Las 107 VPO que promueve la empresa municipal estarán finalizadas antes del verano. Vélez-Málaga (SUR)

El Consistorio tiene pendiente la entrega de 56 viviendas construidas en la localidad

Las tres promociones de viviendas de promoción pública que la empresa municipal Emvipsa tiene actualmente en ejecución estarán finalizadas con toda probabilidad antes del próximo verano. Así lo aseguraron ayer la alcaldesa, María Salomé Arroyo (PSOE), y el concejal de Infraestructura, Salvador Marín (IU), tras la visita que realizaron al edificio de 37 viviendas de protección oficial (VPO) que se están llevando a cabo en el sector Vélez-Málaga 8 (VM-8), frente al colegio público Axarquía.
Las otras dos promociones actualmente en marcha dentro del grupo de las 107 VPO en construcción se ejecutan en Torre del Mar. Una de ellas en la zona de la Azucarera, de 49 viviendas, y la segunda en la Cuesta del Visillo. En este caso se trata de un edificio de 21 viviendas.
Una vez finalizadas, habrá que esperar a la obtención de la calificación definitiva por parte del Junta de Andalucía antes de proceder a sus adjudicatarios.
Actualmente, están pendientes de ser entregadas otras 56, de las que 18 están en el entorno del polideportivo de Vélez y 38 junto al instituto Almenara.
Arroyo informó ayer que ya han mantenido alguna reunión con el Consejero de la Vivienda y se plantea el reto de llegar a construir hasta 2.500 nuevas VPO.
Marín por su parte insistió en la importancia de este tipo de promociones públicas y recalcó la necesidad de obtener nuevos suelos para futuras promociones, a la vez que habló de la posibilidad de realizar permutas con promotores particulares, de forma que estos obtengan suelos óptimos para la construcción de casas individuales y a cambio el Ayuntamiento consiga los suelos.
El edificio que se construye en el sector V-M 8, frente al colegio Axarquía, consta de casas de dos y tres dormitorios, con garajes y trasteros. Además en la planta baja, se dispondrá de un local de 450 metros cuadrados en el que se ubicará una guardería y una casa adaptada para minusválidos. Las viviendas son casi todas exteriores y están construidas con materiales de alta calidad. También disponen de preinstalación de aire acondicionado.

El PP solicita que se abran las 150 plazas del 'parking' de Balmoral. Benalmádena (SUR)

El presidente del PP de Benalmádena, Enrique Moya, solicitó al alcalde, Javier Carnero, la inmediata apertura del nuevo aparcamiento de Balmoral en Benalmádena Costa con el objeto de dotar de 150 estacionamientos. En concreto y según informó Moya, «hace más de un año que se concluyó la edificación y debido a la incapacidad y mala gestión de Carnero no se ha podido inaugurar».
Por otro lado criticó las obras del parking en 'Le Courbusier', proyecto con 450 aparcamientos, que se encuentran paralizadas desde hace meses.

Ayudas para rehabilitar casas. Casares (SUR)

Un total de 14 familias de Casares se beneficiarán de las subvenciones de rehabilitación de la Junta de Andalucía. Esta familias recibirán una ayuda del 50% del coste de las obras, con un máximo de 14.000 euros. El Ayuntamiento de Casares les concederá los permisos de obra de forma gratuita. Ayer se celebró la comisión de seguimiento del área de rehabilitación de Casares, con la presencia de la delegada provincial de Vivienda, Josefa López, que anunció que ésta pasará a depender de Málaga cuando hasta ahora lo hacía de Cádiz

Arenas alaba el PGOU porque «evita que paguen justos por pecadores». Marbella (SUR)

El presidente del PP andaluz asegura además que el documento urbanístico de Marbella . que se tramita en la actualidad aporta «seguridad jurídica» a los vecinos y a los inversores

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, alabó ayer el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, a falta de aprobación definitiva, porque «evita que paguen justos por pecadores». Por esto y por la «seguridad jurídica» que a juicio del presidente de los populares andaluces transmite el documento urbanístico a los vecinos e inversores. Arenas hizo estas afirmaciones durante su reunión en Marbella con concejales responsables de Urbanismo de Andalucía, foro en el que denunció el retraso de la región en esta materia «por culpa de la Junta, que ha puesto en marcha los mecanismos generales de planeamiento 20 años después».
«Desde las últimas elecciones municipales Marbella es ejemplo de todo lo bueno, como antes de esas elecciones lo era de todo lo malo», sintetizó Arenas, quien estuvo acompañado entre otros por la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz; por el presidente provincial del partido, Joaquín Ramírez, y por el sucesor de éste y actual secretario general, Elías Bendodo. El presidente del PP andaluz exigió entonces al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y al Gobierno central «lealtad no con la alcaldesa, sino con los vecinos» para que recuperen el impulso inversor «interrumpido estos años».
Personalizó sobre todo Arenas sus críticas en Chaves, de quien dijo que practica una política «de engaño y propaganda» y al que demandó un mayor respeto por la autonomía de los ayuntamientos a la hora de confeccionar su desarrollo, «lo que redunda en beneficio económico».
«La Junta de Andalucía debe velar por el control, pero nunca debe obstruir el desarrollo de los municipios como se propone», aseveró la alcaldesa, al tiempo que censuró «la asfixia económica».

Los abogados alertan sobre el aumento de los conflictos inmobiliarios. Marbella (SUR)

Los abogados que ayer participaron en Marbella en la tertulia jurídica 'La crisis económica general como causa de la resolución unilatral de la compraventa' apostaron por dar «soluciones imaginativas» para resolver los numerosos conflictos inmobiliarios entre promotores y compradores que se están produciendo como consecuencia de la crisis económica y de la falta de liquidez de unos y otros. Según la letrada Elena Narvaéz, especialista en procedimientos urbanísticos y coordinadora de la tertulia, la consecuencia más visible de estos problemas jurídicos entre ambas partes es la resolución de los contratos, una medida que buscan los compradores y a la que los promotores se están negando.
Al acto, coordinado por el ex decano del Colegio de Abogados de Málaga, Nielson Sánchez Stewart, asistieron una treintena de letrados de toda la provincia que, tras la presentación inicial, participaron en una tertulia donde analizaron las consecuencias jurídicas de la crisis, un tema de máxima actualidad y preocupación.

El Ayuntamiento reclama a la Autoridad Portuaria de Málaga que rehabilite el faro. Marbella (SUR)

El equipo de gobierno critica la «pésima situación» en que se encuentra la torre

Forma parte de la estampa de Marbella. Preside el paseo marítimo en uno de sus tramos más céntricos y se divisa desde buena parte de las playas del casco urbano. En todo su esplendor o en el poco que le queda. Al menos así lo cree el equipo de gobierno. Tras aprobarse en el último pleno ordinario una moción presentada por el propio Partido Popular (PP) a este respecto, el Ayuntamiento ha instado a la Autoridad Portuaria de Málaga, dependiente de la Administración autonómica, a que emprenda los trabajos necesarios para la rehabilitación y conservación del edificio del faro.
No escatiman en críticas sobre su estado actual. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, lamentó que siendo un edificio arquitectónico «de primer orden» que define la imagen de la ciudad se encuentre en una situación «pésima». Precisamente eso es lo que quiere el Ayuntamiento, que los responsables de su mantenimiento hagan lo propio y laven la cara a este inmueble señero que se levantó en los años 70 sobre otro, de menores dimensiones, que tenía más de un siglo de historia.
Actualmente sigue alumbrando hacia alta mar aunque su utilidad para orientar a los barcos sea más bien simbólica. Mayormente se trata de un reclamo más que engrosa la oferta turística de la ciudad y da fe de su pasado y de su presente marinero.

Costas expedienta a 12 chiringuitos por invadir la playa. Marbella (SUR)

Los afectados, que tendrán quince días para alegar, se enfrentan a multas de hasta 60.000 euros. La asociación que aglutina al sector advierte de que no aceptará sanciones ni amenazas y anuncia protestas

Llevan años, en algunos casos décadas, instalados a pie de playa. Son casi parte del paisaje, una estampa criticada por los defensores de que la playa debe ser sólo para los bañistas y defendida por los que gustan de sus bondades gastronómicas y los consideran un elemento fundamental del tipismo de la Costa del Sol. Al margen de las opiniones, lo cierto es que muchos de los establecimientos conocidos como chiringuitos y que se levantan cerca de la orilla en Marbella ocupan más suelo del que permite la Ley de Costas, esto es, invaden la arena sin permiso.
Son al menos el 90 por ciento de los que jalonan el litoral, según reconoce el propio concejal delegado de Playas y Medio Ambiente de Marbella, Antonio Espada. De ellos, una docena acaba de tener noticias de la Demarcación de Costas en forma de expediente sancionador. Este organismo, dependiente del Ministerio de Medo Ambiente, ha abierto a una docena de negocios de la localidad otros tantos expedientes por, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, ocupar dominio público marítimo-terrestre sin permiso.
Esta infracción está tipificada en la Ley de Costas 22/1988 dentro del capítulo 90 y, de acuerdo con la normativa vigente, los afectados podrían enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros como cuantía máxima. Antes tendrán un plazo de quince días para presentar alegaciones en su defensa, aunque los empresarios confían de partida en que el procedimiento se resuelva finalmente sin ninguna sanción.
Veinte años
Al menos ese es el criterio que defiende Miguel Arrabal, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga. Según explicó a este periódico, Costas tramita ya en la provincia alrededor de 200 expedientes cortados por el mismo patrón: «Se lleva haciendo mal desde hace 20 años, lo aceptamos, pero no se puede querer solucionar todo de la noche a la mañana. No estamos dispuestos a aceptar sanciones ni amenazas». Para empezar, la próxima semana prevén concentrarse a las puertas de la Demarcación de Costas, en el paseo de la Farola, para denunciar «la desidia de Costas con el turismo».
Sobre la mesa, el futuro de decenas de negocios en toda la provincia y unos 60 en Marbella. Los consistorios y los empresarios buscan desde hace meses con este organismo una salida a los chiringuitos, ya que según la Ley de Costas únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación».
Se abrirían dos opciones. De una parte se permiten instalaciones autorizadas como servicios de temporada que deben ser desmontadas una vez finalizada la época de baño, el 31 de octubre, con una superficie máxima de 20 metros cuadrados. De otra, las instalaciones con concesión, que deben otorgarse por orden ministerial y que no necesitan desmontarse durante el plazo en que se otorguen, tendrán una superficie máxima de 150 metros cuadrados y una distancia mínima entre ellas de 200 metros.
«Somos conscientes de que algunos ocupan más espacio y si hay que mover a alguno, lo moveremos. Lo importante es resolver el problema pero con nuevas adjudicaciones. Después, si ya no cumplen, entonces que se les sancione pero no ahora», valoró ayer el concejal Antonio Espada, que fue muy crítico con la apertura de los expedientes sancionadores por parte de Costas, al igual que el presidente del colectivo, que aglutina a un sector donde hay más de 1.200 empresarios, según sus cifras.
La batalla tiene que ver por tanto con el retranqueo o lo que supondría sacar los negocios de la arena en muchos casos. Los empresarios también se oponen de plano a esta medida porque, a su juicio, iría en contra de la propia filosofía de los establecimientos. «No pueden sacarnos de la playa, es nuestro hábitat», apunta Arrabal, que pone el acento también a los problemas futuros para contar con terrazas, al margen de los 150 metros cuadrados autorizados. «Tendremos que tener terrazas para atender a los turistas, aunque paguemos un suplemento. Lo que no se puede decir es que no habrá terrazas», añadió.
Todos estos flecos están pendientes de las negociaciones emprendidas a tres bandas -Ayuntamiento, empresarios y Demarcación de Costas- e interrumpidas por el relevo hasta en dos ocasiones al frente del organismo de Medio Ambiente, cuya jefatura ostenta actualmente Francisco Hermoso. Este periódico intentó contactar sin éxito con el organismo para conocer su versión.
Precisamente ayer el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, anunció que había iniciado conversaciones con los representantes de los colectivos de empresarios de playas de la provincia con la intención de mediar ante la Dirección General de Sostenibilidad y el Mar para la reubicación de algunos de los chiringuitos, como obliga la actual Ley de Costas. Heredia demandó a los responsables de Costas que apliquen «la mayor flexibilidad posible» y remarcó que «la disposición al acuerdo es total».
Máximos establecidos
Desde el PSOE explicaron que la Demarcación de Costas está informando a todos los ayuntamientos y a los empresarios de la necesidad de buscar fórmulas para la reubicación de las instalaciones fuera del dominio público y la necesidad de cumplir con los máximos establecidos en relación a la superficie y a las distancias. Hasta el momento sólo cinco municipios han presentado su solicitud y el proyecto, como son Casares, Estepona, Málaga, Fuengirola y Algarrobo, de los cuales los tres primeros se encuentran tramitados y remitidos a la Dirección General para su estudio.
En el caso de Marbella, el Ayuntamiento ha avanzado en las negociaciones para los chiringuitos ubicados entre la zona de Guadalmina y el edificio Skol. De ellos, once quedarían con el nuevo deslinde en zona de dominio público marítimo-terrestre y tendrían que retranquearse. Ese es uno de los grandes problemas.

Los vecinos de Bailén conocen el nuevo proyecto de aparcamiento municipal (SUR)

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y la Junta Municipal de Distrito de Bailén-Miraflores se reunieron ayer tarde con los vecinos de la zona para explicarles el proyecto del próximo aparcamiento de residentes que se construirá en la avenida Barcelona, que tendrá 498 plazas.
El acto de presentación tuvo lugar en el Colegio Bergamín y contó con la asistencia tanto del concejal del distrito, Manuel Marmolejo, como del director del departamento de promociones de la Sociedad Municipal de Aparcamientos, Joaquín Jáuregui.
La caseta de información, que va a estar ubicada en la avenida de Barcelona número 30, se abrirá al público a partir de hoy de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Las solicitudes se pueden recoger tanto en este punto como en la Junta de Distrito número 4, Bailén-Miraflores, sita en la Plaza de Bailén número 11, y también en la web www.aparcamientosmalaga.com. Los interesados deberán presentar a partir del día 24 de noviembre, de 9.00 a 14.00 horas el impreso debidamente cumplimentado en la Junta de Distrito.

La Diputación desiste de alquilar su sede en La Marina (SUR)

El edificio acogerá las oficinas de la SOPDE y del Patronato Provincial de Recaudación, que abrirá una ventanilla

La antigua sede de la Diputación Provincial, en la plaza de la Marina, seguirá albergando oficinas del ente supramunicipal tras descartarse la posibilidad de alquilarla. El presidente de la institución, Salvador Pendón, confirmó este extremo e informó de que ya se está preparando el traslado al inmueble de las oficinas de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE) y del Patronato Provincial de Recaudación, ubicadas ambas ahora en el Parque Tecnológico.
En primer lugar, posiblemente a finales de este año o principios del que viene, se trasladará la SOPDE y, posteriormente, lo hará el Patronato de Recaudación que, según precisó Pendón, abrirá en la planta baja del edificio una ventanilla de atención al público. La SOPDE ocupará las plantas primera y segunda del inmueble, y el resto darán cabida a la parte administrativa del patronato. Ambos organismos ocuparán todas las plantas, ya que el de Recaudación desplazará a la sede de La Marina todos sus equipos informáticos, por lo que su traslado será un poco más complicado.
Pendón reconoció que las negociaciones con el Ayuntamiento para hacer posible que el edificio pudiera ser alquilado a alguna entidad privada están rotas, por lo que la Diputación ha optado por dar uso al inmueble antes de que se agrave su deterioro por desuso.
El ente supramunicipal pidió al Consistorio que modificara las condiciones urbanísticas del inmueble para hacer posible su alquiler, pero el alcalde, Francisco de la Torre, se opuso y argumentó que debía mantener su uso público por su carácter histórico. En ese sentido, el regidor pretendía que se implantara en ella algún organismo oficial nacional o europeo.
Finalmente, esa pretensión se ve frustrada por la decisión de la Diputación de seguir dando uso al edificio como sede administrativa. El que ahora ocupan la SOPDE y el Patronato de Recaudación en el Parque Tecnológico será vendido o alquilado, según indicó Pendón.
Cuando la Diputación se trasladó a su nueva sede, junto al paseo marítimo de Poniente, recibió proposiciones verbales y la notificación por escrito del interés de alquilar el edificio por parte de Unicaja e Iberdrola.
Crítica
La fórmula propuesta por la Diputación era la de alquilar durante 25 años, a razón de 1,8 millones de euros anuales, las seis plantas del inmueble más el bajo. Ya entonces, ante la negativa del Ayuntamiento, Pendón declaró que no entendía la rigurosidad del alcalde con esta institución, «porque con otras entidades privadas ha sido mucho más generoso en la modificación de las leyes urbanísticas», declaró entonces.
El traslado de los departamentos supramunicipales a la nueva sede, junto al Centro Cívico de la Misericordia, se produjo a mediados del año pasado.

Metrovacesa, optimista sobre la renegociación de su deuda por la compra de la sede del HSBC (El Mundo)

La firma negoció con el HSBC convertir la deuda en un préstamo sindicado a medio plazo

Metrovacesa asegura que la renegociación de la deuda de 810 millones de libras (unos 1.000 millones de euros) asociada a la compra de la torre sede del banco HSBC de Londres, que vence el próximo día 27 de noviembre, "evoluciona positivamente, pese al actual contexto de restricciones crediticias del mercado financiero y el importe a refinanciar".

La inmobiliaria ve imposible evaluar cómo afectará a su cuenta de resultados el desenlace de esta negociación

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La inmobiliaria, controlada por la familia Sanahuja, asegura que no es posible evaluar la forma en que afectará a su cuenta de resultados el desenlace de esta negociación. Así lo indica la compañía en respuesta al requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que amplíe la información de su informe de auditoría correspondiente a 2007.

Metrovacesa indica que el edificio del HSBC presentaba una revalorización de 8 millones de euros en junio

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En su respuesta al supervisor de mercado, Metrovacesa indica también que el edificio del HSBC presentaba una revalorización de ocho millones de euros (sin tener en cuenta el tipo de cambio) a cierre de junio de 2008. Metrovacesa adquirió a comienzos del pasado año este edificio de Londres por unos 1.600 millones de euros en lo que se convirtió en una de las principales operaciones inmobiliarias del momento y la entrada de la compañía en el mercado británico.

En un principio, la inmobiliaria tenía previsto financiar este importe a través de una emisión de bonos, que finalmente tuvo que descartar ante las dificultades del mercado financiero. Entonces abrió negociaciones con el HSBC para convertir la deuda en un préstamo sindicado a medio plazo (cinco años) con el fin último de posteriormente ampliar su plazo de amortización hasta al menos veinte años.

España sigue liderando la caída de la construcción en la Unión Europea (El Mundo)

España volvió a ser en el mes de septiembre el país de la Unión Europea (UE) donde la producción del sector de la construcción registró la caída más acusada, con una bajada del 24,1% con respecto al mismo mes de 2007, según datos de Eurostat.

La actividad constructora en España disminuyó un 7,8% respecto al mes de agosto, lo que supone el segundo mayor descenso registrado en la UE después de Reino Unido, donde bajó un 8,5%.

En la zona euro, la producción en este sector cayó un 3,8% interanual, mientras que en toda la UE la reducción fue del 3,1%. Tomando como referencia el mes de julio de este año, la actividad en la zona de la moneda única creció un 1,3% y en los Veintisiete bajó un 1,5%.

Por sectores, la construcción de edificios retrocedió un 4,3% en la zona del euro y un 4,2% en la UE respecto a septiembre de 2007. En términos mensuales disminuyó un 1,5% y un 2,3%, respectivamente.

La obra civil registró una caída interanual del 2,6% en la zona euro, aunque creció un 3,7% en los Veintisiete. Respecto al mes de agosto descendió un 1% y subió un 3%, respectivamente.

Mientras que España encabeza las cifras negativas de la producción, Rumanía se presenta lider de las subidas

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Los países en los que más aumentó la actividad constructora en septiembre en términos mensuales fueron Eslovaquia, con un 7,2%, Portugal, con el 6,8%, y Bulgaria, con un 5,9%. Las bajadas las lideraron Reino Unido, con un 8,5% menos, España, con un 7,8%, y Alemania, con el 1,7%. En términos interanuales, los que más subieron fueron Rumanía (27,0%), Eslovenia (19,4%) y Bulgaria (17,7%), mientras que entre los países con las cifras interanuales más negativas destacan España, con un 24,1%, y Suecia (19,8%).

El convenio de la construcción de Málaga enfrenta a Junta y sindicatos (El País)

Empleo elimina dos cláusulas que abren la puerta a despidos "salvajes"

En lo que va de año, más de 14.000 trabajadores del sector de la construcción en la provincia de Málaga han pasado a engrosar las listas del paro. En plena crisis, los sindicatos y la Junta de Andalucía se han enzarzado en una disputa a cuenta del convenio colectivo del sector, cuyo final más previsible está en los tribunales.

El delegado de la consejería de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña, anunció ayer que ya ha dado la orden para que se publique el convenio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), requisito imprescindible para que el acuerdo entre en vigor. Sin embargo, Lomeña ha eliminado del texto pactado en junio entre los sindicatos y la patronal dos cláusulas que, según él, dejan la puerta abierta a que las empresas hagan "expedientes de regulación de empleo salvajes".

Los artículos suprimidos por Lomeña, e impugnados por él ante un juzgado de lo Social de Málaga, provienen del convenio estatal de la construcción y llevan aplicándose desde hace 12 años. Se refieren a la posibilidad que tienen las empresas de rescindir los contratos fijos en casos de fuerza mayor, de paralización de las obras o por causas ajenas al empresario, que tiene la obligación de readmitir a los empleados una vez que desaparezcan las circunstancias que motivaron el despido.

La eliminación de las cláusulas 5 y 6 del artículo 18 del convenio pretende, según Lomeña, proteger a los trabajadores y evitar que los empresarios las invoquen para acometer "despidos de bajo coste".

Sin embargo, son los propios representantes de los trabajadores quienes rechazan una medida que, según ellos, puede acarrear más perjuicios que beneficios. Alfonso Galisteo, secretario de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras en Málaga, considera que si el juez da la razón a la Junta en su impugnación "obligaría a renegociar el convenio estatal y los 52 convenios provinciales". Esto, según Galisteo, "dejaría en el aire la cláusula de garantía salarial" que ha fijado el aumento anual del salario en el Índice de Precios al Consumo más 1,5 puntos porcentuales. "Eso en la coyuntura actual de crisis es muy arriesgado", afirma Galisteo.

Según este sindicalista, la cláusula eliminada por la Junta "sólo se ha aplicado una vez desde que entró en vigor". Fue hace tres años, cuando una huelga de canteras paralizó la construcción en toda la provincia de Málaga. Galisteo cree incoherente que Lomeña quiera suprimir las dos cláusulas cuando en convenios anteriores se incluyeron y el delegado de Empleo las aprobó. Los sindicatos exigen que se publique el convenio cuanto antes porque los obreros de Málaga "no están cobrando con las tablas salariales revisadas y los despedidos este año no están pudiendo reclamar las cantidades que les corresponden retroactivamente".

De la Torre se vuelve a saltar dictámenes autonómicos (El País)

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga dio ayer su visto bueno al plan que reconvierte en residencial los suelos que ocupaban varias naves industriales en Los Guindos pese a que por dos ocasiones ha recibido informes contrarios de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que advierten de un incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El Plan de Reforma Interior (PERI) de Los Guindos III actúa sobre una manzana de 10.060 metros cuadrados que pasa a ser suelo residencial y en el que se permitirá construir 209 viviendas en bloques de siete plantas y ático. Los informes técnicos de la Junta han advertido de que este volumen de edificabilidad contraviene la legislación que estipula un máximo de 100 viviendas por hectárea. Además, el plan municipal tampoco reserva suelo para equipamiento, algo que la Junta considera preceptivo.

La Junta emitió informes contrarios en dos ocasiones (diciembre de 2007 y julio). Pero igual que ocurrió con el informe de impacto ambiental al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Ayuntamiento no ha introducido variaciones.

El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre aduce que el PERI de Los Guindos ya estaba formulado en el PGOU, que data de 1987 y es por tanto anterior a la entrada en vigor de la LOUA. Los informes de la Junta admiten la prevalencia del planeamiento municipal, pero concluyen que al tratarse de un área de reforma interior "en ningún caso" se podrán superar las 100 viviendas por hectáreas.

Los dos grupos de la oposición, PSOE e IU, anunciaron ayer que impugnarán el acuerdo cuando el pleno lo ratifique la próxima semana.

Las cajas andaluzas aportarán el 51% de los créditos del plan de vivienda. Los datos del plan (El País)

BBVA (1.750 millones) y La Caixa (762) son las entidades foráneas que más aportan

El patio porticado de la sede de la Fundación de las Tres Culturas fue el escenario elegido ayer por la Junta para rubricar con 33 entidades financieras y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el convenio de financiación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía. 9.550 millones de euros es el compromiso de financiación que estas entidades adquirieron ayer para facilitar la construcción de 92.400 viviendas para venta; 39.600 para alquiler; 135.378 actuaciones de rehabilitación y 40.000 programas de suelo en un plan que alcanza el horizonte del 2012.

El plan lleva calificadas 12.000 de las 14.000 VPO previstas para 2008
Las entidades se comprometen a resolver en dos meses los créditos
Las cajas andaluzas aportarán el 51,49% del total de la financiación: 4.917 millones de euros.
Unicaja aportará 1.642 millones; Cajasol, 1.534; CajaGranada, 944.; Cajasur, 747 y Caja Jaén, 49 millones de euros.
La banca privada aportará el 32,42% del plan, un total de 3.095 millones de euros. El BBVA con 1.750 millones de euros es la entidad que más financiación ha comprometido al plan. Banco de Santander (523 millones de euros) Banco Español del Crédito (400), Banco Sabadell Atlántico (261), Banco Andalucía (52), Banco Popular (52) Bankinter (52) y Banco Pastor (3) completan el reparto en el sector bancario privado.
Por su parte, La Caixa, con 762 millones de euros, es la caja de ahorros foránea que mayor compromiso de financiación ha adquirido con el plan. Le siguen la Caja de Ahorros del Mediterráneo con 146 millones y Cajamadrid con 127. En total las cajas no andaluzas aportarán el 12,7% del plan, por un importe de 1.161.837.900 euros.
Finalmente, las cajas rurales aportarán 225 millones de euros, un 2,36% del total del plan, con Cajamar (64 millones), y las Cajas Rurales de Granada, Jaén, o del Sur, con 51 millones cada una. Los 150 millones de euros que destinará el ICO, un 1.57%, completan el cuadro financiero.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, que presidió la firma del convenio, resaltó que el compromiso "dota de certidumbre" al mercado de la construcción y a los ciudadanos, ya que por primera vez se fijan unas "condiciones objetivas y concretas" que deberán cumplir los beneficiarios de las viviendas de protección oficial para acceder a los préstamos hipotecarios.
Estas condiciones objetivas recogidas por el convenio son las de no ser o haber sido moroso; acreditar la renta con hasta tres años de antigüedad; que las deudas financieras no superen el 40% de los ingresos y que sumando a esas, la letra de la hipoteca, el adquirente disponga de al menos el salario mínimo interprofesional para vivir, es decir, unos 600 euros por unidad familiar.
Chaves indicó que aunque el convenio no irrumpe en la relación o en el vínculo privado entre la entidad financiera y el solicitante del préstamo, este convenio dota a estas relaciones de un mayor grado de transparencia, y permitirá a los ciudadanos conocer previamente sus posibilidades de acceso a una hipoteca. Asimismo, las entidades se comprometen a resolver las solicitudes en el plazo máximo de dos meses.
Chaves avanzó también el dato de que el plan lleva ya calificadas provisionalmente 12.000 de las 14.000 VPO previstas para su primer año de vigencia y destacó que el Plan Estatal de Vivienda, actualmente en fase de borrador, va a incluir aspectos como el de la obligación de que el acceso a una VPO no comprometa el nivel de endeudamiento por encima del 30% de los ingresos en el caso de compra, o del 25% si el acceso es mediante alquiler.

- Vigencia 2008-2012.
- 9.550 millones de euros de financiación privada.
- 3.000 millones de inversión pública.
- 92.400 pisos de VPO para venta, y 39.600 para alquiler.
- 135.378 actuaciones de rehabilitación y 800 singulares.
- 40.000 intervenciones para dotar de suelo el plan.

La obra de Alcazabilla contempla una plaza junto al Teatro Romano (La Opinión)

El proyecto de remodelación de la calle Alcazabilla, que impulsan de manera conjunta la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, contempla la creación de una plaza de uso público justo en el espacio situado entre la trasera del Museo Picasso y el Teatro Romano. Así lo señalaron a este periódico fuentes cercanas a la actuación, cuyo diseño fue encargado al arquitecto Rafael Martín Delgado, y que precisaron que a esta altura de la vía "se romperá la calle, dando paso a una plaza en la que se seguirán las directrices del teatro", tanto en la dirección del espacio como en los materiales que se emplearán en el nuevo pavimento. En este sentido, se analiza la opción de cambiar los bordes de los jardines de Ibn Gabirol y de sembrar más árboles.

Éste es uno de los detalles destacados de la propuesta urbanística con la que se quiere transformar este enclave del centro urbano, medida de la que se habla desde hace una década. La ejecución de la misma se ha visto demorada algunos meses debido a las excavaciones arqueológicas efectuadas en la calle, de las que han dependido algunas de las características de la propuesta urbanística, que aún no está del todo definida.

Las fuentes indicaron que aún no se descarta la posibilidad de mantener algunos de los restos arqueológicos encontrados para que sean observados por los peatones. No obstante, la escasa importancia de los mismos puede pesar en contra de esta medida. La intervención contemplada se extiende desde el inicio de calle Alcazabilla, en la Plaza de la Aduana, hasta la altura del Cine Albéniz. Junto a la plaza de nueva gestación en el centro de la vía, otro de los escenarios sobre los que, al parecer, trabaja Martín Delgado, según apuntaron las fuentes, es precisamente la Plaza de la Aduana, dada la trascendencia que tendrá este espacio por su proximidad con el futuro Museo de Bellas Artes.

El proyecto incluye la instalación de otro pavimento y la adecuación de nuevos accesos a la Alcazaba y al teatro · La Plaza de la Aduana será remodelada

Si bien inicialmente se contempló la posibilidad de peatonalizar al completo este espacio, las fuentes descartaron la opción, al entender que se trata del único punto de acceso con vehículo a la Clínica Gálvez. No obstante, subrayaron que la idea que se baraja pasa por colocar un pavimento que compatibilice los usos peatonal y de un tráfico minoritario. Cabe recordar que el plan elaborado por el Ayuntamiento de Málaga para restringir el acceso de vehículos al casco histórico contempla la instalación de uno de los puntos de control, mediante cámaras de lectura de matrículas, en la calle Císter, por la que se podrá entrar hacia la Clínica Gálvez.

En este mismo entorno, las fuentes indicaron que existe interés por modificar y adecuar el acceso actual a la Alcazaba creando un nuevo punto de entrada tanto para este monumento como para el Teatro Romano. Pero el principal interrogante que pesa sobre esta iniciativa sigue siendo el momento en que se dará inicio a las obras. La respuesta puede estar más próxima una vez se están ultimando los trabajos de construcción del centro de acogida de visitantes del Teatro Romano.

El convenio de la construcción será publicado, pero sin dos artículos (Málaga Hoy)

La Junta cree que podían ser usados para hacer expedientes de regulación

El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Juan Carlos Lomeña, autorizó ayer publicar el convenio de la construcción en la provincia, hasta ahora paralizado por dos artículos que no han sido incluidos y que, según la Administración autonómica, las empresas podían aprovechar para hacer expedientes de regulación.

Los artículos se refieren a la rescisión de los contratos fijos de los trabajadores del sector por causas de fuerza mayor, la paralización de obras y por causas ajenas al empresario, aunque éstos tienen la obligación de readmitir a los empleados cuando las circunstancias regresen a la normalidad.

Lomeña especificó que a este aspecto del convenio se acogían las compañías para hacer expedientes de regulación de empleo "salvajes", que propiciaban despidos de bajo coste, por lo que han sido impugnados por el delegado, quien no los incluye en el convenio que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El juzgado número 12 de lo Social de Málaga determinará en abril de 2009 "quién tiene razón". Lomeña aseguró que si el juez decreta la no inclusión de los citados artículos, "se suprimirían en toda España", por lo que este caso serviría de precedente.

El delegado indicó que este año se han presentado cuatro expedientes de regulación, que afectan a 62 trabajadores, y que supuesto, según datos del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), que entre septiembre de 2007 y el mismo mes de 2008 el número de despidos en el sector se haya incrementado un 40%.

Larios, entre las diez calles más caras de España (Málaga Hoy)

La principal vía malagueña con una renta media de 1.560 euros anuales por metro cuadrado ocupa el octavo puesto en el ranking de las vías comerciales más caras de toda España

La calle Marqués de Larios, en Málaga, con una renta media anual de 1.560 euros por metro cuadrado figuran en octavo lugar en el ranking de las vías comerciales más caras de toda España, según un estudio de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield, donde se apunta que la madrileña calle Preciados es la principal vía comercial de España, con una renta media anual de 2.880 euros por metro cuadrado por el alquiler de un local comercial, seguida de Portal de l'Angel, en Barcelona, donde el precio por metro cuadrado se sitúa 2.640 euros.

Preciados figura además en el puesto decimoquinto del 'ranking' mundial de las principales calles comerciales del mundo, en el que se mantiene a la cabeza la Quinta Avenida de Nueva York, con 12.612 euros por metro cuadrado al año.

En España, la emblemática Serrano ocupa el tercer lugar junto con la calle Ortega y Gasset, con una renta anual de 2.520 euros en ambas, si bien estas vías madrileñas han bajado del segundo puesto que ocupaban en 2007 en favor de la barcelonesa Portal de l'Angel, que el año pasado figuraba como cuarta.

De hecho, la Ciudad Condal ha subido en sus principales calles, tanto en Portal de l'Angel (10 por ciento), como en Paseo de Gracia (14,3 por ciento), que se mantiene en el quinto puesto, con una renta media anual de 2.400 euros por metro cuadrado.

El resto de calles del 'ranking' español, que no recoge todas las más caras de cada ciudad, sino las más emblemáticas, están por debajo de los 2.000 euros por metros cuadrados al año.

Así, en sexto lugar figuran Gran Vía, en Madrid, con un alquiler medio anual de 1.980 euros el metro cuadrado, seguida de Colón, en Valencia, y Marqués de Larios, en Málaga, ambas con una renta anual de 1.560 euros. Por detrás, se encuentra la sevillana Tetuán (1.440 euros) y la Gran Vía de Bilbao (1.380 euros).

En Europa, donde las rentas en los países del Este han crecido un 26,6 por ciento y los del Oeste un 6,8 por ciento, el 'top ten' está liderado por los Campos Elíseos de París (7.732 euros), Via Montenapoleone de Milán (6.700 euros) y Via Condotti de Roma (6.200 euros).

Familias se quejan de la renuncia a la vivienda protegida por falta de crédito (Málaga Hoy)

El Defensor del Pueblo recibe numerosas denuncias y la Junta exculpa a la banca

El grifo de los créditos no se ha cerrado para la VPO. La Junta se alía con la banca y asegura que el 40% de las renuncias se deben a otras razones, sostuvieron ayer fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, seguros de que son más las solicitudes de préstamos retiradas por los clientes que las denegadas por las entidades. Sin embargo, las numerosas quejas recibidas en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por la denegación de créditos hipotecarios motivaron la semana pasada que la institución remitiese una resolución a la Consejería de Vivienda instándole a solicitar de los bancos y cajas de ahorro una respuesta inmediata.

Otro ejemplo. En la localidad sevillana de Villaverde del Río, de apenas 7.000 vecinos y que vive de la agricultura, 300 familias han renunciado a una vivienda protegida ante la negativa de las entidades financieras a concederles créditos hipotecarios. Primero, las 58 familias que fueron adjudicatarias y a continuación los 260 aspirantes que quedaron en lista de espera. La propia delegación provincial de Vivienda admitió que cada vez más ayuntamientos le piden ayuda porque, a pesar de tener demanda de VPO y promociones en marcha, la banca niega las hipotecas a los adjudicatarios.

Una parte del convenio rubricado ayer ratifica el compromiso de las entidades financieras a "objetivizar" los criterios con los que aprueban o deniegan hipotecas, ante la "paradoja" desvelada en la resolución del Defensor de casos en en que agraciados en sorteos de VPO se encontraban con la negativa de estas entidades firmantes y la respuesta positiva de otros bancos o cajas que no firmaron estos convenios. En este supuesto, surge el problema de que, al no tratarse de préstamos cualificados, estas familias no tienen acceso a la subsidiación de las cuotas de amortización.

La banca aprobó los criterios que se exigirán a los adquirientes de VPO para obtener un crédito hipotecario y resolver las solicitudes en dos meses, pero seguirán decidiendo en solitario a quienes se les conceden. El Defensor del Pueblo había estimado que, si el Gobierno y la Junta han inyectado fondos para que el sistema financiero gane liquidez, podía participar de la concesión de créditos para VPO, en concreto, de los conflictos que se produjeran por la denegación a familias solventes que consideraran injustificada la negativa. La institución propuso la creación de una figura de intermediación y/o arbitraje, con participación paritaria entre Administración y la banca, que en principio no ha sido abordada.

La Junta y las entidades crediticias acordaron la creación de una comisión de seguimiento para controlar la ejecución del acuerdo.

La Junta afianza en plena crisis 9.550 millones de la banca para financiar VPO (Málaga Hoy)

Consejería de Vivienda y las entidades financieras pactan los criterios que deben cumplir los beneficiarios para lograr un crédito · Chaves aprecia el carácter "pionero" del convenio

A pesar de estar en medio de una crisis con visos de recesión y en un momento en el que el grifo crediticio se cierra por falta de liquidez del sistema financiero, la Junta de Andalucía logró ayer amarrar el compromiso de 33 entidades financieras de poner sobre la mesa 9.550 millones de euros para la ejecución del Plan de Vivienda 2008-2012. Un dinero que servirá, además de para impulsar la promoción de la vivienda de protección oficial (VPO) -absorbe el 93%, mientras el resto es para rehabilitación y compra de suelo- y minimizar el impacto de la caída de la actividad en el sector de la construcción, para garantizar el acceso de los ciudadanos a los préstamos.

Pero el convenio que pone en circulación este capital, suscrito ayer por el presidente andaluz, Manuel Chaves, y estas entidades -entre las que hay bancos y cajas andaluzas y no andaluzas-, tiene además la función de agilizar y dar más transparencia, precisamente, al proceso de concesión del crédito. Para ello, se fijan dos mecanismos: los criterios básicos que deberán cumplir los adquirentes y la supervisión por parte de la Junta.

En un gesto sin precedentes en el país, Junta y entidades financieras han logrado pactar los requisitos que a partir de ahora se exigirán a quienes opten a una VPO. Según recoge el convenio, los compradores no podrán tener en su currículum financiero ningún informe negativo sobre impagos, acreditarán tres años consecutivos de permanencia del sueldo declarado, y la relación entre este y todas sus deudas no puede superar el 40%. Además, una vez restada la mensualidad de la hipoteca, la cuenta bancaria debe dar un saldo superior al salario mínimo interprofesional, es decir, tendrá que haber, al menos, unos ingresos de 600 euros limpios. En caso de no cumplirlos, siempre queda la opción de la presentación de avales.

Con estos requisitos en la mano, una familia con unos ingresos brutos mensuales de 1.700 euros sí podría tener acceso a una VPO de un valor de 120.000 euros, que es el precio medio en una capital de provincia, ciudades importantes o costeras. Sin embargo, en el caso de un mileurista, las opciones se reducirían al alquiler y si opta a compra, podría hacerlo en municipios de menor población, donde la cuota mensual de la hipoteca puede caer hasta los 270 euros.

La vertiente garantista de este acuerdo es, aparte de los requisitos y del conocimiento de antemano que tendrá quien solicite la hipoteca, que la Consejería de Vivienda dictará un informe de autorización del crédito. Aunque no será vinculante, el dictamen sí garantizará que el préstamo se da conforme a las condiciones establecidas.

En aras a la agilización de todo el proceso, el convenio también establece que la decisión del banco o la caja sobre el crédito no podrá dilatarse en el tiempo bajo la excusa de que lo está estudiando. Las entidades sólo dispondrán de dos meses para dar una respuesta a los compradores de vivienda y quince días a los promotores.

Un último eslabón en esta cadena de garantías es la comisión de seguimiento que Junta y entidades crearán para velar por el cumplimiento del propio convenio.

Con estos 9.500 millones se dará el primer impulso al Plan de Vivienda, que contempla una inversión de 12.000 millones -3.000 a cargo de la Junta-, y que compromete para el próximo cuatrienio la construcción de 132.000 VPO, 135.000 actuaciones en rehabilitación y 40.000 de suelo.

Tras la firma del convenio, el presidente andaluz, Manuel Chaves, quiso destacar el carácter "pionero" de este documento por fijar las condiciones "objetivas y concretas" que deben cumplir los beneficiarios de VPO, una "certidumbre" para el ciudadano y también para el sector de la construcción. De ahí que quisiera ver en el cumplimiento del pacto una oportunidad para "dar la vuelta" a la actual coyuntura, en la que reconoció que el "dinero se vuelve tímido" y no llega con fluidez, "haciendo rentable para las empresas construir vivienda protegida y posible a los ciudadanos acceder al préstamo".

Chaves también apeló a que en tiempos de crisis este convenio prueba que "a través del trabajo, del espíritu de la concertación y de la suma de esfuerzos, los problemas tienen solución".

El presidente de la Federación Andaluza de las Cajas de Ahorros, Braulio Medel, situó el origen de este convenio "factible, real y realista", a pesar de la crisis, en la obligación de las entidades financieras de estar "por encima de sus intereses particulares" y "legitimarse ante la sociedad con acciones que beneficien al ciudadano".

Defensa cede tres parcelas en San Cristóbal para construir 60 VPO. Ronda (La Opinión)

El Ministerio de Defensa ha cedido al Ayuntamiento de Ronda tres parcelas que serán utilizadas para la construcción de 60 viviendas de protección oficial (VPO) en la barriada de San Cristóbal.El alcalde de la ciudad, Antonio Marín Lara, ha asegurado que estas viviendas tendrán una superficie de unos 60 metros cuadrados e irán dirigidas especialmente a los jóvenes, ya que, por diversos motivos, se encuentran con multitud de inconvenientes a la hora de adquirir un inmueble, por lo que las casas saldrán a la venta a un precio muy económico.Marín añadió que los edificios a construir estarán compuestos de un máximo de tres plantas, y que los redactores del Plan General de Ordenación Urbana, cuyo periodo de exposición pública ha acabado recientemente, aprueban el proyecto. El regidor ha recordado que durante el gobierno del socialista Juan Benítez se perfiló la intención de construir en los mismos terrenos 23 viviendas de uso militar, de las cuales únicamente dos hubieran sido cedidas al Ayuntamiento.

Ronda tendrá un centro comercial y un parking con 400 plazas (La Opinión)

El Consistorio inicia la subasta de tres parcelas en las que se contempla una nueva estación de autobuses

JOSÉ ANTONIO GALLARDO. RONDA El Consistorio rondeño ha iniciado los trámites para subastar mediante concurso público los solares del antiguo recinto ferial así como del antiguo y del actual campo de fútbol, en los que se construirá un centro comercial y un aparcamiento de tres plantas subterráneas.
El alcalde de la ciudad, Antonio María Marín, ha explicado que ya se ha firmado el pliego de condiciones y se ha remitido a la Administración autonómica para su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Marín ha apuntado que el documento estará publicado durante un periodo de 20 días, tras el cual las empresas interesadas podrán presentarse oficialmente al concurso público. Además, el regidor afirma que el proyecto será adjudicado antes de que finalice el presente año.
De la misma forma, el alcalde ha dicho que la empresa adjudicataria deberá cumplir obligatoriamente dos condiciones para comenzar con el proyecto. Por un lado, la empresa tendrá que ceder al Ayuntamiento una de las tres plantas subterráneas de aparcamiento, con un total de 400 plazas. Además, Marín ha señalado que el Consistorio ofertará estas plazas a los vecinos de la ciudad a cambio de un importe mínimo, lo que, según el andalucista, tendría un doble beneficio, ya que se dotaría a los ciudadanos de una plaza de aparcamiento y se paliaría el problema del tráfico en la zona.
Estación de autobuses. La condición más relevante prevista en el pliego implica que la empresa adjudicataria ceda al Ayuntamiento un superficie de entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados, que se catalogarían como zona de equipamientos o industrial, en la que se situaría la futura estación de autobuses de Ronda. En este sentido, Marín Lara también ha dicho que la ciudad contará con un nuevo servicio de transporte público ubicado en la misma zona, y ha reconocido que el actual se encuentra en muy mal estado.
Hace unos meses, se dio a conocer que el centro comercial Eroski, que se construirá en el antiguo recinto ferial, podrá pujar en igualdad de condiciones por los solares deportivos, una actuación que aceleraría la construcción de las instalaciones comerciales.
La subasta de los terrenos donde se ubican el antiguo y el nuevo campo de fútbol obligará a la construcción de unas nuevas instalaciones deportivas donde se pueda seguir practicando el deporte rey.

Los empresarios preparan una avalancha de alegaciones al Plan General. Marbella (La Opinión)

La agrupación de interés económico que integra a los 400 propietarios de las naves industriales del polígono de Marbella ya tiene preparadas las alegaciones que presentará al Plan General aprobado provisionalmente y actualmente en periodo de exposición, avanzó ayer su presidente, Francisco Pimentel. Unos documentos que facilitará gratuitamente a cada uno de los 4.000 trabajadores para que los suscriban individualmente.
De esta forma, podría producirse una auténtica avalancha de alegaciones de apoyo al traslado del recinto industrial a la finca Nueva Marbella, al norte del centro comercial La Cañada, un proyecto cuya ejecución está en entredicho en el nuevo texto urbanístico modificado por el PP, debido a la protección de la zona, por indicación de la Junta de Andalucía, como área verde por el alcornocal que alberga.
Estudio. Pimentel avanzó ayer que un equipo de biólogos independientes ha estudiado la zona a petición del colectivo. En el inventario de especies recogido en dicho estudio, se reconoce la existencia de 959 árboles de siete especies diferentes, que en su mayoría son especies arbustivas y herbáceas que no tienen ninguna figura de protección en la legislación nacional y autonómica vigente y que pueden ser trasplantadas a un parque periurbano, de 400.000 ejemplares que proponen construir los empresarios.

Empleo autoriza el convenio de la construcción, pero veta los artículos de ´despido exprés´ (La Opinión)

Lomeña remite el texto al BOP sin los dos artículos impugnados y espera que la decisión judicial siente precedente y se extienda a todos los convenios del país

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA El delegado de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña, anunció ayer que ha autorizado la publicación oficial del convenio de la construcción 2008-2011 en la provincia, después de las duras críticas efectuadas el día anterior por los sindicatos CCOO y UGT, que le reprochaban que la impugnación del texto perjudicaba a los 87.000 trabajadores del sector, que todavía no han visto actualizados sus salarios de este año, no a los más de 11.000 nuevos parados de este año, que están recibiendo finiquitos acordes al anterior convenio.
En el texto remitido para la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días no figuran, sin embargo, los puntos 18.5 y 18.6, que son los que originaron la impugnación del convenio por parte de la Junta, y que seguirán pendientes, por tanto, de la resolución del juzgado de lo Social número 12 de Málaga, que ya ha convocado el juicio para el 6 de abril de 2009. Lomeña defendió ayer su decisión alegando que esos dos puntos, y sobre todo el 18.5, podían ser aprovechado por los empresarios del sector para hacer regulaciones de empleo al margen de los procedimientos ordinarios (ERE).
El citado apartado se refiere a la rescisión de los contratos fijos de los trabajadores del sector por causas de fuerza mayor, la paralización de obras y por causas ajenas al empresario, aunque éstos tienen la obligación de readmitir a los empleados cuando las circunstancias regresen a la normalidad.
Lomeña aseguró que, en tiempos de crisis, esos mecanismos pueden propiciar expedientes "exprés" de regulación de empleo que motiven despidos "salvajes y a bajo coste", por lo que mantuvo su decisión de que sea el juez quien determine la procedencia o no de ese punto, a pesar de que figura desde hace años tanto en el convenio nacional del sector como en el de las diferentes provincias, incluidas las andaluzas.
"Una paradoja de los artículos es que en los años de expansión económica no se practicaba", dijo Lomeña, que aclaró en torno a la polémica originada con los sindicatos que "siempre he estado de acuerdo en publicar el convenio", pero sin los polémicos artículos.
El delegado recordó épocas como las del conflicto de las canteras en Alhaurín de la Torre, cuando muchas empresas malagueñas de la construcción intentaron sin éxito que se les aprobaran ERE de despido de trabajadores por parte de Empleo. Lomeña manifestó su temor de que, con la actual crisis económica, muchos pretenden ahora recurrir al artículo 18.5 para echar indiscriminamente a trabajadores, sin control por parte de la administración y sin arriesgarse a presentar un ERE que puede ser rechazado. Como prueba recordó que en lo que va a de año apenas se han presentado cinco ERE en la construcción que afectan a 60 trabajadores, cuando hay más 11.000 nuevos parados desde enero. Otro dato que, según Lomeña, justifica la medida son las casi 2.300 reclamaciones por despido o reclamación de cantidad interpuestas ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) hasta el mes de septiembre, y que suponen un aumento de entre el 40% y el 45% en relación al periodo precedente.
Finamente el delegado admitió que si la autoridad judicial decreta que ambos artículos no se incluyan definitivamente en el convenio de la construcción, la decisión tendría un efecto dominó, ya que llevaría a que se supriman los de toda España. "Espero una decisión que siente jurisprudencia", manifestó.

El traslado de Los Ramos está prácticamente descartado (La Opinión)

La solución que contemplan Endesa y el Ayuntamiento es la compactación de la estación eléctrica de Puerto de la Torre

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA Tras dos años de negociaciones con Sevillana-Endesa y con Red Eléctrica Española, el Ayuntamiento considera prácticamente imposible el traslado a otro lugar de la subestación eléctrica de Los Ramos, la de mayor envergadura de la capital y situada en Puerto de la Torre, según puso ayer de manifiesto el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. Así, la alternativa de compactar la central eléctrica es la que tiene más posibilidades de llevarse finalmente a efecto.
El concejal explicó que, aunque la alternativa del traslado a otro lugar sigue abierta, "las condiciones económicas actuales no son las más favorables para el traslado teniendo en cuenta que una operación de este tipo costaría decenas de millones de euros".
Por ello, según añadió el concejal, "las empresas están por compactar, sin trasladar, que a nuestro juicio es lo más razonable".
En todo caso, aunque finalmente pudiera acometerse el traslado, no sería total pues "una parte de las instalaciones tendrán que permanecer siempre donde están, por exigencias técnicas".
El panorama se aclarará de una manera definitiva en febrero del próximo año cuando el Gobierno apruebe la planificación y desarrollo de Red Eléctrica, lo que permitirá a la empresa definir sus actuaciones.

Soterramiento. De esta manera, el Ayuntamiento tiene casi descartado el traslado de la subestación y en su lugar se impondrá la compactación de Los Ramos que supone el blindaje de sus instalaciones y la reducción de su superficie, que pasaría de los 56.000 metros cuadrados actuales a 5.000, para rebajar las molestias a los vecinos lo más posible.
Lo que sí está prácticamente acordado con Endesa es que la línea de 400 kilovatios que alimentará la central de ciclo combinado que la empresa construye en Campanillas, aunque en un principio se alimente de la subestación de Los Ramos, posteriormente se conectará a la central que la compañía está construyendo en Cártama, lo que permitirá descargar a Los Ramos.
Por otra parte, los tres grupos políticos municipales se comprometieron ayer en la comisión de Movilidad y Urbanismo a negociar con las empresas eléctricas un calendario para el soterramiento de las líneas de alta tensión que se encuentren próximas a las viviendas.
El acuerdo surgió de una propuesta presentada por el grupo de IU que instaba a fijar este calendario, en colaboración con las otras administraciones y con las empresas implicadas.
En este sentido, el concejal advirtió de que la gran dificultad para este tipo de operaciones es su alto coste dado que, según valoró Manuel Díaz, "cada metro de kilovatio soterrado de 220 cuesta un millón de euros".

La calle Larios, entre las diez más caras de España (La Opinión)

Los alquileres comerciales medios están en 1.560 euros por metro cuadrado. La madrileña Preciados lidera el ranking
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA La calle Marqués de Larios se encuentra entre las diez vías comerciales más caras de toda España, en concreto en el séptimo puesto con una renta media anual de 1.560 euros por metro cuadrado, por encima de la sevillana calle Tetuán (1.440 euros) y de la Gran Vía de Bilbao (1.380 euros), según un estudio de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.Este informe, que anualmente publica la consultora, señala que la más cara de las calles comerciales de España es la madrileña calle Preciados, con una renta media anual de 2.880 euros por metro cuadrado por el alquiler de un local comercial, seguida de Portal de l´Angel, en Barcelona, donde el precio por metro cuadrado se sitúa 2.640 euros.La situación de la calle Larios apenas ha variado respecto al año anterior, manteniendo las mismas rentas medias tras el notable aumento sufrido entre 2006 y 2007, en el que crecieron en 480 euros y pasó del puesto 12 al 7. Para este año se ha mantenido en el mismo puesto, empatada con la calle Colón de Valencia.La calle Preciados, por su parte, figura en el puesto decimoquinto del ranking mundial de las principales calles comerciales, en el que se mantiene a la cabeza la Quinta Avenida de Nueva York, con 12.612 euros por metro cuadrado al año.En España, la emblemática Serrano ocupa el tercer lugar junto con la calle Ortega y Gasset, con una renta anual de 2.520 euros en ambas, si bien estas vías madrileñas han bajado del segundo puesto que ocupaban en 2007 en favor de la barcelonesa Portal de l´Angel, que el año pasado figuraba como cuarta.De hecho, la Ciudad Condal ha subido en sus principales calles, tanto en Portal de l´Angel (10%), como en Paseo de Gracia (14,3%), que se mantiene en el quinto puesto, con una renta media anual de 2.400 euros por metro cuadrado.El resto de calles españolas, que sólo recogen las más emblemáticas, están por debajo de los 2.000 euros por metros cuadrados al año.En sexto lugar figuran Gran Vía (Madrid) con un alquiler medio anual de 1.980 euros el metro cuadrado, seguida de Colón (Valencia) y Marqués de Larios.

El botellón saldrá del Paseo de los Curas en el plazo de un año (La Opinión)

El Ayuntamiento se planteará su destino tras la Navidad y en función de cómo se comporte en estos días de fiesta. El final de la obra del Puerto será la clave

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA El Paseo de los Curas no es el destino definitivo del botellón. Eso es algo que está muy claro en el Ayuntamiento de Málaga. La ejecución de la obra de remodelación del Puerto, cuya primera fase con el palmeral del muelle 2 estará terminada a mediados de 2009, será el hito que marque el final de esta práctica junto al Parque. Queda un año en esta particular cuenta atrás para buscar una solución duradera a la práctica de beber en la calle. El traslado es cuestión de tiempo, y no demasiado.
El concejal de Juventud, Elías Bendodo, reconoció que el botellón "no va a estar toda la vida en el Paseo de los Curas". Con esa premisa se trasladó allí hace casi dos años y así continúa en los planes municipales. Sin embargo, su futuro traslado se ha encontrado con un inesperado aliado, que es el cansancio de una parte importante de los jóvenes que lo practican: "Ha quedado reducido a la mitad respecto a lo que había al principio y, de hecho, se ha quitado del jueves por la noche", asegura Bendodo.
El descenso en la afluencia de jóvenes al botellón ha sido especialmente acusado a lo largo de este último año. La decisión de eliminar el jueves por la noche se tomó tras constatar que sólo acudían entre 50 y 60 personas, una cifra muy baja respecto a lo que se vive los viernes y sábados por la noche, cuando se corta el tráfico para permitir la presencia de los jóvenes.
Esta evolución a la baja ha hecho mella en el Ayuntamiento, que se plantea su traslado o buscar otras alternativas para un futuro muy cercano. El propio Elías Bendodo estima que a partir de la próxima Navidad se estudiarán las distintas posibilidades y en función de cómo evolucione en esos días.
No obstante, el final de las obras del Puerto en el muelle 2, aunque ahora estén paralizadas, es la particular ´espada de Damocles´ del botellón. La esperada apertura del Puerto a la ciudad supone la eliminación de gran parte de la actual verja a lo largo del Paseo de los Curas, medida que se tomará bajo la condición de que no haya botellón en la zona. Además, mirando hacia bien entrado el año 2010, la entrada al aparcamiento subterráneo que se está construyendo entre los muelles 1 y 2 se realizará por el actual paseo, que tendrá un carril más y que necesitará la circulación abierta en los fines de semana.
Pero todavía es pronto para hablar de posibles ubicaciones, como insiste Elías Bendodo, quien afirmó que no existe una propuesta cerrada para reubicar el botellón y anuncia que se estudiará con cuidado cualquier alternativa.
El concejal de Juventud quiso además descartar que se esté viviendo un incremento de la práctica de beber en la calle en el Centro, algo que está multado con 300 euros por el Ayuntamiento, pese a las denuncias de los vecinos. Bendodo indicó que es cierto que se han detectado algunos ´minibotellones´ en los últimos jueves por la noche "pero son algunos jóvenes descolocados porque ya no lo pueden hacer en el Paseo de los Curas y que ya están informados para que no lo repitan".

Cien mil malagueños residen en viviendas en mal estado (La Opinión)

Más de ocho mil personas habitan en casas en ruina. Otras 350 duermen en la calle en la capital. Unos 17.000 ciudadanos han pedido este año ayuda para alimentos, un 30% más que en 2007. Cáritas demanda a las instituciones más acciones en materia de vivienda

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA La vivienda es junto con el empleo la mayor preocupación que existe en la población ante la crisis. Son muchos los ciudadanos que hacen malabarismos para pagar su hipoteca o alquiler a fin de mes, pero ahí no queda la cosa, ya que a pesar de estos esfuerzos, en torno a cien mil malagueños (105.688) residen en viviendas en mal estado, según los datos facilitados ayer por Cáritas.
La situación se agrava para 8.450 de estas personas que viven en infraviviendas y en penosas condiciones. Sus casas están catalogadas como en ruinas. 79.774 ciudadanos malviven en ´hogares´ deficientes y soportando humedades o filtraciones, mientras que 17.464 lo hacen en una vivienda considerada en mal estado (con grietas u otros elementos de riesgo).
El secretario general de Cáritas Diocesana en Málaga, Francisco Javier Jiménez, ofreció ayer estos datos en el marco de la celebración el próximo domingo del Día de los Sin Techo. Jiménez resaltó que un millón y medio de familias malviven en España en infraviviendas, mientras que 30.000 carecen de hogar en el que vivir. El representante de Cáritas subrayó además las duras condiciones actuales a causa de la crisis, como el endurecimiento en la financiación de los hogares, la elevada tasa de desempleo o el hecho de que en los últimos siete años el precio de la viviendas haya crecido un 107% frente a un aumento de los sueldos de sólo el 34%. Así, situó la tasa de pobreza en un 19%.
Es precisamente la vivienda la materia que centra las reivindicaciones de los colectivos que trabajan con estas personas que viven y duermen en la calle. Y es que el 97,19% del parque total son viviendas libres, frente al 2,81% de casas protegidas. Tan sólo en la capital existen actualmente 350 ´sin techo´, mientras que el número total de las plazas de alojamiento es de 240. Aunque la cifra se mantiene estable pese a la actual coyuntura económica, lo que sí se observan son mayores dificultades para que los que hay salgan adelante, según Alejandro Cortina, de Málaga Acoge.
"Nosotros trabajamos con inmigrantes. El hogar es el primer factor de integración. Supone la posibilidad de acceder a un empleo y va a condicionar sus posibilidades de integración social", explicó Cortina, que junto al resto de representantes del Hogar Pozo Dulce, el Comedor de Santo Domingo, las Hermanas Adoratrices y los Hermanos San Juan de Dios, reclamaron más recursos y coincidieron en la importancia de impulsar acciones que permitan el acceso a una vivienda de los sin techo.
En este punto, la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, Mariví Romero, aseguró que el Consistorio va a aumentar su apuesta por los pisos tutelados, "una solución intermedia entre la primera acogida y una vivienda definitiva", y censuró que la Junta haya descendido el número de viviendas de integración social en el último convenio. La edil reseñó que han detectado un aumento de las personas que acuden a comer al albergue municipal y dijo además que Bancosol ha atendido en este año en la capital a 17.000 personas, un 30% más que en el pasado año 2007.

El Ayuntamiento construirá sesenta viviendas en San Cristóbal dirigidas a los jóvenes. Ronda (SUR)

Más Viviendas de Protección Oficial para la ciudad. El alcalde de Ronda, Antonio Marín, ha anunciado que el Consistorio proyecta construir alrededor de sesenta viviendas dirigidas a los jóvenes en la barriada de San Cristóbal. Según ha asegurado el primer edil, se ha celebrado una reunión con representantes del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifa), propietario de los tres solares, en la que el Ministerio de Defensa ha cedido las parcelas ubicadas en la zona, concretamente en la avenida Ricardo Navarrete.
De este modo, Marín ha afirmado que las viviendas tendrán 60 metros cuadrados de superficie y que están especialmente destinadas a los jóvenes. El Ayuntamiento será el que gestione el concurso. Así, el alcalde ha señalado que anteriormente, durante la legislatura del socialista Juan Benítez, se iban a construir 23 viviendas adosadas en la zona de uso militar y que tan sólo dos serían cedidas al Ayuntamiento. «Defensa ha optado por ceder los terrenos, ahora mismo no quiere construir», ha dicho Marín.
De esta forma, el alcalde ha insistido en que el proyecto cuenta con luz verde por parte de los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. La intención del equipo de gobierno es construir bloques de dos o tres plantas, es decir, edificaciones relativamente bajas y componer una zona más atractiva desde el punto de vista urbanístico en comparación con las edificaciones altas de la zona.

Urbanismo agilizará los trámites para que TROP'S pueda realizar sus nuevas instalaciones. Vélez-Málaga (SUR)

La sociedad agraria de transformación proyecta una nave de 14.000 metros

El concejal de Infraestructura y Urbanismo, Salvador Marín, ha anunciado el compromiso de la Gerencia Municipal de agilizar al máximo toda la tramitación necesaria para conseguir que la sociedad agraria de transformación TROP'S pueda ejecutar el proyecto de ampliación de sus instalaciones. El proyecto consiste en la construcción de una nueva nave de más de 14.000 metros cuadrados de superficie, en un sector todavía sin desarrollar. La sociedad, que tiene su sede en El Trapiche, es una de las principales empresas de la provincia en la comercialización y transformación del productos tropicales como el aguacate.
Empleo
De este modo, el equipo de gobierno quiere favorecer el desarrollo económico del municipio y la creación de empleo. Por esta razón, la Gerencia emprenderá acciones para tratar de acelerar el proyecto, que situará a la empresa en un lugar puntero a nivel nacional.
Según Marín, TROP'S tiene ya presentados los proyectos de urbanización y compensación del sector en el que pretende realizar su nueva sede yque exigirá una inversión de entre 16 y 18 millones de euros.
«Lo que trataremos es de calcular las cargas externas que le corresponden, lo que exige hablar también con los demás propietarios del sector, que no están interesados por el momento en su desarrollo», ha explicado el edil de Urbanismo.

Anuncian que el polideportivo municipal de Los Pacos estará listo a comienzos del año 2009. Fuengirola (SUR)

Las obras, valoradas en más de 600.000 euros las está realizando 34 alumnos de una escuela de formación

La barriada de Los Pacos podrá estrenar un recinto polideportivo al aire libre a principios del año próximo, según anunció la alcaldesa, Esperanza Oña, tras visitar las obras que se realizan en la confluencia de Calle Deportes y Calle Reina Doña Juana. El polideportivo, que al estar al aire libre será además una zona verde ajardinada, se realiza sobre un solar de 6.300 metros cuadrados que la propia Oña calificó como «único en la provincia».
El polideportivo se distribuirá en diferentes zonas demarcadas específicamente para la práctica de modalidades deportivas como dos pistas de fútbol, tres de baloncesto y otras tantas de ping- pong, todo ello al aire libre. Además, habrá un espacio dedicado a la gimnasia para mayores que contará con numerosos aparatos biosaludables. Pese a las numerosas instalaciones, la mayor parte del espacio, más de la mitad de la parcela, estará dedicada a jardines.
Entre las novedades que incluye el proyecto con respecto a otros similares ya existentes es que el recinto contará con todo el material necesario para la práctica de ejercicio. Desde las canastas para el 'street basket', las porterías para la modalidad de fútbol 3x3 hasta las mesas de ping-pong.
Formación
Los trabajos para la creación de esta zona de esparcimiento los está desarrollando un grupo de 34 jóvenes desempleados que están inscritos en la Escuela de Formación Municipal, en la que durante su periodo de aprendizaje realizan labores de jardinería, fontanería, albañilería y carpintería de aluminio. Además, durante los 8 meses, los jóvenes reciben una beca cercana a los 400 euros al mes. Esta escuela formativa está organizada y financiada en su totalidad por el Ayuntamiento de Fuengirola a través del Organismo Autónoma Local, que aporta los 674.434 euros que cuesta tanto la formación de los alumnos como los materiales del parque.

Bienestar gestionará la solicitud de ayudas de alquiler hasta final de año. Benalmádena (SUR)

Los solicitantes deben cumplir los requisitos impuestos por la Junta de Andalucía. Se podrán beneficiar de 350 euros al año

Las ayudas que faciliten al ciudadano pasar cuanto antes la situación económica actual suponen un gran colchón para muchas familias cuyos recursos económicos escasean en una época de crisis como ésta. Por ello, la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de la localidad ha hecho público que se va a ampliar el plazo de solicitud de ayudas de alquiler.
Este complemento supone una ayuda de 350 euros anuales más a las medidas sociales que el gobierno nacional ofrece a quienes viven en una casa rentada. Los trámites se pueden realizar y gestionar en el edificio municipal de la Delegación de Bienestar Social, situado del Paseo del Generalife. Para ello, los solicitantes cuentan contarán con la ayuda de un técnico que resuelva cualquier duda que pueda surgir por la petición.
Requisitos
Desde el Ayuntamiento, quienes tramitarán todas las solicitudes, se recuerda que las subvenciones se otorgarán a aquellos ciudadanos que reciban una pensión no contributiva, que tengan un contrato de alquiler y no tengan una vivienda en propiedad.
Para el concejal Francisco Salido, «es importante hacer un esfuerzo desde la administración local en favor de que el ciudadano conozca las ventajas que pueden tener con la solicitud de ésta y cualquier otra prestación social de la Junta o el Gobierno».

Firmas contra las torres de pisos (SUR)

La Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad continuó ayer con la campaña de recogida de firmas iniciada hace una semana contra la construcción de torres de pisos en el distrito de Carretera de Cádiz, como prevé el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Esta entidad, junto con la asociación de vecinos Torrijos, recabó las adhesiones a su campaña en la puerta del mercado de Huelin que da a la calle La Hoz. La iniciativa continuará mañana viernes en la avenida de la Luz.

PSOE e IU critican un proyecto para 209 viviendas en Los Guindos (SUR)

PSOE e IU votaron ayer en la comisión de Movilidad y Urbanismo en contra del proyecto para construir 209 viviendas en una parcela de la avenida de los Guindos ocupada hasta ahora por naves industriales. El suelo, que abarca una superficie de 11.219 metros cuadrados, pasará a contar con bloques de planta baja más seis y ático, y con una zona verde de 3.600 metros cuadrados. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, indicó que los informes de la Junta de Andalucía para este proyectos son negativos y el concejal del PSOE Sergio Brenes apuntó que el expediente supone «cometer de nuevo el error de masificar con viviendas barrios de Carretera de Cádiz que necesitan parques y equipamientos».
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, argumentó que la zona cuenta con suficientes equipamientos en su entorno, como colegios e instalaciones deportivas, y precisó que la Junta basa su negativa en la aplicación de una norma urbanística que no se encontraba en vigor en el momento de la aprobación del plan urbanístico al que se acoge este sector de Los Guindos, por lo que no procede el cumplimiento de los parámetros que exige el Gobierno andaluz.

La reserva de plazas para un 'parking' junto al Civil comienza el próximo lunes (SUR)

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y el distrito de Bailén-Miraflores celebrarán hoy una reunión con vecinos para explicarles el proyecto del próximo aparcamiento de residentes que se construirá en la avenida de Barcelona, que tendrá 498 plazas. El acto de presentación será a las 19.30 horas en el Colegio Bergamín.
La caseta de información, que va a estar ubicada en el número 30 de la citada avenida, se abrirá al público a partir de mañana, en horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Los impresos para las peticiones de plazas se pueden recoger en la caseta de información, y también se pueden bajar de la web 'www.aparcamientosmalaga.com'.
Los solicitantes deberán presentarse a partir del próximo lunes, de 9.00 a 14.00 horas, en la sede de la junta del distrito, situada en el número 11 de la plaza de Bailén.

Pisos a subasta a precios rebajados (El País)

Un grupo de promotores abre una puja en Internet para vender viviendas

La crisis afecta a todos los sectores, pero primero hizo mella en el de la construcción. Bajar el precio de las viviendas es, a veces, la única salida para los promotores. Y así ocurre en una urbanización residencial de la playa de Motril (Granada). El pasado mes de enero el precio de venta de un piso de dos dormitorios era 230.000 euros, en marzo bajó a 215.000, el próximo 28 de noviembre sale a subasta por Internet a 168.000.

La imaginación ha salido al paso de la difícil situación económica y un grupo de promotores ha accedido a rebajar hasta un 30% el valor de unas cuarenta viviendas de nueva construcción que se subastarán por Internet con un precio de salida similar al que tendrían en 2005. La inmobiliaria Global Properties & Service junto con la agencia de publicidad Publibanus y un promotor de la costa granadina, Carlos Ferreira, han creado la marca comercial Flecha Naranja para lanzar la puja por Internet. No son pisos embargados. Antes de participar en la subasta se puede visitar la vivienda y un asesor financiero analiza las posibilidades de concesión de la hipoteca.

Es lo que ya ha hecho Julián Vega. Tiene 28 años y desde hace dos intenta junto a su pareja comprar una casa para vivir, pero los elevados precios del mercado se lo han impedido. Con esta iniciativa se ahorra unos 60.000 euros. "Así sí puedo acceder", afirma. Confía en que no haya muchos interesados en ese piso y la puja por Internet, que será el día 28, no dispare su precio. "Si sube mucho, renuncio, porque no me concederían la hipoteca".

En total son unas cuarenta viviendas de la Costa Tropical que se pueden ver a través de la página web flechanaranja.com. Los usuarios que quieran registrarse en la página tienen que hacer un depósito de mil euros, a través de un contrato de reserva firmado por las dos partes, cantidad que les será devuelta si finalmente no compran la casa o será descontada de su precio si la adquieren. La puja se hará en fracciones de 500 euros y cada cliente sólo puede comprar una vivienda. "El fin no es más que ayudar un poco a ajustar el mercado", explica el responsable de marketing de la empresa, Luis Miguel Calvo.

Aunque ha habido algunas subastas antes, ahora se oferta la posibilidad de conocer el producto, visitarlo y saber las opciones reales de financiación. "Comprar una vivienda es una decisión importante", dice. Por eso se subasta por Internet pero con un plazo de tiempo previo para ver las viviendas y en una zona concreta de la provincia. "Permite al cliente haber conocido el precio anterior y saber exactamente dónde está ubicado el piso", añade Calvo.

No ha sido fácil encontrar a promotores dispuestos a dar el paso. Sin embargo, quienes lo han hecho están, de momento, satisfechos con el resultado. "Hay muchas llamadas y la gente quiere venir a ver los pisos, se están registrando en la web", afirma Carlos Ferreira, uno de los promotores implicados que ha rebajado cinco viviendas para esta iniciativa local.

Desde que se abrió el plazo el pasado día 10, un total de diez personas se han registrado y recibieron asesoramiento, según explica Pablo Rodríguez, director de ventas. La capacidad negociadora ha aumentado con la crisis, lo que permite a personas como Julián Vega poder plantearse adquirir en propiedad un piso. Actualmente vive de alquiler. "No me he lanzado antes esperando a ver si bajaba". Por eso considera ésta una buena oportunidad.

La inspección urbanística velará por que se cumplan los cupos de VPO (El País)

El nuevo plan mantiene la prioridad de preservar el suelo no urbanizable

El cuerpo de inspectores de urbanismo de la Junta tendrá entre sus misiones prioritarias controlar que el 30% de los suelos de nuevo desarrollo se destinan realmente a la construcción de VPO, como establece la Ley de Vivienda Protegida y Suelo. Esta función es una de las novedades que incorpora el Plan de Inspección Urbanística para el cuatrienio 2009-12, cuya orden publicará en los próximos días el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los inspectores emitirán informes periciales y harán demoliciones
La inspección no sólo velará porque los planeamientos urbanísticos municipales cumplan con estas reservas de suelo, sino que deberán comprobar "la efectiva construcción de tales viviendas por los sujetos obligados" y también que se dotan de los precisos equipamientos habitacionales (locales vecinales, jardines, áreas infantiles y zonas comunes).

El nuevo plan mantiene como primer objetivo de la inspección las construcciones ilegales, pero no contempladas desde un punto de vista represivo, sino de la ordenación. Así, la facultad que se atribuye a los inspectores es la de "colaborar con los órganos competentes para la debida consideración por el planeamiento territorial o urbanístico en fase de aprobación, revisión o adaptación, de las obras, construcciones y edificaciones ilegales". Para ello, emitirán informes sobre la situación para los distintos departamentos con competencias en la aprobación del planeamiento urbanístico.

Dentro del objetivo de evitar la proliferación de construcciones ilegales, la prioridad de las actuaciones se centra en el suelo no urbanizable, y especialmente en el que tiene algún grado de protección.

Así, el tercer objetivo que el plan atribuye a la inspección tras las construcciones ilegales y las viviendas de VPO es el de "coadyuvar a la defensa de los usos previstos por el planeamiento para los parques, jardines, espacios libres, infraestructuras o demás reservas para dotaciones". Otra de las prioridades de la inspección, que tiene relación con la preservación del suelo no urbanizable, es la de evitar la formación de núcleos de población donde no lo prevé el planeamiento y los procesos de parcelaciones ilegales. La segregación de suelo rústico en fracciones inferiores a 25.000 metros cuadrados no está permitida por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

El plan de inspección para los próximos cuatro años presenta dos novedades respecto al actual que tienen que ver con la implicación institucional y social en la disciplina urbanística. Por un lado, la incorporación de las diputaciones provinciales a los convenios que la dirección general de inspección firma con los municipios para darles asistencia en el control de la disciplina urbanística, principalmente con aquellos que no superan los 5.00 habitantes, lo que supone un reforzamiento de los medios.

Y por otro lado, la orden contempla la constitución del Foro de Disciplina Urbanística como una plataforma permanente de difusión y promoción en la que estarán representados las administraciones públicas, las universidades y los colegios y asociaciones profesionales relacionadas con la materia (arquitectos, abogados, urbanistas, registradores, notarios, jueces y fiscales, entre otros).

El nuevo plan incide en una de las funciones que empiezan a ser habituales de estos agentes, la de prestar auxilio a los órganos judiciales y la ejecución de sentencias de demolición. En los primeros seis meses del año, el cuerpo de inspección emitió más de 200 informes periciales requeridos por los jueces que instruyen casos de legalidades urbanísticas. El recién creado cuerpo de inspectores de urbanismo de la Junta dispone de 25 agentes especializados, con apoyo de personal técnico en las ocho provincias. El año que viene se cubrirán otras 11 plazas por oposición libre, con lo que se habrá cubierto la mitad de la plantilla prevista inicialmente para este cuerpo.

El pacto de la vivienda se blinda con un nuevo compromiso de los bancos (El País)

La Junta acuerda una cláusula con las entidades financieras para facilitar créditos

La Junta firmará hoy en el Pabellón de las Tres Culturas, con 34 entidades financieras y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el convenio de financiación del Plan Concertado de Vivienda y suelo. Las entidades financieras se comprometen a aportar hasta 9.550 millones de euros para cubrir las necesidades de financiación del plan, que se alargará en el tiempo hasta 2012 y prevé construir 132.000 viviendas de VPO, además de actuaciones como rehabilitación o compra de suelo. El convenio establece un perfil básico del comprador al que las entidades financieras se comprometen a resolver la concesión del préstamo hipotecario en el plazo máximo de dos meses si cumplen cuatro condiciones básicas. Una comisión mixta se encargará de resolver los conflictos que surgan en la aplicación del convenio.

La Junta dará hoy el impulso definitivo a su plan de vivienda y conseguirá el compromiso de las entidades financieras para que doten al proyecto de financiación suficiente. El convenio que suscribirá hoy la Administración andaluza lo firmarán 34 entidades financieras (tres más que las que ya se comprometieron en el borrador inicial del pasado diciembre de 2007) además del ICO, que aportará 150 millones de euros dirigidos a la financiación de preferentemente de viviendas protegidas en alquiler de renta básica, viviendas protegidas en alquiler con opción a compra, alojamientos protegidos y alojamientos para universitarios y para integración social, entre otras actuaciones.No tener informes negativos como moroso; acreditar que la renta actual se lleva ganando un periodo mínimo -el máximo exigible sería hasta tres años-, que las deudas financieras (préstamos) no supongan más del 40% de la renta percibida por la unidad familiar; y que una vez pagada la letra del piso la familia disponga al menos de el salario mínimo interprofesional (600 euros) para vivir, son las condiciones que los bancos van a exigir a los ciudadanos que quieran acceder a la compra de un piso de VPO del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía.

La Junta arrancará hoy con la firma del convenio con 34 entidades financieras el compromiso de que darán préstamos hipotecarios a todo aquel que cumpla esos requisitos mínimos, que en su caso pueden ser también sustituidos por la presentación de avales o de otras garantías financieras, según recoge el convenio.

En el caso de los promotores, el convenio no ha establecido un perfil básico por la complejidad del mismo, pero sí recoge el compromiso de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que dará su conformidad, de forma previa y como condición para su formalización, a las concesiones de préstamos a los promotores.

De esta manera, la Junta, en el plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación de la entidad financiera, otorgará su conformidad al mismo, mediante soporte informático. Además, en caso de que se cumpla ese plazo sin respuesta, se entenderá por aceptada la operación.

En total están citadas hoy a las 17.30 un total de 34 entidades financieras, que se repartirán por cupos los 9.550 millones de euros del plan. La banca privada se repartirá 3.095,7 millones de euros con el BBVA como principal operador; las cajas de ahorro andaluzas se distribuirán 4.917,1 millones con Unicaja y Cajasol como principales prestamistas; otras cajas de ahorro no andaluza se encargarán de aportar financiación por 1.161,8 millones de euros, con La Caixa como principal financiadora -más de 760 millones de euros- y las cajas rurales aportarán al plan 225,2 millones de euros.

El ICO, que junto a Caja Inmaculada, Caja de Murcia y Caja España, se ha incorporado al plan en esta fase definitiva, aportará 150 millones de euros para financiar operaciones muy específicas como las de rehabilitación o viviendas en régimen especial dirigidas a colectivos preferentes.

Los tipos de interés que llevarán aparejados los diferentes tipos de préstamos tanto a compradores como a promotores será el mismo que determine el plan estatal, actualmente en fase de redacción.

Asimismo, las hipotecas cubrirán el 80% del valor total de la vivienda, y del 15% del precio máximo de venta de los pisos en el caso de los promotores para la urbanización y compra de suelo. La amortización será hasta un máximo de 25 años, salvo acuerdo con la entidad financiera.

Hallan estucos del siglo XIX en el Conservatorio María Cristina (Málaga Hoy)

Serán recuperados junto con las pinturas y artesonados de los techos durante la rehabilitación del edificio, cuyo origen data del siglo XV

Los estucos originales del siglo XIX del antiguo Conservatorio María Cristina de Málaga han sido hallados al retirar la pintura que los cubrían y serán recuperados durante la rehabilitación de este edificio cuyo origen data del siglo XV, en el que también se restaurarán las pinturas y artesonados de sus techos.

Tras las catas realizadas, se ha comprobado que el estuco se conserva en muy buenas condiciones, ya que "paradójicamente la pintura lo ha protegido", ha explicado Felipe Faraguna, director de la Obra Social de Unicaja, propietaria del inmueble.

Ello permitirá devolver el antiguo Conservatorio "a su estado original y en todo su esplendor", según Faraguna, que ha explicado que el estuco presenta "un típico entramado con colores achampanados", aunque una parte es un poco más oscura al contener pigmentos de color rojo.

Durante las labores de restauración también se recuperará la decoración dorada de las columnas corintias del edificio, que se encontraba en mal estado.

Faraguna ha anunciado que las butacas de la sala principal han sido sustituidas, aunque las nuevas mantienen el estilo de las anteriores, con el armazón de madera y decoración de volutas.

Además, el suelo de esta sala se podrá recuperar finalmente y no será reemplazado, ya que después de haber sido retirado se barnizará y se volverá a instalar.

Una de las principales novedades para este edificio será el sistema de climatización, que discurrirá bajo el suelo con difusores debajo de los asientos, lo que permitirá utilizar este espacio "doce meses al año", ha señalado Faraguna.

Además de restaurar la sala principal, se recuperarán otras dependencias que tendrán un uso didáctico relacionado con la música y también habrá salas de ensayo y la posibilidad de realizar grabaciones "con una calidad óptima", según el responsable de la Obra Social de Unicaja.

También se ha actuado en la cubierta del inmueble, que presentaba algunos problemas de filtraciones, y se ha instalado un armazón de hierro que permite andar por el espacio situado entre el tejado y los lienzos que decoran los techos.

Unicaja espera que las obras de restauración del antiguo Conservatorio concluyan antes del próximo verano, ya que prevé celebrar en esta sede su Escuela de Verano en julio.

El edificio, con una superficie total de 2.315 metros cuadrados, tiene en sus techos lienzos de prestigiosos pintores como Martínez de la Vega o Denis Belgrano, que también están siendo restaurados para recuperar su cromatismo original.

En una de sus estancias, el Salón de los Espejos, cuenta con pinturas de guirnaldas y flores que el artista José Nogales Sevilla pintó sobre los propios cristales para disimular las grietas causadas por el devastador terremoto de 1884.

La aparición de estucos del siglo XIX retrasa la apertura del María Cristina (Málaga Hoy)

La rehabilitación del antiguo conservatorio desvela el buen estado de los yesos, que serán recuperados al igual que las pinturas y artesonados de sus techos · Las obras se demorarán más de un mes

Uno de los baluartes culturales de la burguesía del siglo XIX recuperará su esplendor antes del próximo verano, pero unos 40 días más tarde de los plazos previstos. El antiguo Conservatorio María Cristina, adquirido por Unicaja en 1975, se encuentra ahora en la primera fase de una rehabilitación integral que ha deparado un agradable imprevisto. Al retirar la pintura de las paredes, los técnicos han descubierto los estucos originales del siglo XIX en "muy buen estado", según explicó ayer Felipe Faraguna, director de la Obra Social de Unicaja.

Tras finalizar las obligadas excavaciones arqueológicas (a unos 70 centímetros por debajo del nivel del suelo) sin hallar vestigios de relevancia, se está procediendo ahora a la colocación de las tuberías y del sistema de calefacción central y lateral que discurrirá por debajo de las butacas. La semana que viene se llevará a cabo la limpieza y restauración de los frescos del techo y, a continuación, la recuperación de los citados estucos, que "paradójicamente han llegado casi intactos gracias a la pintura que los ha protegido", señaló Faraguna. Tras remover el esmalte actual (en tonos verdes y azules) aparecerá todo el entramado de estucos, de un color achampanado y, en algunas partes, combinado con tonalidades rojizas "que casa perfectamente con los colores del techo", añadió el responsable. Durante las labores de restauración también se recuperará la estética dorada de las semicolumnas de estilo corintio del inmueble.

Como recordó ayer Faraguna, cuando finalice la reforma de paredes y techo, ya con los andamios fuera, se procederá a la colocación de la solería original, retirada para su reestructuración y barnizado. Se trabajará además sobre la cubierta para eliminar los focos de humedad e impermeabilizarla, y se ha realizado un exhaustivo estudio de la acústica para optimizar las condiciones de la sala.

El proyecto, presupuestado en 3,5 millones de euros y a cargo del arquitecto Rafael de Lacour incluye la colocación de una nueva sillería (con el estilo de las anteriores, armazón de madera y decoración de volutas), tratamientos específicos para eliminar las termitas de la madera y un equipamiento multimedia que permitirá realizar grabaciones.

En esta primera fase también se restaurará el salón mudéjar y el resto de espacios que funcionan como antesalas. La segunda acometida prevé la rehabilitación de la zona ubicada entre el salón de conciertos y sus patios paralelos, así como la incorporación de aulas para estudios musicales, clases de trabajo y ensayo. Unicaja quiere reforzar así la función didáctica del recinto, de hecho prevé celebrar en él su Escuela de Verano el próximo julio.

El antiguo Conservatorio María Cristina (impulsado por el compositor Eduardo Ocón a finales del siglo XIX) tiene su origen en un antiguo edificio del siglo XV. En la actualidad tiene incoado un expediente de catalogación como Bien de Interés Cultural y posee el máximo grado de protección, de ahí que se trate con especial mimo la rehabilitación de sus obras de arte, que recuperarán el tono cromático primigenio. Tanto los techos del salón de conciertos como los del salón de los espejos poseen lienzos del siglo XIX de Martínez de la Vega y Denis Belgrano.

Vecinos piden información sobre viviendas de ediles y funcionarios. Estepona (Málaga Hoy)

La solicitud de la plataforma vecinal del municipio se centra en los diseminados

La plataforma de asociaciones de vecinos de Estepona juega una nueva baza para defender los diseminados rurales. Ahora piden al alcalde, David Valadez (PSOE), información "sobre supuestos privilegios y tratos de favor a personal de este Ayuntamiento que, habiéndose construido viviendas en zonas agrícolas, se habrían beneficiado de un tratamiento ventajoso a la hora de registrar esas construcciones".

Según explicó ayer el portavoz de la plataforma, Miguel Quirós, "queremos que el alcalde nos diga cómo esas personas han conseguido legalizar sus viviendas para que el resto de vecinos podamos hacer lo mismo. En ningún caso vamos a pedir que se derribe ninguna construcción ni vamos a cargar las tintas contra una persona en particular ya que existen sospechas de que son varios funcionarios e incluso concejales o familiares directos los que han construido chalets de lujo en zonas agrícolas, rústicas y por tanto no urbanizables según el vigente PGOU".

Los vecinos de Estepona llevan más de tres años movilizándose para impugnar el POT y conseguir que sus viviendas, construidas sobre suelos rústicos o agrícolas, sean legalizadas. Además, también quieren que sus parcelas puedan segregarse y que queden regularizadas dentro del nuevo PGOU. Por otro lado, también vienen denunciando la imposición de multas millonarias por infracciones urbanísticas.

Quirós explicó ayer que se da el caso de que hay "construcciones de 30 metros cuadrados que han sido sancionadas con un importe de 480.809 euros, a pesar de que el vecino ha construido una vivienda similar y no se le ha multado".

Ante esta situación, desde la plataforma han solicitado una reunión con el alcalde para que les facilite la documentación referida a los inmuebles en cuestión. Por su parte el regidor aseguró que se incoarán todos los expedientes oportunos "y se actuará en consecuencia tal y como se viene haciendo hasta ahora en todos los asuntos que incumben a la gestión municipal".

La plataforma vecinal de Marbella pro derribos impugnará el PGOU. (Málaga Hoy)

Considera que la legalización de las casas irregulares es una amnistía no permitida
La plataforma vecinal 29-M, que se constituyó para solicitar la ejecución de sentencias de demolición de obras ilegales de Marbella, anunció ayer que impugnarán judicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuando se apruebe definitivamente. La abogada Inmaculada Gálvez, representante legal del colectivo, señaló que el documento urbanístico supone "una amnistía" a todas las tropelías de los años de gobierno del GIL. Por este motivo, han solicitado una reunión con representantes de la Fiscalía de Málaga y otra con la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La ampliación del puerto de la Caleta requiere la demolición de ocho casas. Vélez-Málaga (SUR)

Ayuntamiento y Demarcación de Costas ya buscan soluciones al problema · Los vecinos están dispuestos a dejar sus viviendas y entrar en otras en una nueva ubicación

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y los responsables de Demarcación de Costas están buscando una solución para las ocho familias cuyas viviendas están en el interior del recinto portuario de Caleta de Vélez. La infraestructura comarcal cuenta con un proyecto de ampliación para el año que viene cuyo escollo debe salvar antes de su licitación. Según informó el teniente de alcalde, Salvador Marín (IU), los vecinos están dispuestos a cambiar sus casas por otras en una nueva ubicación que tendrá que buscar el Consistorio.

El concejal de la coalición de izquierdas, responsable de Urbanismo, explicó que la administración local va a ofrecer una parcela para la ejecución de las viviendas, pero pretende que la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Eppa) financie la reubicación de estos vecinos.

La ampliación del recinto portuario de Caleta de Vélez, presupuestada en 66 millones de euros, supondrá la construcción de un nuevo dique exterior paralelo al actual de una longitud próxima de 850 metros y un nuevo contradique a poniente de 490 metros de desarrollo. Además, se proyecta una dársena de uso pesquero de más de 35.000 metros cuadrados, capaz de alojar la flota actual, y nuevas zonas para la flota recreativa, que incrementará el número de atraques en 700 puestos.

Además de estas ocho familias, Marín indicó que existen otra docena de casas que se verán afectadas por las obras de remodelación del paseo marítimo de Torre del Mar. Según comentó, no todos estos propietarios están dispuestos a dejar sus viviendas. Con respecto a las de Lagos y Mezquitilla pidió que se cumpliese el acuerdo plenario.

Marín, y el concejal de Playas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Antonio López (PSOE), aprovecharon la reunión con el jefe de la Demarcación de Costas, Francisco Hermoso, para trasladarle a éste su preocupación por el mantenimiento íntegro del Club Náutico de Torre del Mar. El edificio principal será protegido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía pero el Ayuntamiento quiere mantener también las instalaciones anexas, como la piscina y el almacén, y para ello van a solicitar una concesión administrativa para su explotación. A pesar de que la Demarcación tomará posesión del edificio el próximo 16 de diciembre por invadir la línea marítimo terrestre, Marín consideró que "no quiere decir que se vaya a demoler nada". También han solicitado para uso municipal la antigua estación del ferrocarril de Chilches.

Con respecto a la remodelación y ampliación del paseo marítimo de Torre del Mar y el futuro diseño y ubicación de los chiringuitos de playa, López indicó que se tratará la próxima semana en un próximo encuentro, pero que van a solicitar al organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que apoye con la financiación ya que el Ayuntamiento tiene reservada una partida de unos dos millones de euros, mientras que el anteproyecto lo eleva a siete millones. Sobre los chiringuitos confirmó que la propuesta de la Demarcación de Costas es que estén situados a 150 metros del muro de ribera.