ir a nuestros negocios", agrega.

A pocos metros de la cafetería, Teresa, una mujer mayor, arrastra el carro de la compra no sin cierta dificultad. Cuando se le pregunta por el próximo inicio de la obra del suburbano suelta un "uf" cargado de sinceridad. "Nos va a fastidiar a todos", exclama. Enrique Daza, por el contrario, es más optimista. Este vecino, que reside en la calle desde hace cuarenta años, ensalza el proyecto. "Hay que pasar unos inconvenientes pero es un beneficio para siempre. Es bueno para el comercio y nos permitirá ir a cualquier punto de la ciudad", dice con un tono pausado, mientras da un voto de confianza a los ingenieros. "Las cosas hay que hacerlas y no hay que estar asustados".

Hay otros en esta calle que insisten en criticar la decisión de la Junta de trasladar a La Unión el recorrido de la línea 1 (Los Asperones-Malagueta). "Si esta calle fuese como Juan XXIII o como la Avenida de la Aurora sólo podríamos pensar que nos ha tocado en suerte y ya está, pero calle La Unión es más estrecha y al final va a parecer una ratonera", se queja Mario Fernández, comerciante.

Sentado junto al quiosco de su hijo se encuentra Antonio Haro. "Mala idea no es, pero va a joder durante un tiempo", confiesa con toda naturalidad cuando se le pregunta. "Tampoco es algo a lo que podamos decir que no se haga, porque la decisión no es nuestra", apostilla con resignación.

Ante estos argumentos, el director del Metro, Enrique Urkijo, asume las molestias de los trabajos pero ensalza el beneficio del suburbano. "Sobre las pérdidas en deteminados comercios sólo puedo decir que eso vale para todas las calles de la ciudad y no es un argumento para que no pase por esta vía", dijo, al tiempo que destacó el compromiso de la concesionaria por "minimizar" las afecciones. En cuanto a la seguridad, aludió a la información aportada por el jefe de Bomberos, José Cruz, en una reunión con los vecinos, en la que dijo que se podrá acceder a todos los edificios. En esa cita también dijo que ya le gustaría que todos los inmuebles de la capital estuviesen tan bien señalizados como los de la obra del Metro.

Las obras de la línea 1 del metro llegan hoy a la calle La Unión (SUR)

Las obras de la línea 1 del metro llegan hoy a la calle La Unión con el inicio del tramo Juan XXIII-Renfe. La vida vuelve a la normalidad para comerciantes y vecinos en la zona de la Carretera de Cádiz y la avenida de Velázquez y el metro entra de lleno en la barriada de Cruz del Humilladero, donde uno de los problemas fundamentales será la estrechez de la calle donde se harán las excavaciones.
De la primera fase de los trabajos en la zona de la Carretera de Cádiz sólo faltan por completar algunos metros en el cruce de Molière y en Héroe de Sostoa, junto a la avenida Juan XXIII y la estación de Huelin, en la que todavía quedan pendientes algunas pantallas. En septiembre de 2009 se cerrarán las últimas rampas y la Carretera de Cádiz recuperará la normalidad por completo. Antes, en apenas tres meses, la superficie quedará prácticamente liberada.
Los trabajos en la trama netamente urbana de la línea 1 (Renfe-Teatinos), a su paso por la barriada de Cruz del Humilladero, estaban listos para comenzar en los primeros días de noviembre. Sin embargo, esta fase del proyecto se retrasó para no afectar a los comerciantes de la zona durante la campaña de Navidad. Para ello, se valoró la petición de la Asociación de Comerciantes de Cruz del Humilladero, que alegó que el 70% de sus ventas anuales se producía durante la campaña de Navidad, según puso de relieve su gerente, Elvira de la Torre. Por ello, el colectivo pidió que no se cortara la vía al tráfico en esas fechas.
A distinto nivel
El paso por la calle La Unión, donde se ubicará una estación (en la confluencia con la calle Santa Marta) estará marcado por la cercanía de los edificios, que obligará a situar una vía justo encima de la otra, en un nivel distinto, y no en paralelo como se hace en el resto del trazado.
Inicialmente, se contemplaba el trayecto por el paseo de Los Tilos, aunque se modificó en 2006 para facilitar la construcción de un intercambiador para permitir el paso entre las líneas 1 y 2, que estará junto a la estación de Renfe. La línea 1 ya ha empezado en el campus universitario de Teatinos, por donde discurrirá en superficie. Según las previsiones de la Consejería de Obras Públicas, el resto de tramos, desde el campus de Teatinos hasta el Guadalmedina, estarán en marcha antes de que concluya el primer semestre.

Urbanismo amenaza con subastar un edificio abandonado por su propietario (SUR)

El Ayuntamiento abre el tercer expediente de venta forzosa por falta de mantenimiento en los últimos años


EXPEDIENTES CURSADOS
Calle Casas de Campos: Se trata de un edificio situado entre las calles Casas de Campos, Blasco de Garay, Simonet y Tomás de Heredia. Ante la amenaza de subasta, su propietario realojó a dos inquilinos e inició los trámites para rehabilitarlo.
Calle Mariscal, 3 y 5: Se trata de un conocido caso de un inmueble con inquilinos y 'okupas' que se encuentra en mal estado. El Ayuntamiento llegó a subastarlo pero ningún promotor quiso comprarlo. Ahora estudia qué hacer con el edificio.
Calle Gaona, 16: Urbanismo ha iniciado el expediente para declarar el incumplimiento de la función social de la propiedad en este caso ante la dejadez de los dueños, a los que ha enviado numerosas órdenes para efectuar medidas de mantenimiento desde el año 1997.La historia se repite, por tercera vez en los últimos años. El Ayuntamiento se ve obligado a sacar a subasta un edificio privado ante la dejadez de sus propietarios para mantenerlo adecuadamente después de múltiples requerimientos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Esta vez le ha tocado el turno al inmueble situado en el número 16 de la calle Gaona, justo frente a la iglesia de San Felipe Neri y al lado de la casa que ha sido rehabilitada para albergar una colección particular de valiosas piezas de vidrio.
La casa presenta un aspecto lamentable y el Consistorio ha tenido muchas dificultades para procurar su arreglo. Según comentaron fuentes de Urbanismo, han sido numerosas las notificaciones enviadas a los dueños desde 1997 para instarles a que efectuaran reparaciones con el fin de garantizar la seguridad de la construcción, pero ninguna tuvo éxito. Además, los técnicos municipales se personaron en el edificio en varias ocasiones sin que lograran entrar para comprobar su estado.
Inquilinos
«La verdad es que no hemos podido saber en qué momento se encuentra actualmente y si hay o no inquilinos habitando la casa», comentaron las fuentes. Por ello, la Gerencia de Urbanismo ha incoado el expediente de declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad.
Este procedimiento, contemplado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, consiste en colocar al edificio en una situación de venta forzosa después de que su propietario no haya iniciado las obras requeridas en el plazo de un año. Se inicia entonces la ejecución por sustitución, para que sea otro propietario quien lleve a cabo las reparaciones para devolver los edificios a un estado correcto de conservación. Además, el nuevo dueño debe hacerse cargo de realojar a los inquilinos, si los hubiera, durante las obras.
El trámite sí dio resultado en el caso de una construcción situada entre las calles Casas de Campos, Blasco de Garay, Simonet y Tomás de Heredia. Su dueño optó por realojar a dos inquilinos que habitaban el inmueble e iniciar los trámites para su rehabilitación.
Sin embargo, no ha corrido la misma suerte el tercero de los edificios que también tiene un expediente de incumplimiento de la propiedad. Se trata del ubicado en los números 3 y 5 de la calle Mariscal. El Consistorio llegó a subastarlo a mediados del año pasado por 2, 4 millones de euros, pero ningún promotor se interesó por su compra. La situación de crisis, y la obligación de realojar a los inquilinos hicieron que ningún empresario se presentara a la subasta, y quedó desierta.
El dueño de este inmueble señaló que un juzgado ha admitido a trámite un recurso contra la tramitación emprendida por el Ayuntamiento. Además, insistió en que la presencia de 'okupas' -los inquilinos legales no llegan a la decena- le impide llevar a cabo las mejoras que le exige Urbanismo.

El alquiler subió el 4,3% en enero, tres puntos y medio más que el IPC (La Opinión)

El precio de los alquileres aumentó el 4,3 por ciento en enero, tres puntos y medio más que la inflación, que se situó en el 0,8 por ciento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

EFE Esta subida está en línea con la variación experimentada durante el año pasado, cuando osciló entre el 4,1 y el 4,4 por ciento, crecimientos que hasta el mes de octubre se situaron por debajo de la inflación general, que comenzó a caer empujada por los precios del crudo y de algunos alimentos.

En mayor medida que el arrendamiento subieron los precios de los materiales para la conservación de la vivienda, que en enero se encarecieron un 4,5 por ciento, en tanto que los precios de los servicios para la conservación de la vivienda aumentaron el 3,5 por ciento.

Cantabria, con una subida del 7,5 por ciento, es la comunidad autónoma donde más se incrementaron los alquileres en enero, mientras que en el otro extremo se situó Navarra, con un aumento del 2,6 por ciento.

La banca acreedora de Habitat sopesa renunciar a las garantías sobre los inmuebles (La Opinión)

La banca acreedora de Promociones Habitat está abierta a renunciar a las garantías sobre los activos de la promotora, actualmente en proceso concursal, lo que facilitará la venta ordenada de inmuebles y suelo para devolver la deuda, que suma 2.348 millones, han explicado a Efe fuentes jurídicas.

EFE Esto supone de hecho que la deuda seguiría viva pero sin la carga de garantía hipotecaria, con lo que la banca mantendría la totalidad de su deuda sin quitas (descuentos), pero la empresa ganaría margen de maniobra para poder vender activos y devolver los créditos pendientes de manera progresiva.

Promociones Habitat, controlado por Bruno Figueras, su familia y Josep Suñol -los accionistas mayoritarios- es sólo una de las ocho sociedades que presentaron concurso de acreedores pero el grupo en total suman una cuarentena de empresas.

Portavoces de Habitat han declinado hacer cualquier comentario a causa de que la sociedad se encuentra bajo administración judicial, al haber presentado concurso el pasado 4 de diciembre, siendo el concurso de acreedores más importante de España en el sector inmobiliario después de la de Martinsa-Fadesa.

Precisamente el ejemplo de Martinsa-Fadesa es lo que está haciendo que tanto la banca, como los accionistas y la administración judicial se hayan "conjurado", según las fuentes consultadas, para sacar adelante la empresa a pesar de la difícil situación.

La Caixa, uno de los principales acreedores, junto con otros bancos, está defendiendo esta línea de actuación para que Habitat pueda seguir en funcionamiento.

Así se han acabado dos importantes promociones: Porta Nord en L'Hospitalet de Llobregat, muy cerca de Barcelona, y la de Fuentelucha en Madrid, ambas con preventas realizadas, en el caso de Porta Nord del 80%, que permitirán a la compañía obtener nuevos ingresos.

En ambos casos, Ferrovial, también accionista de la empresa, ha llevado a cabo las obras pendientes, con lo que se ha podido mantener el principio de empresa en funcionamiento y la sociedad cuenta con una tesorería de 30 millones de euros para seguir ejecutando obras.

Precisamente, el pasado jueves 12 se mantuvo una reunión entre la banca acreedora, la dirección de la empresa, representantes del bufete Uría y Menéndez, que asesoran a Habitat, y los administradores judiciales, dentro de la línea de colaboración que se ha impuesto en este concurso.

Esta buen predisposición de la banca busca cumplir un calendario con el que se podría firmar un convenio de concurso después del verano, evitar una fuerte depreciación de los activos, al ir acabando las obras; levantar el concurso antes de final de año y conseguir que Habitat empiece a devolver en serio su crédito sindicado a partir de 2010.

En la reunión, sí han aflorado tensiones, pero más vinculadas a qué promociones se acometen, ya que cada banco quiere que sean prioritarios aquellos proyectos que él tiene hipotecados.

El capital de Habitat se reparte entre Figueras y su socio Josep Suñol, que controlan el 55%, seguidos de Ferrovial (20%) y los socios minoritarios Emilio Cuatrecases, Dolores Ortega, Isaak Andic, Emilio Rodés y Construcciones Castro, con otro 25%.

Por su parte, los principales bancos acreedores, con el 44% del pasivo del concurso, son Caja Madrid (218 millones), La Caixa (199 millones), BBVA (190 millones), Banco Popular (178 millones) Banco Santander (149 millones), y Banco Sabadell (119 millones).

El resto de la deuda bancaria se reparte entre otros bancos y cajas que, incluyendo a los mayoritarios, suman 38 entidades, entre las que destaca el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Generalitat, con una deuda contraída de 77 millones. La deuda financiera suma el 85% del pasivo.

El exceso de vivienda se absorberá antes de mediados de 2012 (La Opinión)

El excedente de vivienda sin vender se absorberá antes de mediados de 2012, fecha que supone el peor escenarios expuesto en un informe sobre el sector inmobiliario publicado en el boletín Información Comercial Española (ICE) que elabora el Ministerio de Industria.
EFE Estas previsiones tienen en cuenta las 900.000-1.000.000 de casas que había sin vender en 2007, más las 380.000 que comenzaron a construirse ese año y no se vendieron, por lo que se incorporarán al mercado entre 2008 y 2009. Según este estudio, el escenario más positivo se produciría si el sector ajustara su oferta al ritmo de crecimiento de la demanda de los últimos años, es decir, si en los próximos años se venden casas al ritmo de años anteriores. De esta forma, la absorción del exceso de vivienda se llevaría a cabo en el primer o tercer trimestre de 2010, según las previsiones del estudio que utiliza los datos del Colegio de Registradores o del Ministerio de Vivienda, respectivamente. En el caso de que continúe el descenso de las compraventas de vivienda experimentado en 2008 (42,5 por ciento menos en el tercer trimestre), el ajuste del sector se prolongará hasta mediados de 2010 o principios de 2011, respectivamente. No obstante, el informe indica que si no se contrae la oferta y "se apuntala de manera artificial se estaría agravando y posponiendo el necesario ajuste del sector". En este sentido, destaca que en los tres primeros trimestres de 2008 se iniciaron un 42,5 por ciento menos de viviendas que en el mismo periodo del año anterior. Este estudio achaca el excedente de vivienda a que la demanda por motivos distintos a los residenciales ha disminuido en los últimos años, debido a que una gran parte de ella enmascaraba a inversores y especuladores, animados por los incentivos fiscales a la compra (la cuenta ahorro vivienda o las desgravaciones fiscales) que utilizaban "de manera perversa".

La Junta afirma que no ayudará en el convento de San Andrés (La Opinión)

IU asevera que el Ejecutivo regional responde que en estos momentos tiene "otras prioridades" en la provincia

LA OPINIÓN. MÁLAGA La Junta de Andalucía ha justificado no colaborar en la rehabilitación del convento de San Andrés de la capital malagueña aludiendo a que ahora tiene "otras prioridades" en la provincia, según se desprende de una respuesta parlamentaria a Izquierda Unida. De igual modo, la coalición ha denunciado que el Ayuntamiento no haya puesto en práctica la moción aprobada el pasado mes de abril para desarrollar el proyecto que recupere este inmueble, incluido en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría de monumento.
En respuesta a las preguntas presentadas por el parlamentario malagueño de la coalición, José Antonio Castro, la consejera de Cultura, Rosa Torres, resaltó que los titulares del patrimonio son los encargados de su conservación, mantenimiento y custodia -en este caso el Consistorio de Málaga-. "Dada la extensión e importancia del patrimonio histórico de la provincia, la existencia de otras prioridades de actuación sobre el mismo, así como el importante volumen de intervenciones que se están desarrollando sobre bienes de titularidad autonómica, la Consejería no ha tenido la opción de programar, por el momento, alguna forma de colaboración con el Ayuntamiento para la rehabilitación de este inmueble", declaró. El parlamentario andaluz indicó que "estamos ante una nueva guerra partidista sobre un asunto que no sólo mejoraría el patrimonio municipal, es decir, un bien público, sino que en época de crisis, su rehabilitación viene a contribuir a paliar estos problemas". "Ni el Ayuntamiento ni la Junta pueden desentenderse", advirtió José Antonio Castro.

La Junta iniciará en un mes la protección de Bellavista (La Opinión)

La delegación de Cultura ultima el proyecto para proteger de forma genérica el barrio residencial. La protección incluirá un número importante de viviendas

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Aunque el anterior delegado de Cultura de la Junta, Francisco López, calculó el año pasado que la protección genérica de Bellavista sería una realidad tras el verano de 2008, lo cierto es que la maquinaria burocrática ha sido mucho más lenta.
Sin embargo, la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía informó ayer de que, dentro de un mes, tendrá listo el informe técnico que propone la protección genérica de Bellavista, a falta de corregir cuatro aspectos del expediente.
Fuentes oficiales han señalado que el paso siguiente será el envío del proyecto a la Dirección General de Bienes Culturales, en Sevilla, para que estudie el expediente y dé a conocer una resolución antes de 18 meses.
Según explican estas fuentes, la protección genérica afectará a "un número grande o importante de casas", aunque no han precisado la cantidad, ya que, señalan, la dirección general puede variar la cifra.
La protección genérica supone un escalón menos que el Bien de Interés Cultural, y obligaría a los particulares o administraciones públicas que realicen obras en la zona protegida a comunicarlas a la delegación de Cultura para que estudie autorizarlas o no.
Además, una vez que se incoe el expediente, el nivel de protección será el mismo que si ya se hubiera aprobado. La inclusión del barrio de Bellavista en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía se debe al valor arquitectónico de este importante conjunto de casas de veraneo de la burguesía malagueña de finales del XIX y principios del XX.
La iniciativa de la Junta de Andalucía parte de un escrito de los propietarios de dos viviendas afectadas por un proyecto de Urbanismo que implicaba el derribo de sus casas, de ahí que pidieran la protección arquitectónica. Se trata de los números 42 y 40 de la avenida del Pintor Sorolla, esta última casa, obra del arquitecto del Teatro Cervantes, Gerónimo Cuervo, que la diseñó en 1895.
Proyecto de Urbanismo. El proyecto de Urbanismo consistía en hacer ´desembocar´ en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso el vial de cornisa, un arco interior que recorrerá la ciudad desde Antonio Molina, pasando por la avenida de Valle Inclán y el Camino de los Almendrales. La carretera se realizaría junto al arroyo del Café y conllevaría el derribo de un bloque de seis plantas, además de las dos viviendas que ahora ya no podrán ser demolidas.
La Academia de San Telmo criticó la apertura de la carretera, por la destrucción de la casa de Gerónimo Cuervo y el daño irreparable que sufriría el ficus de Bellavista, el mejor ejemplar de ficus microcarpa de Málaga.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, reiteró ayer a este diario que se replanteará el proyecto y en caso de llevarse a cabo (pues se estudian cinco alternativas) el vial no desembocará en el paseo marítimo sino un poco antes, en la avenida del Pintor Sorolla, salvándose así dos de las viviendas afectadas, incluida la de Gerónimo Cuervo.
El Ayuntamiento considera, al contrario que la academia de San Telmo, que el ficus de Bellavista no sufriría daño alguno con la nueva carretera.

Las empresas de construcción recurren a la obra pública para recuperar su actividad. Marbella (SUR)

Las pymes se vuelcan con los proyectos de los planes de empleo, en algunos casos con temor de que la falta de aval bancario les deje fuera

El tren ya está en marcha y nadie quiere quedarse en la estación. La maquinaria de los planes estatal y regional para fomentar el empleo, que dejarán en la ciudad 25,6 millones de euros para obras públicas con el fin último de arañar durante unos meses parados a las listas del desempleo, está más que engrasada y las constructoras están reaccionando como se esperaba. Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad se afanan estos días en buscar asesoramiento, recopilar toda la documentación y presentar sus ofertas al medio centenar de concursos públicos abiertos por el Ayuntamiento para intentar recuperar su actividad, venida a menos por el parón del 'ladrillo'. Ya se sabe, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. La economía aprieta y el negocio hay que buscarlo allá donde esté, en este caso al calor de las administraciones locales.
El goteo de interesados en hacerse con alguna de las obras, que en algunos casos superan los dos millones de euros, es continuo. Dan fe en la Unidad de Contratación del Ayuntamiento, epicentro estos días de las gestiones de los 47 proyectos que se financiarán con cargo al Plan Estatal de Inversión Local del Gobierno central -conocido como 'Plan ZP- que dejará este año en Marbella 22,3 millones de euros, y los cuatro sufragados por el Programa de Transición al Empleo (Proteja) de la Junta de Andalucía, con una cuantía global de 3,2 millones de euros. «Teniendo en cuenta que son proyectos con presupuestos muy altos y que el plazo para presentar las ofertas es muy corto -al ser por la vía de urgencia se limita a diez días- el volumen de ofertas que se está recibiendo es enorme», confirman en el departamento.
Más demanda
Lo demuestra el hecho de que a las dos primeras actuaciones licitadas y con el plazo de recepción de propuestas concluido, caso de la remodelación de la avenida de Las Cumbres de Las Chapas y de la mejora en la red de pluviales de la supermanzana JKL de Nueva Andalucía, hayan concurrido siete y ocho ofertas respectivamente, cuando la media en situaciones normales ronda las tres empresas. Y eso sólo con las dos primeras. Aún restan 49 más.
La demanda de información, paso previo a postularse como adjudicatario, también es continua. No sólo a través de la propia Unidad de Contratación o de la página web del Ayuntamiento, donde se cuelgan todos los concursos de obra pública. Los colectivos de pymes y de constructores dan un toque de atención a sus asociados para que no dejen pasar la oportunidad de subirse al carro en una época donde el sector inmobiliario ha echado el freno.
«Estamos asesorando todo lo que podemos para orientarles sobre cómo deben acudir a la licitación», explica Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores. No tiene duda del interés que despiertan ambos planes entre los constructores. «El sector está totalmente parado y la obra pública en la única oportunidad de trabajo. Lo ven como una salida temporal», añade. La misma actividad frenética viven estos días en la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella y San Pedro Alcántara (Apymem). Su presidenta en funciones, África Pino, alude también al tirón de la fórmula de las uniones temporales de empresas. «Se están haciendo entre algunas para ver si las obras se pueden quedar aquí», apunta.
En el caso de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa), la acogida es más tibia, según señala su gerente, María José Fernández. Lo achaca quizá a que parte de sus más de 300 asociados no se asemejen al perfil para acometer las obras o a que no puedan concurrir por ser entidades modestas. También a que finalmente, recibida la información, hayan ofertado sin comunicárselo.
Dinero seguro
En lo que sí coinciden todos es en que es una oportunidad única que esperan no se vea truncada por el tira y afloja con los bancos. Algunas empresas ya han mostrado su temor a que la falta de avales les apee de los concursos. Desde la Asociación de Constructores y Promotores lo descartan. «Hemos hablado con algunos bancos y no habrá problemas porque es dinero seguro», añade Aragón.

Reunión para analizar las viviendas irregulares. Mijas (Málaga Hoy)

El alcalde socialista pide a la oposición (PP) un encuentro en los diez próximos días

El alcalde de Mijas (PSOE), Antonio Sánchez, va a trasladar a la oposición (PP) su ofrecimiento para reunirse en el plazo de unos diez días, con el objetivo de abordar el problema de las viviendas irregulares mediante un encuentro que sirva para comenzar a fijar un calendario con acciones concretas, según un comunicado. En este sentido, el alcalde aseguró que "es momento de dejar a un lado los colores políticos y demostrar que por encima de todo está el interés de las familias", a través del diálogo para llegar a la mejor salida posible "sin imposiciones ni condiciones previas por ninguna parte". Desde el Consistorio se recordó que esta iniciativa es fruto de la voluntad del equipo de gobierno por alcanzar un consenso y resolver la situación que viven las familias, abriendo una hoja de ruta en la que tendrán audiencia los colectivos afectados.

El comunicado indicó que el alcalde considera que tanto el equipo de gobierno, como el PP y el concejal no adscrito han podido estudiar el informe, elaborado por el catedrático de la Universidad de Sevilla, Jesús Jordano, sobre las posibles vías de solución, de manera que se está en disposición de abordar el asunto "contando con una buena herramienta sobre la mesa, trabajando desde el realismo y siendo consecuentes con las posibilidades legales y de planeamiento".

Desde el PP de Mijas comunicaron que están dispuestos a trabajar conjuntamente, pero siempre con "agilidad y concreción", recordando que hasta el momento no se habían negado a ninguna reunión de este tipo.

Este problema urbanístico implica un total de 8.000 viviendas ilegales distribuidas por zonas como Osunillas, la Arquería y la urbanización La Alberquilla, entre otras, de las cuales hay 1.500 denunciadas, según el PP de Mijas.

Asentamiento de lujo junto al río (Málaga Hoy)

Hasta ocho establecimientos hoteleros de diferentes cadenas se levantarán en las márgenes del cauce del Guadalmedina

La ex alcaldesa de Málaga Celia Villalobos elevó a la categoría de emblemática la frase: "Guadalmedina. El río que nos une". El mensaje formaba parte de una campaña de propaganda iniciada por el PP en el año 2000 para impulsar la faraónica propuesta de cubrir el cauce. Pero tras casi diez años, el Guadalmedina sigue presentando la misma estampa que tenía cuando Villalobos expuso la idea y en lugar de ser un eje viario y ferroviario, se ha convertido en uno de los grandes focos de atracción hotelero.

No hay más que recorrer las márgenes del río para comprobar cómo en los últimos años en este espacio urbano, frontera con el centro histórico, han aflorado de manera continuada establecimientos de diversas cadenas, que buscan una localización estratégica próxima a los núcleos de actividad de la capital. Las firmas hacen como el ser humano en sus orígenes, acercarse a los cauces para establecerse.

Al asentamiento pionero de NH, que abrió sus puertas en 1999, le han seguido en la distancia el Kris Tribuna, situado justo a la entrada de la calle Carretería; el Málaga Centro, en el encuentro de la calle Mármoles con el río; el Astoria, a apenas veinte metros del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, y el Husa Guadalmedina, el último en entrar en servicio. A estas realidades se sumará en meses el del hotel que edifica Parquesol en un antiguo edificio de la calle Cisneros, que llevará por nombre Posada del Patio y que será el primer cinco estrellas de la capital, bajo la explotación de la cadena Vinci.

A éste podría agregársele una de las grandes referencias arquitectónicas de la ciudad, el inmueble diseñado por Rafael Moneo por encargo de Promociones Braser para levantar un hotel de cuatro o cinco estrellas también junto al cauce, en Hoyo de Esparteros. Esta última iniciativa se encuentra actualmente en proyecto, a la espera de que la Junta de Andalucía dé luz verde a su impulso definitivo. En total, la oferta hotelera implantada en el eje del Guadalmedina supera las 700 habitaciones.

"Es un sitio muy atractivo. Cuando llegamos en el año 1998 era una zona que estaba por desarrollar pero ya se veía que iba a ser una de las mejores de Málaga", explica Andrés Castillo, director del NH Málaga. "Estamos hablando de un sitio de fácil acceso desde todas las entradas de la ciudad, que se encuentra a apenas cinco minutos de la Catedral, en la misma zona comercial del centro, a pocos minutos de la estación de trenes... Es un sitio estratégico para visitas culturales", apostilla, al tiempo que subraya que el tiempo ha acabado dando la razón a NH.

A estos detalles se suma la posibilidad de que el eje del Guadalmedina sea objeto de una importante transformación. En esta línea, el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sanmartín, destaca el carácter "estructurante" del río. "Es una referencia urbana", añade. No obstante, aprovecha para recalcar la necesidad de adecuar la zona. "Sería conveniente que el Ayuntamiento se replantease algún tipo de actuación en tanto se decide o no su posible encauzamiento. Habría que abordar su embellecimiento, porque las actuaciones que se hicieron en 1992, vistas con el paso del tiempo, se han quedado obsoletas", precisó. A su juicio, uno de los elementos objeto de renovación son los puentes que conectan las dos márgenes, al entender que son "muy mejorables".

Urbanismo tramita la expropiación de un edificio por su mala conservación (Málaga Hoy)

El departamento aprueba el incumplimiento de la función social de la propiedad del inmueble, situado en calle Gaona, 16

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga acaba de iniciar el trámite de expropiación de un edificio situado en calle Gaona, número 16, tras aprobar el incumplimiento de la función social de la propiedad y sus obligaciones de mantenimiento del edificio. La determinación adoptada por el departamento municipal se produce después de que desde el año 1997 se produjese una primera denuncia por parte del Cuerpo de Bomberos ante la necesidad de que se ejecutase el apuntalamiento de la cubierta de la caja de las escaleras, intervención que, de acuerdo con la información municipal, no llevaron a cabo los propietarios.

A esta primera negligencia le continuaron otras nueve entre marzo de 1997 y abril de 2003, periodo en el que sucedieron continuas órdenes de ejecución de reparaciones en las instalaciones. El incumplimiento de las mismas llevó a los técnicos municipales a tramitar 23 informes en ese periodo de tiempo, uno de ellos, de noviembre de 2004, de la Policía Local en relación al estado ruinoso del edificio. Como consecuencia, el Ayuntamiento impuso cuatro sanciones económicas a la propiedad, en julio de 1997, en julio de 2002, en julio de 2005 y en octubre de 2006, que ascendió a 3.000 euros.

Lo sucedido con este edificio sigue la línea de Mariscal 3 y 5, sacados a subasta forzosa por parte del Ayuntamiento tras aprobarse el incumplimiento de la función social de la propiedad. La venta de ambas edificaciones quedó desierta inicialmente y será objeto de un nuevo concurso, según explicó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. El edil popular precisó que antes de la enajenación se da un plazo de un mes para atender las alegaciones de la propiedad.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga dio ayer luz verde a la aprobación inicial del Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro, que abarca un ámbito de 635.358 metros cuadrados.

Aprobación municipal de los siete proyectos que financiará la Junta (La Opinión)

Las actuaciones supondrán una inversión de 15 millones de euros y generarán 230 puestos de trabajo en la capital

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga culmino ayer la doble operación que permitirá la realización de los 143 proyectos que serán financiados por el Gobierno central y la Junta de Andalucía y que en conjunto suman 115 millones de euros.
La junta de gobierno local había aprobado las semanas anteriores los 136 proyectos que costeará el Gobierno (el llamado ´plan Zapatero´) y ayer cerró esta operación con la aprobación de los siete proyectos que se remitirán a la Junta de Andalucía para su financiación, con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (´Proteja´), que se prevé que generen más de 230 puestos de trabajo.
Estos proyectos, que ya fueron aprobados en el pleno municipal del pasado mes de diciembre, aunque no era un trámite necesario, cubrirán la cantidad asignada por el Gobierno andaluz dentro de las medidas que se incluyen en el Decreto Ley 2/2008 de 9 de diciembre por el que se aprueba el plan ´Proteja´, según indicó ayer en su comparecencia la portavoz del equipo de gobierno del PP, Carolina España.
De los siete proyectos destaca por su importancia la remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce, en el tramo comprendido entre el pasaje del Arcipreste de Talavera y la carretera de Cártama, con un coste de 3,6 millones de euros; le sigue el acondicionamiento interior del estadio de atletismo, con 300.000 euros, y la eliminación de barreras arquitectónicas en los distritos Centro, Este y Ciudad Jardín, con 905.840 euros.
De igual modo, se contempla la construcción de una guardería en el polígono Guadalhorce, que costará 1,09 millones de euros, una incubadora de empresas en el desaparecido Caserón de las Virreinas, a la que se le asigna 1,2 millones.
Los otros dos proyectos de mayor cuantía y de más envergaduras son el proyecto de rehabilitación y reforma de algunos de los antiguos pabellones de Tabacalera para su adaptación como sede de las áreas de Bienestar Social, Mujer y Participación Ciudadana, en la calle Concejal Muñoz Cerván, que tiene un presupuesto de 4,5 millones y, por último, la construcción de una nueva sede para la junta de distrito y la biblioteca de Bailén-Miraflores, con 3,4 millones de euros.

Subvenciones. Asimismo, la junta de gobierno local dio el visto bueno ayer a la relación de proyectos con cargo al plan de Cooperación Municipal de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía para el año 2009.
En total, el Ayuntamiento de Málaga solicita financiación para siete proyectos, valorados en 2.962.019 euros, siendo la cuantía total de subvención que se solicita de 2.614.967 euros, ya que correspondería al Consistorio el 10 por ciento restante.
Los siete proyectos se enmarcan en las líneas destinadas a inversiones en entidades locales. Así se ha pedido ayuda para la rehabilitación de un módulo de Tabacalera para sede de la junta de distrito de Carretera de Cádiz; para el equipamiento de mobiliario y enseres de varios pisos para destinarlos a acogida de mujeres inmigrantes víctimas de malos tratos; para una compaña informativa de apoyo a los mercados; para la compra de material para Protección Civil; y para el pago de honorarios a los miembros de colegios arbitrales.

Antequera derribará el silo de la ronda Norte antes del verano. Antequera (La Opinión)

El derribo del silo de Antequera, que permitirá completar la circunvalación Norte de la ciudad, se producirá antes del verano. Así lo confirmó ayer la delegada de Obras Públicas, Lola Fernández, quien aprovechó para resaltar la importancia de esta actuación, que permitirá eliminar los cuellos de botella que se generan en este punto en las horas punta.
La Delegación ya ha invitado a tres empresas a presentar el mejor proyecto, a través de procedimiento negociado, lo que posibilitará cerrar el anillo de la circunvalación desde el antiguo inmueble hasta el punto en que actualmente se encuentra la vieja estación de tren, lo que supone un recorrido aproximado de medio kilómetro.
"A partir de aquí tendremos que tener en cuenta el desarrollo de varias obras y coordinar los tiempos, ya que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) también acometerá una profunda reordenación en el margen de esta zona con la construcción de una estación AVE", dijo la responsable de la Delegación de Obras Públicas.
La prolongación de la circunvalación hacia la zona de expansión de la ciudad conocida como Ensanche de la Verónica estará sujeta a la construcción de una amplia rotonda que salvaguardará el espacio arqueológico de la villa romana, a la vez que permitirá conectar directamente con la antigua carretera de Córdoba (A-7281) y con la futura estación AVE.
Precisamente, ayer, Fernández anunció que para finales de año o principios de 2010 Obras Públicas también acometerá una profunda actuación de mejora en la carretera hacia Córdoba, valorada en unos 15,4 millones de euros.
La reforma se extenderá a lo largo de cinco kilómetros de vía y permitirá la construcción de dos viales de servicio en los extremos de la calzada principal, que ampliarán la dimensión del actual trazado hasta los 20 metros de ancho. "Construiremos cinco rotondas que mejorarán el acceso a las empresas que se ubican en este punto", añadió Fernández. Un ejemplo de ello es la planta de envasado de aceite de oliva bajo marca blanca que Hojiblanca está construyendo con Cargill, contigua a sus instalaciones. La sede estará en funcionamiento en junio, aunque las primeras pruebas se realizarán en abril.

El Ayuntamiento solicita su inclusión en el plan de rehabilitación de infraviviendas. Cártama (SUR)

El Ayuntamiento de Cártama ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas la inclusión del municipio en el plan de Zona de Actuación de Infravivienda para el año 2009. La concejala de Bienestar Social, Isabel Sánchez, explicó que este programa pretende favorecer las condiciones de habitabilidad de los núcleos de infraviviendas en zonas urbanas mediante la combinación de obras de rehabilitación, nueva planta, urbanización y trabajo social y una mejora de la calidad de vida de las familias que residen en estos barrios. Unas 34 casas de Cártama podrían acogerse a estas ayudas.

Gobierno y oposición de Mijas acordarán cómo tratar la regularización de viviendas. Mijas (SUR)

Antonio Sánchez invita al resto de grupos a mantener un encuentro en el que se plantee un calendario de trabajo «hay que dejar a un lado los colores políticos», pide el alcalde

El Ayuntamiento no está dispuesto a perder ni un segundo más en la búsqueda de soluciones para la regularización de las viviendas ilegales del municipio. Con este ánimo, el alcalde, Antonio Sánchez, va a trasladar a la oposición su ofrecimiento para reunirse en el plazo de unos diez días con el objetivo de fijar un calendario de actuaciones concretas para abordar este problema urbanístico y social.
El mandatario aseguró que es momento de «dejar a un lado los colores políticos y demostrar que por encima de todo está el interés de las familias». Por ello, hace una apuesta por el diálogo para llegar a la mejor salida posible «sin imposiciones ni condiciones previas por ninguna parte», recalcó.
De esta manera, y siguiendo las pautas marcadas por el informe jurídico del catedrático Jesús Jordano unido al catálogo de viviendas que los técnicos han realizado, se pretende «trabajar desde un punto de vista más real del asunto y sus consecuencias conociendo además las posibilidades tanto legales como de planeamiento que existen y que se pueden emplear como herramientas de trabajo».
Para todos los partidos políticos con representación (PSOE, PP y el concejal no adscrito José Antonio Sánchez) se trata de una iniciativa «positiva en la que se debe trabajar de manera eficaz y coordinada para resolver una situación que mantiene en vilo a muchos vecinos de la localidad». Los tres coinciden en que «en momentos como éste el diálogo es importante para llegar a un acuerdo que beneficie a toda la ciudadanía».
A disposición
Desde el Partido Popular, su líder Ángel Nozal ofreció la disposición «máxima» de su grupo para trabajar por la solución del problema asegurando además que «se quiere solicitar que el proceso de regularización no se use como una vía de recaudación». Para ello, propondrán que las sanciones por la ilegalidad de las obras, impuesto que cobra la administración local, «se reduzca al mínimo dentro de los parámetros establecidos por ley», aclaró Nozal.
Por otro lado, los populares consideran de vital importancia que junto al catálogo de edificaciones ilegales vigentes se plantee otro con «todas aquellas construcciones que aún hechas de forma irregular, no estén dentro del proceso de regularización porque hayan prescrito». Junto a ello, pretenden proponer un nuevo acuerdo con el objetivo de que «no se vuelva a poner un sólo ladrillo sin licencia sin que se paralice una obra», resumió el edil.
Por su parte el concejal no adscrito Jose Antonio Sánchez alegó que «el informe del experto deja algunas lagunas que deberán estudiarse a fondo» y propuso que también se tenga en cuenta los estudios realizados por los juristas de la asociación de vecinos Chaparral-Alberquilla.
Casos concretos
Uno de los aspectos importantes a tratar serán los casos más puntuales que existen dentro de los expedientes. «La diversidad del infracciones requiere de un trabajo pormenorizado», recordó el primer edil. Por ello, el PP adelantó que solicitará «abordar los casos de forma pormenorizada para poder aclarar hasta las situaciones más particulares, anteponiendo siempre la legalidad». En este sentido, José Antonio Sánchez propuso la comparación del PGOU vigente con las nuevas adaptaciones «que podrían solucionar muchas de las irregularidades existentes». Mientras se concreta la fecha exacta del encuentro, los tres grupos ya están analizando al completo el informe, así como las vías de trabajo.

La Junta licitará la semana próxima la obra del centro hospitalario, que abrirá en 2010. Estepona (SUR)

El Ayuntamiento aprueba el último trámite administrativo para que puedan comenzar los trabajos

Los trámites para poner en funcionamiento el futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución Especializada (CHARE) siguen su curso. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Estepona aprobó ayer la compatibilización del uso dotacional y sanitario del suelo sobre el que se ubicará este complejo sanitario. Una vez superado este trámite administrativo, el alcalde de Estepona, David Valadez, anunció que la semana que viene el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobará la licitación de las obras; si bien no quiso dar ninguna fecha sobre el momento en el que podría empezar a materializarse la ejecución de los trabajos, que estarán terminados para 2010.
Según anunció en noviembre de 2007 la consejera de Salud, María José Montero, la primera piedra del nuevo centro sanitario, que se levantará sobre una parcela de 40.000 metros en la zona de Santa Marta, debería de haberse colocado la pasada primavera. Las previsiones de entonces contemplaban que el CHARE estuviera operativo en 2009. De hecho, este retraso provocó las críticas del PP, que lamentó el incumplimiento de este compromiso por parte de la Junta de Andalucía.
El presupuesto de esta actuación asciende a 22 millones de euros. El centro hospitalario contará con servicio de urgencias, así como con 48 habitaciones con capacidad total para 96 camas. Del mismo modo, el recinto contará con cuatro quirófanos y 27 módulos de consultas externas donde se prevé que se atienda, anualmente, a 118.300 casos.
Servicios
Entre los servicios que prestará el futuro complejo sanitario se encuentran 16 especialidades y seis áreas funcionales. Entre éstas destacan las áreas de digestivo, cardiología, cirugía, dermatología, neumología y ginecología, entre otras. Asimismo, se atenderán tratamientos oncológicos, hematológicos, cuidados con pacientes con el virus VIH-sida, fisioterapia y salud mental.
Otro de los conceptos que se comenzará a introducir en el municipio con la puesta en funcionamiento de este complejo sanitario será el de la telemedicina. Este método permitirá a los profesionales médicos realizar un seguimiento de los tratamientos mediante Internet.

El Ayuntamiento pide a la Junta que financie parte de la reforma de Tabacalera (SUR)

El equipo de gobierno local aprobó ayer solicitar a la Junta de Andalucía que financie parte de la reforma del edificio de la antigua Tabacalera como sede de departamentos municipales. En concreto, dio luz verde a una petición de 2,4 millones de euros a la Consejería de Gobernación para el traslado a este edificio de la sede de de la junta del distrito de Carretera de Cádiz, que está valorada en 2,7 millones.
Además, la Junta de Gobierno Local aprobó los siete proyectos que el Ayuntamiento va a financiar con los fondos del Programa de Transición al Empleo de la Junta (Proteja) y que están valorados en total en 15 millones de euros. El de mayor presupuesto (4,5 millones) supone igualmente la reforma de los antiguos edificios de Tabacalera para albergar las áreas municipales de Bienestar Social, Mujer y Participación Ciudadana.
Por otro lado, el Consistorio autorizó una convocatoria de subvenciones de 451.000 euros para colectivos que ayuden a personas afectadas por la crisis.

Luz verde al plan para Gibralfaro sin concretar plazos ni financiación (SUR)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dio ayer el visto bueno inicial al plan de protección del monte de Gibralfaro para abrirlo a la ciudad como un parque urbano. Sin embargo, desde el equipo de gobierno local no supieron precisar cuándo se iniciarán las obras para acometer este proyecto que, por otro lado, todavía no tiene una financiación clara. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, recordó que su coste se ha calculado en 28,3 millones de euros, una cantidad que el Consistorio todavía confía en cubrir -en un 60%- con fondos europeos que gestiona la Junta de Andalucía y que ésta se niega a otorgarle.
Además, Díaz informó de que aún quedan por obtener más de cien mil metros cuadrados de suelo del monte que son de propiedad privada y que el Ayuntamiento deberá compensar o expropiar, lo que le supondría un considerable desembolso.
La aprobación de ayer servirá al menos para suspender todas las licencias urbanísticas en el ámbito del plan, que abarca hasta la zona del Monte de Sancha, durante dos años.

Rescatan la concesión de la piscina de Santa Rosalía ante su abandono. SUR

El Ayuntamiento reparará de urgencia y vallará el lugar si la empresa no lo hace en diez días

El Consistorio ha tomado cartas en el asunto de la piscina de Santa Rosalía dos meses después de que este periódico se hiciera eco de las denuncias vecinales y del PSOE por la situación de abandono en que se encuentra este equipamiento deportivo (ver SUR 3/12/2008). La Junta de Gobierno Local aprobó ayer iniciar el expediente para rescatar la concesión de esta piscina municipal, después de que la empresa a la que le fue adjudicada a mediados de 2007 (Grupo Dec 2006), no la haya rehabilitado ni explotado.

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, informó de que el pasado mes de diciembre se dirigió un escrito a la empresa para comunicarle que se le revocaría la concesión si no presentaba el proyecto de reparación de las instalaciones. «Hasta el momento no hemos tenido respuesta, por lo que procede abrir el expediente para rescatar la concesión y volver a sacarla a concurso», señaló Díaz.

Medidas

Al mismo tiempo que se tramita este procedimiento, y para evitar que el lugar continúe representado un foco de inseguridad y drogadicción para la citada barriada de Campanillas, el Ayuntamiento va a exigir a la empresa que adopte medidas para vallar la parcela y garantizar el mantenimiento de los edificios que hay junto a la piscina. «Le daremos para ello un plazo de diez días y, si no lo hace, el Ayuntamiento lo hará de manera subsidiaria», aseguró el concejal.

La piscina de Santa Rosalía fue gestionada desde el año 1999 por un particular que se encargaba de su mantenimiento. Esta concesión terminó en abril de 2006 y el Ayuntamiento optó por volver a sacar a concurso la explotación de las instalaciones. Ese concurso se resolvió a favor de la empresa Grupo Dec 2006, dedicada a la fabricación de escenarios desmontables y montajes industriales. Sin embargo, la empresa no llegó nunca a hacerse cargo de este equipamiento.

El jardín botánico de la Cueva se iniciará antes de final de año. SUR

La Junta se compromete a redactar el proyecto, que ocupará 36.000 metros cuadrados, en el plazo de dos meses.

El jardín botánico de la Cueva de Nerja es uno de los proyectos medioambientales más ambiciosos de los que se han previsto en el entorno de este monumento natural y gran reclamo turístico de la localidad. La Junta tiene previsto concluir la redacción del proyecto en el plazo de unos dos meses, de manera que inmediatamente se podrá iniciar la licitación y adjudicación del proyecto, que ocupará una superficie superior a los 36.000 metros cuadrados, al sur del recinto de la Cueva, desde la zona del restaurante hasta el límite con la Autovía del Mediterráneo.

Según informó ayer el gerente de la Fundación, Ángel Ramírez, la Consejería de Medio Ambiente financiará íntegramente la actuación, que incluye la creación de un centro de interpretación y de un mirador. Los trabajos podrán comenzar antes de final de año y estar listos en 2010.

Retoman la pasarela

Por otro lado, Ramírez anunció que ya se han retomado los trabajos de la pasarela peatonal que conectará la Cueva con Maro, que estará lista para junio.

El embovedado del arroyo Real se concibe para uso ciudadano, aunque con 450 aparcamientos. SUR

Oña minimiza el retraso en las obras, que acabarán en un mes, por las mejoras incluidas El nuevo espacio servirá en el futuro como vial de conexión con la zona de expansión de La Loma.

El arroyo Real pronto dejará de ser la brecha natural que separa Los Boliches del resto de Fuengirola. Los trabajos de embovedado del cauce en el tramo que discurre paralelo al recinto ferial se encuentran en su última fase, de forma que podrían darse por terminados a mediados de marzo. Como resultado de esta obra hidráulica, la localidad ganará un amplio espacio público concebido para el uso y disfrute de los vecinos, pudiendo albergar todo tipo de actividades al aire libre. Además, sobre la bóveda de hormigón se han pintado 450 plazas de aparcamiento que vendrán a paliar el déficit de estacionamientos en la zona en momentos puntuales como las fiestas patronales y la Feria de los Pueblos, así como en los mercadillos de los martes y sábados. Como el resto de días del año esa demanda de aparcamientos es prácticamente inexistente -basta con los del recinto ferial-, en el Ayuntamiento están sopesando la posibilidad de restringir el paso de vehículos salvo en ocasiones especiales para potenciar su uso ciudadano, ya sea pasear, ir en bici o practicar algún deporte. En este punto, la alcaldesa, Esperanza Oña, quiso dejar claro que «en ningún momento se ha contemplado la ampliación del mercadillo, que ya es lo suficientemente grande, el mayor de Andalucía».

Durante la visita a las obras, la regidora también avanzó que en el futuro, el embovedado servirá como vial de conexión con el área de desarrollo de La Loma, hacia donde va creciendo la ciudad. «Aunque para eso aún faltan años, la propia Junta de Andalucía ha exigido, y en eso estamos de acuerdo, que en el PGOU se contemple como vía de enlace», explicó Oña.

En cuanto al retraso de las obras -su conclusión estaba inicialmente prevista para octubre del pasado año-, la mandataria no dudó en restarle relevancia. «No importa el retraso porque hemos estado toda la vida sin ello y porque se ha debido a una serie de mejoras incluidas sobre la marcha», afirmó.

Tres tramos

El encauzamiento del arroyo es sólo una de las tres partes en la que se divide esta actuación hidráulica encaminada a eliminar el riesgo de inundaciones, aunque eso sí, la más compleja. Con un presupuesto total de diez millones -cofinanciados por la Cuenca Mediterránea Andaluza (75%) y el Ayuntamiento (25%)-, el proyecto se completa con la recuperación ambiental y paisajística del tramo de 300 metros comprendido entre la autovía y los límites del término municipal, que contará con vías verdes para pasear; así como con la restauración y el embellecimiento de la desembocadura del arroyo.

Las obras del Museo de Artes Marineras comenzarán en abril. SUR

Se ubicará en Torre de Benagalbón y mostrará los orígenes del municipio a través de las antiguas artes de pesca.

Recordar la historia y los orígenes del municipio a través de la recopilación de los antiguos enseres de pesca. Este es el objetivo del futuro Museo de Artes Marineras que se va a construir en Torre de Benagalbón. En concreto, el Ayuntamiento va a rehabilitar la antigua casa de peones camineros ubicada en la avenida de la Torre, a través de los Fondos de Inversión Local del Estado. El presupuesto, que ya ha recibido el visto bueno, asciende a 399.965 euros. «De la misma forma que en Benagalbón contamos con el Museo de Artes Populares relacionado con la actividad agrícola, también queremos que la zona costera tenga un espacio que recoja sus costumbres», ha explicado el alcalde accidental, Salvador Domínguez.

El regidor ha destacado la buena ubicación del enclave que se encuentra en primera línea de playa, frente a la zona donde aparecieron los mosaicos y las termas romanas, «de forma que se completará la oferta cultural».

Trabajos

Las obras se adjudicarán en breve y comenzarán el próximo mes de abril. La parcela cuenta con 875 metros cuadrados, 223 construidos. El inmueble estará formado por dos salas que albergarán enseres de las distintas artes de pesca y fotografías antiguas del municipio. El museo estará distribuido de forma circular. En la zona exterior se ubicará una muestra de embarcaciones.

«Ya hemos comenzado los contactos con algunas familias de Torre de Benagalbón y de La Cala del Moral para empezar a recopilar todo el material, con el objetivo de que esté listo al finalizar los trabajos en fin de año», ha indicado Domínguez, quien ha añadido que el Ayuntamiento ha pedido su colaboración al cronista de la villa, Antonio Hilaria.

Un cambio en el PGOU dotará a San Pedro de 14.000 metros cuadrados de zonas deportivas. SUR

El Ayuntamiento construirá un pabellón cubierto y pistas polideportivas en la barriada de El Ingenio.

Con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en plena ebullición, pendiente del último retoque antes de su aprobación provisional, siguen surgiendo ideas para distribuir los futuros equipamientos de la ciudad acorde con la demanda y, especialmente, con el déficit de espacios públicos que dejó la 'era GIL'. En este reparto, a la barriada El Ingenio, al sur de San Pedro Alcántara, parece que le tocará uno de los primeros premios. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, explicó ayer sobre el terreno el proyecto para dotar a este núcleo de más de 14.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde el principal protagonista será un pabellón cubierto de más de 2.000 metros cuadrados construidos que podrá comenzar a levantarse este mismo año y para el que ya hay una partida presupuestaria de 1,4 millones de euros.

Para equipar con pistas polideportivas al resto de la parcela -ubicada junto al arco de entrada a San Pedro Alcántara, en el margen derecho en sentido Málaga- habrá que esperar algo más. La regidora, acompañada del teniente alcalde sampedreño, Miguel Troyano, señaló que mientras el suelo donde se levantará el pabellón sí está contemplado en el planeamiento vigente, el resto de la superficie -unos 12.000 metros cuadrados- tiene la calificación de parques y jardines. Será necesario, por tanto, promover un cambio de la tipificación de la parcela en el Plan General actualmente en tramitación; una petición que ya han remitido al equipo redactor del documento.
«Al igual que en la zona norte de San Pedro está en marcha la construcción del complejo acuático junto al pabellón cubierto, también queremos dotar a la zona sur de alternativas para que los jóvenes y no tan jóvenes puedan practicar deporte», señaló Muñoz durante su visita a los terrenos, una gran parcela que colinda con el campo de gol de Guadalmina y que se ubica en el lado oeste de la barriada del Ingenio, al pie de la carretera nacional.

Subvenciones
Sobre el pabellón cubierto, la alcaldesa señaló que contará con una pista central de 46 por 28 metros para la práctica de baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol y con vestuarios y dependencias relacionadas con el deporte. Además, el equipo de gobierno intentará que la construcción de estos equipamientos cuente con la cofinanciación de la Junta de Andalucía, a la que ya han solicitado formalmente que apoye el proyecto y que subvencione las instalaciones así como del que se pretenden levantar en la zona de Bello Horizonte.

«Es una buena noticia para la ciudad en un año que Marbella es Ciudad Europea del Deporte», abundó sobre el proyecto la primer edil en su visita a la zona, al tiempo que puso el acento en que vendrá a cubrir la demanda de los vecinos de El Ingenio en una parcela que reúne todos los requisitos necesarios para albergar una infraestructura de esta envergadura: «Se trata de una zona muy bien comunicada y no sólo supondrá un avance para El Ingenio, sin también para todo el núcleo población una vez que finalicen las obras del soterramiento». apuntó Muñoz.

Por su parte, el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Miguel Troyano, recordó que la construcción de unas instalaciones deportivas públicas al sur de la localidad es una demanda vecinal «que se verá satisfecha». De hecho, en un par de semanas el equipo de gobierno tiene previsto reunirse con los vecinos de este barrio para exponerles la situación urbanística. En este sentido, la alcaldesa afirmó que el nuevo Plan General contendrá «prácticamente todas las reivindicaciones planteadas por este colectivo».

Urbanismo inicia la protección de Gibralfaro suspendiendo dos años la concesión de licencias. LA OPINION

La junta de gobierno aprobó ayer inicialmente el proyecto para convertir 635.000 metros de monte en un parque urbano, aunque aún no sabe cómo lo va a financiar.

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La protección integral del monte de Gibralfaro y su entorno -monte de la Cruz y monte de Sancha- para su conversión en un gran parque urbano pasó ayer su primer corte con la aprobación inicial del plan especial que fija las actuaciones a realizar. Entre ellas destaca la decisión de suspender por dos años la concesión de licencias de obras, con el objeto de preservar la zona de cualquier actuación urbanística por parte de privados. El plan pretende la protección de una zona de 635.000 metros cuadrados e incorpora una serie de actuaciones y proyectos cuyo coste se ha evaluado en algo más de 28 millones de euros, dinero con el que no se cuenta pues el Ayuntamiento quería financiarlo con fondos europeos pero la Junta lo ha rechazado. El proyecto inicialmente aprobado ayer pasará ahora a exposición pública para recibir las posibles alegaciones de colectivos y particulares y continuar luego hasta su aprobación definitiva, que el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, cifró en un año, "ya que deberá estar condicionado a la aprobación final del PGOU".Escalada. De los 635.000 metros cuadrados que conformarán el parque de Gibralfaro, el Ayuntamiento deberá obtener aún 109.000 metros que permanecen en manos privadas, que conseguirá bien por cesión obligatoria gratuita o por expropiación, lo que, según Díaz, le supondrá al Ayuntamiento un "esfuerzo económico extraordinario".El proyecto prevé como objetivo general mejorar y ampliar la generosa variedad botánica del monte. A partir de ahí, Gibralfaro dispondrá de senderos para el paseo a pie, carriles para bicicletas, exposición de restos arqueológicos, zonas de juego, un centro de interpretación e incluso habrá una zona para la práctica de la escalada en una antigua cantera cercana al paseo de Reding. El proyecto incluye también la creación de tres nuevos accesos peatonales, que nacerían en la zona de la Cañada de los Ingleses y en la confluencia de la calle Campos Elíseos con el paseo de Reding, y un tercero desde La Coracha.

Las obras del metro llegan a Juan XXIII a partir del lunes. LA OPINION.

La concesionaria Metro Málaga inicia la semana próxima los trabajos del tramo entre Barbarela y la estación de Renfe, con una longitud de casi dos kilómetros

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Durante los próximos 35 meses, a contar a partir del lunes, casi dos kilómetros de trazado entre Barbarela y la estación de Renfe sufrirán las obras de construcción de la línea 1 del metro. La concesionaria de los trabajos y la explotación de la línea iniciará su actividad la próxima semana y progresivamente irá ocupando Juan XXIII, La Unión (hasta el cruce con Santa Marta), Eguiluz y Mendívil, las cuatro calles que estarán afectadas por esta actuación.El inicio de las obras supone el comienzo del primer tramo de la línea 1 por zona urbana, ya que en la actualidad se está trabajando en tres kilómetros que recorren en superficie el campus universitario. Esta obra tendrá un coste aproximado de 85,6 millones de euros, cifra que casi duplica las previsiones del anteproyecto y que motivaron un severo retraso por la negociación entre la Consejería de Obras Públicas y Metro Málaga para limitar el sobrecoste de la línea 1.Los trabajos comenzarán en superficie, con un sistema de trabajo igual al aplicado en la línea 2, que discurre bajo la Carretera de Cádiz. De este modo, pasará un año entre que se empieza la construcción de los muros-pantalla y la calle se recupera para el uso ciudadano. Durante el resto de la obra, los operarios trabajarán bajo tierra y la superficie quedará abierta para el tráfico de vehículos, como ocurre ahora en la avenida Velázquez.Tráfico. La organización de la circulación es uno de los elementos que, tras la experiencia de la obra en la zona Oeste de la ciudad, se ha acordado con el Ayuntamiento antes del inicio de los trabajos. Para la avenida Juan XXIII se ha previsto mantener parte del tráfico, ya que la amplitud de la vía permite que las obras ocupen la zona central y se habiliten dos carriles por sentido sin interrupción. En el caso de la calle La Unión, los coches serán desviados por Reboul, ya que se cortará en el tramo entre la esquina con Juan XXIII y Santa Marta. Una de las partes delicadas de la obra es la construcción del túnel por la calle La Unión, más estrecha que Juan XXIII. Para ello, la Oficina del Metro ha realizado un exhaustivo estudio del estado de los edificios y se mantendrá una constante vigilancia de las obras para minimizar los efectos a los inmuebles.Este tramo incluye la construcción de dos paradas, una situada junto a la calle Santa Marta y otra cerca de la estación de Renfe, donde conectará con la línea 2 hacia el Martín Carpena y que permitirá el acceso directo a las terminales de autobuses y ferrocarriles.El entronque con la línea 2 del metro se realizará con un tramo de túnel de 120 metros de longitud que pasará bajo la playa de vías del AVE y llegará a la estación Héroe de Sostoa, situada junto al puente Juan Pablo II.

Los promotores niegan que Tinsa avisara de que los pisos se van a abaratar. EL PAIS

Tinsa publicó el pasado martes un informe según el cual en el último año el precio de los pisos había caído un 10,1%. Durante la presentación, el director general de la tasadora, Luis Leirado, aventuró que, si la situación del mercado continúa como hasta ahora, el descenso continuaría a un ritmo sostenido de entre 1 y 1,4 puntos porcentuales cada mes, lo que supondría una bajada anual en 2009 superior al 20%. Así, los precios volverían al nivel de 2005.


Los empresarios del ladrillo recibieron esta afirmación como un jarro de agua fría y ayer dieron su respuesta oficial. "La Asociación de Promotores (APCE) se puso en contacto con Tinsa, quien ha asegurado que los datos publicados no reflejan el contenido del informe", asegura la asociación en un comunicado.
Es cierto que el informe de la tasadora no contiene previsiones, pero también lo es que en la rueda de prensa Leirado respondió a las preguntas de los periodistas sobre la evolución de los precios.
No es éste el primer incidente de los promotores en torno a las estadísticas de precios inmobiliarios. Tras meses negando la posibilidad de que los pisos perdieran valor, el lobby del sector, el G-14, aseguró que el Ministerio de Vivienda minusvaloraba las caídas que ya se estaban produciendo.

Corredor reconoce que 'hay retrasos' en el cobro de las ayudas de 210 euros al alquiler (El Mundo)

'El proceso de control lleva un tiempo, a veces mayor del deseado'
'Una familia compre o no un piso por lo que diga la ministra de Vivienda'

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció que se están produciendo "retrasos indeseables" en la percepción de la Renta Básica de Emancipación (RBE), las ayudas de 210 euros al alquiler para jóvenes de entre 22 y 30 años puestas en marcha en enero de 2008 y aprobadas en septiembre de 2007.
En una entrevista en Punto Radio, la ministra señaló que "hay retrasos" y que éstos son "indeseables", por lo que pidió disculpas a los jóvenes que están esperando la ayuda, aunque recordó que ya hay 63.000 personas que están cobrando los 210 euros.
"Es muy difícil explicarle a un chico que está esperando sus 210 euros que tiene esperar más, pero desde el momento en que se empieza a pagar, cobra todo lo que tiene atrasado con carácter retroactivo desde que tiene" reconocido el derecho a recibirla, explicó.
La titular de Vivienda quiso dejar claro que el proceso de concesión de la Renta de Emancipación es "complejo", sobre todo en la última fase, porque se quiere que "llegue sólo" a quienes tienen derecho a ello.
"Es muy difícil explicarle a un chico que está esperando sus 210 euros que tiene esperar más"
Así, se llevan a cabo "controles complejos" para comprobar que el interesado está al corriente de sus obligaciones de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
"El proceso de control lleva un tiempo, a veces mayor del deseado", dijo Corredor, quien recomendó a los jóvenes que acumulen ya muchos meses de retrasos que acudan a su entidad financiera o a la comunidad autónoma para ver cómo va el proceso.
¿Es momento de comprar?, no sabe no contesta
Preguntada por si es buen momento para adquirir un piso o conviene esperar, dijo no creer que "no habrá ninguna familia en este país que compre una casa, es decir, que haga la mayor inversión de su vida, por lo que diga la ministra de Vivienda".
'No se le está pidiendo a la banca que dé préstamos fallidos'
La ministra se refirió también a las restricciones de crédito, para afirmar que no se le está pidiendo a la banca que dé préstamos "fallidos".
Corredor defendió que la "inmensa mayoría de las familias españolas son solventes, tiene trabajo estable y su capacidad económica no se ha resentido con la crisis".
Por ello, "hay muchas familias que tienen derecho a ir al banco, acreditar su solvencia y a que la entidad financiera, dentro de su capacidad de maniobra y su valoración de riesgo, colabore".

La vivienda española también cae para el BCE (El Mundo)

De 1999 a 2005, el incremento medio anual del 'ladrillo' en España alcanzó el 13,8%
Irlanda, Malta y Finlandia, los países europeos donde el sector perdió más fuelle

Los precios nominales de la propiedad residencial bajaron en España el 3,2% en el cuarto trimestre de 2008 respecto al mismo periodo del año anterior, por detrás de Irlanda, Malta, y Finlandia, según el Banco Central Europeo (BCE). Cifra que coincide 100% con el primer descenso que ha experimentado el valor de las casas, según el Ministerio de Beatriz Corredor durante el último año, que también apuntaba hacia un 3,2%.

En un informe del boletín de febrero, el BCE asegura que la primera caída de los precios nominales de la propiedad residencial en España se produjo en el último trimestre del pasado año. El retroceso del valor de la vivienda residencial (casas y pisos) en España fue del 1,4% en la segunda mitad de 2008, respecto a igual periodo del ejercicio anterior.

Sin embargo, el precio de la vivienda había subido el 2,9 % anual en los seis primeros meses de 2008. Estas cifras contrastan con el incremento medio anual del 13,8% que registraron los precios de la vivienda en España entre 1999 y 2005, la mayor subida de los países que comparten el euro.

Irlanda y Malta, donde más cae el 'ladrillo'
Irlanda es el país de la zona del euro que lidera las caídas del precio de la vivienda, con un retroceso del 9,7% en el cuarto trimestre y del 10% en el tercer trimestre de 2008, respecto a los mismos meses de 2007. En el caso de Irlanda la bajada de los precios de la vivienda residencial fue en los seis primeros meses del año pasado del 9% y en el segundo semestre del 9,8%.

A Irlanda le siguió Malta, con un retroceso del 4,4% en los tres últimos meses de 2008. Malta también sufrió una bajada del precio de la vivienda en el cuatro trimestre de 2008. En el caso de Finlandia, al igual que en España, el retroceso se produjo sólo en el cuarto trimestre (-3,4%).

La entidad considera que en el área euro se produjo una notable ralentización

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El BCE consideró que en el conjunto del área euro se produjo una notable ralentización del crecimiento de los precios de la propiedad residencial a finales de 2008 debido a una moderación de la demanda de viviendas porque eran menos asequibles. Además, ya que la adquisición de una vivienda está financiada principalmente con deuda, el endurecimiento de las condiciones de los créditos también pueden haber influido negativamente en los últimos años.

Los estándares de crédito para los hogares se han endurecido desde comienzos de 2006, reflejando una subida generalizada en los tipos de interés nominales aplicados a las hipotecas. Ante la ralentización de los precios y de la demanda de la vivienda, se produjo también un retroceso de su oferta, según el banco europeo.

La inversión residencial real en la zona del euro se contrajo un 3,3% en el tercer trimestre de 2008, respecto al año anterior, cifra que contrasta con el crecimiento anual del 6,1 por ciento del primer trimestre de 2007. EL BCE prevé que se mantenga la moderación del crecimiento de la inversión en vivienda en los países del euro.

Madrid impugnará el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 por invasión de competencias (El Mundo)

Estima que el Plan impide al propietario de una VPO vender lel piso pasados 15 años

La Comunidad de Madrid presentará un recurso al Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el periodo 2009-2012 al entender que "se invaden las competencias propias" del Gobierno regional en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.

Así lo anunció el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado con carácter extraordinario en Fuenlabrada, en la que acompañado de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y del alcalde de la localidad, Manuel Robles, anunció la aprobación de impugnar esta normativa.

"Las competencias en materia de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas y a través de este decreto estatal se pretende condicionar las políticas de vivienda protegida de las comunidades", denunció González, quien señaló, que entre otras cosas, la norma "limita el ejercicio de la propiedad privada en cuanto al uso y disfrute de la vivienda".

Aguirre defiende la protección por 15 años
González explicó que hasta ahora las viviendas protegidas tenían un grado de protección que duraba durante 15 años a partir del cual el propietario que adquiría esa vivienda protegida podía descalificarla y venderla libremente en el mercado. Es decir, "esa vivienda que había adquirido con su esfuerzo y a través de su hipoteca, podía luego venderla y cambiar de casa yendo al mercado y obteniendo de la venta de la misma los recursos para poder pasar a otra vivienda", explicó.

Sin embargo, apuntó, "esto aparece limitado en el Decreto, se cercena la posibilidad de que haya una vivienda protegida donde el propietario pueda disponer de ella pasado el régimen establecido de protección, porque ahora es durante toda la vida de la vivienda", indicó González recalcando que ahora un propietario de vivienda protegida puede disponer "libremente" de ella y venderla a aquel "que considere oportuno".

En cambio, según denuncia la Comunidad de Madrid, el Real Decreto "impone la obligación de venderla sólo a aquellas personas que estén en un registro público de personas solicitantes de vivienda protegida". "Con lo cual no se le permite dejarla a sus hijos o a sus familiares en herencia, sino que obligatoriamente sólo puede disponer de ella a favor de ese registro", lamentó.

"A través de estas limitaciones se está cerciorando la capacidad de determinar el régimen de vivienda protegida, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y por eso, (el Gobierno madrileño) interpondrá en los próximos días un recurso", concluyó.

Un Plan de Vivienda... ¿de verdad para todos? (El Mundo)

Las familias numerosas se quejan de recortes en sus derechos
El Ministerio alega que aumenta el número de colectivos protegidos

¿Se inaugura con la crisis un periodo de 'sálvese quien pueda' que dejará en la cuneta inmobiliaria a inmensas minorías de españoles que adolecen de una atención singular en esta materia? O, por el contrario, ¿también en cuestiones de acceso a una vivienda está garantizada la discriminación positiva para quienes con más urgencia precisan un techo digno bajo el que cobijarse?

Todo está por ver en el incierto horizonte de estos días pero, de momento, sobre el papel, que todo lo aguanta, está garantizada la cobertura del Estado para los llamados colectivos de especial protección. Así, el Plan de Vivienda 2009-2012, que prevé una inversión total cercana a los 10.188 millones de euros, amplía los colectivos que tienen prioridad a la hora de disfrutar de una Vivienda de Protección Oficial (VPO).

En el texto se mantienen como beneficiarias de esta especial protección las familias con ingresos más bajos, personas mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y sus familias, familias numerosas y monoparentales con hijos, así como otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social que determinen las comunidades autónomas.

A ellos se les suman ahora las personas dependientes y quienes los tienen a su cargo, los separados o divorciados al corriente de pensiones alimenticias o compensatorias, si es el caso; los afectados por situaciones catastróficas y las personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación de la infravivienda.

De momento, y a la espera de que tan optimista horizonte se concrete en cifras de casas adjudicadas, los colectivos favorecidos coinciden en señalar lo positivo de recoger en un plan nacional este compromiso, si bien expresan sus temores de que todo se quede finalmente en papel mojado. "Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Veremos cómo se resuelve el tema, porque no sería justo que se tengan más posibilidades de acceder a una casa si eres una mujer maltratada de Madrid que si lo eres de otra provincia", apunta Ana María Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, con varias décadas de experiencia en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

En efecto, serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos los responsables de concretar el método de adjudicación, la cantidad y el tipo de hogares que se reserven para estos cupos de especial protección. "Está previsto que este proceso esté ultimado en el primer trimestre del año. A partir de ese momento se pondrán en marcha las medidas contenidas en el plan", informan en el departamento que dirige la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

"Finalmente, el Plan nacional no da instrucciones concretas. Los planes no entran en la adjudicación de las casas, sino que son los ayuntamientos los que determinan las prioridades. La normativa del Ministerio no exige nada", considera Pablo Olangua, director general de Gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Víctimas de violencia de género

(Foto: B. Rivas)
Concha [nombre falso] aguantó malos tratos de su ex pareja durante 10 años. Ahora paga menos de 300 euros por una piso público. 'Tenía tres hijos y ningún lugar al que ir si lo dejaba'

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El tristemente famoso colectivo formado por las mujeres que han sufrido malos tratos es uno de los que más esperanzas pone en la normativa que se deduzca del Plan nacional. La cifra de más de 80.000 condenas por este concepto desde 2005 ayuda a ilustrar el alcance del problema. "Y eso es sólo la punta del iceberg. Una vez que las mujeres se han recuperado de un drama que les produce secuelas de por vida necesitan un hogar como parte integrante del proceso de recuperación de su autonomía. Hasta este momento hemos vivido de todo. En ocasiones no se conseguía una casa de ninguna manera, pero poco a poco hemos ido logrando que esta sensibilidad cuaje en las administraciones. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha mostrado sensible, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que en este territorio se registró el mayor número de mujeres asesinadas el pasado año", refiere Ana María Pérez.

Según la experta, el tema es de vital importancia, en el más literal sentido de la expresión: "Lo más difícil para una mujer maltratada que denuncia es dejar a su verdugo, porque la vivienda es un instrumento de amenaza del agresor: 'Te vas a quedar en la calle con una mano delante y otra detrás'. Y los agresores no amenazan, sino que informan de lo que van a hacer. Tal y como están las cosas, la falta de vivienda puede ser un elemento de carácter disuasorio a la hora de denunciar al maltratador. Las mujeres tienen que irse pitando de su domicilio para salvar el pellejo, pero tienen miedo a quedarse sin un techo", explica Pérez.

Familias numerosas
Con menor optimismo valora la situación Jesús Contreras, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha. "Estamos escandalizados. El nuevo Plan de Vivienda ha quitado de un plumazo algunos de los logros conseguidos, como la excepción que permitía construir viviendas públicas de más de 90 metros cuadrados a fin de acoger a las familias numerosas. Ahora se ha dejado en manos de las administraciones autonómicas este punto, de forma que dependemos de su mayor o menor sensibilidad con el tema. Nos han condenado al hacinamiento", denuncia.

Otros aspectos que critican las familias con más de tres hijos es el, a su juicio, insuficiente margen que da el Ministerio para disponer de una renta familiar más elevada de lo común a la hora de solicitar una VPO y la prohibición de transmitir o ceder el uso de las VPO antes de 10 años, dificultando de esa manera el cambio de hogar cuando aumenta la prole.

Personas con discapacidad

(Foto: B. Rivas)
Elena Cruz reside en una casa pública adaptada desde hace seis años. 'Ojalá las administraciones siguieran apoyando, porque yo la tuve que comprar sin ayudas'

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En el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) lo tienen claro: "Las viviendas que se destinan actualmente a personas con minusvalía son hogares en los que nadie viviría si no tuviera una discapacidad: baños enormes, como sí la persona hiciera su vida en el aseo; o las habitaciones y pasillos llenos de barras de sujeción... No todos los discapacitados tenemos las mismas necesidades. Una persona sorda, por ejemplo, no necesita un baño enorme y sí que los avisos de emergencia sean también luminosos. La apuesta ha de ser por viviendas que resulten útiles para todos, con discapacidad o sin ella, aunque sabemos que esto no se consigue de la noche a la mañana", reconoce Óscar Moral, asesor jurídico de la institución.

Divorciados y separados

(Foto: Kike Para)
Carlos acaba de recibir una casa pública: 'Desde que el juez me dio la tarjeta roja había vivido con mi madre. No he podido tener una relación estable hasta este momento'

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"El problema cae como una losa sobre el padre que se separa. De la noche a la mañana se ve en la calle, pues la casa se queda en manos de los hijos en usufructo, y él tiene que buscar un nuevo hogar. Poder contar con la protección del Estado en ese momento para tener prioridad en la concesión de un piso es muy importante o, de lo contrario, se dan casos que conocemos bien de hombres que se han quedado en una situación de miseria absoluta: sin techo, pagando la hipoteca de la casa donde no viven, pasando una pensión alimenticia a sus hijos y, en ocasiones, una compensatoria a su ex esposa... Un callejón sin salida", explica Juan Luis Rubio, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS).

"Hay que dar respuesta al menos a los más urgentes. Lo ideal sería potenciar un parque de viviendas en alquiler para separados. Incluso hemos propuesto pisos compartidos, donde los que hayan pasado por una separación puedan vivir juntos, compartiendo los gastos, como hacen los jóvenes", refiere el responsable de la Asociación, quien considera que es falso que se estén produciendo menos rupturas matrimoniales por no disponer de una vivienda.