lunes, 24 de noviembre de 2008

La promotoras desatan una guerra de precios en Urbe con descuentos de hasta el 62% (El Mundo)

Guerra de precios para combatir la crisis. La feria inmobiliaria Urbe es desde este jueves el escenario de una agresiva competencia entre las promotoras por captar clientes con descuentos que llegan hasta el 62% y con viviendas con precios por debajo de los 60.000 euros. Los pisos se han abaratado de media un 20% en el certamen como reflejo de lo que sucede en el mercado valenciano de la construcción.

En su octava edición, Urbe ha acusado la crisis del 'ladrillo' con intensidad, hasta el punto de que sus organizadores dudaron sobre su celebración. El certamen, que se podrá visitar hasta el domingo, ocupa sólo un pabellón en Feria Valencia, frente a los cuatro del año pasado. A la llamada del comité organizador han acudido 70 expositores, menos de la tercera parte de los 230 de 2007, en su mayoría de la provincia de Valencia. El comité organizador espera la visita de 22.000 personas, la mitad del ejercicio anterior.

Sin embargo, el 'adelgazamiento' de Urbe tiene su lado positivo. La feria ha acentuado su perfil comercial, es decir, los expositores acuden a ella a vender y los visitantes a comprar. Atrás quedaron otras ediciones en los que se primaba la presentación de grandes proyectos urbanísticos y se utilizaba el certamen como escaparate publicitario. En ese contexto, la directora comercial de Primer Grupo, María Pocoví, cree que Urbe avanza hacia un modelo «profesional», de menos tamaño, «para ajustarse al mercado inmobiliario».

En un momento tan delicado para el sector, las empresas han acudido a Urbe con una idea clara: aligerar el 'stock' de viviendas. No hay una cifra sobre cuántas se han puesto a la venta, según admitió el presidente de Urbe, José Luis Miguel, pero sí de qué tipo son. La gran mayoría de los inmuebles son para el segmento medio y bajo del mercado, con especial protagonismo para la vivienda protegida. Muchas promotoras dan la opción del alquiler con opción a compra.

Gancho comercial
El aspecto más destacado de esta feria es la política de descuentos de la mayoría de los promotores. Si el año pasado el gancho comercial eran los regalos, en 2008 es el producto más barato. Las rebajas oscilan entre el 10% y el 62%. En la feria podían verse apartamentos amueblados, de 40 metros cuadrados, a 59.000 euros, o adosados a 82.000 euros, todos ellos fuera de Valencia. La segunda residencia (vacacional) se ha reducido al mínimo.

Según las promotoras consultadas, la rebaja media de precios ha sido de un 20% respecto al año pasado. Esta caída coincide con el mercado inmobiliario valenciano desde 2007, explicó el presidente de Urbe, quien vaticinó que caigan otro 10% en 2009. Miguel advirtió de que los clientes deben invertir «ya» porque el margen para ajustar precios se agota. Los directores comerciales de Edival y Nederval, Fernando Pérez-Escariz y Vicente Morata, coincidieron en que sus empresas ya no abararatarán las viviendas en 2009.

El producto en Urbe es el terminado. El miedo a las suspensiones de pagos de promotoras hace que los clientes descarten comprar sobre plano. El 'stock' de viviendas asciende a 120.000, el 10% de España. Miguel cree que se necesitan cinco años para colocar esos inmuebles, por lo que la opción de nuevas promociones está descartada para la mayoría de firmas. A su juicio, las áreas metropolitanas de las grandes ciudades son las más perjudicadas por la crisis.

Promotores niegan que el plan de la Junta y la banca facilite la compra de VPO (Málaga Hoy)

Constructores malagueños y varios entes públicos estiman que los criterios que se exigirán para la concesión de créditos son de difícil cumplimiento y excluyen a muchos adjudicatarios
El acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía con las entidades financieras de la región para tratar de solucionar los problemas a los que se enfrentan miles de ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda de protección oficial (VPO), ante la imposibilidad de recibir un crédito por parte del banco o la caja de ahorros, no parece que vaya a clarificar el actual escenario. Así al menos lo piensan en la provincia de Málaga los constructores y algunas instituciones públicas encargadas de la promoción de este tipo de productos residenciales, como el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa Provincial de Vivienda (Emprovima), dependiente de la Diputación.El compromiso que el pasado miércoles suscribió el presidente andaluz, Manuel Chaves, con los máximos dirigentes de las principales entidades andaluzas incluía, además de la financiación necesaria para poner en marcha en Plan Concertado de Vivienda y Suelo Andaluz 2008-2012, en el que se contempla la ejecución de 132.000 viviendas sociales, la fijación de cuatro requisitos mínimos para que toda persona que opte a una vivienda protegida pueda ser merecedora de un préstamo bancario. El escenario que dibuja este póquer de condiciones es de difícil cumplimiento para muchos de los que acuden a los concursos de VPO ante el muro que supone la adquisición de una casa de renta libre, cuyo precio duplica, en muchos casos, el de la vivienda social. Primero, se exige que el solicitante no sea moroso y no tenga impagos anteriores; segundo, que acredite un sueldo que tenga al menos tres años de antigüedad; tercero, que los ingresos que le queden a esa persona o familia tras pagar la mensualidad de la hipoteca sea superior a los 600 euros, y cuarto, que las cuotas de todos los préstamos que tenga sean menores al 40% de la renta declarada.Este abanico de exigencias no supone mejora alguna respecto a las condiciones que en estos momentos exigen las entidades financieras y que han provocado que muchos de los beneficiarios de una VPO hayan tenido que renunciar a ella ante la negativa del banco a concederle el crédito.Entre los molestos por el escaso avance del pacto están los promotores y constructores, que si bien valoran que "se pongan unos marcos concretos para las reglas del juego", estiman que los requisitos fijados "siguen siendo un poco los de antes, con lo que la concesión del crédito sigue estando en manos de las entidades financieras". A este respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia, Violeta Aragón, recordó que la petición del sector es que todos aquellos ciudadanos que sean adjudicatarios de una VPO puedan disponer de un préstamo."Vuelven a ser demasiados requisitos, que todos unidos son difíciles de cumplir", insistió, al tiempo que anunció que su organización hará un estudio más pormenorizado del acuerdo para "ver si los criterios afectan a una gran parte de la población o no y si fuese así contactaríamos con la Consejería de Vivienda".En esta misma línea, el responsable de Emprovima, Esteban Martín, pidió a la Administración autonómica que explique "dónde está la novedad" del acuerdo, del que dijo beneficia a las entidades financieras, que "no arriesgan nada". "Esto no va a solucionar los problemas que ya tienen muchos adjudicatarios de VPO", comentó el diputado provincial, quien consideró que la iniciativa "excluye" a la práctica totalidad de los jóvenes que cobren entre 800 y 900 euros. "Cuando estábamos en la época del pelotazo inmobiliario, los bancos daban créditos con hasta un 60% de endeudamiento, pero ahora no", sentenció.A juicio del responsable de Emprovima, una posible alternativa pasa por potenciar las viviendas en alquiler con opción a compra. Un extremo en el que se muestra de acuerdo el gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga, José María Cerezo, quien apuntó que esta modalidad supone el pago de una renta mensual de poco más de 200 euros y permite su adquisición pasados diez años. En cualquier caso, a juicio del responsable del IMV, la iniciativa del Gobierno andaluz "puede suponer un aumento de las familias que no tengan capacidad para asumir las cargas de una hipoteca". "El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la elaboración de un plan municipal de vivienda para conocer el perfil de los demandantes y los ingresos medios que tienen", anunció.Por su parte, el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, que fue el primero en dar la voz de alarma respecto a la negativa de los bancos a dar préstamos, redundó en los argumentos antes expuestos y sentenció que las condiciones fijadas "no tienen en cuenta la realidad de la mayoría de las personas que acceden a una vivienda social, que en buena medida son jóvenes con menos de mil euros de ingresos". "De acuerdo con esto, a un segmento importante de la población que necesita una VPO no se le podría conceder un préstamo", apostilló. Gutiérrez recordó, además, que el 95% de los jóvenes tiene contratos temporales, con lo que no podrían acreditar una antigüedad de renta de tres años.

Un promotor denuncia al Consistorio de Rincón por incumplimiento de contrato (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento defiende que siempre actuó "en defensa de los intereses públicos"

El juzgado número 3 de Málaga ha admitido a trámite la denuncia presentada por la empresa Promociones y Construcciones Land y Eros contra el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por lo que consideran "la ruptura unilateral de un contrato urbanístico". Según el demandante, Francisco Landero, el Consistorio ha dejado sin efectividad el preacuerdo que cerraron hace dos años a través del cual su empresa se hacía cargo de la construcción de la nueva subjefatura de la Policía Local en Torre de Benagalbón a cambio de una parcela en la finca Garcés de 16.000 metros cuadrados. La decisión fue tomada por la comisión de Urbanismo el pasado mes de abril ya que después del tiempo transcurrido "la empresa no ha conseguido el préstamo bancario para financiar la operación". Esta situación provocó que el Ayuntamiento destinara el suelo a la construcción de 72 VPO y reubicara la jefatura de la policía local en el parque de bomberos.

Sin embargo, Landero, quien reconoce esta circunstancia, entiende que ganó el concurso por un procedimiento negociado que "nunca se llevó a cabo". "Me dieron una primera prórroga para conseguir el dinero con el que sufragar la operación. También les entregué una aval de 90.000 euros que no me ha sido devuelto. Y cuando volví a pedir más tiempo como consecuencia de la crisis mundial que atravesamos, rompieron el acuerdo", denunció Landero quien reclama al Consistorio los gastos que le ha generado la operación, cifrados en 500.000 euros, más los daños y perjuicios que ha sufrido con la anulación del contrato. "Lo que más me preocupa es el daño que les ha causado a mis clientes, y por ende a la imagen de mi empresa", recalcó el constructor, quien ha había vendido las 65 viviendas que había promovido en la Finca Garcés, y a cuyos compradores les tiene que devolver el dinero.

El edil de Urbanismo, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), indicó que aún no tienen la comunicación oficial, no obstante aclaró que "el Ayuntamiento ha actuado conforme a la legalidad" y "en defensa de los intereses públicos". El concejal no quiso entrar en el fondo porque serán los servicios jurídicos quienes se encarguen de ello, pero defendió la legalidad de la ruptura del preacuerdo. "El promotor tiene pleno derecho de defender sus intereses pero todo se ha hecho conforme a ley", subrayó Domínguez Palma, que considera que "no habrá ningún problema" con la construcción de las VPO de la Finca Garcés.

800 años de historia restaurados. Antequera (Málaga Hoy)


Ayuntamiento de Antequera y Junta de Andalucía restauran la Torre del Asalto y la Torre de Albarrana de la Estrella, parte del antiguo recinto amurallado de la ciudad

El tiempo no pasa desapercibido para ninguna infraestructura, y menos aún para una que cuenta con 800 años de vida. Con ocho siglos de historia y sus batallas correspondientes, la muralla de Antequera se deteriora. Es por ello, que desde hace unos años, las distintas administraciones invierten en ella para su rehabilitación. En estos momentos se está procediendo a la restauración, mampostería exterior y estudio para comprobar si hay algún vaciado en el interior de la Torre del Asalto y la Torre Albarrana de la Estrella ubicadas en la Plaza del Carmen. Según explicó a este periódico el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, "estos trabajos también se realizaron con la Torre Blanca, para ver si hay espacios nuevos o salas encubiertas. Esta es una obra de restauración y consolidación del lienzo de la propia torre".

Estos trabajos se encuadra dentro de una obra menor, valorada en menos de 30.000 euros, que está llevando a cabo la Junta de Andalucía para ir terminando el anillo amurallado de la ciudad, sin pretender reconstruir el anillo entero "sólo consolidar y restaurar el que hay". En este sentido, el regidor indicó que esta torre "se terminó hace unos seis años con la compra de dos casas adosadas, por lo que la torre ya está completamente liberada".

Hasta el momento, se han restaurado la Torre del Homenaje, financiada con el 1% Cultural que destina el Ministerio de Fomento por la línea AVE Málaga-Córdoba a su paso por el término municipal de Antequera. Y el resto de restauraciones de la Torre Blanca, la Torre del Quiebro, la excavación de la Alcazaba, el proyecto del Centro de Interpretación de la Ciudad, y el resto de restauración de muralla cercana al río de la Villa se ha desarrollado con el Programa de Recuperación de Murallas de las Andalucías de la consejería de Cultura, y también con escuelas taller.

Otra de los edificios que se están rehabilitando en estos momentos es la Torre de la iglesia de Madre de Dios de Monteagudo de Antequera, del siglo XVI. Hace unos meses se produjeron desprendimientos por lo que el Ayuntamiento procedió a restaurarla por el peligro que había para los transeúntes y peligrosidad hacia la calle. "Se hizo una intervención de urgencia para consolidarla pero había que hacer una intervención más estricta", explicó el regidor. Sin embargo, las propietarias del templo, las hermanas agustinas, "no daban autorización a los albañiles para entrar a la torre por la propiedad y había duda de la peligrosidad para actuar desde fuera. Finalmente se ha optado por un andamio externo que da la garantía total a los trabajadores que van a intervenir allí", señaló el alcalde.

El proyecto contempla la consolidación de la parte de la torre anexa a la propia iglesia, lugar donde se han producido los desprendimientos. Millán apuntó que la torre y la cúpula de cerámica vidriada tuvieron una intervención hace poco tiempo trabajado por un proyecto de Sebastián del Pino, pero queda otra parte que el Ayuntamiento quiere restaurar. Estas son obras menores de 30.000 euros que financia la Junta de Andalucía.

"La pena de cárcel por acoso inmobiliario en Barcelona ha de ser un referente en Málaga" (Málaga Hoy)

El Defensor del Ciudadano confía en que el fallo de los tribunales sobre la denuncia de la calle Mariscal sea similar
Un juzgado de Barcelona condenó la pasada semana a un año de cárcel a dos hermanos por acoso inmobiliario a una pareja que vivía en un inmueble de su propiedad. Sobre la base de la sentencia, pionera en todo el país en lo que a casos de mobbing inmobiliario se refiere, se encontraba el hecho de que los culpados hubiesen sido responsables de los cortes de agua y electricidad que sufrieron los inquilinos, molestias con las que pretendían desalojarlos. En esos mismos días, otro juzgado de Bilbao condenó a otro propietario a tres años y tres meses de cárcel por un supuesto semejante.

Los episodios ocurridos en las calles de la Ciudad Condal o Bilbao pueden perfectamente ser extrapolados a las vías del centro de Málaga capital, donde el número de denuncias por acoso inmobiliario se ha disparado en los últimos años, alguna de las cuales está ahora en manos de la Justicia.

El Defensor del Ciudadano de la Provincia de Málaga, Francisco Gutiérrez, fue el primero en dar la voz de alarma sobre lo que padecían decenas de vecinos de la capital, ocupantes de edificios antiguos y que obstaculizaban las operaciones inmobiliarias a las que aspiraban sus propietarios. Ahora, tras lo ocurrido en Barcelona y Bilbao, confía en que los tribunales malagueños actúan de manera semejante en la denuncia de la calle Mariscal.

"Esas sentencias pueden servir de referencia sobre lo que pasa en Málaga y son un punto de inflexión", comenta Gutiérrez, quien, incluso, asegura que la descripción de los hechos acaecido en la Ciudad Condal "es un calco de lo sucedido en Mariscal, con un propietario que cortó el agua y que propició la entrada de ocupas".

Éste es uno de los casos que más trayectorias acumula, desde que en el año 2005 la Oficina del Defensor del Ciudadano empezase a recibir las primeras llamadas sobre acoso inmobiliario. Desde ese instante, han pasado por sus manos un total de 70 expedientes, cifra que ha ido de manera paulatina decreciendo en los últimos meses. "Al margen de los antiguos, tenemos cinco o seis casos nuevos, en la calle Victoria, en la zona de El Palo y en Cruz de Humilladero", señaló.

La caída de denuncias viene motivada, según Francisco Gutiérrez, en el efecto que está teniendo la crisis económica y la desaceleración de la industria del ladrillo en la provincia de Málaga. "El parón está ayudando a que se ralentice el fenómeno, porque el interés por comprar edificios antiguos no es el mismo que hace dos años", comentó.

Promotores niegan que el plan de la Junta y la banca facilite la compra de VPO (Málaga Hoy)

Constructores malagueños y varios entes públicos estiman que los criterios que se exigirán para la concesión de créditos son de difícil cumplimiento y excluyen a muchos adjudicatarios

El acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía con las entidades financieras de la región para tratar de solucionar los problemas a los que se enfrentan miles de ciudadanos a la hora de adquirir una vivienda de protección oficial (VPO), ante la imposibilidad de recibir un crédito por parte del banco o la caja de ahorros, no parece que vaya a clarificar el actual escenario. Así al menos lo piensan en la provincia de Málaga los constructores y algunas instituciones públicas encargadas de la promoción de este tipo de productos residenciales, como el Ayuntamiento de Málaga y la Empresa Provincial de Vivienda (Emprovima), dependiente de la Diputación.

El compromiso que el pasado miércoles suscribió el presidente andaluz, Manuel Chaves, con los máximos dirigentes de las principales entidades andaluzas incluía, además de la financiación necesaria para poner en marcha en Plan Concertado de Vivienda y Suelo Andaluz 2008-2012, en el que se contempla la ejecución de 132.000 viviendas sociales, la fijación de cuatro requisitos mínimos para que toda persona que opte a una vivienda protegida pueda ser merecedora de un préstamo bancario.

El escenario que dibuja este póquer de condiciones es de difícil cumplimiento para muchos de los que acuden a los concursos de VPO ante el muro que supone la adquisición de una casa de renta libre, cuyo precio duplica, en muchos casos, el de la vivienda social. Primero, se exige que el solicitante no sea moroso y no tenga impagos anteriores; segundo, que acredite un sueldo que tenga al menos tres años de antigüedad; tercero, que los ingresos que le queden a esa persona o familia tras pagar la mensualidad de la hipoteca sea superior a los 600 euros, y cuarto, que las cuotas de todos los préstamos que tenga sean menores al 40% de la renta declarada.

Este abanico de exigencias no supone mejora alguna respecto a las condiciones que en estos momentos exigen las entidades financieras y que han provocado que muchos de los beneficiarios de una VPO hayan tenido que renunciar a ella ante la negativa del banco a concederle el crédito.

Entre los molestos por el escaso avance del pacto están los promotores y constructores, que si bien valoran que "se pongan unos marcos concretos para las reglas del juego", estiman que los requisitos fijados "siguen siendo un poco los de antes, con lo que la concesión del crédito sigue estando en manos de las entidades financieras". A este respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia, Violeta Aragón, recordó que la petición del sector es que todos aquellos ciudadanos que sean adjudicatarios de una VPO puedan disponer de un préstamo.

"Vuelven a ser demasiados requisitos, que todos unidos son difíciles de cumplir", insistió, al tiempo que anunció que su organización hará un estudio más pormenorizado del acuerdo para "ver si los criterios afectan a una gran parte de la población o no y si fuese así contactaríamos con la Consejería de Vivienda".

En esta misma línea, el responsable de Emprovima, Esteban Martín, pidió a la Administración autonómica que explique "dónde está la novedad" del acuerdo, del que dijo beneficia a las entidades financieras, que "no arriesgan nada". "Esto no va a solucionar los problemas que ya tienen muchos adjudicatarios de VPO", comentó el diputado provincial, quien consideró que la iniciativa "excluye" a la práctica totalidad de los jóvenes que cobren entre 800 y 900 euros. "Cuando estábamos en la época del pelotazo inmobiliario, los bancos daban créditos con hasta un 60% de endeudamiento, pero ahora no", sentenció.

A juicio del responsable de Emprovima, una posible alternativa pasa por potenciar las viviendas en alquiler con opción a compra. Un extremo en el que se muestra de acuerdo el gerente adjunto del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga, José María Cerezo, quien apuntó que esta modalidad supone el pago de una renta mensual de poco más de 200 euros y permite su adquisición pasados diez años. En cualquier caso, a juicio del responsable del IMV, la iniciativa del Gobierno andaluz "puede suponer un aumento de las familias que no tengan capacidad para asumir las cargas de una hipoteca". "El Ayuntamiento de Málaga está trabajando en la elaboración de un plan municipal de vivienda para conocer el perfil de los demandantes y los ingresos medios que tienen", anunció.

Por su parte, el Defensor del Ciudadano de la Provincia, Francisco Gutiérrez, que fue el primero en dar la voz de alarma respecto a la negativa de los bancos a dar préstamos, redundó en los argumentos antes expuestos y sentenció que las condiciones fijadas "no tienen en cuenta la realidad de la mayoría de las personas que acceden a una vivienda social, que en buena medida son jóvenes con menos de mil euros de ingresos". "De acuerdo con esto, a un segmento importante de la población que necesita una VPO no se le podría conceder un préstamo", apostilló. Gutiérrez recordó, además, que el 95% de los jóvenes tiene contratos temporales, con lo que no podrían acreditar una antigüedad de renta de tres años.

El Ayuntamiento de Casares proyecta construir 250 VPO (La Opinión)

El Ayuntamiento de Casares quiere priorizar la construcción de VPO y de viviendas de alquiler. Así se desprende de la comisión de seguimiento del Área de Rehabilitación del municipio en la que participaron la delegada provincial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefa López, y el alcalde de Casares, Juan Sánchez, además de los técnicos de ambas administraciones.
Según el regidor, en esa reunión se acordó centrar los esfuerzos de gestión en el desarrollo de la Huertezuela, una zona de 80.536 metros cuadrado en la que se proyecta la construcción de 250 viviendas sociales, además de zonas verdes y otros equipamientos públicos.
Viviendas accesibles. Además, el alcalde de la localidad malagueña de Casares insistió en la necesidad de construir un edificio de apartamentos que se gestionarían en régimen de alquiler y con los que se podría ofrecer una vivienda digna a esas familias que no tienen opción a una hipoteca ante la situación económica que presentan.
La construcción de este edificio con más de 20 apartamentos de dos dormitorios será una "prioridad" para el Consistorio que ya ha encargado el proyecto de construcción, según aseguró el propio alcalde de Casares, Juan Sánchez, tras la reunión.

El AVE a Granada supondrá expropiar a 300 propietarios a su paso por Antequera (La Opinión)


El 70% de los afectados ha manifestado su deseo de adherirse al sistema de compensación del Ayuntamiento, que cambiará suelo rústico por urbano
LOLA SÁNCHEZ. ANTEQUERA La ejecución del trazado de Alta Velocidad hacia Granada a su paso por Antequera supondrá la expropiación de unas 300 propiedades en la zona de la vega, de las cuáles más de un 70% carecen actualmente de actividad productiva. Así se desprende del estudio alternativo del tramo que encargó el Ayuntamiento de Antequera a una empresa externa, tras conocer que el trazado definitivo será el conocido como Sur-2. De las fincas afectadas, sólo tres tienen algún tipo de vivienda ejecutada. Asimismo, la actuación del soterramiento del tren frente a la ejecución del AVE en superficie tendrá un sobrecoste para el Consistorio de 80 millones de euros, lo que supondría el establecimiento de un impuesto especial por el cual cada antequerano debería abonar unos 1.200 euros anuales, en caso de que el Ayuntamiento no obtenga el respaldo económico de otras administraciones. Por otro lado, algo más de 210 familias, el 70% de las 300 fincas afectadas por el AVE -vaya en superficie o soterrado- han manifestado al Ayuntamiento su interés de adherirse al sistema de compensaciones establecido, en función del cual el ente local cambiará a estos vecinos suelo rústico por terreno urbanizable sectorizado. "En esta coyuntura nos encontramos con dos posibilidades. O hipotecar a los vecinos de por vida, o apostar por el semisoterramiento del tren aprovechando el desnivel de más de 12 metros que tenemos entre la estación actual y el lugar en el que se ubicará la nueva", resaltó el alcalde, Ricardo Millán. En este punto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha encargado sendos estudios arqueológicos e hidrológicos para constatar el mejor modelo constructivo de la línea.

Aifos se enfrenta al concurso de acreedores por deber 850 millones (La Opinión)

La promotora inmobiliaria Aifos se enfrenta al concurso necesario de acreedores que ha instado ante el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Málaga una de sus empresas acreedoras, según informaron fuentes jurídicas.
La compañía soporta actualmente una deuda de unos 850 millones de euros. Entre sus principales acreedores se encuentran el Banco Popular (con unos 200 millones de euros) y el Banco Pastor (unos 150 millones de euros), además de diversas cajas de ahorros, según la información proporcionada por las mismas fuentes.
Asimismo, en la lista de acreedores de Aifos también destacan un conjunto de 96 particulares y empresas proveedores de la compañía, fundamentalmente de Málaga, Córdoba y Madrid, a las que, según las mismas fuentes, la empresa podría adeudar impagos desde hace dos años.
Precisamente ha sido una de estas empresas (Gestión de Obras y Reformas SL) la que la pasada semana decidió instar el concurso de acreedores.
La suspensión de pagos de Aifos se erigiría así como una de las mayores de la totalidad de su sector en España, junto a las solicitadas por Martinsa-Fadesa y Tremón.

Pagarés de Tremón. La decisión de la empresa proveedora de Aifos de instar el concurso de la compañía podría haber derivado de la noticia de la presentación de concurso voluntario de acreedores de Tremón.
Según la información proporcionada por las mismas fuentes, dados los problemas de liquidez que Aifos atravesaba desde que se destapó su vinculación con el caso ´Malaya´, la inmobiliaria habría optado por pagar a sus proveedores con pagarés que a su vez había recibido de Tremón.
Tremón compró hace unos años a Aifos unos suelos situados en la Costa de Sol. Dicha operación se pagó: una primera parte en efectivo, otra segunda parte con subrogación hipotecaria y una tercera parte ya mediante la entrega de pagarés por importe total de 63 millones de euros. Dichos pagarés vencían el pasado día 17 de este mes de noviembre.

´Operación Malaya´. Aifos, una de las primeras promotoras de Andalucía, es propiedad de Jesús Ruiz Casado, uno de los imputados por la ´Operación Malaya´.
Ruiz Casado y el entonces director general de Aifos Jenaro Briales fueron detenidos en julio de 2006 y quedaron en libertad en una semana tras pagar fianzas de 200.000 y 500.000 euros, respectivamente, en el marco de dicha operación que investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
Aifos cuenta con una plantilla de unos 2.000 trabajadores y está especializada en viviendas de segunda residencia en la costa. Además de la rama de promoción residencial, también explota dos hoteles de cinco estrellas en Marbella, los ´Guadapín´, y el Hotel Biblos de Mijas.
El concurso necesario de acreedores (aquel que solicita un acreedor impagado) al que se enfrenta la compañía presenta, según la ley, mayores garantías para los acreedores y más dificultades para la sociedad concursada. Una de las diferencias con el concurso voluntario es que los acreedores instantes del procedimiento (quienes lo solicitan al juez) tienen un privilegio de cobro del 25% de su crédito.

El museo de la Industria de Málaga vela armas en el PTA (La Opinión)

A la espera de conseguir un emplazamiento definitivo, la asociación en defensa del Patrimonio Industrial conserva mil piezas en el Centro de Ciencia y Tecnología

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La catarata de museos que acompañará la candidatura de Málaga como capital cultural de Europa no contempla un Museo del Patrimonio Industrial, a pesar de que constituyó una promesa electoral y que durante el primer tercio del XIX, Barcelona y Málaga fueron las dos grandes potencias industriales de España.
A la espera de tiempos mejores, la Asociación en Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial y Tecnológico de Málaga ha logrado el apoyo del Parque Tecnológico de Málaga y su Centro de Ciencia y Tecnología para exponer, de forma digna, una pequeña parte de sus mil piezas.
Hace unos días, además, acaba de terminar la Semana de la Ciencia y Tecnología del PTA, con seis talleres formativos ofrecidos por la asociación, y además, ha permitido que 1.800 alumnos conozcan el pasado industrial de Málaga, expuesto en unas espectaculares vitrinas dentro del centro, que exhiben, acompañadas por piezas centenarias, reconstrucciones por ordenador de algunas industrias emblemáticas como la preciosa bodega de López Hermanos en El Molinillo o la fábrica de hojalatas Lapeira. Este trabajo ha sido realizado por la Escuela de Peritos.
"Es increíble que en Málaga no haya un local en condiciones", cuenta José Antonio Ruiz, responsable de la asociación. Hasta ahora, las gestiones con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación no han llegado a buen puerto. La asociación cuenta con un pequeño almacén, cedido por el PTA en el propio Centro de Ciencia y Tecnología. Allí conserva muchas de las piezas que no expone, algunas de ellas salvadas de Intelhorce o salidas del almacén que la Diputación tiene en el Hospital Civil.
José Antonio Ruiz muestra una imprenta de 1927 y a su lado descansa una prensa de aceite de la empresa Ballesteros. Épocas y artilugios se mezclan en este pequeño almacén, como una hermosa lata de aceite de los Gross o una máquina para analizar tierra de Financiera y Minera. Las dimensiones del local han impedido que la asociación se haga cargo de ofrecimientos de viejas industrias andaluzas. "La verdad es que me estoy aburriendo", confiesa el responsable de la asociación. José Antonio Ruiz recuerda que, hace dos legislaturas, el alcalde se comprometió a destinar 7.000 metros cuadrados de la antigua Fábrica de Tabacos a un Museo del Patrimonio Industrial.
"Por ahora, lo único que hay es que la delegada del Gobierno Andaluz, María Gámez, ha quedado en hablar con el concejal de Vivienda para ver qué posibilidades tendría un local en los bajos de la calle López Pinto".
La generosidad del responsable del PTA, Luis Felipe Romera, ha permitido que mientras dura este ´deambular´ en busca de un museo, la asociación pueda exhibir sus mejores piezas de una forma más que digna. En las vitrinas expuestas al público llama la atención una antigua ´bobinadora´ de Intelhorce. José Antonio Ruiz acciona un interruptor y se pone en marcha.
Cajas de la azucarera Larios, vinos históricos de Málaga, material ferroviario, piezas de la Fundición Trigueros con placas de los talleres británicos donde fueron construidas, una imprenta de finales del XVIII, paneles informativos sobre las chimeneas de Málaga... todo el potencial industrial del pasado convive, en buena sintonía, con la modernidad de un parque tecnológico. El museo, ¿llegará?

La gran odisea inmobiliaria. Benalmádena (SUR)

Más de 50 vecinos de Benalmádena denuncian la mala gestión de una promotora que entregó sus casas sin estar completamente terminadas

Comprar una casa puede resultar un calvario si uno tiene la misma fortuna que 53 vecinos de Cogilco Marina en Benalmádena, quienes adquirieron sus viviendas hace años a la promotora Cogilco y aún hoy, siguen con desperfectos, humedades y carecen del suministro de luz y agua.
Rafael Larrubia, uno de los propietarios, resume que «en un principio nos dijeron que la fase iba a estar lista en marzo de 2006, pero no las entregaron hasta agosto de un año después». Como él, los vecinos contaban con el permiso de habitabilidad necesario para residir en sus casas. «La vivienda estaba terminada pero no así la urbanización», «los primeros meses, para entrar por la puerta principal tenía que cruzar a través de unas tablas porque no habían acabado ni las aceras».
Diferente es el caso de María Rizo, una de las propietarias que «no entiendo como nos dicen que hemos comprado un edificio hecho con materiales de primera calidad y ahora esté lleno de grietas y humedades».
Reunión
Ante tal situación, numerosos han sido los encuentros que han tenido los vecinos con la promotora, quienes, a día de hoy no han mejorado nada. «Al parecer la empresa tiene subcontratado la urbanización de la zona y como actualmente está en un concurso de acreedores no hay avances». Siguen viviendo sin toma de agua, «el enganche procede de una depuradora instalada durante las obras que no cumple ningún permiso sanitario». Igual ocurre con la instalación eléctrica. «Sólo hay un servicio mínimo y los fallos son más que habituales».
Desesperados, lo único que les queda es protestar con pancartas colgadas de sus balcones. «El piso piloto está aquí, desde que están los carteles no han vendido ni una casa más, no queremos que engañen a más familias».Las pocas mejoras las han conseguido a través de la empresa municipal de aguas, quienes mejoran la instalación en la zona.
Parece que mientras no se aclare judicialmente la situación de la promotora, estos vecinos se suman a una larga lista de los afectados por la crisis del ladrillo.

Juan Antonio García: «Las modificaciones al PGOU son nefastas». Marbella (SUR)

Denuncia que el equipo de gobierno no tiene un plan serio para revitalizar la zona Cifra en más de 300 las alegaciones al nuevo documento urbanístico respecto a El Ingenio

Son tantos que Juan Antonio García no recuerda con exactitud los años que lleva al frente del movimiento vecinal de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. «De lo que sí me acuerdo es que la Asociación de Vecinos El Cruce se registró en 1989 y que la Federación de Asociaciones de Vecinos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía nació pocos meses después, y desde entonces», rememora. García es el presidente de ambos colectivos. Descubre oscuro el horizonte que traza el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): «Las modificaciones del equipo de gobierno son nefastas, por decirlo así», apunta.
¿Cómo se encuentra el movimiento vecinal en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía?
No nos prestamos al juego político que marca el equipo de gobierno. Me refiero a que somos libres, sin más. Y claro, esto tiene sus consecuencias. Ahora mismo estamos luchando por muchas cosas. San Pedro fue siempre la cenicienta de Marbella, pero parece que no todo el mundo lo ve igual. La conclusión que sacamos los vecinos es que aquí se viene a cubrir el expediente con pequeños gastos y punto. No sé, pero muchas veces tengo la sensación de que el Ayuntamiento no tiene un proyecto serio para la zona.
¿Cuáles son las principales demandas de los ciudadanos?
Son de todo tipo. Hablamos de problemas de iluminación y saneamiento, principalmente. Le pongo el ejemplo de la avenida de la Constitución. Verá, aquí hace mucho tiempo que comenzaron unas obras que nunca concluyeron. Es una pena. Pues bien, en vez de acometerlas de una vez, nos dedicamos a parchear. Otro ejemplo es la plaza Vista Alegre, que da pena. Reitero que es uno de los espacios más transitados de San Pedro. Pues bien, como esto que le digo, casi todas las cosas. Llega un momento en el que uno parece desfallecer. Pero, como le anuncié antes, seguiremos en la lucha.
¿En qué influirá en este sentido el nuevo PGOU que se tramita?
De manera nefasta, lamentablemente. Lo digo porque comprobamos que se están expropiando zonas públicas en beneficio de terceros, de promotores en concreto. Mire si será negativa la influencia del documento que la zona de El Ingenio acapara ya más de 300 alegaciones. Queremos preservar por encima de todo el patrimonio, que es de todos. Se ocupan además parcelas públicas de manera ilegal. La mayoría de las obras están paralizadas.
¿Considera útil la figura del Defensor del Ciudadana como vehículo de transmisión de todas estas denuncias?
¿Qué figura del Defensor del Ciudadano? El que elegirá la alcaldesa. Estoy indignado. Todo está ya como muy programado desde arriba, como siempre.
¿Y el Reglamento de Participación Ciudadano, destinado a dar voz y voto a los vecinos?
Más de lo mismo. En todo esto hay mucho cuento. Ese reglamento será útil si se pone en marcha con todas sus consecuencias. Sólo así será útil. Pero no lo creo. No es la primera vez que digo que hasta que no haya otro gobierno no se pondrá en marcha el Reglamento de Participación Ciudadana. Esto lo tengo claro.

La antigua sede de la Diputación en el Centro de la capital acogerá la Sopde (SUR)

La antigua sede de la Diputación de Málaga acogerá finalmente la sede de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), que prepara su traslado, y después se empezará a plantear llevar hasta el mismo inmueble al Patronato de Recaudación Provincial, lo que liberaría su actual sede del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La Diputación pretendía alquilar su edificio de la céntrica Acera de La Marina de la capital, desocupado tras pasar los servicios principales del organismo a la nueve sede del paseo marítimo, de forma que se obtuvieran recursos extras al presupuesto con el arrendamiento en tan destacado lugar de la ciudad. Sin embargo, el presidente de Diputación, Salvador Pendón (PSOE), ha explicado a Efe que parece que el Plan Especial de Protección de la zona centro de la capital lo impide.

Los promotores proponen 165 viviendas de renta libre para convertirlas en VPO (SUR)

Los promotores inmobiliarios llevan presentadas a la Junta de Andalucía 2.045 viviendas libres para su conversión en vivienda protegida, según indicaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que precisaron que de esas más de 2.000 viviendas ya hay 711 que han obtenido la calificación provisional, trámite con el que el empresario puede comenzar a construir los inmuebles. En la provincia de Málaga, la solicitud de calificación para VPO afecta a un parque residencial de 165 viviendas repartidas en tres municipios, de las que 27 pueden comenzar las obras, ya que han logrado el visto bueno de sus expedientes, mientras que las 138 restantes están en tramitación

La Junta pone condiciones para aportar dinero a la avenida del soterramiento (SUR)

El Gobierno andaluz supedita su ayuda a que el Consistorio adopte medidas para reducir el tráfico en la carretera de Cádiz

El Gobierno andaluz está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento en la financiación de la avenida que se construirá sobre el soterramiento de las vías del tren, pero pone sus condiciones. Según fuentes consultadas, la Junta de Andalucía prevé llegar en las próximas semanas a un acuerdo con el Consistorio para financiar mediante fondos europeos que gestiona parte de la realización del citado bulevar, sobre el que pesan varias dudas a cerca de su diseño y ejecución, como ya informó este periódico el pasado martes (ver SUR 18/11/2008).
No obstante, la aportación de las arcas autonómicas -que podría suponer el 60% de la inversión necesaria- está condicionada por los responsables de la Consejería de Obras Públicas a que el Ayuntamiento acepte poner en marcha medidas para reducir el tráfico en el eje de la carretera de Cádiz, una vez que vuelva a ser abierto a la circulación tras las obras del metro. En ese sentido, la Junta apuesta por recuperar espacio público para los ciudadanos y por implantar mecanismos de ordenación del tráfico que no hagan de esta avenida un trayecto de penetración directa en la ciudad. «Se trataría de dificultar el tráfico de paso y facilitar la circulación a nivel de residentes», comentaron las fuentes.
Por su parte, el Consistorio no ha descartado totalmente la aplicación de algunas de esas medidas de calmado de la circulación que harían posible el acuerdo para obtener financiación regional para la avenida del soterramiento, valorada por el momento en 28 millones de euros. De hecho, el pasado mes de septiembre, realizó una encuesta sobre la peatonalización del eje de la carretera de Cádiz en la que preguntó a los vecinos que calificaran por orden de preferencia múltiples opciones: desde un uso peatonal estricto de la avenida de Velázquez hasta la posibilidad de dejar la urbanización existente, y la compatibilización del uso peatonal con el transporte público, alternativo y ordinario.
Incertidumbre
Por ello, no está clara todavía la ordenación definitiva que tendrá la carretera de Cádiz -si bien la constructora del metro ya está reproduciendo las anteriores secciones de calzadas y medianas, ante la falta de un acuerdo con el Ayuntamiento- ni el diseño de la avenida del soterramiento, para la que los responsables municipales también han planteado la posibilidad de que ofrezca una mayor preferencia para el peatón y el transporte público que para el vehículo privado.
El Consistorio tiene previsto presentar a los colectivos ciudadanos del distrito de Carretera de Cádiz las diferentes alternativas de diseño para la avenida que acabará con la herida urbana que han supuesto hasta ahora las vías ferroviarias. No obstante, su ejecución está condicionada en gran parte al traslado de las naves del polígono San Rafael.

domingo, 23 de noviembre de 2008

El PP plantea un puente de 11 kilómetros sobre la bahía de Málaga (Málaga Hoy)

Es la propuesta más llamativa y se prolongaría desde el Guadalhorce al arroyo Totalán

El PP de Málaga ha ido desgranando los últimos días sus proyectos de futuro, aunque guardaba un as en la manga: un puente sobre la bahía de Málaga de 11 kilómetros de longitud entre la desembocadura del río Guadalhorce y el arroyo Totalán, en el límite con Rincón de la Victoria. La idea se plantea como una ronda sur sobre el mar, que tendría como objetivo descongestionar el tráfico, pero también convertirse en una obra emblemática.

El proyecto se incluyó en la ponencia Málaga, un futuro perfecto y fue anunciado por el edil de Urbanismo de Málaga, Manuel Díaz. El PP presentará los detalles técnicos y de financiación en unos días, aunque sí adelantó que tendría dos niveles: uno superior para el tráfico rodado y otro inferior para ferrocarril y uso peatonal.

Los populares pusieron sobre la mesa un centenar de propuestas. Algunas de las más llamativas son la creación en Málaga de la Bolsa del sur de España, ubicada en la antigua sede de la Diputación; la nueva torre para la catedral; una ciudad aeroportuaria; y un ferry entre Nerja y Estepona. El PP también apuesta por ubicar en la capital las consejerías de Turismo y Economía y Hacienda y Díaz advirtió a la Junta de Andalucía: "No toleraremos el traslado de la Cuenca Mediterránea Andaluza".

El proyecto estrella es un puente de once kilómetros sobre el mar (SUR)

San Francisco cuenta con el famoso Golden Gate, el puente que une el norte con el sur de la península donde se ubica esta ciudad norteamericana. Siguiendo dicho ejemplo los populares presentaron ayer el que es su proyecto estrella para los próximos años: un gran puente sobre la bahía malagueña desde la desembocadura del río Guadalhorce en la capital hasta el arroyo Totalán (en la zona de La Araña, en el límite con Rincón de la Victoria).

Esta colosal infraestructura tendría once kilómetros de longitud y sería la ronda sur de la capital malagueña. El denominado Puente de la Bahía se dividiría en dos niveles: en el superior iría el tráfico rodado, mientras que en el inferior discurriría el ferrocarril y habría un espacio peatonal. Esta gran obra de ingeniería civil ha sido diseñada por un grupo de expertos y sus aspectos técnicos serán presentados en los próximos días. Fuentes del partido no quisieron hacer una valoración del coste económico ni del plazo de ejecución aduciendo que es un plan que está en su germinación, y que en el futuro habrá que coordinar con las administraciones públicas y otros actores.

Esta propuesta, que a buen seguro abrirá un amplio debate político y técnico, se recoge en la ponencia 'Málaga, un futuro perfecto' presentada por el concejal de Urbanismo de la capital, Manuel Díaz; la concejala de Torremolinos, Margarita del Cid, y el director de Secretariado de Mantenimiento y Sostenibilidad de la UMA, Salvador Merino, y que fue aprobada por unanimidad de los compromisarios. Este documento político marca la estrategia de los conservadores malagueños para el futuro y recoge un centenar de iniciativas.

Objetivo: poner orden en el caos urbanístico (SUR)

LA Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía quiere acabar con el caos urbanístico de la comarca, pero además quiere hacerlo en colaboración con los ayuntamientos. Precisamente, para lograr ese apoyo y dar a conocer los pasos que se están dando en este sentido, el titular de la Consejería, Juan Espadas, ha visitado está semana la comarca: Ha pedido a los ayuntamientos la firma de acuerdos con la Junta para la localización de las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable. El objetivo es incluirlas en un inventario, municipio por municipio, antes de que Junta y ayuntamientos decidan el futuro de cada una de ellas. Hasta ahora siete pueblos (Alcaucín, Canillas del Aceituno, La Viñuela, Sayalonga, Comares, Salares y Cómpeta) han firmado acuerdos con la Consejería para la detección de estas edificaciones que están fuera de ordenación. Realizado el inventario se analizarán una por una. Se regularizarán las que sean regularizables y se demolerán la que haya que demoler. Porque eso sí, Espadas lo ha dicho bien claro: «habrá que contar con demoliciones». La Consejería asegura que tendrá «tolerancia cero» con las nuevas construcciones ilegales que incidan en el descontrol urbanístico.

Sentencia
Monitores
Y es que las cosas mal hechas terminan pasando factura. Eso es lo que ha ocurrido con 22 monitores deportivos en Vélez-Málaga que, aunque contratados por una empresa privada, han trabajado siempre para el área de Deportes del Ayuntamiento. El Juzgado de lo Social número 5 de Málaga ha condenado al Consistorio veleño a admitir a los monitores como personal laboral indefinido, al entender que se ha producido una «cesión ilícita de trabajadores». Ojala esta sentencia sirva, al menos, para que los grupos políticos municipales midan el alcance de sus acciones, porque ésta no puede ni debe ser la forma para acceder a la plantilla del Ayuntamiento.

Ruido
Juzgado
El Juzgado de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ha exigido por otra parte al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía que haga efectivo el pago de la indemnización que corresponden a los vecinos de Ipanema, en Torre del Mar, por la contaminación acústica que soportaron durante años de los locales de El Copo. Se trata de 2.800.000 euros, a razón de 156.000 euros por cada uno de los 18 vecinos que denunciaron las molestias sufridas entre 1990 y 2003 por los ruidos del conjunto comercial que aglutina la movida nocturna torreña. El Ayuntamiento ha comunicado al tribunal que no disponer de consignación presupuestaria y que elaborar á un plan de pago que estará en función de las disponibilidades económicas de las arcas municipales. Mientras tanto, los interés engrosarán la cuantía final.

Educación
Edificio
Aunque en Rincón de la Victoria el Ayuntamiento tampoco está para tirar cohetes, la realidad es que acaba de sacar a licitación el proyecto de redacción y la dirección técnica del nuevo edificio que albergará el Centro de Adultos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Popular. la inversión prevista es de 850.000 euros, de los que 150.000 euros irán destinados a la redacción del proyecto. También está semana, ha adjudicado los trabajos de adecentamiento del entorno de la Cueva del Tesoro por un importe de 220.000 euros.

Mercadillo
Nada de puestos
En Nerja, tampoco esta semana ha habido mercadillo y ya van 22. Los vendedores y el Ayuntamiento siguen erre que erre. Los ambulantes esperan que los técnicos municipales valoren la propuesta de poder instalarse en el parque Verano Azul.

Depuradora
Obras
También se está haciendo de rogar el proyecto de la depuradora de Nerja, aunque está semana la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) ha anunciado el inicio de las obras para antes de finales de2009. La Cuenca ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino el nuevo informe de impacto ambiental, por lo que el organismo espera que el Gobierno central saque a licitación y adjudicación la obra en el primer semestre del próximo año. Los trabajos supondrán una inversión superior a los 36 millones de euros. El proyecto es uno de los más demandados por el sector turístico nerjeño y por la población en general durante los últimos años.

Puerto
Retraso
Tampoco parece avanzar demasiado el proyecto del puerto deportivo entre Torrox y Nerja, pendiente todavía de la finalización del estudio de impacto medioambiental, y ello después de 10 meses de que finalizara el plazo de exposición pública del proyecto básico y del estudio de impacto medioambiental.

Juicio a un funcionario de urbanismo. Cártama (SUR)

La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto juzgar a partir de mañana al que fuera en 2004 encargado en el Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales por presuntamente reclamar a los vecinos dinero a cambio de impedir sanciones o paralizaciones.

Jesús García Calderón: «En muchas ocasiones, la demolición es el único efecto disuasorio real» (SUR)

El fiscal superior de Andalucía apuesta por los derribos de los edificios ilegales cuando sean necesarios para romper con la sensación de «impunidad»

Mas medios, mayor coordinación entre los Cuerpos del Estado y mano firme a la hora de adoptar medidas impopulares como la demolición de viviendas ilegales son algunas de las claves que propone en la entrevista a SUR el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para acabar con la corrupción urbanística y con la sensación de impunidad con la que a veces parecen actuar los corruptos.

¿Es Marbella y los delitos urbanísticos uno de los principales quebraderos de cabeza de la Fiscalía?
La idea de delitos urbanísticos ya no es suficiente para designar algunas formas de criminalidad. Debiéramos empezar a referir la existencia de nuevos delitos geográficos porque la acción criminal modifica de manera efectiva nuestro entorno socio económico, supera el límite urbano o municipal y degrada nuestra calidad de vida. Hablamos de una realidad cambiante que merece toda nuestra atención pero no sólo en Marbella. Andalucía tiene entornos tan extraordinarios que la delincuencia urbanística o medioambiental incumbe a todos los ciudadanos. El compromiso con la ordenación territorial, con la defensa de una economía de la Cultura o con una protección medioambiental efectiva y coordinada son, en buena medida, la esencia de nuestro futuro. Quizá el quebradero de cabeza que ha terminado por llegar es el de la criminalidad inmobiliaria.

La postura del TSJA es oponerse a la demolición de las viviendas ilegales ya habitadas. ¿Cuál es la de la Fiscalía?
Creo que esa no es siempre la posición de nuestro Tribunal Suprior. La respuesta es compleja pero procuraré resumirlo en una sola frase: En muchas ocasiones, la demolición, teniendo en cuenta la escasa penalidad de estos delitos, es el único efecto disuasorio real.
¿Son necesarios más medios para combatir la corrupción urbanística?
Sí. Son necesarios más medios materiales, personales y tecnológicos, aunque somos conscientes del esfuerzo que realiza en el ámbito de sus competencias el Gobierno de Andalucía. Le aseguro que llevamos años reclamando unas dotaciones no suficientes sino mínimas para el desarrollo eficaz de nuestra labor. Casi le diría que estas peticiones, por acostumbradas, pasaban en ocasiones inadvertidas.

¿Estaban preparados para 'Malaya'? Se ha criticado que la acción de la Justicia ha llegado demasiado tarde. ¿Se ha mirado para otro lado durante estos años?
La actuación del fiscal Anticorrupción López Caballero responde a la pregunta. Mire usted, el problema que me plantea tiene tantas y tan antiguas paternidades que convendría, sin olvidar la lección del pasado, mirar con cierta ilusión el futuro.

Otro de los grandes problemas actuales es la existencia de bandas criminales organizadas que operan en la Costa del Sol. ¿Cómo combatir esta lacra? ¿Sería necesaria una mayor cooperación internacional?
El problema comienza por llevar a cabo una redefinición de lo que debemos entender por crimen organizado. La colaboración internacional por supuesto en indispensable. En mi opinión, han tenido lugar en los últimos años algunas actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil muy afortunadas que permiten afrontar el futuro con mayor optimismo. Una mayor y más estable relación entre la Policía Judicial y el Ministerio Fiscal, junto con la creación de equipos multidisciplinares y también estables de investigación serían algunas de las claves del éxito institucional para combatir un problema que no debería crecer para no secuestrar una parte esencial de nuestro futuro.

El túnel de Cánovas y la carretera a Intelhorce se quedan sin fondos europeos (SUR)


El Gobierno andaluz confirma su rechazo a los intercambiadores propuestos por el Ayuntamiento en La Marina y junto a la estación Sí se concederán las ayudas para los planes de movilidad sostenible
23.11.2008 - JESÚS HINOJOSA - MÁLAGA

CRUCE. El Ayuntamiento planteó la ejecución de un soterramiento para evitar los problemas de tráfico en esta zona. / CARLOS MORET

El Ayuntamiento no verá cumplidas todas sus expectativas de contar con la financiación de fondos europeos del programa Feder, que gestiona la Junta de Andalucía, para poder desarrollar algunos de los principales proyectos de infraestructuras planteados para la ciudad. Según pudo conocer este periódico, el Gobierno andaluz tiene decidido no apoyar con los citados fondos el soterramiento de la avenida de Cánovas del Castillo ni el arreglo de la carretera Azucarera-Intelhorce, uno de los principales ejes de los polígonos.

La primera de las actuaciones, valorada en 46 millones de euros, consiste en la realización de un doble túnel que canalizaría el tráfico entre el paseo de los Curas y el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. El Consistorio ha defendido esta medida, para la que también esperaba contar con ayuda del Ministerio de Fomento, como la fórmula para acabar con los problemas de tráfico que se producen en la intersección de la avenida de Cánovas con el paseo de la Farola y, de este modo, potenciar la circulación en el denominado 'eje litoral' que constituyen la avenida de Manuel Agustín Heredia y el paseo de los Curas.

Expectativas
Sin embargo, los responsables autonómicos consideran que el túnel no es necesario y lo rechazan porque generaría más expectativas para el transporte privado, en el sentido de que podría tomarse como un nuevo recorrido de paso para atravesar la ciudad.
De igual modo, según las fuentes consultadas, desde la Junta se descarta la colaboración económica para la mejora de la carretera Azucarera-Intelhorce, valorada en 22 millones de euros por el Ayuntamiento. Se trata de uno de los principales ejes viarios de los polígonos empresariales del oeste de la ciudad que presenta numerosas deficiencias por su elevado uso y su falta de mantenimiento.

El equipo de gobierno estaba esperanzado en poder obtener para esta obra fondos Feder de la Administración regional. Sin embargo, ésta considera que se trata de una intervención que es competencia exclusiva del Consistorio. El mismo criterio tiene la Junta para el proyecto de finalización del denominado 'vial de cornisa' -entre el río Guadalmedina y el camino de los Almendrales-, que está valorado en tres millones de euros. Según las fuentes, también se quedara sin la aportación de Feder.

En cambio, la Junta sí está dispuesta a colaborar, desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con el Plan de Movilidad Sostenible planteado por el equipo de gobierno municipal. No obstante, condiciona este apoyo a que contenga medidas realmente eficaces para procurar una mejora en el transporte colectivo.

Los proyectos mencionados se encuentran dentro del paquete de actuaciones que el Consistorio y la Junta acordaron priorizar para una posible financiación con fondos europeos en un 60%. No se incluyeron en ese paquete los intercambiadores de modos de transporte que el Ayuntamiento ha defendido en la plaza de la Marina y la explanada de la Estación. Según las fuentes, el Gobierno andaluz los da definitivamente por descartados porque no se ajustan a los criterios básicos para planificar este tipo de instalaciones.

sábado, 22 de noviembre de 2008

Las obras del Teatro Torcal de Antequera comenzarán en 2009 (Málaga Hoy)

La partida es de un millón de euros y la ciudad contará con un auditorio para 650 personas
La reforma del Teatro Municipal Torcal de Antequera está valorada en más de 4,2 millones de euros, financiados por la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento. Para 2009 ya aparece reflejada una partida inicial de 1 millón de euros que aporta la Consejería de Cultura dentro de un convenio-marco de 2008, y que según el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, esperan firmar antes de final de año para comenzar las obras en 2009.

En el pasado Pleno, el Consistorio aprobó el proyecto de ejecución del arquitecto Ignacio Molina, para reformar y ampliar el edificio declarado Bien de Interés Cultural y uno de los pocos referentes que quedan en Andalucía del Art Déco. La rehabilitación del edificio va a permitir a la ciudad contar con un auditorio con capacidad para 650 personas. Asimismo, el Pleno aprobó la renovación de contrato con Antequera Cinema y una adición a la permuta con posibilidad de obtener un inventario del mobiliario del teatro.

Estepona aprueba un convenio con la casa real saudí. (Málaga Hoy)

El acuerdo supondrá unos 8 millones de ingresos para el Consistorio
El Ayuntamiento de Estepona aprobó ayer, en un Pleno bastante tenso, el convenio urbanístico firmado con la Casa Real Saudí que supondrá el ingreso, en las arcas municipales, de 8 millones que se destinarán a infraestructuras. Además, se reservarán 49.614 metros cuadrados de techo para VPO lo que supondrá una construcción de 413 viviendas sociales. El punto salió adelante con el voto a favor del gobierno y de la mayor parte de la oposición (PP y tres no adscritas). También prosperó el punto referente a la adaptación del PGOU de 1994 a la LOUA.

El alcalde, David Valadez, anunció que la semana que viene se solicitará la subvención a la Junta para financiar la adaptación del planeamiento de 1994 a la nueva legislación.

Una sentencia condena a Bolín a ocho años de inhabilitación para cargo público. Benalmádena (Málaga Hoy)

El ex alcalde anuncia que recurrirá el fallo y que si le da la razón volverá a la política

El juzgado de lo Penal número 7 de Málaga dictó ayer sentencia contra del ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín, que fue condenado a una pena de 8 años de inhabilitación y una multa de 20 euros diarios durante un año, así como al pago de las costas judiciales, por un delito de prevaricación urbanística.

Durante el juicio, celebrado el pasado octubre, el fiscal argumentó que el ex regidor aprobó un plan que autorizaba a construir en suelo no permitido, y además se cambio la densidad del mismo, puesto que la parcela, situada en la zona de La Leala, estaba destinada en un principio a albergar viviendas unifamiliares, y en el transcurso de un Pleno en 2002 se permitió la edificación de 46 viviendas de tipo pueblo mediterráneo. El fiscal explicó que no se realizó la modificación de elementos previamente, sino tras la concesión de la licencia.

Por su parte, Enrique Bolín, manifestó que considera esta decisión como una "sentencia política" y que no se han tenido en cuenta los informes a favor, ya que el juez sólo ha tenido en consideración el único desfavorable que en su día emitió el aparejador municipal.

En su declaración, el ex alcalde señaló que "era necesario aprobar un convenio urbanístico y se traslada el volumen de edificabilidad de una parcela a otra para tener el terreno libre". Los terrenos se iban a usar para hacer una variable norte de Arroyo de la Miel y ceder el terreno a Renfe para ensanchar el puente del ferrocarril.

Asimismo, señaló que no tenía conocimiento del informe desfavorable de los técnicos ya que no estaban incluidos en el expediente, previo a la aprobación del convenio: "Los informes fueron posteriores", argumentó en su declaración.

Para Bolín no se ha realizado una recalificación de los terrenos. Además argumentó que en su día se les encargó un estudio detalle a los arquitectos municipales, que no hicieron "porque se les olvidó y hubo que dar una licencia de obra".

Bolín a su vez explicó que recurrirá esta sentencia y adelantó su intención de volver a la política, en el caso de que sea revocada, en las próximas elecciones con una lista propia.

El Consistorio comienza la rehabilitación del Puente Quintana (Málaga Hoy)

El grupo municipal socialista critica el retraso de cinco años en el inicio de las obras

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, colocó ayer la primera piedra de la rehabilitación del Puente Quintana, el de mayor longitud de los que componen el acueducto de San Telmo, que se ubica en las inmediaciones de Ciudad Jardín, junto a la barriada de Hacienda de los Montes.

El proyecto, que comienza a ejecutarse, contempla las actuaciones necesarias para la rehabilitación de esta infraestructura que tiene una longitud de 180 metros con 13 vanos y una altura máxima de 11 metros. Los trabajos fueron adjudicados a la UTE Coroyfer SL-Sondeos Inyecciones y Trabajos Espaciales SA (SITE), por un importe de 665.644 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, según indicó el Ayuntamiento de Málaga.

Las tareas consisten en la ejecución de medidas para frenar los empujes del terreno de la ladera Este mediante una pantalla de pilotes de hormigón armado; la estabilización de las condiciones hidrológicas subterráneas y superficiales mediante la ejecución de un sistema de drenaje; la eliminación de la estructura metálica que constituye el apuntalamiento; y la ejecución de un acerado perimetral.

El grupo municipal socialista criticó el retraso de cinco de años en el inicio de las obras de rehabilitación del puente. La concejala socialista Dolores Fernández señaló en un comunicado que el alcalde de Málaga se comprometió a empezar las obras en el año 2003, y reservó una partida presupuestaria en los presupuestos de 2004, pero la adjudicación no se llevó a cabo hasta 2007.

Acusan a dos empresarios de coacciones para cobrar una deuda (Málaga Hoy)

Presuntamente paralizaron una obra de Rincón de la Victoria y causaron daños

La Fiscalía de Málaga ha solicitado multa de 8.100 euros para dos hombres, máximos responsables de dos empresas de construcción, a los que acusa de realizar coacciones en una obra para cobrar de la compañía que la estaba llevando a cabo deudas por servicios prestados.

Los hechos sucedieron, según las conclusiones provisionales del fiscal, en marzo de 2007 cuando los dos acusados se personaron en la obra que hacía la empresa en Rincón de la Victoria con el fin de que se les hicieran efectivas determinadas cantidades. Para ello, "contando con la colaboración de otras ocho o 10 personas no identificadas, al parecer, trabajadores suyos", estacionaron dos vehículos en la puerta de la obra "para impedir el acceso" y entraron "increpando a los trabajadores para que no continuaran trabajando".

Con esa finalidad, "rompieron la puerta de una cochera y una ventana" y "destrozaron la conexión de agua y el cuadro eléctrico, consiguiendo así que toda la actividad quedara paralizada ese día". Los desperfectos fueron tasados en 1.449 euros y los perjuicios, en 7.818 euros.

Ultiman el arreglo de la estructura metálica del mercado de Atarazanas (Málaga Hoy)


El proyecto de rehabilitación del edificio prevé recuperar las tejas vidriadas originales de color verde · Las obras deberán estar acabadas antes del próximo verano

Las obras de restauración del histórico mercado de Atarazanas de la capital avanzan a buen ritmo. Los trabajos se centran ahora en rehabilitar la estructura metálica del edificio de la que se ha eliminado la pintura antigua y todos los elementos que se le han ido añadiendo con el paso del tiempo.

En sustitución de los 3.000 metros cuadrados de placas de amianto que cubrían el tejado del edificio, y que fueron retirados a principios de año por la empresa Demoliciones F. T., se volverán a recuperar las tejas vidriadas originales de color verde que tenía el inmueble diseñado por el arquitecto Joaquín Rucoba en el siglo XIX.

La eliminación del techo de uralita, cuya utilización está totalmente prohibida desde hace ocho años por su relación con algunos tipos de cáncer y enfermedades pulmonares, ha permitido reparar la estructura metálica que había sufrido serios daños.

Pero los operarios de la empresa Sacyr, adjudicataria de las obras de reforma, también trabajan en allanar el suelo del edificio, que será sustituido por un nuevo pavimento de un material de resina más fácil de limpiar, que será continuo y sin juntas para evitar que se incruste la suciedad. Es una de las novedades del proyecto de los arquitectos encargados del nuevo diseño del edificio, José González Gallegos y María José Aranguren, que pretenden con su proyecto dar un aire de modernidad al emblemático edificio.

También será novedoso el diseño de los nuevos puestos de los comerciantes del mercado que serán modulares en forma de vagones alineados y que estarán adornados con paneles de vivos colores para aumentar la luminosidad del interior.

Eso se conseguirá gracias a la colocación de las nuevas vidrieras y a la eliminación del falso techo que impedía la entrada de la luz natural.

La recuperación del edificio a su estado original que perseguían los arquitectos con su proyecto obligó a derribar la construcción de hormigón que se levantó en el centro a finales de los años 60 para ubicar las oficinas y la cafetería del mercado.

Si todo marcha conforme a lo previsto, las obras de rehabilitación deberán estar terminadas antes del próximo verano. Al menos ese fue el compromiso del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga con los comerciantes del mercado central que se trasladaron temporalmente al edificio ubicado sobre el aparcamiento de la calle Camas.

El Ministerio de Fomento acaba con la anarquía de los badenes en las carreteras (Málaga Hoy)

El Gobierno indica cómo y dónde deben construirse y propone dos modelos · La norma sólo incide en las vías y travesías y no obliga a cambiar los ya instalados

Los hay pequeños y molestos a la entrada de Torremolinos. Grandes y convertidos en pasos de cebra en Antequera, Mijas o Ronda. También extraños y sin señalizar en Fuengirola. Nuevos en Guadalmar y algunos, como en la barriada de Olletas, invitan a hacer un rally. A la fiebre desatada en muchas ciudades de la Costa del Sol por la creación de glorietas también se ha sumado la de estas infraestructuras dirigidas a limitar la velocidad de los vehículos. Y prácticamente en cada municipio se ha hecho de una forma diferente. Ahora, el Ministerio de Fomento ha sacado una norma que regula su construcción. Así, propone dos modelos que deben ser seguidos en todas las carreteras, incluidas las travesías. En las calles, los ayuntamientos pueden seguir haciendo lo que quieran.

Unos de los más criticados han sido siempre los de la Avenida de los Manantiales, justo a la entrada de Torremolinos. Son varios, pequeños y a muchos conductores les parecen molestos. Eso sí, han conseguido bajar al mínimo el número de atropellos en la zona, porque los vehículos reducen en gran medida su velocidad al circular por la zona. Allí los conductores se quejan de que esto provoca que en las hora punta el tráfico rodado en esta zona sea lento, aunque aseguran que son "necesarios" ya que al ser la salida de la autovía es bueno "que no se exceda demasiado el límite de velocidad".

Pero tanto los vecinos de Torremolinos como los de Benalmádena explican que es necesario una mayor señalización de los lugares donde están ubicados los badenes, porque aseguran que hay algunos "que ni se ven". Fuentes municipales explicaron que las peticiones de los vecinos para instalar badenes "son muchas", pero que todos los proyectos son estudiados por técnicos municipales y que los nuevos, "se ajustarán a lo que la ley marque".

En la capital se han colocado en diversos lugares, como la zona de Olletas, aunque lo que provocaba es que los vehículos los esquivaran cambiando de carril y usando parte de la acera. Así, un elemento que se usó como remedio para ganar en seguridad de los peatones, fue una enfermedad que creó más peligro en la zona. Donde sí están funcionando es en la zona de Guadalmar. Fueron una de las primeras actuaciones municipales después de que el Consistorio malagueño anunciara una ordenanza en la que los vecinos podían proponer qué tipo de reductores de velocidad querían en sus calles y dónde ubicarlos. La vía paralela a la autovía es usada por muchos como escapatoria a los espectaculares atascos de la A-7 a una alta velocidad y llegaba a poner en peligro a los residentes en la barriada, que ahora han ganado en seguridad. "Aunque lo mejor sería que no tuviésemos que instalarlos, significaría que todos respetan la velocidad máxima a la que se puede circular", asegura el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero.

En Marbella, en el último año el Ayuntamiento ha instalado de oficio bandas reductoras en los alrededores de la mayoría de los centros educativos y de las instalaciones deportivas. Además, la Delegación de Tráfico y Circulación también los ha colocado en algunas zonas donde los han solicitado los vecinos. De hecho, incluso han tenido que rechazar algunas peticiones porque se corría el riesgo de poner estos reductores de velocidad en casi todas las calles del término, según indica el concejal responsable del área, Diego Eyzaguirre (PP).

Igual ocurre en la Avenida los Reales, único lugar donde están colocados en Estepona. Allí las quejas se centran en que son demasiado altos y pueden afectar a sus coches, pero también han sido muy eficaces, ya que los coches que bajan a una alta velocidad de la Sierra Bermeja se ven obligados allí a frenar, justo a la entrada del casco urbano. Además, el Ayuntamiento está elaborando una ordenanza para calmar el tráfico con diferentes actuaciones, entre las que se recogen pasos de peatones elevados.

Esa opción es la que han tomado muchos ayuntamientos en los últimos tiempos. La calle Pío XII o la zona del Paseo Real de Antequera son un ejemplo de ello. Ambas vías son anchas e invitaban a correr, pero ahora todo ha cambiado y, además, se han ganado nuevos pasos de cebra. Igual ocurre en la Avenida Martínez Astein de Ronda, en la zona de Las Lagunas, en Mijas o en los alrededores del colegio Villar Palasí de Vélez-Málaga.

Es lo más parecido a los modelos que propone el Ministerio de Fomento, que indica que los badenes deben ser "pasos de peatones sobreelevados" o reductores de velocidad tipo "lomo de asno", aunque estos deben instalarse en las zonas donde sea "frecuente" la circulación de autobuses. Además, deben estar ubicados a una distancia entre 50 y 200 metros e ir acompañados de señalización horizontal y vertical.

Comienza el ´lavado de cara´ del Acueducto de San Telmo (La Opinión)


De la Torre colocó ayer la primera piedra en el Puente Quintana, el más grande de la obra civil del XVIII

LA OPINIÓN. MÁLAGA La rehabilitación del Puente de Quintana está ya en marcha. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de los concejales de Urbanismo y del distrito de Ciudad Jardín, Manuel Díaz y María Victoria Romero, procedieron ayer por la mañana a la colocación de la primera piedra en las futuras mejoras del puente, que suponen una inversión de 600.000 euros.
Considerado el de mayor importancia y de mayor longitud de los que componen el acueducto de San Telmo, el tramo a rehabilitar se ubica en las inmediaciones de Ciudad Jardín, situado concretamente sobre el arroyo Quintana. El proyecto, que comienza a ejecutarse, contempla las actuaciones necesarias para la rehabilitación de esta infraestructura, mediante la realización de medidas para frenar los empujes del terreno de la ladera que tiene una longitud de 180 metros con 13 vanos y una altura máxima de 11 metros. No obstante, el Consistorio malagueña asegura que la intervención contemplada no afecta al carácter singular y monumental de la infraestructura, sino que tiende a su mejor conservación.
Consolidación. En cuanto a las acciones que conduzcan a la consolidación y restauración de la fábrica, se llevará a cabo la limpieza y erradicación de la vegetación parásita arraigada en las fábricas, la eliminación de morteros no originales, así como la consolidación de los revestimientos y fábricas originales, junto con la reparación y reconstrucción de las de ladrillo y mampostería.
El proceso de mejora se basa la colocación de una pantalla de pilotes de hormigón armado; la estabilización de las condiciones hidrológicas subterráneas y superficiales mediante la ejecución de un sistema de drenaje; la eliminación de la estructura metálica que constituye el apuntalamiento y por último la ejecución de un acerado perimetral, entre otros aspectos.

La cartografía de la provincia, al alcance de los ciudadanos (La Opinión)

La Diputación presenta un portal "pionero" en España para un conocimiento "exhaustivo" del territorio. Esta dirigido a toda la población en general

Llega ´www.idemap.es´ (Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Málaga), un portal "pionero en España" que aglutina y pone a disposición de las administraciones y de cualquier ciudadano datos "exhaustivos" del territorio de la provincia. El arduo trabajo del equipo del Servicio de Información Territorial de la Diputación se vuelca en la Red para el acceso de todo aquel que lo requiera, según explicó el jefe de este servicio, Miguel Ángel Marín. En este sentido, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, subrayó que esta herramienta permitirá el conocimiento de la infraestructura de datos espaciales del territorio. "Se trata de un instrumento indispensable para gestionar las actuaciones a realizar en los municipios", declaró.
Utilidades. Descarga de mapas temáticos y un visor en el que se pueden observar las carreteras, consultar la red de ferrocarril, los núcleos urbanos o los términos municipales son algunos de los servicios. El usuario puede además acceder al estado de la red de saneamiento de una localidad o conocer en qué puntos se encuentran las farolas de un pueblo o saber las rutas de senderismo, dijo la diputada de Fomento Local y Red Viaria, María Teresa Pérez.
Además de una parte de acceso libre a todos los ciudadanos, se reserva la entrada al sistema de información territorial a toda institución o administración que lo requiera, para lo que se establecerán convenios, dijo Miguel Ángel Marín. "La Subdelegación, las delegaciones de la Junta, los ayuntamientos, los colegios de arquitecto o de ingenieros, todo aquel que lo necesite podrá acceder a esta base de datos con lo que se conseguirá el dato único.
Esta aplicación informática busca además cambiar también la cultura de gestión del territorio", reseñó Marín.
Análisis espaciales, mejorar la gestión de los equipamientos, una herramienta para que los técnicos trabajen de forma ´on line´ o una "sólida base" para que un arquitecto realice, por ejemplo, un plan parcial. El portal cuenta con el Idemap Api, un instrumento que contiene un pequeño navegador de mapas con información geográfica, ortofotos, divisiones administrativas, carreteras y también callejeros.

Condenan a Bolín a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística. Benalmádena (SUR)

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de prevaricación urbanística, por la concesión en 2002 de una licencia en la zona de La Leala.

EUROPA PRESS El ex regidor benalmadense tiene la intención de recurrir esta sentencia y pretende, en el caso de que sea revocada, poder presentarse a las próximas elecciones municipales, según publican hoy los diarios 'Málaga Hoy' y 'El Mundo'.

Durante el juicio, la Fiscalía de Málaga mantuvo la acusación contra Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió la licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".

La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien aseguró al final de la vista que actuó "correctamente" y no había cometido "ningún delito".

Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según dijo, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".

Asimismo, dijo que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que aseguró que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.

Por su parte, la defensa aseguró que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que insistió en que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.

El letrado explicó que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, señaló que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.

El pleno de Estepona aprueba el convenio con la Casa Real Saudí. Estepona (La Opinión)

El Ayuntamiento ingresará 8 millones de euros por este acuerdo, que se invertirán en infraestructuras. El Partido Popular, en la oposición, votó a favor

NOELIA ANDRADE. ESTEPONA Después de meses de negociación, el pleno del Ayuntamiento de Estepona dio luz verde ayer al convenio urbanístico con la familia real Saudí que permitirá la construcción de unas 1.500 viviendas de lujo. El pleno aprobó ayer el inicio del expediente del texto refundido de dicho convenio que se traducirá en unos ingresos de 8 millones de euros para las arcas municipales, una cuantía que, según anunció el alcalde, David Valadez, días atrás, se destinará a inversiones en infraestructuras.
Desde la oposición, el edil del PES Juan Manuel Rodríguez pidió que se incluyera en el expediente una cláusula que garantice que en el caso de que la propiedad venda los terrenos del convenio, las plusvalías reviertan al pueblo.
El edil no adscrito, Francisco Zamorano, afirmó que se ha aumentado el volumen de edificabilidad de la parcela del 0,15 al 0,28. Cabe recordar, que el convenio fue rubricado por los representantes de la Casa Real Saudí con el ex alcalde Antonio Barrientos un día antes de que se desatara la operación ´Astapa´ contra la corrupción. En este sentido, el portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, vigente en la actualidad, fijaba para la zona una edificabilidad entre el 0,45 y el 1, mientras que en el convenio se rebaja hasta el 0,28. Según manifestó Ignacio Mena, "el volumen del 0,15 se recogía en la propuesta inicial del Plan General que, hoy por hoy, es papel mojado. No se ha aprobado y no sabemos si ese suelo se iba a quedar así".
El pleno estuvo repleto de acusaciones entre concejales no adscritos y el alcalde. En concreto, Zamorano acusó al regidor de contratar a más personal en el Ayuntamiento, a lo que Valadez respondió que pondrá una denuncia en el juzgado. Por su parte, Marisa Rodríguez pidió a Valadez que destituya a su jefe de gabinete, Luciano Sánchez, por tener una vivienda en suelo rural.

Las obras de la Iglesia de Santa Cecilia concluirán en cuatro meses. Ronda (SUR)


Los trabajos han supuesto una inversión superior a los 600.000 euros La aportación económica de los feligreses ronda los 120.000 euros

Para antes de Semana Santa. Este es el plazo que ha señalado el vicario de Ronda, José Emilio Cabra, para la finalización de las obras en la Iglesia de Santa Cecilia, popularmente conocida como Los Descalzos. Los trabajos, que han supuesto una inversión superior a los 600.000 euros, concluirán en cuatro meses. La reforma del templo se ha dividido en dos fases. La primera, que abarcó la remodelación del tejado y la fachada, comenzó en 2007 y concluyó en abril de este año. La segunda fase abarca el interior de las instalaciones y la recuperación del antiguo Convento Trinitarios Descalzos. Estas obras se iniciaron en agosto y se extienden sobre 800 metros cuadrados.
Cabra ha destacado la aportación económica de un centenar de feligreses, que han contribuido con alrededor de 120.000 euros en las obras de reforma . Las obras, realizadas por la empresas Campano y Cotracom, están financiadas por el Obispado de Málaga, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja.
Respecto a las dependencias que se están restaurando, Cabra ha explicado que incluirán 11 salones, un despacho para Cáritas, otro despacho parroquial, la sacristía, una vivienda para el párroco y un garaje. El Vicario ha insistido en que los trabajos están respetando las estructuras del antiguo convento, tanto en los arcos originales como en la cúpula del inmueble.
Debido a estas obras, 230 alumnos de catequesis están recibiendo clases en otros templos de la ciudad, aunque volverán a Santa Cecilia cuando finalice la actuación. Del mismo modo, el vicario también lamentado que este año el programa de actividades con motivo del Día de Santa Cecilia sea más reducido, aunque la misa estará acompañada por la Banda Municipal de Ronda.

El Ayuntamiento hará un Plan Municipal de Vivienda en función de un registro de demandantes. Antequera (SUR)

Para poder solicitar una VPO el ciudadano tendrá que estar inscrito en esa base de datos
VPO DE SPERAC S. A.
Sperac es la Sociedad para la Promoción y Explotación de los Recursos de Antequera y su Comarca. Calle Calvario: 27 Viviendas de Protección Oficial. En ejecución.
Calle Río Rosal: 18 VPO. En enero o febrero se abrirá el plazo de solicitud.
La Quinta: Se harán unas veintena de VPO aproximadamente en los solares de Automóviles Torres.
Ensanche de la Verónica: Se harán 200 VPO por parte de Sperac. S. A.
Cartaojal: 6 VPO. Entregadas.
Bobadilla Pueblo: 17 VPO. Entregadas.
Bobadilla Estación: 25 VPO. En tramitación.En enero del próximo año se abrirá la veda para hacerse con una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Antequera. A partir de entonces, todo ciudadano que desee una residencia de estas características tendrá que inscribirse en un registro municipal que se creará para elaborar posteriormente un Plan Municipal de Viviendas, según adelantó ayer a este periódico la delegada en Sperac S. A. y edil del equipo de gobierno, Lola Quintana (IU).
La concejal explicó que este registro ya lo solicitó su partido en 2003 cuando eran oposición sin que llegara a progresar, pero que ahora lo exige la propia Junta de Andalucía. Las bases ya han sido aprobadas por la empresa municipal para el desarrollo de viviendas, Sperac S. A., y se elevarán al pleno del próximo 11 de diciembre con idea de ponerlo en marcha a principios de 2009.
Pertenecer a esta base de datos será uno de los requisitos imprescindibles para poseer una VPO, además de los económicos que establece la legislación vigente y de estar empadronados y residir en el término municipal de Antequera. Los demandantes de VPO definirán en este registro, entre otras cuestiones, el número de personas que componen su unidad familiar y el tipo de vivienda que solicita según los metros cuadrados, con objeto de elaborar con rigurosidad el Plan de Vivienda.
VPO municipales
Por lo pronto Sperac S. A., como promotora, ha construido ya y entregado seis VPO en Cartaojal y 17 en Bobadilla pueblo y actualmente ejecuta 27 en la calle Calvario de Antequera. En enero o febrero de 2009 se abrirá el plazo para solicitar las 18 VPO de la calle Río Rosal, al tiempo que se tramita el expediente para hacer otras 25 viviendas en Bobadilla Estación. La lista se complementará con aproximadamente una veintena de VPO que se edificarán en la actual nave de Automóviles Torres que el Ayuntamiento ha conseguido por permuta. Además, en el Ensanche de La Verónica, Sperac S. A. promoverá 200 viviendas.

Urbanismo proyecta crear huertos ecológicos para los mayores. Vélez-Málaga (SUR)

La Gerencia negocia un convenio con un particular para utilizar una finca de la carretera de Arenas

La idea consiste en facilitar pequeñas parcelas a los mayores del municipio para que puedan plantas y cultivar. Con este objetivo, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha iniciado contactos para poder utilizar una finca situada en la carretera de Arenas, en una zona próxima al casco urbano, en la que fácilmente se podrían crear entre 300 y 400 parcelas que serían puestas a disposición de los mayores para que puedan contar con un pequeño huerto en el que trabajar.
Según el edil de Urbanismo, Salvador Marín (IU), estos «huertos ecológicos» permitirán a los mayores cultivar los productos que consideren oportunos y realizar una actividad física trabajando y cuidando las plantas.
La finca, con cuyo propietario se está negociando un acuerdo, está lo suficientemente cerca de la ciudad como para que los mayores puedan desplazarse andando, según Marín. «Lo único que se necesita es habilitar un acceso hasta la finca, que cuenta con un cortijo, que si la experiencia marcha bien, podría ser rehabilitado como centro de día», ha señalado el portavoz de IU. Marín ha reconocido que la iniciativa exigirá un gran inversión por parte del Ayuntamiento, que todavía no ha cifrado.inversión.

Denuncian 40 expedientes de viviendas ilegales sin el trámite de audiencia. Mijas (SUR)

La Asociación por la Regularización de las Viviendas (ARV) ya anunció hace meses que se habían detectado irregularidades en el trámite de Audiencia que tenían que hacer cumplir el Ayuntamiento antes de expedientar una vivienda ilegal. Tal y como se aclaró desde la junta directiva del colectivo, «En estos momentos hay unos 40 recursos interpuestos ante el Consistorio por indefensión al no haber sido informados de la audiencia previa».
Según informó el abogado de ARV, Ricardo Santandreu Montero, «un juez ha suspendido cautelarmente, por segunda vez, una orden de demolición». La pretensión con estas denuncias es que la administración local tenga que paralizar y anular el expediente interpuesto. Esta propuesta se hizo llegar al alcalde, Antonio Sánchez, quien argumentó en una sesión plenaria que «esa tarea sólo se puede realizar a instancias del poder judicial».
Suspensión
Desde la directiva, se mostró la sorpresa ante la reacción de los jueces «que mostrando una sensibilidad total ante el problema, deciden suspender las multas mientras la sentencia sea firme para evitar que los afectados sigan pagando». «Esta actitud no la ha tenido ni el propio Ayuntamiento», criticó la asociación.

Licitan inicialmente un nuevo parque infantil con una inversión de 190.000 euros. Benalmádena (SUR)

El parque infantil proyectado para la confluencia entre calle Muérdago y avenida Los Botijos está cada día más cerca de hacerse realidad gracias a la adjudicación inicial de las obras. Según admitió el edil de Parques, Joaquín Villazón, «se ha optado por un proyecto con un coste de 190.000 euros, 30.000 más barato que lo indicado en las bases de licitación».
El parque estará ubicado en cerca de la urbanización La Sierrezuela en Benalmádena Pueblo. Se va a desarrollar en una una parcela con 1.500 metros cuadrados de superficie, en la que se plantarán un centenar de árboles y más de 200 arbustos. Además, se habilitará una zona de juegos infantil y una pista deportiva.
La pretensión del equipo de gobierno es diferenciar diferentes espacios con el objetivo de que los usuarios tengan tanto una zona para el ocio y esparcimiento como un lugar en el que los más pequeños se puedan divertir con numerosos y diferentes juegos.
Desde el Ayuntamiento se adelantó que la zona estaría vallada para mejorar la seguridad del área verde aunque con varios accesos sin barreras arquitectónicas «para que el ciudadano que lo desee lo pueda disfrutar cuando quiera».

El pleno da luz verde al proyecto de la casa real saudí que permitirá levantar 1.400 viviendas de lujo. Estepona (SUR)

El Consistorio obtendrá con este convenio suelo para construir 413 VPO e ingresará ocho millones de euros que se destinarán a infraestructuras

No hubo sorpresas en la aprobación del convenio con una sociedad vinculada a la casa real saudí con el que se pretende levantar un complejo residencial de lujo que albergue unas 1.400 viviendas. El pleno dio ayer luz verde, con el apoyo de 19 de los 21 ediles presentes en el momento de la votación, al inicio de este expediente, que supondrá el ingreso en las arcas municipales de ocho millones de euros, que se destinarán a patrimonio del suelo y a infraestructuras.
Los terrenos, que se sitúan en la zona de El Paraíso, están calificados en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994 como urbanizables no sectorizados. La mercantil estará obligada a la cesión de más de 49.000 metros cuadrados de techo para la construcción de 413 Viviendas de Protección Oficial (VPO).
Desde la oposición el concejal del PES, Juan Manuel Rodríguez, pidió que se incluyera en el expediente una cláusula que garantice que en el caso de que la propiedad venda los terrenos objeto del convenio las plusvalías reviertan el pueblo. Así como que se fije cuál es el porcentaje de suelo que tendrá un uso residencial y turístico, y que se establezcan plazos para la aprobación de los planes parciales y de urbanización.
Edificabilidad
Por su parte el edil no adscrito, Francisco Zamorano, criticó que en la propuesta de aprobación inicial del nuevo planeamiento estos suelos tienen una edificabilidad de 0,15% frente a los 0,28% que recoge el convenio. En este sentido, el edil del PP, Ignacio Mena, -favorable a la aprobación de este acuerdo urbanístico- aclaró que el plan vigente de 1994 permite un 0,45% en este sector. De hecho, la defensa del popular hacia esta propuesta hizo que Zamorano le tachara de «nuevo portavoz del equipo de gobierno».
No fue el único punto que se abordó en la sesión plenaria. En asuntos urgentes se aprobó una modificación presupuestaria de siete millones de euros procedente de excedentes de las cuentas de 2007, cantidad que se destinará a la ejecución de obras públicas. Durante el debate, Zamorano criticó que este asunto contradice el plan de austeridad y acusó al alcalde, David Valadez, de contratar en el Ayuntamiento a personas «afines» a él y que habían sido despedidas. La reacción del regidor no se hizo esperar y anunció que la semana que viene llevará estas declaraciones a los tribunales. Por otro lado, la edil no adscrita, Marisa Rodríguez, pidió al alcalde que destituya a su jefe de gabinete, Luciano Sánchez, por que «se ha construido sobre suelo rústico una vivienda». En este sentido, Valadez dijo que todos los ciudadanos serán tratados «con la misma vara de medir».

«Un bosque, con su entramado de flora y fauna, no puede ser trasplantado». Marbella (SUR)


Ecologistas en Acción y Junta de Andalucía. Ambos parecen haberse alineado para respaldar el valor del alcornocal de La Mina. Los primeros con sus alegaciones, presentadas tras la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para pedir que se sacara el alcornocal de los terrenos previstos como urbanizables no sectorizados. El Gobierno andaluz, con el informe de impacto ambiental, de carácter vinculante, que obligaba a redefinir el área prevista para actividades económicas y residencial con el fin de dar protección de la masa arbórea.
¿Los argumentos? En el informe, la Junta sostenía que la zona arbolada, «en buen estado de conservación», es el vestigio del alcornocal mixto que se extendía hacia Elviria e instaba a proteger esta «mancha discontinua». Volcados en la defensa del enclave natural, los ecologistas y su portavoz, Rafael Ávila, acusan a equipo de gobierno e industriales de «despreciar» el valor de la zona y desmontan la propuesta de trasplante: «Un bosque, con su entramado de flora y fauna, no puede trasplantase».

«Lo que hay son árboles dispersos que no pueden bloquear un proyecto». Marbella (SUR)


Defienden la postura contraria, aunque intenten modular su discurso para buscar puntos intermedios que siguen pareciendo lejanos. Mientras que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, es crítica con la protección del alcornocal que impone la Junta, más cuando no venía contemplada en planes urbanísticos de mayor rango; los industriales de La Ermita, unidos bajo la Agrupación de Interés Económico del Polígono Industrial de Marbella (AIEPIM), incluso han encargado 'ex profeso' un estudio medioambiental que en sus conclusiones cuestiona el valor del espacio natural y que ya han entregado al Ayuntamiento y el Gobierno andaluz.
«Lo que hay son árboles dispersos que no pueden bloquear un proyecto», sostiene Francisco Pimentel, presidente de AIEPIM. Su propuesta pasa por trasplantarlos a un parque periurbano, que tendría 450.000 metros cuadrados, para despejar el futuro del polígono. Por su parte, la regidora confía en que haya un cambio de criterio. Así lo negocia con la Junta. Llegado el caso, defiende que el área protegida se reduzca «a lo estrictamente necesario» para que puedan coexistir.

Bosque de árboles o de naves. Marbella (SUR)


Las posturas siguen enfrentadas y el debate, abierto. Industriales y Consistorio apuestan por 'plantar' el polígono en el alcornocal. Ecologistas y Junta se aferran a su valor ecológico

Bosque de naves o de árboles. He aquí la cuestión, que diría Shakespeare. El debate está sobre la mesa, especialmente recrudecido en los últimos días por el cruce de declaraciones. De una parte, la Agrupación de Interés Económico del Polígono Industrial de Marbella, valedora del traslado de las naves de La Ermita al norte de la tercera fase del centro comercial La Cañada que también defiende el Ayuntamiento. De la otra, Ecologistas en Acción, que se aferra al valor natural del alcornocal de La Mina y que la Junta ordenó proteger con su informe de impacto ambiental sobre el Plan General de Ordenación Urbana.
Como telón de fondo: un millar de ejemplares de árboles, mayormente de alcornoques y pinos piñoneros, convertidos en improvisados protagonistas. Tanto que hoy mismo la Agrupación Ecologista Pinsapo organiza una visita a la zona para demostrar 'in situ' la riqueza que, a su juicio, tiene este rincón de bosque mediterráneo.
Sin protección inicial
Al margen de la regularización de las viviendas ilegales y del destino de algunas parcelas que se preveían para uso público, el alcornocal se ha convertido en tema estrella de la tramitación del nuevo planeamiento urbanístico. Si en el documento inicial, diseñado bajo la batuta de la Junta, no se preveía ninguna protección para la zona y se calificaban los terrenos para usos productivos (60 hectáreas) y residencial (40 hectáreas), el mismo Gobierno andaluz vino después con las rebajas, a instancias también de los ecologistas, y ordenó al equipo redactor preservar parte del área como no urbanizable de protección especial.
Eso y la regularización prevista por el equipo de gobierno para la tercera fase de La Cañada, que obliga a llevar más al norte el futuro recinto ferial, acorrala el espacio para el nuevo polígono, que pasaría de unos 600.000 metros cuadrados a 412.000. Mientras, el área residencial desaparecería. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya está en negociaciones con la Junta para buscar una salida menos traumática, como reducir el área protegida a lo que sea «estrictamente necesario».
Los industriales apuestan por el trasplante a un parque periurbano, de más de 450.000 hectáreas y que podrían diseñar los propios ecologistas, y se remiten a un informe encargado a una consultoría medioambiental. Los ecologistas, por que se quede tal y como está y que, si se trasplanta algo, sea el polígono. A otro lado...

Piden que dos empresarios sean juzgados por coaccionar en una obra para cobrar (SUR)

La Fiscalía malagueña ha pedido la apertura de juicio oral contra dos empresarios que se personaron en una obra en construcción con sus trabajadores, casi una decena, para coaccionar a los presentes y poder cobrar por los trabajos que ellos habían realizado. El fiscal pide que los dos imputados, L.V. H. y R. M. S, sean juzgados por un delito de coacciones y que se les imponga una pena a cada uno de ellos de 18 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Efe. Los desperfectos causados por los máximos responsables de las mencionadas empresas y sus trabajadores se han tasado en 1.449,14 euros, mientras que los perjuicios en 7.818,31 euros. Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2007 cuando los acusados se presentaron en una obra ubicada en Benagalbón y «actuando de común acuerdo» y para que se les pagaran los servicios prestados en dicha promoción estacionaron dos vehículos en la puerta de entrada a la obra.