La Plataforma de Vecinos pide participar en la elaboración del nuevo planeamiento. Estepona (SUR)

Rechazan que las líneas de la adaptación del PGOU a las normas de la Junta sean impuestas por representantes políticos. Solicitan la anulación del contrato con el redactor del documento porque dicen que ha incumplido sus compromisos

La Plataforma de Vecinos de Estepona quiere contribuir en la redacción del nuevo planeamiento de Estepona. Tras la aprobación el pasado viernes en pleno de la propuesta para adaptar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la normativa urbanística de la Junta de Andalucía, el colectivo ha solicitado que se dote de participación a los vecinos del municipio en este trámite de adaptación, así como en el de revisión del documento. En este sentido, la Plataforma de Vecinos agradeció la actitud del alcalde de Estepona, David Valadez, de convocar a los miembros de todos los grupos políticos a reuniones con los técnicos de la Administración andaluza para informarles sobre el proceso de adecuación del planeamiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
«Como colectivo preocupado por la problemática que afecta al municipio, entendemos que un PGOU que va a incidir notablemente en la vida del pueblo, tiene que ser participativo. En la Plataforma Vecinal no deseamos que las líneas de adaptación del PGOU a la LOUA sean impuestas por los poderes políticos o las grandes promotoras», manifestaron desde el colectivo en un comunicado.
Los 'campitos'
Uno de los aspectos que más preocupa a la Plataforma de Vecinos es la regularización de los diseminados rurales. «El planeamiento ha de reconocer la situación de los 'campitos' y darle una solución digna que reparta las cargas y responsabilidades bajo el denominador de justicia para todos los afectados, que se cifran en más de 6.500», agregaron.
El proceso de revisión del actual planeamiento, que dirige el arquitecto Enrique Bardají, no cuenta sigue sin suscitar el apoyo de este colectivo. Desde la plataforma ya manifestaron que el documento de aprobación inicial del plan aportado al Consistorio hace casi un año -y que no se ha aprobado aún en pleno- «no se ajustaba a la realidad de Estepona». «Este estudio de arquitectura no ha progresado en su trabajo pero ya ha cobrado de las arcas municipales la cantidad de 997.139 euros», recordaron desde el colectivo. Asimismo, indicaron que el documento que presentó Bardají no se ajustaba a las directrices de la Junta de Andalucía y solicitaron al Consistorio que suspenda el contrato de revisión del PGOU con el arquitecto.
En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento está estudiando la continuidad del contrato con Bardají. Los técnicos municipales tendrán que emitir un informe sobre la posibilidad de suspender o rescindir el contrato según el grado de cumplimiento del mismo.

El Ayuntamiento saca a licitación una de las tres rutas de carriles bici del Centro (SUR)

El trazado está formado por tres tramos, uno de ellos desde el norte

El Ayuntamiento de Málaga ha sacado a licitación pública el proyecto de construcción del itinerario ciclista III Málaga Centro, que comprende el eje norte-sur y la conexión Norte-Centro-Este. El presupuesto del contrato asciende a 712.500 euros y el plazo de ejecución de los trabajos se fija en diez meses.
El primer itinerario que sale a licitación tiene una longitud de 5,3 kilómetros y se convierte en una pieza clave para potenciar e impulsar el uso de la bicicleta como modo de transporte en la ciudad, dentro del plan que tiene establecido el Área de Movilidad.
La ruta objeto de este proyecto discurre por las calles Ingeniero José María Garnica, Explanada de la Estación, avenida de las Américas, Callejones del Perchel, glorieta Albert Camus, plaza del Poeta Manuel Alcántara, Hilera, Armengual de la Mota. Mármoles, Jaboneros, Juan de Austria, Doctor Gálvez Ginachero, Mazarrero, Arroyo de los Ángeles, paseo de Martiricos, puente de Armiñán, Cruz del Molinillo, San Bartolomé, Parras, plaza Montaño, Madre de Dios, plaza de la Merced, Alcazabilla, Travesía Pintor Nogales y paseo del Parque
Las obras que la empresa adjudicataria tendrá que hacer son demoliciones, pavimentación, señalización, semaforización, mobiliario urbano y alumbrado. El plazo de presentación de ofertas terminará el próximo día 24 de diciembre.
La red básica de itinerarios para bicicletas comprende unos 40 kilómetros de viales y la inversión inicial asciende 1.150.000 euros.

Un libro denuncia las prácticas del acoso inmobiliario en Málaga (SUR)

La Oficina del Defensor del Ciudadano recoge una veintena de casos de 'mobbing'. La guía marca las pautas para las víctimas

El acoso o 'mobbing' inmobiliario es la historia de David contra Goliat del siglo XXI. Pero los inquilinos no están solos en esta batalla. Ése es el mensaje que se desprende del libro 'El acoso inmobiliario: una lucha desigual', elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, el primer título que trata de forma específica este problema y que desgrana una veintena de casos en la provincia como ejemplo de un problema que viven a diario cientos de personas.
El libro establece las prácticas más comunes del acoso inmobiliario y establece las pautas que debe seguir el inquilino para no ceder a las pretensiones de los propietarios. Olvidar el mantenimiento, destrozar la vivienda, negarse al cobro del alquiler o proferir amenazas y denuncias son las armas que utiliza el acosador. Por su parte, el acosado debe recoger el máximo de documentación sobre el caso, conocer la situación jurídica del inmueble, pagar el alquiler y que quede constancia, denunciar las deficiencias del inmueble y acudir a asociaciones y entidades que se encarguen de defender sus derechos para evitar que le expulsen del piso de forma irregular.
Falta de información
«El problema es que las víctimas del mobbing inmobiliario suelen ser personas mayores y personas con pocos recursos que desconocen sus derechos como inquilinos de renta antigua», afirma Francisco Gutiérrez, Defensor del Ciudadano.
Gutiérrez explica que ya se están dando las primeras sentencias sobre estos casos que sentarán precedentes en el futuro. Además, explica que la vía judicial no es la única y que la mediación que realizan instituciones como el defensor del ciudadano están solucionando muchos conflictos. El libro, que se presentó ayer en un acto en la Diputación de Málaga, cuenta con la colaboración de los colegios de Abogados, Aparejadores y Arquitectos de Málaga, además del Defensor del Pueblo andaluz y del recién nombrado fiscal antiacoso de Barcelona. MÁS INFORMACIÓN I Defensor del Ciudadano. 900 115 900

La superficie construida en la costa sube un 22% en sólo seis años (El País)

El hormigón se come al día unos 140.000 metros cuadrados de la primera línea - El ritmo de destrucción del litoral se ha duplicado con la burbuja inmobiliaria

Para ver bien la huella del urbanismo salvaje en el litoral conviene tomar distancia. Lo mejor es elevarse miles de metros, donde los satélites miden con frialdad y precisión la superficie urbanizada. Así lo hace periódicamente el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, que está terminando de analizar el censo del suelo de 2005 y cuya comparación con el último dato, de 2000, es escalofriante. Según un avance de las cifras, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha aumentado un 21,85% en sólo seis años. El ritmo se ha duplicado respecto al anterior periodo estudiado (1987-2000).

Valencia y Huelva, provincias en las que más crece el cemento, un 50%

Medio Ambiente se ofrece a comprar todo el suelo rústico del Mediterráneo

Hay un muro de cemento en la costa sin uso la mayor parte del año
Carolina de Carvalho, investigadora del Observatorio de la Sostenibilidad de España, un organismo del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá (Madrid), anunció el lunes en unas jornadas sobre gestión del litoral en A Coruña que está ultimando un informe a partir de los datos de Fomento y que ya están los primeros datos. Aunque este estudio por satélite no es tan preciso como otros más recientes, tiene de bueno que ya se hizo un estudio similar en 1990 (con imágenes de 1987) y otro en 2000. El estudio, llamado Corine Land Cover, se hace en toda Europa y es la principal fuente para medir la tendencia y la evolución del urbanismo. Los datos, pendientes de las últimas revisiones, pueden variar en décimas, pero no en lo sustancial.

En sólo seis años, la superficie cementada aumentó un 23% en el Mediterráneo y un 19% en el Atlántico (incluye el Cantábrico y Huelva y Cádiz). Esto significa que en seis años se construyó la cuarta parte de lo edificado los 2.000 años anteriores. Los datos de Canarias no están disponibles.

El ritmo de destrucción del litoral se duplicó con respecto al periodo anterior (1987-2000). Entonces, el hormigón se comía al día 73.000 metros cuadrados, y entre 2000 y 2005, casi el doble: 140.044 metros cuadrados diarios (14 hectáreas). Aunque en el Atlántico se construye la mitad que en el Mediterráneo, también allí se ha duplicado la velocidad.

Los expertos destacan que en los años 90 la construcción estuvo parada entre 1992 y 1997 y que en el periodo ahora analizado el boom fue constante. Eso explica lo espectacular de los datos. Y es que la burbuja inmobiliaria no sólo ha dejado una generación de españoles hipotecados por pisos que no valen lo que pagan sino que se ha cebado con un recurso no renovable y uno de los principales activos de España: la costa.

Actualmente, el 27,5% del Mediterráneo está ya cementado, cuando cinco años antes sólo el 22% estaba construido y en 1987 sólo el 16%.

Al ritmo de los últimos años, en 2071 no quedaría un metro libre en los dos primeros kilómetros de la costa mediterránea. Además, hay que tener en cuenta que la ocupación sería aún mayor si el estudio tratase los primeros 500 metros de litoral. Las costas de Valencia y Huelva, con un aumento del suelo urbanizado de alrededor del 50%, son lasque más han visto crecer el ladrillo, según el avance de los datos.

Aunque el Observatorio de la Sostenibilidad no hace públicos los datos, ya ha circulado entre investigadores. En toda la provincia de Murcia, la superficie urbanizada aumentó un 58%; en Alicante, un 32%; en Castellón, un 134%, según las cifras preliminares del Corine Lan Dover 2005.

Carvalho explicó en el seminario organizado por la Fundación Pedro Barrie de la Maza que España ha creado "un muro de cemento en la costa que está vacío la mayor parte del año", en alusión a las segundas residencias.

En la misma jornada, el subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, definió con sinceridad: "La costa está hecha unos zorros y cada uno va a lo suyo. Los constructores quieren edificarlo todo, los de Greenpeace, que no se toque nada y los pescadores, pescarlo todo. El resultado es lamentable".

Juan López de Uralde, director de Greenpeace, afirmó que la situación del litoral demuestra que la Ley de Costas, aprobada en 1988, "no ha funcionado". "Nos explicaron que el litoral se había destruido en los años 70, cuando se cargaron La Manga del Mar Menor o Benidorm. Pero era falso. El ritmo de construcción actual es mucho mayor que entonces". López de Uralde alertó de que el riesgo ahora es que quedan millones de metros cuadrados recalificados y listos para que los construya quien tenga dinero, si puede -y se atreve-. Si no lo hace ahora, lo hará en unos años. Y puso como ejemplo que el hotel del Algarrobico comenzó a construirse en 2003 pero que fue aprobado en 1988, antes del estallido inmobiliario de principios de los 90: "Dentro de 10 años saldrá un plan salvaje y la gente dirá que eso se aprobó antes del crack de Lehman Brothers".

Para preservar lo que queda de costa, Peña reveló que entre las medidas que impulsa el Gobierno está la adquisición de todo el suelo agrícola de los primeros 500 metros del litoral mediterráneo peninsular. El ministerio está dispuesto a comprar todo ese suelo pero lo hace ofreciendo precios muy bajos, sin "tener en cuenta las expectativas de revalorización, a un precio de uno o dos euros por metro cuadrado", según Peña.

Medio Ambiente considera que en el litoral mediterráneo peninsular puden quedar unas 1.500 hectáreas aún no declaradas urbanizables y que comprarlas todas costaría entre 150 y 300 millones de euros, aunque el Gobierno es consciente de que la mayoría de los propietarios no aceptarán su oferta. "El plan de compra es aceptable porque no esperamos una avalancha. No podemos pagar las expectativas si alguien pretende enriquecerse, pero sí pagar a un euro el metro cuadrado y hacer una expropiación por mutuo acuerdo".

Aunque no hay una partida presupuestaria específica para esta compra, Peña zanja: "No se dejará de adquirir ninguna parcela por falta de dinero. Tenemos un presupuesto de 200 millones que podemos enfocar a las compras. En el peor de los casos habría que retrasar alguna operación". Medio Ambiente ya ha adquirido así unos terrenos en el Delta del Ebro. Estos terrenos pasan a formar parte del dominio público marítimo terrestre, lo que implica que nunca podrán urbanizarse. Así se salvaría algo de costa virgen. Porque la virginidad sólo se pierde una vez.

Aifos encara la suspensión de pagos por una deuda de 850 millones (El País)

La promotora inmobiliaria Aifos se enfrenta al concurso necesario de acreedores que ha instado ante el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Málaga una de sus empresas acreedoras, según fuentes jurídicas. La compañía soporta actualmente una deuda de unos 850 millones de euros. Entre sus principales acreedores se encuentran el Banco Popular (con unos 200 millones de euros) y el Banco Pastor (unos 150 millones de euros), además de diversas cajas de ahorros.

Asimismo, en la lista de acreedores de Aifos también destaca un conjunto de 96 particulares y empresas proveedores de la compañía, fundamentalmente de Málaga, Córdoba y Madrid, a las que, según las mismas fuentes, la empresa podría adeudar impagos desde hace dos años.

Precisamente, ha sido una de estas empresas (Gestión de Obras y Reformas, SL) la que la pasada semana decidió instar el concurso de acreedores. La suspensión de pagos de Aifos sería así una de las mayores del sector en España, junto a las solicitadas por Martinsa-Fadesa y Tremón.

La decisión de la empresa proveedora de Aifos de instar el concurso de la compañía podría haber derivado de la noticia de la presentación de concurso voluntario de acreedores de Tremón. Según las mismas fuentes, dados los problemas de liquidez que Aifos atravesaba desde que se destapó su vinculación con el caso Malaya, la inmobiliaria habría optado por pagar a sus proveedores con pagarés que a su vez había recibido de Tremón.

Operación Malaya
Tremón compró hace unos años a Aifos unos suelos en la Costa de Sol. La operación se pagó, una parte en efectivo, otra con subrogación hipotecaria y una tercera mediante la entrega de pagarés por importe total de 63 millones de euros y que vencían el pasado 17 de noviembre.

Aifos, una de las primeras promotoras de Andalucía, es propiedad de Jesús Ruiz Casado, uno de los imputados por la operación Malaya. Ruiz Casado y el entonces director general de Aifos Jenaro Briales fueron detenidos en julio de 2006 y quedaron en libertad en una semana tras pagar fianzas de 200.000 y 500.000 euros, respectivamente.

Aifos cuenta con una plantilla de unos 2.000 trabajadores. Está especializada en viviendas de segunda residencia.

Promotores presentan 2.045 viviendas para VPO (El País)

Los promotores inmobiliarios llevan presentadas a la Junta 2.045 viviendas libres para su conversión en vivienda protegida (VPO), según indicaron fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estas fuentes precisaron que de esas 2.045 viviendas ya hay 711 que han obtenido la calificación provisional, un trámite con el que el empresario puede comenzar a construir los inmuebles. Las 1.334 VPO restantes están en proceso de tramitación para ser calificadas.

Almería es, con 1.074 viviendas, la provincia que encabeza este registro. Se trata de la que cuenta con un mayor número de viviendas presentadas en este proceso. Un total de 330 de ellas han recibido la calificación provisional. Las 744 restantes están tramitándose.

Le sigue Jaén, donde se ha solicitado la calificación para 425 VPO. Un total de 166 han pasado por este trámite. Las 259 restantes recibirán la calificación provisional "en breve". En Cádiz se ha registrado la petición para 205 inmuebles, de los cuales 48 ya están calificados provisionalmente y 157 están en tramitación.

A continuación, figura Málaga, donde la solicitud de calificación para VPO afecta a 165 viviendas, de las que 27 pueden comenzar las obras. Las 138 restantes están en tramitación. En Sevilla las solicitudes para transformar la vivienda libre a protegida contemplan 74 inmuebles (todos en tramitación). En Granada la cifra se eleva a 57 viviendas (todas en tramitación).

En Huelva, los inmuebles registrados en este proceso suman 45, de los cuales 29 han recibido la calificación provisional y 16 están a la espera de ello. En Córdoba, no se ha registrado ninguna petición.

Almunia prevé que la crisis de la vivienda se resolverá en 'un año, año y medio o dos años' (El Mundo)

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ha declarado que la crisis de la vivienda en España "no se resuelve en unos pocos meses", sino que "hay que contar con período de año, año y medio o dos años".
Así lo ha asegurado Almunia, quién ha subrayado que hay que ser "claro y realista" porque "las crisis de vivienda tradicionalmente tienen su plazo de ajuste, que no es inmediato", antes de impartir en Sevilla la conferencia 'Respuesta europea a la crisis global'.
"Sin duda, arreglar la crisis de la construcción en un momento en el que hay además una crisis financiera y con unos niveles muy bajos de actividad económica es muy difícil", señala. "En estos momentos hay cientos de miles de viviendas que hay que sacar al mercado y que los promotores o constructores no pueden financiar si no las venden".
Asimismo, Almunia ha explicado que para financiar las viviendas hay que llevar a cabo instrumentos "como los que está poniendo en marcha el Gobierno andaluz", que ha acordado con las entidades financieras el Plan Concertado de Vivienda y Suelo.

El alquiler con opción a compra, al alza (El Mundo)

Tiempos difíciles, soluciones a medida. El alquiler con opción a compra se está convirtiendo el sistema elegido por miles de españoles cuyo sueño es poseer una vivienda en el día de mañana sin tener por ello que esperar. Las promotoras e inmobiliarias han captado el mensaje y están sacando interesantes ofertas al mercado. El alquiler con opción a compra ya no es sólo cosa de la promoción pública de viviendas.

Con el grifo de la financiación prácticamente sellado, la reactivación indirecta de la compraventa de viviendas pasa por el arrendamiento. Aunque pueda parecer contradictorio, el alquiler se ha convertido en la prórroga perfecta para futuros propietarios. En España, donde la adquisición de casa gana por goleada al alquiler, esta apuesta está calando con mucha fuerza.

El alquiler con opción a compra permite a los inquilinos recuperar parte de la renta desembolsada durante unos determinados años. Aquí no tiene cabida aquello de que "alquilar es tirar el dinero". Normalmente, las promotoras llegan a un acuerdo con los futuros compradores para que estos vivan durante unos años en régimen de alquiler y cuando ellos decidan adquirir el inmueble puedan reducirse del precio total parte de lo pagado durante su estancia de arrendamiento.

El porcentaje a descontar dependerá del contrato y será mayor cuanto antes se ejerza el derecho a compra. Sin duda, una buena solución para aquellos amantes de la propiedad y que hoy no pueden conseguir un préstamo hipotecario. El paso de los años tampoco suele engordar el valor de la vivienda, que será el pactado desde un principio.

http://sv.elmundo.es/sv//especiales/2008/11/alquiler_opcion_compra/index.html

Un nuevo 'Pocero Bueno' aparece en Tenerife (El Mundo)

Urcanasur, de la que es socio Juan Rumeu, compró suelo barato hace más de siete años
La sociedad de la que forma parte tiene el proyecto y la licencia para realizar las casas

El 'efecto Pocero Bueno' también llega a Canarias. Juan Rumeu, socio de la promotora Urcanasur, ha anunciado que esta empresa construirá en el bario La Gallega de la capital tinerfeña viviendas de protección oficial para jóvenes con precios que oscilarán entre los 75.000 y los 115.000 euros. Una iniciativa que nos recuerda mucho a la de José Moreno en Fuenlabrada, pero en este caso el promotor canario cuenta con suelo, que compró hace siete años, para hacer las casas.

Las casas más baratas tendrán 42 metros útiles y las más caras 70

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Las viviendas más baratas tendrán 42 metros cuadrados útiles y las más caras 70, y en todos los casos los compradores dispondrán de dos habitaciones, garaje y trastero, indicó Juan Rumeu.

La construcción constará de 108 viviendas de protección oficial que tienen calificación propia y en régimen general medio, indicó el promotor. Además, añadió que la sociedad de la que forma parte tiene el proyecto y la licencia para realizar las casas, por lo que ahora comenzarán con la fase de comercialización.

Juan Rumeu ha explicado que estas viviendas serán para jóvenes de 18 a 35 años, que podrán recibir la subvención de 12.000 euros que da el Gobierno de Canarias. La promotora compró el suelo hace más de siete años a un precio "razonable" y no como ha ocurrido durante los últimos años, que ha sido una "locura", afirma Juan Rumeu.

La empresa promotora obtendrá un 'pequeño' beneficio con la construcción

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El promotor ha asegurado que la empresa promotora obtendrá un "pequeño" beneficio con la construcción de estas viviendas de protección oficial para jóvenes pero "al menos seguiremos en el mercado", comentó Juan Rumeu.

Rumeu reconoce que lo que están haciendo "no deja de ser un negocio más, pero en lugar de hacer viviendas libres toca que sean de protección oficial". En el mismo sentido, comenta que, dada la necesidad que tienen los jóvenes de adquirir una vivienda y que el Gobierno les presta ayuda económica, los socios de la empresa consideraron que merecía la pena realizar el proyecto.

La promotoras desatan una guerra de precios en Urbe con descuentos de hasta el 62% (El Mundo)

Guerra de precios para combatir la crisis. La feria inmobiliaria Urbe es desde este jueves el escenario de una agresiva competencia entre las promotoras por captar clientes con descuentos que llegan hasta el 62% y con viviendas con precios por debajo de los 60.000 euros. Los pisos se han abaratado de media un 20% en el certamen como reflejo de lo que sucede en el mercado valenciano de la construcción.

En su octava edición, Urbe ha acusado la crisis del 'ladrillo' con intensidad, hasta el punto de que sus organizadores dudaron sobre su celebración. El certamen, que se podrá visitar hasta el domingo, ocupa sólo un pabellón en Feria Valencia, frente a los cuatro del año pasado. A la llamada del comité organizador han acudido 70 expositores, menos de la tercera parte de los 230 de 2007, en su mayoría de la provincia de Valencia. El comité organizador espera la visita de 22.000 personas, la mitad del ejercicio anterior.

Sin embargo, el 'adelgazamiento' de Urbe tiene su lado positivo. La feria ha acentuado su perfil comercial, es decir, los expositores acuden a ella a vender y los visitantes a comprar. Atrás quedaron otras ediciones en los que se primaba la presentación de grandes proyectos urbanísticos y se utilizaba el certamen como escaparate publicitario. En ese contexto, la directora comercial de Primer Grupo, María Pocoví, cree que Urbe avanza hacia un modelo «profesional», de menos tamaño, «para ajustarse al mercado inmobiliario».

En un momento tan delicado para el sector, las empresas han acudido a Urbe con una idea clara: aligerar el 'stock' de viviendas. No hay una cifra sobre cuántas se han puesto a la venta, según admitió el presidente de Urbe, José Luis Miguel, pero sí de qué tipo son. La gran mayoría de los inmuebles son para el segmento medio y bajo del mercado, con especial protagonismo para la vivienda protegida. Muchas promotoras dan la opción del alquiler con opción a compra.

Gancho comercial
El aspecto más destacado de esta feria es la política de descuentos de la mayoría de los promotores. Si el año pasado el gancho comercial eran los regalos, en 2008 es el producto más barato. Las rebajas oscilan entre el 10% y el 62%. En la feria podían verse apartamentos amueblados, de 40 metros cuadrados, a 59.000 euros, o adosados a 82.000 euros, todos ellos fuera de Valencia. La segunda residencia (vacacional) se ha reducido al mínimo.

Según las promotoras consultadas, la rebaja media de precios ha sido de un 20% respecto al año pasado. Esta caída coincide con el mercado inmobiliario valenciano desde 2007, explicó el presidente de Urbe, quien vaticinó que caigan otro 10% en 2009. Miguel advirtió de que los clientes deben invertir «ya» porque el margen para ajustar precios se agota. Los directores comerciales de Edival y Nederval, Fernando Pérez-Escariz y Vicente Morata, coincidieron en que sus empresas ya no abararatarán las viviendas en 2009.

El producto en Urbe es el terminado. El miedo a las suspensiones de pagos de promotoras hace que los clientes descarten comprar sobre plano. El 'stock' de viviendas asciende a 120.000, el 10% de España. Miguel cree que se necesitan cinco años para colocar esos inmuebles, por lo que la opción de nuevas promociones está descartada para la mayoría de firmas. A su juicio, las áreas metropolitanas de las grandes ciudades son las más perjudicadas por la crisis.

Promotores niegan que el plan de la Junta y la banca facilite la compra de VPO (Málaga Hoy)

Constructores malagueños y varios entes públicos estiman que los criterios que se exigirán para la concesión de créditos son de difícil cumplimiento y excluyen a muchos adjudicatarios
El acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía con las entidades financieras de la región para tratar de solucionar los problemas a los que se enfrentan miles de ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda de protección oficial (VPO), ante la imposibilidad de recibir un crédito por parte del banco o la caja de ahorros, no parece que vaya a clarificar el actual escenario. Así al menos lo piensan en la provincia de Málaga los constructores y algunas instituciones públicas encargadas de la promoción de este tipo de productos residenciales, como el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa Provincial de Vivienda (Emprovima), dependiente de la Diputación.El compromiso que el pasado miércoles suscribió el presidente andaluz, Manuel Chaves, con los máximos dirigentes de las principales entidades andaluzas incluía, además de la financiación necesaria para poner en marcha en Plan Concertado de Vivienda y Suelo Andaluz 2008-2012, en el que se contempla la ejecución de 132.000 viviendas sociales, la fijación de cuatro requisitos mínimos para que toda persona que opte a una vivienda protegida pueda ser merecedora de un préstamo bancario. El escenario que dibuja este póquer de condiciones es de difícil cumplimiento para muchos de los que acuden a los concursos de VPO ante el muro que supone la adquisición de una casa de renta libre, cuyo precio duplica, en muchos casos, el de la vivienda social. Primero, se exige que el solicitante no sea moroso y no tenga impagos anteriores; segundo, que acredite un sueldo que tenga al menos tres años de antigüedad; tercero, que los ingresos que le queden a esa persona o familia tras pagar la mensualidad de la hipoteca sea superior a los 600 euros, y cuarto, que las cuotas de todos los préstamos que tenga sean menores al 40% de la renta declarada.Este abanico de exigencias no supone mejora alguna respecto a las condiciones que en estos momentos exigen las entidades financieras y que han provocado que muchos de los beneficiarios de una VPO hayan tenido que renunciar a ella ante la negativa del banco a concederle el crédito.Entre los molestos por el escaso avance del pacto están los promotores y constructores, que si bien valoran que "se pongan unos marcos concretos para las reglas del juego", estiman que los requisitos fijados "siguen siendo un poco los de antes, con lo que la concesión del crédito sigue estando en manos de las entidades financieras". A este respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia, Violeta Aragón, recordó que la petición del sector es que todos aquellos ciudadanos que sean adjudicatarios de una VPO puedan disponer de un préstamo."Vuelven a ser demasiados requisitos, que todos unidos son difíciles de cumplir", insistió, al tiempo que anunció que su organización hará un estudio más pormenorizado del acuerdo para "ver si los criterios afectan a una gran parte de la población o no y si fuese así contactaríamos con la Consejería de Vivienda".En esta misma línea, el responsable de Emprovima, Esteban Martín, pidió a la Administración autonómica que explique "dónde está la novedad" del acuerdo, del que dijo beneficia a las entidades financieras, que "no arriesgan nada". "Esto no va a solucionar los problemas que ya tienen muchos adjudicatarios de VPO", comentó el diputado provincial, quien consideró que la iniciativa "excluye" a la práctica totalidad de los jóvenes que cobren entre 800 y 900 euros. "Cuando estábamos en la época del pelotazo inmobiliario, los bancos daban créditos con hasta un 60% de endeudamiento, pero ahora no", sentenció.A juicio del responsable de Emprovima, una posible alternativa pasa por potenciar las viviendas en alquiler con opción a compra. Un extremo en el que se muestra de acuerdo el gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga, José María Cerezo, quien apuntó que esta modalidad supone el pago de una renta mensual de poco más de 200 euros y permite su adquisición pasados diez años. En cualquier caso, a juicio del responsable del IMV, la iniciativa del Gobierno andaluz "puede suponer un aumento de las familias que no tengan capacidad para asumir las cargas de una hipoteca". "El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la elaboración de un plan municipal de vivienda para conocer el perfil de los demandantes y los ingresos medios que tienen", anunció.Por su parte, el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, que fue el primero en dar la voz de alarma respecto a la negativa de los bancos a dar préstamos, redundó en los argumentos antes expuestos y sentenció que las condiciones fijadas "no tienen en cuenta la realidad de la mayoría de las personas que acceden a una vivienda social, que en buena medida son jóvenes con menos de mil euros de ingresos". "De acuerdo con esto, a un segmento importante de la población que necesita una VPO no se le podría conceder un préstamo", apostilló. Gutiérrez recordó, además, que el 95% de los jóvenes tiene contratos temporales, con lo que no podrían acreditar una antigüedad de renta de tres años.

Un promotor denuncia al Consistorio de Rincón por incumplimiento de contrato (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento defiende que siempre actuó "en defensa de los intereses públicos"

El juzgado número 3 de Málaga ha admitido a trámite la denuncia presentada por la empresa Promociones y Construcciones Land y Eros contra el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por lo que consideran "la ruptura unilateral de un contrato urbanístico". Según el demandante, Francisco Landero, el Consistorio ha dejado sin efectividad el preacuerdo que cerraron hace dos años a través del cual su empresa se hacía cargo de la construcción de la nueva subjefatura de la Policía Local en Torre de Benagalbón a cambio de una parcela en la finca Garcés de 16.000 metros cuadrados. La decisión fue tomada por la comisión de Urbanismo el pasado mes de abril ya que después del tiempo transcurrido "la empresa no ha conseguido el préstamo bancario para financiar la operación". Esta situación provocó que el Ayuntamiento destinara el suelo a la construcción de 72 VPO y reubicara la jefatura de la policía local en el parque de bomberos.

Sin embargo, Landero, quien reconoce esta circunstancia, entiende que ganó el concurso por un procedimiento negociado que "nunca se llevó a cabo". "Me dieron una primera prórroga para conseguir el dinero con el que sufragar la operación. También les entregué una aval de 90.000 euros que no me ha sido devuelto. Y cuando volví a pedir más tiempo como consecuencia de la crisis mundial que atravesamos, rompieron el acuerdo", denunció Landero quien reclama al Consistorio los gastos que le ha generado la operación, cifrados en 500.000 euros, más los daños y perjuicios que ha sufrido con la anulación del contrato. "Lo que más me preocupa es el daño que les ha causado a mis clientes, y por ende a la imagen de mi empresa", recalcó el constructor, quien ha había vendido las 65 viviendas que había promovido en la Finca Garcés, y a cuyos compradores les tiene que devolver el dinero.

El edil de Urbanismo, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), indicó que aún no tienen la comunicación oficial, no obstante aclaró que "el Ayuntamiento ha actuado conforme a la legalidad" y "en defensa de los intereses públicos". El concejal no quiso entrar en el fondo porque serán los servicios jurídicos quienes se encarguen de ello, pero defendió la legalidad de la ruptura del preacuerdo. "El promotor tiene pleno derecho de defender sus intereses pero todo se ha hecho conforme a ley", subrayó Domínguez Palma, que considera que "no habrá ningún problema" con la construcción de las VPO de la Finca Garcés.

800 años de historia restaurados. Antequera (Málaga Hoy)

Ayuntamiento de Antequera y Junta de Andalucía restauran la Torre del Asalto y la Torre de Albarrana de la Estrella, parte del antiguo recinto amurallado de la ciudad

El tiempo no pasa desapercibido para ninguna infraestructura, y menos aún para una que cuenta con 800 años de vida. Con ocho siglos de historia y sus batallas correspondientes, la muralla de Antequera se deteriora. Es por ello, que desde hace unos años, las distintas administraciones invierten en ella para su rehabilitación. En estos momentos se está procediendo a la restauración, mampostería exterior y estudio para comprobar si hay algún vaciado en el interior de la Torre del Asalto y la Torre Albarrana de la Estrella ubicadas en la Plaza del Carmen. Según explicó a este periódico el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, "estos trabajos también se realizaron con la Torre Blanca, para ver si hay espacios nuevos o salas encubiertas. Esta es una obra de restauración y consolidación del lienzo de la propia torre".

Estos trabajos se encuadra dentro de una obra menor, valorada en menos de 30.000 euros, que está llevando a cabo la Junta de Andalucía para ir terminando el anillo amurallado de la ciudad, sin pretender reconstruir el anillo entero "sólo consolidar y restaurar el que hay". En este sentido, el regidor indicó que esta torre "se terminó hace unos seis años con la compra de dos casas adosadas, por lo que la torre ya está completamente liberada".

Hasta el momento, se han restaurado la Torre del Homenaje, financiada con el 1% Cultural que destina el Ministerio de Fomento por la línea AVE Málaga-Córdoba a su paso por el término municipal de Antequera. Y el resto de restauraciones de la Torre Blanca, la Torre del Quiebro, la excavación de la Alcazaba, el proyecto del Centro de Interpretación de la Ciudad, y el resto de restauración de muralla cercana al río de la Villa se ha desarrollado con el Programa de Recuperación de Murallas de las Andalucías de la consejería de Cultura, y también con escuelas taller.

Otra de los edificios que se están rehabilitando en estos momentos es la Torre de la iglesia de Madre de Dios de Monteagudo de Antequera, del siglo XVI. Hace unos meses se produjeron desprendimientos por lo que el Ayuntamiento procedió a restaurarla por el peligro que había para los transeúntes y peligrosidad hacia la calle. "Se hizo una intervención de urgencia para consolidarla pero había que hacer una intervención más estricta", explicó el regidor. Sin embargo, las propietarias del templo, las hermanas agustinas, "no daban autorización a los albañiles para entrar a la torre por la propiedad y había duda de la peligrosidad para actuar desde fuera. Finalmente se ha optado por un andamio externo que da la garantía total a los trabajadores que van a intervenir allí", señaló el alcalde.

El proyecto contempla la consolidación de la parte de la torre anexa a la propia iglesia, lugar donde se han producido los desprendimientos. Millán apuntó que la torre y la cúpula de cerámica vidriada tuvieron una intervención hace poco tiempo trabajado por un proyecto de Sebastián del Pino, pero queda otra parte que el Ayuntamiento quiere restaurar. Estas son obras menores de 30.000 euros que financia la Junta de Andalucía.

"La pena de cárcel por acoso inmobiliario en Barcelona ha de ser un referente en Málaga" (Málaga Hoy)

El Defensor del Ciudadano confía en que el fallo de los tribunales sobre la denuncia de la calle Mariscal sea similar

Un juzgado de Barcelona condenó la pasada semana a un año de cárcel a dos hermanos por acoso inmobiliario a una pareja que vivía en un inmueble de su propiedad. Sobre la base de la sentencia, pionera en todo el país en lo que a casos de mobbing inmobiliario se refiere, se encontraba el hecho de que los culpados hubiesen sido responsables de los cortes de agua y electricidad que sufrieron los inquilinos, molestias con las que pretendían desalojarlos. En esos mismos días, otro juzgado de Bilbao condenó a otro propietario a tres años y tres meses de cárcel por un supuesto semejante.

Los episodios ocurridos en las calles de la Ciudad Condal o Bilbao pueden perfectamente ser extrapolados a las vías del centro de Málaga capital, donde el número de denuncias por acoso inmobiliario se ha disparado en los últimos años, alguna de las cuales está ahora en manos de la Justicia.

El Defensor del Ciudadano de la Provincia de Málaga, Francisco Gutiérrez, fue el primero en dar la voz de alarma sobre lo que padecían decenas de vecinos de la capital, ocupantes de edificios antiguos y que obstaculizaban las operaciones inmobiliarias a las que aspiraban sus propietarios. Ahora, tras lo ocurrido en Barcelona y Bilbao, confía en que los tribunales malagueños actúan de manera semejante en la denuncia de la calle Mariscal.

"Esas sentencias pueden servir de referencia sobre lo que pasa en Málaga y son un punto de inflexión", comenta Gutiérrez, quien, incluso, asegura que la descripción de los hechos acaecido en la Ciudad Condal "es un calco de lo sucedido en Mariscal, con un propietario que cortó el agua y que propició la entrada de ocupas".

Éste es uno de los casos que más trayectorias acumula, desde que en el año 2005 la Oficina del Defensor del Ciudadano empezase a recibir las primeras llamadas sobre acoso inmobiliario. Desde ese instante, han pasado por sus manos un total de 70 expedientes, cifra que ha ido de manera paulatina decreciendo en los últimos meses. "Al margen de los antiguos, tenemos cinco o seis casos nuevos, en la calle Victoria, en la zona de El Palo y en Cruz de Humilladero", señaló.

La caída de denuncias viene motivada, según Francisco Gutiérrez, en el efecto que está teniendo la crisis económica y la desaceleración de la industria del ladrillo en la provincia de Málaga. "El parón está ayudando a que se ralentice el fenómeno, porque el interés por comprar edificios antiguos no es el mismo que hace dos años", comentó.

Promotores niegan que el plan de la Junta y la banca facilite la compra de VPO (Málaga Hoy)

Constructores malagueños y varios entes públicos estiman que los criterios que se exigirán para la concesión de créditos son de difícil cumplimiento y excluyen a muchos adjudicatarios

El acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía con las entidades financieras de la región para tratar de solucionar los problemas a los que se enfrentan miles de ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda de protección oficial (VPO), ante la imposibilidad de recibir un crédito por parte del banco o la caja de ahorros, no parece que vaya a clarificar el actual escenario. Así al menos lo piensan en la provincia de Málaga los constructores y algunas instituciones públicas encargadas de la promoción de este tipo de productos residenciales, como el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa Provincial de Vivienda (Emprovima), dependiente de la Diputación.

El compromiso que el pasado miércoles suscribió el presidente andaluz, Manuel Chaves, con los máximos dirigentes de las principales entidades andaluzas incluía, además de la financiación necesaria para poner en marcha en Plan Concertado de Vivienda y Suelo Andaluz 2008-2012, en el que se contempla la ejecución de 132.000 viviendas sociales, la fijación de cuatro requisitos mínimos para que toda persona que opte a una vivienda protegida pueda ser merecedora de un préstamo bancario.

El escenario que dibuja este póquer de condiciones es de difícil cumplimiento para muchos de los que acuden a los concursos de VPO ante el muro que supone la adquisición de una casa de renta libre, cuyo precio duplica, en muchos casos, el de la vivienda social. Primero, se exige que el solicitante no sea moroso y no tenga impagos anteriores; segundo, que acredite un sueldo que tenga al menos tres años de antigüedad; tercero, que los ingresos que le queden a esa persona o familia tras pagar la mensualidad de la hipoteca sea superior a los 600 euros, y cuarto, que las cuotas de todos los préstamos que tenga sean menores al 40% de la renta declarada.

Este abanico de exigencias no supone mejora alguna respecto a las condiciones que en estos momentos exigen las entidades financieras y que han provocado que muchos de los beneficiarios de una VPO hayan tenido que renunciar a ella ante la negativa del banco a concederle el crédito.

Entre los molestos por el escaso avance del pacto están los promotores y constructores, que si bien valoran que "se pongan unos marcos concretos para las reglas del juego", estiman que los requisitos fijados "siguen siendo un poco los de antes, con lo que la concesión del crédito sigue estando en manos de las entidades financieras". A este respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia, Violeta Aragón, recordó que la petición del sector es que todos aquellos ciudadanos que sean adjudicatarios de una VPO puedan disponer de un préstamo.

"Vuelven a ser demasiados requisitos, que todos unidos son difíciles de cumplir", insistió, al tiempo que anunció que su organización hará un estudio más pormenorizado del acuerdo para "ver si los criterios afectan a una gran parte de la población o no y si fuese así contactaríamos con la Consejería de Vivienda".

En esta misma línea, el responsable de Emprovima, Esteban Martín, pidió a la Administración autonómica que explique "dónde está la novedad" del acuerdo, del que dijo beneficia a las entidades financieras, que "no arriesgan nada". "Esto no va a solucionar los problemas que ya tienen muchos adjudicatarios de VPO", comentó el diputado provincial, quien consideró que la iniciativa "excluye" a la práctica totalidad de los jóvenes que cobren entre 800 y 900 euros. "Cuando estábamos en la época del pelotazo inmobiliario, los bancos daban créditos con hasta un 60% de endeudamiento, pero ahora no", sentenció.

A juicio del responsable de Emprovima, una posible alternativa pasa por potenciar las viviendas en alquiler con opción a compra. Un extremo en el que se muestra de acuerdo el gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga, José María Cerezo, quien apuntó que esta modalidad supone el pago de una renta mensual de poco más de 200 euros y permite su adquisición pasados diez años. En cualquier caso, a juicio del responsable del IMV, la iniciativa del Gobierno andaluz "puede suponer un aumento de las familias que no tengan capacidad para asumir las cargas de una hipoteca". "El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la elaboración de un plan municipal de vivienda para conocer el perfil de los demandantes y los ingresos medios que tienen", anunció.

Por su parte, el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, que fue el primero en dar la voz de alarma respecto a la negativa de los bancos a dar préstamos, redundó en los argumentos antes expuestos y sentenció que las condiciones fijadas "no tienen en cuenta la realidad de la mayoría de las personas que acceden a una vivienda social, que en buena medida son jóvenes con menos de mil euros de ingresos". "De acuerdo con esto, a un segmento importante de la población que necesita una VPO no se le podría conceder un préstamo", apostilló. Gutiérrez recordó, además, que el 95% de los jóvenes tiene contratos temporales, con lo que no podrían acreditar una antigüedad de renta de tres años.

El Ayuntamiento de Casares proyecta construir 250 VPO (La Opinión)

El Ayuntamiento de Casares quiere priorizar la construcción de VPO y de viviendas de alquiler. Así se desprende de la comisión de seguimiento del Área de Rehabilitación del municipio en la que participaron la delegada provincial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefa López, y el alcalde de Casares, Juan Sánchez, además de los técnicos de ambas administraciones.
Según el regidor, en esa reunión se acordó centrar los esfuerzos de gestión en el desarrollo de la Huertezuela, una zona de 80.536 metros cuadrado en la que se proyecta la construcción de 250 viviendas sociales, además de zonas verdes y otros equipamientos públicos.
Viviendas accesibles. Además, el alcalde de la localidad malagueña de Casares insistió en la necesidad de construir un edificio de apartamentos que se gestionarían en régimen de alquiler y con los que se podría ofrecer una vivienda digna a esas familias que no tienen opción a una hipoteca ante la situación económica que presentan.
La construcción de este edificio con más de 20 apartamentos de dos dormitorios será una "prioridad" para el Consistorio que ya ha encargado el proyecto de construcción, según aseguró el propio alcalde de Casares, Juan Sánchez, tras la reunión.

El AVE a Granada supondrá expropiar a 300 propietarios a su paso por Antequera (La Opinión)

El 70% de los afectados ha manifestado su deseo de adherirse al sistema de compensación del Ayuntamiento, que cambiará suelo rústico por urbano
LOLA SÁNCHEZ. ANTEQUERA La ejecución del trazado de Alta Velocidad hacia Granada a su paso por Antequera supondrá la expropiación de unas 300 propiedades en la zona de la vega, de las cuáles más de un 70% carecen actualmente de actividad productiva. Así se desprende del estudio alternativo del tramo que encargó el Ayuntamiento de Antequera a una empresa externa, tras conocer que el trazado definitivo será el conocido como Sur-2. De las fincas afectadas, sólo tres tienen algún tipo de vivienda ejecutada. Asimismo, la actuación del soterramiento del tren frente a la ejecución del AVE en superficie tendrá un sobrecoste para el Consistorio de 80 millones de euros, lo que supondría el establecimiento de un impuesto especial por el cual cada antequerano debería abonar unos 1.200 euros anuales, en caso de que el Ayuntamiento no obtenga el respaldo económico de otras administraciones. Por otro lado, algo más de 210 familias, el 70% de las 300 fincas afectadas por el AVE -vaya en superficie o soterrado- han manifestado al Ayuntamiento su interés de adherirse al sistema de compensaciones establecido, en función del cual el ente local cambiará a estos vecinos suelo rústico por terreno urbanizable sectorizado. "En esta coyuntura nos encontramos con dos posibilidades. O hipotecar a los vecinos de por vida, o apostar por el semisoterramiento del tren aprovechando el desnivel de más de 12 metros que tenemos entre la estación actual y el lugar en el que se ubicará la nueva", resaltó el alcalde, Ricardo Millán. En este punto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha encargado sendos estudios arqueológicos e hidrológicos para constatar el mejor modelo constructivo de la línea.

Aifos se enfrenta al concurso de acreedores por deber 850 millones (La Opinión)

La promotora inmobiliaria Aifos se enfrenta al concurso necesario de acreedores que ha instado ante el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Málaga una de sus empresas acreedoras, según informaron fuentes jurídicas.
La compañía soporta actualmente una deuda de unos 850 millones de euros. Entre sus principales acreedores se encuentran el Banco Popular (con unos 200 millones de euros) y el Banco Pastor (unos 150 millones de euros), además de diversas cajas de ahorros, según la información proporcionada por las mismas fuentes.
Asimismo, en la lista de acreedores de Aifos también destacan un conjunto de 96 particulares y empresas proveedores de la compañía, fundamentalmente de Málaga, Córdoba y Madrid, a las que, según las mismas fuentes, la empresa podría adeudar impagos desde hace dos años.
Precisamente ha sido una de estas empresas (Gestión de Obras y Reformas SL) la que la pasada semana decidió instar el concurso de acreedores.
La suspensión de pagos de Aifos se erigiría así como una de las mayores de la totalidad de su sector en España, junto a las solicitadas por Martinsa-Fadesa y Tremón.

Pagarés de Tremón. La decisión de la empresa proveedora de Aifos de instar el concurso de la compañía podría haber derivado de la noticia de la presentación de concurso voluntario de acreedores de Tremón.
Según la información proporcionada por las mismas fuentes, dados los problemas de liquidez que Aifos atravesaba desde que se destapó su vinculación con el caso ´Malaya´, la inmobiliaria habría optado por pagar a sus proveedores con pagarés que a su vez había recibido de Tremón.
Tremón compró hace unos años a Aifos unos suelos situados en la Costa de Sol. Dicha operación se pagó: una primera parte en efectivo, otra segunda parte con subrogación hipotecaria y una tercera parte ya mediante la entrega de pagarés por importe total de 63 millones de euros. Dichos pagarés vencían el pasado día 17 de este mes de noviembre.

´Operación Malaya´. Aifos, una de las primeras promotoras de Andalucía, es propiedad de Jesús Ruiz Casado, uno de los imputados por la ´Operación Malaya´.
Ruiz Casado y el entonces director general de Aifos Jenaro Briales fueron detenidos en julio de 2006 y quedaron en libertad en una semana tras pagar fianzas de 200.000 y 500.000 euros, respectivamente, en el marco de dicha operación que investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
Aifos cuenta con una plantilla de unos 2.000 trabajadores y está especializada en viviendas de segunda residencia en la costa. Además de la rama de promoción residencial, también explota dos hoteles de cinco estrellas en Marbella, los ´Guadapín´, y el Hotel Biblos de Mijas.
El concurso necesario de acreedores (aquel que solicita un acreedor impagado) al que se enfrenta la compañía presenta, según la ley, mayores garantías para los acreedores y más dificultades para la sociedad concursada. Una de las diferencias con el concurso voluntario es que los acreedores instantes del procedimiento (quienes lo solicitan al juez) tienen un privilegio de cobro del 25% de su crédito.

El museo de la Industria de Málaga vela armas en el PTA (La Opinión)

A la espera de conseguir un emplazamiento definitivo, la asociación en defensa del Patrimonio Industrial conserva mil piezas en el Centro de Ciencia y Tecnología

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La catarata de museos que acompañará la candidatura de Málaga como capital cultural de Europa no contempla un Museo del Patrimonio Industrial, a pesar de que constituyó una promesa electoral y que durante el primer tercio del XIX, Barcelona y Málaga fueron las dos grandes potencias industriales de España.
A la espera de tiempos mejores, la Asociación en Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga ha logrado el apoyo del Parque Tecnológico de Málaga y su Centro de Ciencia y Tecnología para exponer, de forma digna, una pequeña parte de sus mil piezas.
Hace unos días, además, acaba de terminar la Semana de la Ciencia y Tecnología del PTA, con seis talleres formativos ofrecidos por la asociación, y además, ha permitido que 1.800 alumnos conozcan el pasado industrial de Málaga, expuesto en unas espectaculares vitrinas dentro del centro, que exhiben, acompañadas por piezas centenarias, reconstrucciones por ordenador de algunas industrias emblemáticas como la preciosa bodega de López Hermanos en El Molinillo o la fábrica de hojalatas Lapeira. Este trabajo ha sido realizado por la Escuela de Peritos.
"Es increíble que en Málaga no haya un local en condiciones", cuenta José Antonio Ruiz, responsable de la asociación. Hasta ahora, las gestiones con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación no han llegado a buen puerto. La asociación cuenta con un pequeño almacén, cedido por el PTA en el propio Centro de Ciencia y Tecnología. Allí conserva muchas de las piezas que no expone, algunas de ellas salvadas de Intelhorce o salidas del almacén que la Diputación tiene en el Hospital Civil.
José Antonio Ruiz muestra una imprenta de 1927 y a su lado descansa una prensa de aceite de la empresa Ballesteros. Épocas y artilugios se mezclan en este pequeño almacén, como una hermosa lata de aceite de los Gross o una máquina para analizar tierra de Financiera y Minera. Las dimensiones del local han impedido que la asociación se haga cargo de ofrecimientos de viejas industrias andaluzas. "La verdad es que me estoy aburriendo", confiesa el responsable de la asociación. José Antonio Ruiz recuerda que, hace dos legislaturas, el alcalde se comprometió a destinar 7.000 metros cuadrados de la antigua Fábrica de Tabacos a un Museo del Patrimonio Industrial.
"Por ahora, lo único que hay es que la delegada del Gobierno Andaluz, María Gámez, ha quedado en hablar con el concejal de Vivienda para ver qué posibilidades tendría un local en los bajos de la calle López Pinto".
La generosidad del responsable del PTA, Luis Felipe Romera, ha permitido que mientras dura este ´deambular´ en busca de un museo, la asociación pueda exhibir sus mejores piezas de una forma más que digna. En las vitrinas expuestas al público llama la atención una antigua ´bobinadora´ de Intelhorce. José Antonio Ruiz acciona un interruptor y se pone en marcha.
Cajas de la azucarera Larios, vinos históricos de Málaga, material ferroviario, piezas de la Fundición Trigueros con placas de los talleres británicos donde fueron construidas, una imprenta de finales del XVIII, paneles informativos sobre las chimeneas de Málaga... todo el potencial industrial del pasado convive, en buena sintonía, con la modernidad de un parque tecnológico. El museo, ¿llegará?

La gran odisea inmobiliaria. Benalmádena (SUR)

Más de 50 vecinos de Benalmádena denuncian la mala gestión de una promotora que entregó sus casas sin estar completamente terminadas

Comprar una casa puede resultar un calvario si uno tiene la misma fortuna que 53 vecinos de Cogilco Marina en Benalmádena, quienes adquirieron sus viviendas hace años a la promotora Cogilco y aún hoy, siguen con desperfectos, humedades y carecen del suministro de luz y agua.
Rafael Larrubia, uno de los propietarios, resume que «en un principio nos dijeron que la fase iba a estar lista en marzo de 2006, pero no las entregaron hasta agosto de un año después». Como él, los vecinos contaban con el permiso de habitabilidad necesario para residir en sus casas. «La vivienda estaba terminada pero no así la urbanización», «los primeros meses, para entrar por la puerta principal tenía que cruzar a través de unas tablas porque no habían acabado ni las aceras».
Diferente es el caso de María Rizo, una de las propietarias que «no entiendo como nos dicen que hemos comprado un edificio hecho con materiales de primera calidad y ahora esté lleno de grietas y humedades».
Reunión
Ante tal situación, numerosos han sido los encuentros que han tenido los vecinos con la promotora, quienes, a día de hoy no han mejorado nada. «Al parecer la empresa tiene subcontratado la urbanización de la zona y como actualmente está en un concurso de acreedores no hay avances». Siguen viviendo sin toma de agua, «el enganche procede de una depuradora instalada durante las obras que no cumple ningún permiso sanitario». Igual ocurre con la instalación eléctrica. «Sólo hay un servicio mínimo y los fallos son más que habituales».
Desesperados, lo único que les queda es protestar con pancartas colgadas de sus balcones. «El piso piloto está aquí, desde que están los carteles no han vendido ni una casa más, no queremos que engañen a más familias».Las pocas mejoras las han conseguido a través de la empresa municipal de aguas, quienes mejoran la instalación en la zona.
Parece que mientras no se aclare judicialmente la situación de la promotora, estos vecinos se suman a una larga lista de los afectados por la crisis del ladrillo.

Juan Antonio García: «Las modificaciones al PGOU son nefastas». Marbella (SUR)

Denuncia que el equipo de gobierno no tiene un plan serio para revitalizar la zona Cifra en más de 300 las alegaciones al nuevo documento urbanístico respecto a El Ingenio

Son tantos que Juan Antonio García no recuerda con exactitud los años que lleva al frente del movimiento vecinal de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. «De lo que sí me acuerdo es que la Asociación de Vecinos El Cruce se registró en 1989 y que la Federación de Asociaciones de Vecinos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía nació pocos meses después, y desde entonces», rememora. García es el presidente de ambos colectivos. Descubre oscuro el horizonte que traza el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): «Las modificaciones del equipo de gobierno son nefastas, por decirlo así», apunta.
¿Cómo se encuentra el movimiento vecinal en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía?
No nos prestamos al juego político que marca el equipo de gobierno. Me refiero a que somos libres, sin más. Y claro, esto tiene sus consecuencias. Ahora mismo estamos luchando por muchas cosas. San Pedro fue siempre la cenicienta de Marbella, pero parece que no todo el mundo lo ve igual. La conclusión que sacamos los vecinos es que aquí se viene a cubrir el expediente con pequeños gastos y punto. No sé, pero muchas veces tengo la sensación de que el Ayuntamiento no tiene un proyecto serio para la zona.
¿Cuáles son las principales demandas de los ciudadanos?
Son de todo tipo. Hablamos de problemas de iluminación y saneamiento, principalmente. Le pongo el ejemplo de la avenida de la Constitución. Verá, aquí hace mucho tiempo que comenzaron unas obras que nunca concluyeron. Es una pena. Pues bien, en vez de acometerlas de una vez, nos dedicamos a parchear. Otro ejemplo es la plaza Vista Alegre, que da pena. Reitero que es uno de los espacios más transitados de San Pedro. Pues bien, como esto que le digo, casi todas las cosas. Llega un momento en el que uno parece desfallecer. Pero, como le anuncié antes, seguiremos en la lucha.
¿En qué influirá en este sentido el nuevo PGOU que se tramita?
De manera nefasta, lamentablemente. Lo digo porque comprobamos que se están expropiando zonas públicas en beneficio de terceros, de promotores en concreto. Mire si será negativa la influencia del documento que la zona de El Ingenio acapara ya más de 300 alegaciones. Queremos preservar por encima de todo el patrimonio, que es de todos. Se ocupan además parcelas públicas de manera ilegal. La mayoría de las obras están paralizadas.
¿Considera útil la figura del Defensor del Ciudadana como vehículo de transmisión de todas estas denuncias?
¿Qué figura del Defensor del Ciudadano? El que elegirá la alcaldesa. Estoy indignado. Todo está ya como muy programado desde arriba, como siempre.
¿Y el Reglamento de Participación Ciudadano, destinado a dar voz y voto a los vecinos?
Más de lo mismo. En todo esto hay mucho cuento. Ese reglamento será útil si se pone en marcha con todas sus consecuencias. Sólo así será útil. Pero no lo creo. No es la primera vez que digo que hasta que no haya otro gobierno no se pondrá en marcha el Reglamento de Participación Ciudadana. Esto lo tengo claro.

La antigua sede de la Diputación en el Centro de la capital acogerá la Sopde (SUR)

La antigua sede de la Diputación de Málaga acogerá finalmente la sede de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), que prepara su traslado, y después se empezará a plantear llevar hasta el mismo inmueble al Patronato de Recaudación Provincial, lo que liberaría su actual sede del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La Diputación pretendía alquilar su edificio de la céntrica Acera de La Marina de la capital, desocupado tras pasar los servicios principales del organismo a la nueve sede del paseo marítimo, de forma que se obtuvieran recursos extras al presupuesto con el arrendamiento en tan destacado lugar de la ciudad. Sin embargo, el presidente de Diputación, Salvador Pendón (PSOE), ha explicado a Efe que parece que el Plan Especial de Protección de la zona centro de la capital lo impide.

Los promotores proponen 165 viviendas de renta libre para convertirlas en VPO (SUR)

Los promotores inmobiliarios llevan presentadas a la Junta de Andalucía 2.045 viviendas libres para su conversión en vivienda protegida, según indicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que precisaron que de esas más de 2.000 viviendas ya hay 711 que han obtenido la calificación provisional, trámite con el que el empresario puede comenzar a construir los inmuebles. En la provincia de Málaga, la solicitud de calificación para VPO afecta a un parque residencial de 165 viviendas repartidas en tres municipios, de las que 27 pueden comenzar las obras, ya que han logrado el visto bueno de sus expedientes, mientras que las 138 restantes están en tramitación

La Junta pone condiciones para aportar dinero a la avenida del soterramiento (SUR)

El Gobierno andaluz supedita su ayuda a que el Consistorio adopte medidas para reducir el tráfico en la carretera de Cádiz

El Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento en la financiación de la avenida que se construirá sobre el soterramiento de las vías del tren, pero pone sus condiciones. Según fuentes consultadas, la Junta de Andalucía prevé llegar en las próximas semanas a un acuerdo con el Consistorio para financiar mediante fondos europeos que gestiona parte de la realización del citado bulevar, sobre el que pesan varias dudas a cerca de su diseño y ejecución, como ya informó este periódico el pasado martes (ver SUR 18/11/2008).
No obstante, la aportación de las arcas autonómicas -que podría suponer el 60% de la inversión necesaria- está condicionada por los responsables de la Consejería de Obras Públicas a que el Ayuntamiento acepte poner en marcha medidas para reducir el tráfico en el eje de la carretera de Cádiz, una vez que vuelva a ser abierto a la circulación tras las obras del metro. En ese sentido, la Junta apuesta por recuperar espacio público para los ciudadanos y por implantar mecanismos de ordenación del tráfico que no hagan de esta avenida un trayecto de penetración directa en la ciudad. «Se trataría de dificultar el tráfico de paso y facilitar la circulación a nivel de residentes», comentaron las fuentes.
Por su parte, el Consistorio no ha descartado totalmente la aplicación de algunas de esas medidas de calmado de la circulación que harían posible el acuerdo para obtener financiación regional para la avenida del soterramiento, valorada por el momento en 28 millones de euros. De hecho, el pasado mes de septiembre, realizó una encuesta sobre la peatonalización del eje de la carretera de Cádiz en la que preguntó a los vecinos que calificaran por orden de preferencia múltiples opciones: desde un uso peatonal estricto de la avenida de Velázquez hasta la posibilidad de dejar la urbanización existente, y la compatibilización del uso peatonal con el transporte público, alternativo y ordinario.
Incertidumbre
Por ello, no está clara todavía la ordenación definitiva que tendrá la carretera de Cádiz -si bien la constructora del metro ya está reproduciendo las anteriores secciones de calzadas y medianas, ante la falta de un acuerdo con el Ayuntamiento- ni el diseño de la avenida del soterramiento, para la que los responsables municipales también han planteado la posibilidad de que ofrezca una mayor preferencia para el peatón y el transporte público que para el vehículo privado.
El Consistorio tiene previsto presentar a los colectivos ciudadanos del distrito de Carretera de Cádiz las diferentes alternativas de diseño para la avenida que acabará con la herida urbana que han supuesto hasta ahora las vías ferroviarias. No obstante, su ejecución está condicionada en gran parte al traslado de las naves del polígono San Rafael.

El PP plantea un puente de 11 kilómetros sobre la bahía de Málaga (Málaga Hoy)

Es la propuesta más llamativa y se prolongaría desde el Guadalhorce al arroyo Totalán

El PP de Málaga ha ido desgranando los últimos días sus proyectos de futuro, aunque guardaba un as en la manga: un puente sobre la bahía de Málaga de 11 kilómetros de longitud entre la desembocadura del río Guadalhorce y el arroyo Totalán, en el límite con Rincón de la Victoria. La idea se plantea como una ronda sur sobre el mar, que tendría como objetivo descongestionar el tráfico, pero también convertirse en una obra emblemática.

El proyecto se incluyó en la ponencia Málaga, un futuro perfecto y fue anunciado por el edil de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz. El PP presentará los detalles técnicos y de financiación en unos días, aunque sí adelantó que tendría dos niveles: uno superior para el tráfico rodado y otro inferior para ferrocarril y uso peatonal.

Los populares pusieron sobre la mesa un centenar de propuestas. Algunas de las más llamativas son la creación en Málaga de la Bolsa del sur de España, ubicada en la antigua sede de la Diputación; la nueva torre para la catedral; una ciudad aeroportuaria; y un ferry entre Nerja y Estepona. El PP también apuesta por ubicar en la capital las consejerías de Turismo y Economía y Hacienda y Díaz advirtió a la Junta de Andalucía: "No toleraremos el traslado de la Cuenca Mediterránea Andaluza".

El proyecto estrella es un puente de once kilómetros sobre el mar (SUR)

San Francisco cuenta con el famoso Golden Gate, el puente que une el norte con el sur de la península donde se ubica esta ciudad norteamericana. Siguiendo dicho ejemplo los populares presentaron ayer el que es su proyecto estrella para los próximos años: un gran puente sobre la bahía malagueña desde la desembocadura del río Guadalhorce en la capital hasta el arroyo Totalán (en la zona de La Araña, en el límite con Rincón de la Victoria).

Esta colosal infraestructura tendría once kilómetros de longitud y sería la ronda sur de la capital malagueña. El denominado Puente de la Bahía se dividiría en dos niveles: en el superior iría el tráfico rodado, mientras que en el inferior discurriría el ferrocarril y habría un espacio peatonal. Esta gran obra de ingeniería civil ha sido diseñada por un grupo de expertos y sus aspectos técnicos serán presentados en los próximos días. Fuentes del partido no quisieron hacer una valoración del coste económico ni del plazo de ejecución aduciendo que es un plan que está en su germinación, y que en el futuro habrá que coordinar con las administraciones públicas y otros actores.

Esta propuesta, que a buen seguro abrirá un amplio debate político y técnico, se recoge en la ponencia 'Málaga, un futuro perfecto' presentada por el concejal de Urbanismo de la capital, Manuel Díaz; la concejala de Torremolinos, Margarita del Cid, y el director de Secretariado de Mantenimiento y Sostenibilidad de la UMA, Salvador Merino, y que fue aprobada por unanimidad de los compromisarios. Este documento político marca la estrategia de los conservadores malagueños para el futuro y recoge un centenar de iniciativas.

Objetivo: poner orden en el caos urbanístico (SUR)

LA Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía quiere acabar con el caos urbanístico de la comarca, pero además quiere hacerlo en colaboración con los ayuntamientos. Precisamente, para lograr ese apoyo y dar a conocer los pasos que se están dando en este sentido, el titular de la Consejería, Juan Espadas, ha visitado está semana la comarca: Ha pedido a los ayuntamientos la firma de acuerdos con la Junta para la localización de las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable. El objetivo es incluirlas en un inventario, municipio por municipio, antes de que Junta y ayuntamientos decidan el futuro de cada una de ellas. Hasta ahora siete pueblos (Alcaucín, Canillas del Aceituno, La Viñuela, Sayalonga, Comares, Salares y Cómpeta) han firmado acuerdos con la Consejería para la detección de estas edificaciones que están fuera de ordenación. Realizado el inventario se analizarán una por una. Se regularizarán las que sean regularizables y se demolerán la que haya que demoler. Porque eso sí, Espadas lo ha dicho bien claro: «habrá que contar con demoliciones». La Consejería asegura que tendrá «tolerancia cero» con las nuevas construcciones ilegales que incidan en el descontrol urbanístico.

Sentencia
Monitores
Y es que las cosas mal hechas terminan pasando factura. Eso es lo que ha ocurrido con 22 monitores deportivos en Vélez-Málaga que, aunque contratados por una empresa privada, han trabajado siempre para el área de Deportes del Ayuntamiento. El Juzgado de lo Social número 5 de Málaga ha condenado al Consistorio veleño a admitir a los monitores como personal laboral indefinido, al entender que se ha producido una «cesión ilícita de trabajadores». Ojala esta sentencia sirva, al menos, para que los grupos políticos municipales midan el alcance de sus acciones, porque ésta no puede ni debe ser la forma para acceder a la plantilla del Ayuntamiento.

Ruido
Juzgado
El Juzgado de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ha exigido por otra parte al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía que haga efectivo el pago de la indemnización que corresponden a los vecinos de Ipanema, en Torre del Mar, por la contaminación acústica que soportaron durante años de los locales de El Copo. Se trata de 2.800.000 euros, a razón de 156.000 euros por cada uno de los 18 vecinos que denunciaron las molestias sufridas entre 1990 y 2003 por los ruidos del conjunto comercial que aglutina la movida nocturna torreña. El Ayuntamiento ha comunicado al tribunal que no disponer de consignación presupuestaria y que elaborar á un plan de pago que estará en función de las disponibilidades económicas de las arcas municipales. Mientras tanto, los interés engrosarán la cuantía final.

Educación
Edificio
Aunque en Rincón de la Victoria el Ayuntamiento tampoco está para tirar cohetes, la realidad es que acaba de sacar a licitación el proyecto de redacción y la dirección técnica del nuevo edificio que albergará el Centro de Adultos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Popular. la inversión prevista es de 850.000 euros, de los que 150.000 euros irán destinados a la redacción del proyecto. También está semana, ha adjudicado los trabajos de adecentamiento del entorno de la Cueva del Tesoro por un importe de 220.000 euros.

Mercadillo
Nada de puestos
En Nerja, tampoco esta semana ha habido mercadillo y ya van 22. Los vendedores y el Ayuntamiento siguen erre que erre. Los ambulantes esperan que los técnicos municipales valoren la propuesta de poder instalarse en el parque Verano Azul.

Depuradora
Obras
También se está haciendo de rogar el proyecto de la depuradora de Nerja, aunque está semana la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) ha anunciado el inicio de las obras para antes de finales de2009. La Cuenca ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino el nuevo informe de impacto ambiental, por lo que el organismo espera que el Gobierno central saque a licitación y adjudicación la obra en el primer semestre del próximo año. Los trabajos supondrán una inversión superior a los 36 millones de euros. El proyecto es uno de los más demandados por el sector turístico nerjeño y por la población en general durante los últimos años.

Puerto
Retraso
Tampoco parece avanzar demasiado el proyecto del puerto deportivo entre Torrox y Nerja, pendiente todavía de la finalización del estudio de impacto medioambiental, y ello después de 10 meses de que finalizara el plazo de exposición pública del proyecto básico y del estudio de impacto medioambiental.

Juicio a un funcionario de urbanismo. Cártama (SUR)

La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto juzgar a partir de mañana al que fuera en 2004 encargado en el Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales por presuntamente reclamar a los vecinos dinero a cambio de impedir sanciones o paralizaciones.

Jesús García Calderón: «En muchas ocasiones, la demolición es el único efecto disuasorio real» (SUR)

El fiscal superior de Andalucía apuesta por los derribos de los edificios ilegales cuando sean necesarios para romper con la sensación de «impunidad»

Mas medios, mayor coordinación entre los Cuerpos del Estado y mano firme a la hora de adoptar medidas impopulares como la demolición de viviendas ilegales son algunas de las claves que propone en la entrevista a SUR el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para acabar con la corrupción urbanística y con la sensación de impunidad con la que a veces parecen actuar los corruptos.

¿Es Marbella y los delitos urbanísticos uno de los principales quebraderos de cabeza de la Fiscalía?
La idea de delitos urbanísticos ya no es suficiente para designar algunas formas de criminalidad. Debiéramos empezar a referir la existencia de nuevos delitos geográficos porque la acción criminal modifica de manera efectiva nuestro entorno socio económico, supera el límite urbano o municipal y degrada nuestra calidad de vida. Hablamos de una realidad cambiante que merece toda nuestra atención pero no sólo en Marbella. Andalucía tiene entornos tan extraordinarios que la delincuencia urbanística o medioambiental incumbe a todos los ciudadanos. El compromiso con la ordenación territorial, con la defensa de una economía de la Cultura o con una protección medioambiental efectiva y coordinada son, en buena medida, la esencia de nuestro futuro. Quizá el quebradero de cabeza que ha terminado por llegar es el de la criminalidad inmobiliaria.

La postura del TSJA es oponerse a la demolición de las viviendas ilegales ya habitadas. ¿Cuál es la de la Fiscalía?
Creo que esa no es siempre la posición de nuestro Tribunal Suprior. La respuesta es compleja pero procuraré resumirlo en una sola frase: En muchas ocasiones, la demolición, teniendo en cuenta la escasa penalidad de estos delitos, es el único efecto disuasorio real.
¿Son necesarios más medios para combatir la corrupción urbanística?
Sí. Son necesarios más medios materiales, personales y tecnológicos, aunque somos conscientes del esfuerzo que realiza en el ámbito de sus competencias el Gobierno de Andalucía. Le aseguro que llevamos años reclamando unas dotaciones no suficientes sino mínimas para el desarrollo eficaz de nuestra labor. Casi le diría que estas peticiones, por acostumbradas, pasaban en ocasiones inadvertidas.

¿Estaban preparados para 'Malaya'? Se ha criticado que la acción de la Justicia ha llegado demasiado tarde. ¿Se ha mirado para otro lado durante estos años?
La actuación del fiscal Anticorrupción López Caballero responde a la pregunta. Mire usted, el problema que me plantea tiene tantas y tan antiguas paternidades que convendría, sin olvidar la lección del pasado, mirar con cierta ilusión el futuro.

Otro de los grandes problemas actuales es la existencia de bandas criminales organizadas que operan en la Costa del Sol. ¿Cómo combatir esta lacra? ¿Sería necesaria una mayor cooperación internacional?
El problema comienza por llevar a cabo una redefinición de lo que debemos entender por crimen organizado. La colaboración internacional por supuesto en indispensable. En mi opinión, han tenido lugar en los últimos años algunas actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil muy afortunadas que permiten afrontar el futuro con mayor optimismo. Una mayor y más estable relación entre la Policía Judicial y el Ministerio Fiscal, junto con la creación de equipos multidisciplinares y también estables de investigación serían algunas de las claves del éxito institucional para combatir un problema que no debería crecer para no secuestrar una parte esencial de nuestro futuro.

El túnel de Cánovas y la carretera a Intelhorce se quedan sin fondos europeos (SUR)

El Gobierno andaluz confirma su rechazo a los intercambiadores propuestos por el Ayuntamiento en La Marina y junto a la estación Sí se concederán las ayudas para los planes de movilidad sostenible
23.11.2008 - JESÚS HINOJOSA - MÁLAGA

CRUCE. El Ayuntamiento planteó la ejecución de un soterramiento para evitar los problemas de tráfico en esta zona. / CARLOS MORET

El Ayuntamiento no verá cumplidas todas sus expectativas de contar con la financiación de fondos europeos del programa Feder, que gestiona la Junta de Andalucía, para poder desarrollar algunos de los principales proyectos de infraestructuras planteados para la ciudad. Según pudo conocer este periódico, el Gobierno andaluz tiene decidido no apoyar con los citados fondos el soterramiento de la avenida de Cánovas del Castillo ni el arreglo de la carretera Azucarera-Intelhorce, uno de los principales ejes de los polígonos.

La primera de las actuaciones, valorada en 46 millones de euros, consiste en la realización de un doble túnel que canalizaría el tráfico entre el paseo de los Curas y el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. El Consistorio ha defendido esta medida, para la que también esperaba contar con ayuda del Ministerio de Fomento, como la fórmula para acabar con los problemas de tráfico que se producen en la intersección de la avenida de Cánovas con el paseo de la Farola y, de este modo, potenciar la circulación en el denominado 'eje litoral' que constituyen la avenida de Manuel Agustín Heredia y el paseo de los Curas.

Expectativas
Sin embargo, los responsables autonómicos consideran que el túnel no es necesario y lo rechazan porque generaría más expectativas para el transporte privado, en el sentido de que podría tomarse como un nuevo recorrido de paso para atravesar la ciudad.
De igual modo, según las fuentes consultadas, desde la Junta se descarta la colaboración económica para la mejora de la carretera Azucarera-Intelhorce, valorada en 22 millones de euros por el Ayuntamiento. Se trata de uno de los principales ejes viarios de los polígonos empresariales del oeste de la ciudad que presenta numerosas deficiencias por su elevado uso y su falta de mantenimiento.

El equipo de gobierno estaba esperanzado en poder obtener para esta obra fondos Feder de la Administración regional. Sin embargo, ésta considera que se trata de una intervención que es competencia exclusiva del Consistorio. El mismo criterio tiene la Junta para el proyecto de finalización del denominado 'vial de cornisa' -entre el río Guadalmedina y el camino de los Almendrales-, que está valorado en tres millones de euros. Según las fuentes, también se quedara sin la aportación de Feder.

En cambio, la Junta sí está dispuesta a colaborar, desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con el Plan de Movilidad Sostenible planteado por el equipo de gobierno municipal. No obstante, condiciona este apoyo a que contenga medidas realmente eficaces para procurar una mejora en el transporte colectivo.

Los proyectos mencionados se encuentran dentro del paquete de actuaciones que el Consistorio y la Junta acordaron priorizar para una posible financiación con fondos europeos en un 60%. No se incluyeron en ese paquete los intercambiadores de modos de transporte que el Ayuntamiento ha defendido en la plaza de la Marina y la explanada de la Estación. Según las fuentes, el Gobierno andaluz los da definitivamente por descartados porque no se ajustan a los criterios básicos para planificar este tipo de instalaciones.

Las obras del Teatro Torcal de Antequera comenzarán en 2009 (Málaga Hoy)

La partida es de un millón de euros y la ciudad contará con un auditorio para 650 personas

La reforma del Teatro Municipal Torcal de Antequera está valorada en más de 4,2 millones de euros, financiados por la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento. Para 2009 ya aparece reflejada una partida inicial de 1 millón de euros que aporta la Consejería de Cultura dentro de un convenio-marco de 2008, y que según el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, esperan firmar antes de final de año para comenzar las obras en 2009.

En el pasado Pleno, el Consistorio aprobó el proyecto de ejecución del arquitecto Ignacio Molina, para reformar y ampliar el edificio declarado Bien de Interés Cultural y uno de los pocos referentes que quedan en Andalucía del Art Déco. La rehabilitación del edificio va a permitir a la ciudad contar con un auditorio con capacidad para 650 personas. Asimismo, el Pleno aprobó la renovación de contrato con Antequera Cinema y una adición a la permuta con posibilidad de obtener un inventario del mobiliario del teatro.

Estepona aprueba un convenio con la casa real saudí. (Málaga Hoy)

El acuerdo supondrá unos 8 millones de ingresos para el Consistorio
El Ayuntamiento de Estepona aprobó ayer, en un Pleno bastante tenso, el convenio urbanístico firmado con la Casa Real Saudí que supondrá el ingreso, en las arcas municipales, de 8 millones que se destinarán a infraestructuras. Además, se reservarán 49.614 metros cuadrados de techo para VPO lo que supondrá una construcción de 413 viviendas sociales. El punto salió adelante con el voto a favor del gobierno y de la mayor parte de la oposición (PP y tres no adscritas). También prosperó el punto referente a la adaptación del PGOU de 1994 a la LOUA.

El alcalde, David Valadez, anunció que la semana que viene se solicitará la subvención a la Junta para financiar la adaptación del planeamiento de 1994 a la nueva legislación.

Una sentencia condena a Bolín a ocho años de inhabilitación para cargo público. Benalmádena (Málaga Hoy)

El ex alcalde anuncia que recurrirá el fallo y que si le da la razón volverá a la política

El juzgado de lo Penal número 7 de Málaga dictó ayer sentencia contra del ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín, que fue condenado a una pena de 8 años de inhabilitación y una multa de 20 euros diarios durante un año, así como al pago de las costas judiciales, por un delito de prevaricación urbanística.

Durante el juicio, celebrado el pasado octubre, el fiscal argumentó que el ex regidor aprobó un plan que autorizaba a construir en suelo no permitido, y además se cambio la densidad del mismo, puesto que la parcela, situada en la zona de La Leala, estaba destinada en un principio a albergar viviendas unifamiliares, y en el transcurso de un Pleno en 2002 se permitió la edificación de 46 viviendas de tipo pueblo mediterráneo. El fiscal explicó que no se realizó la modificación de elementos previamente, sino tras la concesión de la licencia.

Por su parte, Enrique Bolín, manifestó que considera esta decisión como una "sentencia política" y que no se han tenido en cuenta los informes a favor, ya que el juez sólo ha tenido en consideración el único desfavorable que en su día emitió el aparejador municipal.

En su declaración, el ex alcalde señaló que "era necesario aprobar un convenio urbanístico y se traslada el volumen de edificabilidad de una parcela a otra para tener el terreno libre". Los terrenos se iban a usar para hacer una variable norte de Arroyo de la Miel y ceder el terreno a Renfe para ensanchar el puente del ferrocarril.

Asimismo, señaló que no tenía conocimiento del informe desfavorable de los técnicos ya que no estaban incluidos en el expediente, previo a la aprobación del convenio: "Los informes fueron posteriores", argumentó en su declaración.

Para Bolín no se ha realizado una recalificación de los terrenos. Además argumentó que en su día se les encargó un estudio detalle a los arquitectos municipales, que no hicieron "porque se les olvidó y hubo que dar una licencia de obra".

Bolín a su vez explicó que recurrirá esta sentencia y adelantó su intención de volver a la política, en el caso de que sea revocada, en las próximas elecciones con una lista propia.

El Consistorio comienza la rehabilitación del Puente Quintana (Málaga Hoy)

El grupo municipal socialista critica el retraso de cinco años en el inicio de las obras

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, colocó ayer la primera piedra de la rehabilitación del Puente Quintana, el de mayor longitud de los que componen el acueducto de San Telmo, que se ubica en las inmediaciones de Ciudad Jardín, junto a la barriada de Hacienda de los Montes.

El proyecto, que comienza a ejecutarse, contempla las actuaciones necesarias para la rehabilitación de esta infraestructura que tiene una longitud de 180 metros con 13 vanos y una altura máxima de 11 metros. Los trabajos fueron adjudicados a la UTE Coroyfer SL-Sondeos Inyecciones y Trabajos Espaciales SA (SITE), por un importe de 665.644 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, según indicó el Ayuntamiento de Málaga.

Las tareas consisten en la ejecución de medidas para frenar los empujes del terreno de la ladera Este mediante una pantalla de pilotes de hormigón armado; la estabilización de las condiciones hidrológicas subterráneas y superficiales mediante la ejecución de un sistema de drenaje; la eliminación de la estructura metálica que constituye el apuntalamiento; y la ejecución de un acerado perimetral.

El grupo municipal socialista criticó el retraso de cinco de años en el inicio de las obras de rehabilitación del puente. La concejala socialista Dolores Fernández señaló en un comunicado que el alcalde de Málaga se comprometió a empezar las obras en el año 2003, y reservó una partida presupuestaria en los presupuestos de 2004, pero la adjudicación no se llevó a cabo hasta 2007.

Acusan a dos empresarios de coacciones para cobrar una deuda (Málaga Hoy)

Presuntamente paralizaron una obra de Rincón de la Victoria y causaron daños

La Fiscalía de Málaga ha solicitado multa de 8.100 euros para dos hombres, máximos responsables de dos empresas de construcción, a los que acusa de realizar coacciones en una obra para cobrar de la compañía que la estaba llevando a cabo deudas por servicios prestados.

Los hechos sucedieron, según las conclusiones provisionales del fiscal, en marzo de 2007 cuando los dos acusados se personaron en la obra que hacía la empresa en Rincón de la Victoria con el fin de que se les hicieran efectivas determinadas cantidades. Para ello, "contando con la colaboración de otras ocho o 10 personas no identificadas, al parecer, trabajadores suyos", estacionaron dos vehículos en la puerta de la obra "para impedir el acceso" y entraron "increpando a los trabajadores para que no continuaran trabajando".

Con esa finalidad, "rompieron la puerta de una cochera y una ventana" y "destrozaron la conexión de agua y el cuadro eléctrico, consiguiendo así que toda la actividad quedara paralizada ese día". Los desperfectos fueron tasados en 1.449 euros y los perjuicios, en 7.818 euros.

Ultiman el arreglo de la estructura metálica del mercado de Atarazanas (Málaga Hoy)

El proyecto de rehabilitación del edificio prevé recuperar las tejas vidriadas originales de color verde · Las obras deberán estar acabadas antes del próximo verano

Las obras de restauración del histórico mercado de Atarazanas de la capital avanzan a buen ritmo. Los trabajos se centran ahora en rehabilitar la estructura metálica del edificio de la que se ha eliminado la pintura antigua y todos los elementos que se le han ido añadiendo con el paso del tiempo.

En sustitución de los 3.000 metros cuadrados de placas de amianto que cubrían el tejado del edificio, y que fueron retirados a principios de año por la empresa Demoliciones F. T., se volverán a recuperar las tejas vidriadas originales de color verde que tenía el inmueble diseñado por el arquitecto Joaquín Rucoba en el siglo XIX.

La eliminación del techo de uralita, cuya utilización está totalmente prohibida desde hace ocho años por su relación con algunos tipos de cáncer y enfermedades pulmonares, ha permitido reparar la estructura metálica que había sufrido serios daños.

Pero los operarios de la empresa Sacyr, adjudicataria de las obras de reforma, también trabajan en allanar el suelo del edificio, que será sustituido por un nuevo pavimento de un material de resina más fácil de limpiar, que será continuo y sin juntas para evitar que se incruste la suciedad. Es una de las novedades del proyecto de los arquitectos encargados del nuevo diseño del edificio, José González Gallegos y María José Aranguren, que pretenden con su proyecto dar un aire de modernidad al emblemático edificio.

También será novedoso el diseño de los nuevos puestos de los comerciantes del mercado que serán modulares en forma de vagones alineados y que estarán adornados con paneles de vivos colores para aumentar la luminosidad del interior.

Eso se conseguirá gracias a la colocación de las nuevas vidrieras y a la eliminación del falso techo que impedía la entrada de la luz natural.

La recuperación del edificio a su estado original que perseguían los arquitectos con su proyecto obligó a derribar la construcción de hormigón que se levantó en el centro a finales de los años 60 para ubicar las oficinas y la cafetería del mercado.

Si todo marcha conforme a lo previsto, las obras de rehabilitación deberán estar terminadas antes del próximo verano. Al menos ese fue el compromiso del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga con los comerciantes del mercado central que se trasladaron temporalmente al edificio ubicado sobre el aparcamiento de la calle Camas.

El Ministerio de Fomento acaba con la anarquía de los badenes en las carreteras (Málaga Hoy)

El Gobierno indica cómo y dónde deben construirse y propone dos modelos · La norma sólo incide en las vías y travesías y no obliga a cambiar los ya instalados

Los hay pequeños y molestos a la entrada de Torremolinos. Grandes y convertidos en pasos de cebra en Antequera, Mijas o Ronda. También extraños y sin señalizar en Fuengirola. Nuevos en Guadalmar y algunos, como en la barriada de Olletas, invitan a hacer un rally. A la fiebre desatada en muchas ciudades de la Costa del Sol por la creación de glorietas también se ha sumado la de estas infraestructuras dirigidas a limitar la velocidad de los vehículos. Y prácticamente en cada municipio se ha hecho de una forma diferente. Ahora, el Ministerio de Fomento ha sacado una norma que regula su construcción. Así, propone dos modelos que deben ser seguidos en todas las carreteras, incluidas las travesías. En las calles, los ayuntamientos pueden seguir haciendo lo que quieran.

Unos de los más criticados han sido siempre los de la Avenida de los Manantiales, justo a la entrada de Torremolinos. Son varios, pequeños y a muchos conductores les parecen molestos. Eso sí, han conseguido bajar al mínimo el número de atropellos en la zona, porque los vehículos reducen en gran medida su velocidad al circular por la zona. Allí los conductores se quejan de que esto provoca que en las hora punta el tráfico rodado en esta zona sea lento, aunque aseguran que son "necesarios" ya que al ser la salida de la autovía es bueno "que no se exceda demasiado el límite de velocidad".

Pero tanto los vecinos de Torremolinos como los de Benalmádena explican que es necesario una mayor señalización de los lugares donde están ubicados los badenes, porque aseguran que hay algunos "que ni se ven". Fuentes municipales explicaron que las peticiones de los vecinos para instalar badenes "son muchas", pero que todos los proyectos son estudiados por técnicos municipales y que los nuevos, "se ajustarán a lo que la ley marque".

En la capital se han colocado en diversos lugares, como la zona de Olletas, aunque lo que provocaba es que los vehículos los esquivaran cambiando de carril y usando parte de la acera. Así, un elemento que se usó como remedio para ganar en seguridad de los peatones, fue una enfermedad que creó más peligro en la zona. Donde sí están funcionando es en la zona de Guadalmar. Fueron una de las primeras actuaciones municipales después de que el Consistorio malagueño anunciara una ordenanza en la que los vecinos podían proponer qué tipo de reductores de velocidad querían en sus calles y dónde ubicarlos. La vía paralela a la autovía es usada por muchos como escapatoria a los espectaculares atascos de la A-7 a una alta velocidad y llegaba a poner en peligro a los residentes en la barriada, que ahora han ganado en seguridad. "Aunque lo mejor sería que no tuviésemos que instalarlos, significaría que todos respetan la velocidad máxima a la que se puede circular", asegura el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero.

En Marbella, en el último año el Ayuntamiento ha instalado de oficio bandas reductoras en los alrededores de la mayoría de los centros educativos y de las instalaciones deportivas. Además, la Delegación de Tráfico y Circulación también los ha colocado en algunas zonas donde los han solicitado los vecinos. De hecho, incluso han tenido que rechazar algunas peticiones porque se corría el riesgo de poner estos reductores de velocidad en casi todas las calles del término, según indica el concejal responsable del área, Diego Eyzaguirre (PP).

Igual ocurre en la Avenida los Reales, único lugar donde están colocados en Estepona. Allí las quejas se centran en que son demasiado altos y pueden afectar a sus coches, pero también han sido muy eficaces, ya que los coches que bajan a una alta velocidad de la Sierra Bermeja se ven obligados allí a frenar, justo a la entrada del casco urbano. Además, el Ayuntamiento está elaborando una ordenanza para calmar el tráfico con diferentes actuaciones, entre las que se recogen pasos de peatones elevados.

Esa opción es la que han tomado muchos ayuntamientos en los últimos tiempos. La calle Pío XII o la zona del Paseo Real de Antequera son un ejemplo de ello. Ambas vías son anchas e invitaban a correr, pero ahora todo ha cambiado y, además, se han ganado nuevos pasos de cebra. Igual ocurre en la Avenida Martínez Astein de Ronda, en la zona de Las Lagunas, en Mijas o en los alrededores del colegio Villar Palasí de Vélez-Málaga.

Es lo más parecido a los modelos que propone el Ministerio de Fomento, que indica que los badenes deben ser "pasos de peatones sobreelevados" o reductores de velocidad tipo "lomo de asno", aunque estos deben instalarse en las zonas donde sea "frecuente" la circulación de autobuses. Además, deben estar ubicados a una distancia entre 50 y 200 metros e ir acompañados de señalización horizontal y vertical.

Comienza el ´lavado de cara´ del Acueducto de San Telmo (La Opinión)

De la Torre colocó ayer la primera piedra en el Puente Quintana, el más grande de la obra civil del XVIII

LA OPINIÓN. MÁLAGA La rehabilitación del Puente de Quintana está ya en marcha. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de los concejales de Urbanismo y del distrito de Ciudad Jardín, Manuel Díaz y María Victoria Romero, procedieron ayer por la mañana a la colocación de la primera piedra en las futuras mejoras del puente, que suponen una inversión de 600.000 euros.
Considerado el de mayor importancia y de mayor longitud de los que componen el acueducto de San Telmo, el tramo a rehabilitar se ubica en las inmediaciones de Ciudad Jardín, situado concretamente sobre el arroyo Quintana. El proyecto, que comienza a ejecutarse, contempla las actuaciones necesarias para la rehabilitación de esta infraestructura, mediante la realización de medidas para frenar los empujes del terreno de la ladera que tiene una longitud de 180 metros con 13 vanos y una altura máxima de 11 metros. No obstante, el Consistorio malagueña asegura que la intervención contemplada no afecta al carácter singular y monumental de la infraestructura, sino que tiende a su mejor conservación.
Consolidación. En cuanto a las acciones que conduzcan a la consolidación y restauración de la fábrica, se llevará a cabo la limpieza y erradicación de la vegetación parásita arraigada en las fábricas, la eliminación de morteros no originales, así como la consolidación de los revestimientos y fábricas originales, junto con la reparación y reconstrucción de las de ladrillo y mampostería.
El proceso de mejora se basa la colocación de una pantalla de pilotes de hormigón armado; la estabilización de las condiciones hidrológicas subterráneas y superficiales mediante la ejecución de un sistema de drenaje; la eliminación de la estructura metálica que constituye el apuntalamiento y por último la ejecución de un acerado perimetral, entre otros aspectos.