concretado aún si ésta conseguirá gratis el suelo para el parque
20.03.2010 -
Imagen aérea reciente de la zona de Arraijanal. ::OMAU / AYTO. DE MÁLAGA
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prepara el Ayuntamiento de Málaga ya ha pasado a la historia de los elaborados para diseñar el crecimiento de la capital en las últimas décadas. Tras casi seis años de confección y tramitación, el documento se ha convertido en el que más ha tardado en cocinarse. De hecho, después de todo este tiempo, puede decirse que todavía no está preparado para ser servido y que tampoco está clara la salsa con la que va a ser condimentado. El conflicto de criterios urbanísticos entre el Consistorio y la Junta de Andalucía han terminado por enfriar un plan que fue aprobado inicialmente en 2006 y que cada vez tiene menos que ver con la receta bajo la que se empezó a desarrollar.
Tras el último encuentro bilateral para intentar avanzar en el desbloqueo del documento después de que fuera rechazado en su totalidad por el Gobierno andaluz en el verano del pasado año, las dos administraciones han mantenido reuniones a nivel técnico para abordar cuestiones puntuales como el trazado de determinadas carreteras o el tratamiento urbanístico para los suelos que enmarcan el trazado de los arroyos. Estas reuniones todavía no han terminado y seguirán produciéndose en los últimos días de marzo y a lo largo de la primera quincena de abril. No obstante, según fuentes consultadas, para el mes de mayo, se habrán dilucidado todos los aspectos técnicos y quedará sólo pendiente la que se ha convertido en la gran incógnita del PGOU: Arraijanal.
En el documento deberá recogerse o no la operación para que la Junta pueda obtener gratuitamente estos terrenos, situados junto a Guadalmar, en los que ha proyectado un parque metropolitano. De que el PGOU quede adaptado para hacer posible la adquisición de la parcela de Arraijanal depende que el Gobierno andaluz tenga que emplear o no una elevada cantidad de dinero en la compra del suelo. Según el Ayuntamiento, el Gobierno andaluz se ahorra casi 200 millones de euros si se plasma en el Plan General la compensación a los dueños de la finca con derechos edificatorios en otras zonas de la ciudad, por lo que el alcalde, Francisco de la Torre, le pide una contraprestación en forma de fondos europeos que gestiona el Ejecutivo regional para proyectos que suman 138 millones de euros. Sin embargo, la respuesta de la Junta a esta petición ha sido hasta el momento negativa, si bien se han retomado los contactos a nivel técnico para analizar los proyectos, aunque al margen del plan.
Así, Arraijanal y el PGOU se han convertido en una moneda de cambio entre la Administración local y regional, lo que, lejos de agilizar la aprobación y entrada en vigor del documento, lo introduce de lleno en las arenas movedizas de la política, que se irán calentando cada vez más a medida que se aproximen los comicios municipales del año que viene. No obstante, llegará dentro de uno o dos meses el momento en el que el plan quede concretado a nivel técnico -el equipo de gobierno está dispuesto a asumir las indicaciones de los informes autonómicos para que no vuelva a ser rechazado- y el alcalde tenga que tomar la decisión de permitir o no que la Junta obtenga Arraijanal sin coste alguno. Las dos opciones son viables a nivel técnico y jurídico. De este modo, el plan quedará totalmente condicionado por el juego político preelectoral.
Corrientes de opinión
En ese sentido, según fuentes consultadas por este periódico, existen dentro del ámbito local del PP dos corrientes de opinión. Por un lado, están los que consideran que el PGOU debe ser aprobado y entrar en vigor cuanto antes (con todo, le puede quedar casi un año más de tramitación en condiciones normales, ya que debe ser aprobado de nuevo provisionalmente e informado por varias instituciones hasta llegar de nuevo al veredicto de la Junta) para impulsar las expectativas de negocios del sector inmobiliario, que se encuentra parado por la crisis, y hacer posible que entren en vigor nuevas normativas como las que amplían el tamaño de las plazas de aparcamiento y de los 'minipisos'. Con tal de ello, no tienen inconveniente en hacer posible que el Gobierno andaluz obtenga el suelo de Arraijanal para el parque sin coste alguno.
Por otra parte, están los que argumentan que no se puede entregar gratis a la Junta algo que podría costar varias decenas de millones de euros, y apuestan por aguantar hasta conseguir alguna contraprestación para la ciudad, que incrementaría la edificabilidad de determinados sectores con tal de dar respuesta a las pretensiones de la Administración regional. Estos apoyan su postura en que todavía quedan por construir más de 33.000 viviendas del PGOU que aún está en vigor, por lo que no es tan necesario disponer de un nuevo plan, máxime cuando el sector de la construcción está paralizado.
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