Entregó ayer a la jueza un informe que, presuntamente, demuestra que los socialistas "miraron hacia otro lado"
El Partido Popular presentó ayer finalmente los documentos que presuntamente demuestran que los socialistas conocían las irregularidades urbanísticas que se investigan dentro de la operación ´Arcos´, en el municipio de Alcaucín. Fue precisamente el portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien señaló que la trama afecta "muy de lleno" a la institución supramunicipal, razón por la que su partido se ha presentado como acusación particular en la causa.
Según el propio Salado, los escritos entregados a la jueza corresponden a las denuncias efectuadas por un militante del PSOE ante la anterior ejecutiva socialista y remitidas a los cargos de Marisa Bustinduy, Francisco Fernández España o Luis Reina. "Este militante transmitió su miedo por lo que estaba ocurriendo en Alcaucín y por las consecuencias para el partido en caso de que el escándalo estallase", explicó el popular, quien añadió que esta persona pidió que el ex alcalde, ahora detenido, no fuera candidato a la alcaldía de Alcaucín en las pasadas elecciones municipales.
Tras lo que Salado calificó como una "callada por respuesta", aseguró que el comité regional de ética del PSOE llegó a hacerle a su militante "una amenaza velada", argumentando que una de las competencias del comité es "velar por la honorabilidad y el patrimonio del partido, que son las personas que lo representan". Por tanto, Salado apuntó a la necesidad de exigir responsabilidades políticas a los cargos provinciales y regionales del PSOE "porque sabían lo que estaba ocurriendo y miraban para otro lado". "Es muy grave que se estén cometiendo irregularidades urbanísticas y que un partido mire hacia otro lado por tener una cuota de poder y una alcaldía, y no defender la legalidad urbanística de una zona de la Axarquía", sentenció el portavoz popular.
Consejería. En el frente contrario tomó la palabra el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien garantizó que la Administración autonómica ha actuado "ante todas las denuncias sobre las supuestas irregularidades urbanísticas". Además, para responder a la pregunta que le realizaba el popular Francisco Delgado, el consejero explicó que el Gobierno andaluz planteó veinte denuncias, hubo seis informes ante la Fiscalía y fueron impugnados hasta 29 acuerdos municipales desde 2005.
El Partido Popular presentó ayer finalmente los documentos que presuntamente demuestran que los socialistas conocían las irregularidades urbanísticas que se investigan dentro de la operación ´Arcos´, en el municipio de Alcaucín. Fue precisamente el portavoz del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien señaló que la trama afecta "muy de lleno" a la institución supramunicipal, razón por la que su partido se ha presentado como acusación particular en la causa.
Según el propio Salado, los escritos entregados a la jueza corresponden a las denuncias efectuadas por un militante del PSOE ante la anterior ejecutiva socialista y remitidas a los cargos de Marisa Bustinduy, Francisco Fernández España o Luis Reina. "Este militante transmitió su miedo por lo que estaba ocurriendo en Alcaucín y por las consecuencias para el partido en caso de que el escándalo estallase", explicó el popular, quien añadió que esta persona pidió que el ex alcalde, ahora detenido, no fuera candidato a la alcaldía de Alcaucín en las pasadas elecciones municipales.
Tras lo que Salado calificó como una "callada por respuesta", aseguró que el comité regional de ética del PSOE llegó a hacerle a su militante "una amenaza velada", argumentando que una de las competencias del comité es "velar por la honorabilidad y el patrimonio del partido, que son las personas que lo representan". Por tanto, Salado apuntó a la necesidad de exigir responsabilidades políticas a los cargos provinciales y regionales del PSOE "porque sabían lo que estaba ocurriendo y miraban para otro lado". "Es muy grave que se estén cometiendo irregularidades urbanísticas y que un partido mire hacia otro lado por tener una cuota de poder y una alcaldía, y no defender la legalidad urbanística de una zona de la Axarquía", sentenció el portavoz popular.
Consejería. En el frente contrario tomó la palabra el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien garantizó que la Administración autonómica ha actuado "ante todas las denuncias sobre las supuestas irregularidades urbanísticas". Además, para responder a la pregunta que le realizaba el popular Francisco Delgado, el consejero explicó que el Gobierno andaluz planteó veinte denuncias, hubo seis informes ante la Fiscalía y fueron impugnados hasta 29 acuerdos municipales desde 2005.
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