Las denuncias por obras ilegales en la capital se triplican en sólo un año (La Opinión)

El fiscal jefe lo achaca a una mayor concienciación del municipio y el edil de Urbanismo afirma que ahora se aplica la ley con mayor rigor que antes

Ahora que el urbanismo salvaje ha entrado en una dinámica de descrédito permanente y los resortes del Estado para luchar contra la corrupción ligada al ladrillo son más fuertes que nunca, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido endurecer su política en este ámbito y se ha convertido, junto con el de Vélez, en uno de los consistorios que más colabora con la represión de los delitos contra la ordenación del territorio.
No en vano, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital puso en conocimiento de la Fiscalía de Málaga 108 casos por construcciones ilegales en el término municipal detectadas a lo largo de 2008, una cifra que triplica a la registrada durante el ejercicio 2007 (30 expedientes).

Más dureza. Este mayor esfuerzo por reprimir las ilegalidades en materia urbanística fue alabado por el propio coordinador de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía, Juan Calvo-Rubio, quien explicó a este periódico en una reciente entrevista: "Ayuntamientos que yo destaque ahora mismo por su colaboración con el ministerio fiscal son los de Málaga y Vélez. Son significativamente las gerencias de Urbanismo que más diligencias ponen en conocimiento del fiscal".
La gran mayoría de estas infracciones dan origen a expedientes abiertos a ciudadanos o promotores que construyen en suelo catalogado como no urbanizable, algo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) califica como infracción penal.
¿Por qué se ha registrado esta fuerte subida? Especialmente por "el aumento del rigor y la mayor inflexibilidad con que se aplica ahora la LOUA", expone el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz.
El edil indicó que antes había cierta flexibilidad en la vigilancia urbanística, aunque después el Consistorio "decidió ser más riguroso e imponer un control estricto de la ley. Por ello, se reforzó el servicio de inspección con más recursos humanos y más medios".
De hecho, según Díaz, hay un inspector dedicado exclusivamente a vigilar este tipo de irregularidades. Por otro lado, el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, considera que existe "una mayor concienciación de los municipios", lo que se traduce en más colaboración con el ministerio público. Otro factor de este crecimiento está, según Morales, en la mayor efectividad de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la represión e investigación de estos delitos.
Un gran porcentaje de estos expedientes se abren a particulares o promotores que inician la construcción de una vivienda en un terreno de su propiedad pero que está calificado como no urbanizable. "Suele suceder que una persona dispone de un terreno en el campo y levanta una casita a través de la autoconstrucción", apunta. Suelen ser parcelas recogidas en la ley como de especial protección o que afectan a restos arqueológicos. "En estos casos somos especialmente inflexibles", señala Manuel Díaz.
Paralelamente al envío al fiscal de estas irregularidades, la Gerencia de Urbanismo incoa un expediente sancionador que suele acabar con la exigencia de que se restablezca la legalidad vulnerada. Ésta se restituye con la demolición de la construcción contraria a derecho. El concejal se muestra especialmente orgulloso de que la Fiscalía haya felicitado públicamente al Consistorio malagueño.

Investigaciones. En todo esto tiene mucho que ver el buen papel desempeñado hasta ahora por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía. Su coordinador, Juan Calvo Rubio, indica que durante 2008 se abrieron 400 diligencias de investigación, lo que supone un 15% más que en 2007.
De éstas, un amplísimo porcentaje está relacionado con construcciones ilegales. Las diligencias de investigación son incoadas por la propia Fiscalía cuando un particular, una asociación o un consistorio, por ejemplo, ponen en su conocimiento cualquier ilegalidad urbanística. El fiscal investiga y, si existen indicios de delito, finalmente las sospechas se sustancian en una querella en los juzgados de instrucción.
Calvo-Rubio aseguró en la entrevista ser consciente de la escasez de medios que arrastran determinadas administraciones locales para vigilar su propio territorio, lo que lógicamente se traduce en inactividad. "Sí parece que los municipios van entendiendo que hay una responsabilidad y que estamos para exigirla", precisa el acusador público.
En los últimos años, prácticamente la totalidad de las localidades de la provincia han sido investigadas por supuestas irregularidades urbanísticas. En algunos casos, la propia corporación ha estado detrás de las mismas. Parece que el caso de Marbella ha servido para que los municipios pongan más celo en sus atribuciones urbanísticas.