viernes, 27 de marzo de 2009

La justicia da al Ayuntamiento una semana para desalojar el Ovoide. Benalmádena (SUR)


La orden de desahucio del Centro Formación Permanente está fijada para el 2 de abril tras declarar un juez la resolución del contrato de arrendamiento El propietario reclamaba 1,5 millones por el edificio después de que la anterior Corporación no ejerciera la opción de compra por 180.000 euros
CRONOLOGÍA
9 de enero de 1997: El Ayuntamiento firma un contrato de arrendamiento con el propietario del edificio Ovoide por diez años a razón de 6.000 euros mensuales y una opción de compra.
9 de enero de 2007: Finaliza el contrato. Ya fuera de plazo, el entonces alcalde, Enrique Bolín, ordena pagar las mensualidades que se debían y ejercer la opción de compra, por 180.000 euros. El dueño lo rechaza al haber vencido el contrato y reclama 1,5 millones por el edificio.
24 de abril de 2007: Jesús Serafín Mayoral interpone una demanda de desahucio contra el Ayuntamiento.
30 de julio de 2007: Celebración del juicio.
30 de enero de 2008: El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torremolinos declara resuelto el contrato de arrendamiento y condena al Ayuntamiento a desalojar el Ovoide. Sin embargo, ambas partes acuerdan que el inmueble se siga usando como centro de formación hasta que los tribunales resuelvan definitivamente la demanda.
17 de octubre de 2008: La Audiencia Provincial de Málaga desestima el recurso presentado por el Consistorio.
2 de marzo de 2009: El Juzgado Decano de Torremolinos fija para el 2 de abril a las 10.00 horas la fecha en la que el edificio debe ser desalojado.
Día 2 de abril a las 10.00 horas. Ése es el plazo que un juzgado de Torremolinos ha dado al Ayuntamiento de Benalmádena para que desaloje el edificio Ovoide. No hay más margen de maniobra ni más negociaciones de por medio. El emblemático inmueble del Paseo del Generalife de Arroyo de la Miel, que durante años se ha venido usando como centro municipal de formación, volverá a manos de su propietario, algo que lleva reclamando desde enero de 2007, cuando venció el contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes. El actual equipo de gobierno está trabajando contra el reloj en busca de una salida que evite el traslado, aunque se antoja complicada.
La orden de desahucio, a la que ha tenido acceso este periódico, fue dictada el pasado 2 de marzo y llega después de que la Audiencia Provincial desestimara en octubre de 2008 el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torremolinos en la que se declaraba resuelto el contrato y se condenaba al Ayuntamiento a dejar libre el edificio.
El propietario, con domicilio en Badajoz, interpuso la demanda en 2007, después de que el Consistorio le adeudara varias mensualidades acordadas en el contrato de arrendamiento, suscrito en 1997 por un periodo de diez años a razón de 6.000 euros mensuales. El acuerdo contemplaba una opción de compra durante ese periodo, cuyo precio sería el que resultara de deducir a 900.000 euros, más IVA, las cantidades abonadas hasta la fecha, que por entonces ascendían a 720.000 euros. La opción de compra debería notificarse con un mes de antelación a su vencimiento. Sin embargo, no fue hasta ya cumplido el plazo cuando el entonces alcalde, Enrique Bolín, ordenó pagar esas deudas y la cantidad prevista en el contrato (180.000 euros), algo que Jesús Serafín Mayoral, el dueño del edificio, rechazó de plano.
De este modo, la nueva Corporación surgida de las elecciones de mayo de 2007 dos meses después con una orden de desahucio y con la obligación de abonar 1,5 millones de euros para poder seguir utilizando las dos plantas del inmueble. Pese a ello, el Ovoide ha seguido albergando las actividades formativas organizadas hasta la fecha en virtud de las negociaciones llevadas a cabo por el alcalde de la ciudad, Javier Carnero. A nivel político, en enero de 2008 se constituyó una comisión de investigación -con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE, IU y los entonces ex concejales de MPB), la abstención de PP e IDB y la oposición del GIB- para aclarar los motivos por los que no se ejerció la opción de compra y depurar las responsabilidades oportunas sin que, de momento, se haya sabido nada.

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